Por David Debrott Sánchez
La propuesta de Constitución que será plebiscitada el 17 de diciembre es un retroceso muy importante en materia de derechos sociales, muchos de los cuales se han conseguido durante los últimos 30 años, por la movilización social y algunas reformas legales que los partidos políticos del binominalismo se han visto obligados a acordar.
Es cierto que la Constitución de la dictadura estableció como “derecho fundamental”, el que los individuos tendrían, una tramposa, “libertad de elegir” entre proveedores estatales y privados. Allí surgieron los grandes negocios de las AFP, las Isapres o las universidades privadas, inspirados en la lógica neoliberal de Milton Friedman. Esa libertad siempre fue una falacia, porque su materialidad depende de la capacidad económica, de pago, que tengan los individuos. Pero ese slogan de “libertad de elección” les permitió a las empresas privadas crecer y hacerse predominantes, creando mercados de los derechos sociales, orientados por el lucro.
Pero esta propuesta constitucional es mucho peor. No solo reitera ese slogan neoliberal, sino que va más allá. Concibe a los “derechos sociales” como bienes privados, bienes de consumo, que se adquieren en el mercado, y no como derechos que debe garantizar el Estado a toda la población.
Desde el primer Artículo de la propuesta constitucional, pasando por aquellos que hablan de seguridad social (pensiones), salud, educación, vivienda, se reitera majaderamente que el Estado debe garantizar su provisión, incluyendo entidades privadas (empresas). En vivienda, mienten cuando destacan que por primera vez se establece el derecho a la vivienda digna. Lo que se está constitucionalizando en todos los derechos sociales es la garantía para las empresas privadas de que el Estado debe generarles espacios de negocio y lucro con recursos públicos. Es una garantía para que las empresas constructoras, no para quienes luchan por su vivienda.
Esto es mucho peor que la Constitución vigente, no cabe ninguna duda.
Pero esto no es ninguna sorpresa para quienes decidimos oponernos a este proceso ilegítimo y antipopular, desde su inicio, en diciembre 2022. El Acuerdo por Chile, conocido como Bases Constitucionales o “bordes”, ya había establecido que el llamado “Estado Social y Democrático de Derecho” debe sujetarse al principio de “responsabilidad fiscal”, en su interpretación neoliberal, y a que el Estado debe garantizar la provisión de los servicios públicos a través de entidades estatales y también privadas. Lamentable, por decir lo menos, ya que estos “bordes” fueron suscritos por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Para la izquierda allí representada, una pérdida de rumbo ideológico evidente.
Por eso, desde la ciudadanía no debe haber ninguna duda en que votar En Contra es la única alternativa política en diciembre. Una victoria contundente del voto En Contra es un paso importante para construir una alternativa política posterior que frene las pretensiones de la ultraderecha y de la nueva alianza de centro derecha que busca disputarle a la Republicanos la representación del poder económico en Chile.
