(360Noticias) El reciente anuncio del gobierno de Donald Trump sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar sin garantías procesales a venezolanos indocumentados ha generado una ola de rechazo. Esta medida, que afecta a migrantes supuestamente vinculados al Tren de Aragua y mayores de 14 años, ha sido implementada de manera brutal, con traslados humillantes a las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador. Para muchos analistas, esta acción no es más que una manifestación de xenofobia y fascismo.
Desde el Capítulo Chileno de la Internacional Antifascista se ha condenado esta práctica, calificándola de un “acto brutal” en contravención con las enmiendas constitucionales de EE.UU. que garantizan el debido proceso, así como con tratados internacionales sobre derechos humanos y migración, particularmente los Convenios 97 y 143 de la OIT. La criminalización indiscriminada de migrantes y su posterior deportación sin garantías legales marcan un precedente peligroso en la política migratoria estadounidense y ponen en evidencia la doble moral de quienes se presentan como defensores de los derechos humanos.
La hipocresía es evidente. Estados Unidos y sectores de la oposición venezolana promovieron la migración mediante el bloqueo económico y el financiamiento de líderes opositores con miles de millones de dólares. Ahora, ante el descubrimiento de que gran parte de estos fondos han terminado en el peculio personal de figuras como María Corina Machado, Leopoldo López y Julio Borges, la respuesta es deshacerse de los mismos migrantes que antes pretendían proteger. El caso recuerda las “visas de responsabilidad democrática” en Chile, utilizadas como herramienta política y luego descartadas según la conveniencia del momento.
Pero más allá de la brutalidad de estas medidas, lo que resulta aún más alarmante es el silencio de organismos internacionales como la ONU, la OIT y la Unión Europea, así como de las democracias neoliberales alineadas con Occidente. “Callan, y se escucha fuertemente su silencio”, denuncia la Internacional Antifascista en un comunicado.
En este contexto, se hace un llamado urgente a la movilización. Se exige al gobierno de Chile que condene estos actos de salvajismo internacional y restablezca relaciones diplomáticas con Venezuela, garantizando el respeto de los derechos humanos de los migrantes venezolanos. Ante el fascismo y la xenofobia, el que calla se convierte en cómplice.
