Con un déficit creciente y las fuentes de financiamiento cerradas, el gobierno de Luis Arce ha puesto fin al largo proceso para rescindir los contratos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El próximo 2 de mayo, los casi de $24 000 millones de los ahorros bolivianos para su jubilación dejarán de ser responsabilidad de dos empresas privadas de propiedad extranjera y comenzarán a ser administrados por la Gestora Pública, una institución que al Gobierno boliviano le ha costado alrededor de 13 años poner en pie.
Con este proceso, el Gobierno promete rendimientos más altos, menos comisiones y, por tanto, mayores pensiones.
El cambio inminente ha despertado temores y protestas de varios sectores sociales y es considerado como una “apropiación del dinero de la gente” por parte de la oposición.
La animosidad contra las AFP, que al comienzo era alta, fue disminuyendo, y ahora el sentimiento predominante en los sectores sociales, sobre todo en los que son generalmente opositores, como los maestros, universitarios, policías, militares… pero también en algunos grupos obreros, parecer ser el temor al cambio y a que el Gobierno use mal los recursos o para pagar su déficit.
La ley para sustituir las AFP por la Gestora Pública se aprobó en 2010, pero esta institución no estuvo en condiciones de operar hasta el año pasado.
