(360Noticias) Los incendios forestales que devastan amplias zonas de la Patagonia argentina continúan fuera de control y ya han obligado a evacuar a más de 3.000 personas. Mientras el fuego avanza sobre bosques nativos y áreas protegidas, crecen las denuncias de vecinos, brigadistas y organizaciones sociales que apuntan a la intencionalidad de los siniestros y a una grave falta de respuesta del Estado nacional.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó públicamente que el incendio fue provocado de manera deliberada, señalando que en la zona se hallaron restos de combustible, lo que descarta un origen accidental. La policía provincial mantiene abiertas varias líneas de investigación y no descarta la existencia de más de un foco iniciado de forma coordinada.
En paralelo, residentes y trabajadores del territorio han denunciado la presencia de personas intentando iniciar focos de incendio en áreas protegidas. El pasado 7 de enero, Martín Morales, vecino de la zona, afirmó haber sorprendido a dos turistas de nacionalidad israelí, militares sionistas de “vacaciones” cuando intentaban prender fuego en el Parque Nacional Los Glaciares. Según su testimonio, el hecho fue denunciado ante las autoridades.
Las denuncias no se limitan a este episodio. Durante el último mes, se informó del hallazgo de seis granadas en zonas cercanas a los focos de incendio. Se trataría de granadas modelo FMK-2, fabricadas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe. El origen, destino y contexto de estos artefactos forman parte de una investigación que, hasta el momento, no ha sido esclarecida oficialmente.
A esto se suman elementos simbólicos hallados en el área, como carteles con referencias a unidades militares del ejército israelí, entre ellas la unidad Duvdevan, mensajes en memoria de un sargento fallecido y menciones a un supuesto “pelotón de fuerzas de élite”. Las autoridades aún no han confirmado la relación de estos elementos con los incendios, aunque su presencia ha generado alarma entre los pobladores.
En el plano político y económico, diversas organizaciones han cuestionado las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, que flexibilizan la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y eliminan restricciones para cambiar el uso productivo de terrenos afectados por incendios. Para sectores locales, estas modificaciones legales alimentan la sospecha de intereses inmobiliarios detrás de la destrucción ambiental.
“Ya no estamos sorprendidos de que nos prendan fuego la Patagonia. Sabemos que hay intereses inmobiliarios; lo hacen a la vista de todos porque sienten que tienen el poder de su lado”, denunció un combatiente del fuego en la zona. La ausencia de ayuda nacional significativa ha sido otro punto de fuerte crítica, tanto por parte de los gobiernos provinciales como de la población afectada.
No es la primera vez que surgen denuncias de incendios intencionales en la región patagónica. Episodios similares se registraron en Chile en 2011 y 2014, y en la propia provincia de Chubut el año pasado, sin que hasta ahora existan responsables condenados en la mayoría de los casos.
Mientras el fuego continúa arrasando miles de hectáreas, crece la exigencia de una investigación independiente, transparente y exhaustiva, que permita establecer responsabilidades penales, políticas y económicas. Para los habitantes de la Patagonia, el incendio no es solo una tragedia ambiental, sino una advertencia sobre el abandono estatal y la mercantilización del territorio.
