(360Noticias) Mientras el profesor y candidato presidencial comunista Eduardo Artés expresó su “solidaridad absoluta” con Daniel Jadue, la candidata oficialista Jeannette Jara volvió a marcar distancia del exalcalde de Recoleta, mostrando la fractura entre un comunismo consecuente y solidario y un liberalismo institucionalista que se acomoda a las reglas del poder.
Artés fue categórico al denunciar que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) actuó bajo motivaciones políticas al dejar fuera de competencia a Jadue en el distrito 9. “La actitud política del Tribunal Electoral es impresentable, porque no guarda relación con un juicio, sino con los requerimientos de la fiscalía. Eso habla de algo que aún no ha sido juzgado; entonces, claramente ahí hay un sesgo político”, afirmó.
Además, apuntó contra la postura de Jara, criticando el seguidismo de quienes se dicen de izquierda frente a instituciones que hoy operan como herramientas del lawfare: “Es impresentable que exista gente que venga a decir ‘qué bueno, eso es lo que ha dicho la institucionalidad y hay que respetarlo’”, dijo, en clara alusión a la exministra y candidata del oficialismo.
Desde el ala liberal del Partido Comunista, Jeannette Jara no solo se ha mostrado distante de Jadue, sino que incluso evitó solidarizar cuando este estuvo detenido, pese a la evidente persecución política en su contra. Consultada sobre la impugnación que lo dejó fuera de la contienda, respondió: “Me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa”, reiterando su línea crítica hacia el dirigente de Recoleta.
La posición de Artés refleja la tradición de un comunismo militante, solidario e internacionalista, que reconoce en Jadue a una víctima del lawfare utilizado contra los dirigentes populares de América Latina. En contraste, la candidatura de Jara se erige desde un comunismo liberalizado, que prefiere el acomodo institucional antes que el respaldo a un compañero perseguido.
Lo que está en cuestión es si la izquierda chilena defenderá a sus líderes criminalizados por el poder judicial al servicio de las élites, o seguirá el camino de quienes normalizan la persecución política bajo el pretexto de “respetar las instituciones corruptas
