Ricardo Ventura (Cientista Político)
La Corte Penal Internacional, ubicada en los Países Bajos, emitió órdenes de arresto en contra de Vladimir Putin Presidente de la Federación Rusa y de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de Rusia, este 17-03-2023. (**)
Los “crímenes cometidos” por el Presidente y su Comisionada, supuestamente, son la responsabilidad de ambos en el traslado de niños cometidos en el territorio ocupado al menos desde el 24-02-2022 y corresponden a deportaciones “ilegales” de niños trasladados desde las áreas ocupadas de Ucrania por La Federación Rusa”.
Ninguno de estos miembros de tan alto tribunal, se le ocurre pensar algo tan básico como, la necesidad de sacar a los niños de un territorio en guerra. Tiene tan poca sustentación estas órdenes de arresto, que se dejó de repetir en los medios y no hemos visto ni escuchado más del asunto. Por algo será.
Un pequeño análisis nos hace preguntar si la potestad del CPI en tan amplia como para emitir estas órdenes y porque, al mismo tiempo, esta noticia levanta una enorme actividad en las comunicaciones, precisamente en los EE.UU. y en la Unión Europea, justamente en los países que están entregando una gran cantidad de armas a Ucrania, con el objetivo evidente de prolongar esta guerra. Países responsables también del boicot en las negociaciones de paz. Todo el mundo sabe que imponen sus decisiones al gobierno ucraniano. ¿Cuál es su interés final? Es demasiado evidente que el objetivo es desgastar militar y financieramente a la Federación Rusa.
Pero, ¿Tiene potestad jurídica este tribunal, para emitir estas órdenes de arresto?
En primer lugar la Federación Rusa no es partícipe del “Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional”. Estos mismos argumentos entregó María Zajárova, portavoz de Exteriores rusa: “Las posibles ‘prescripciones’ de arresto que salgan del Tribunal Penal Internacional son para nosotros jurídicamente nulas”. (***)
Impresiona saber que esta medida es única. Nunca antes este tribunal había emitido una orden de arresto, a un Presidente de país y menos a un país miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Lo que no para nada extraño entonces, que se produzcan ataques con drones con la intención de eliminar al Presidente Vladimir Putin. Algo anda mal en los países occidentales, todo indica que se está abiertamente perdiendo la racionalidad. No es una buena señal para los que estamos por la paz, que queremos que este conflicto termine y no que se escale. (****)
No creemos haber escuchado alguna actividad “jurídica” del TPI, con respecto a los bombardeos, en su momento, fuera de toda norma jurídica internacional a Libia, con la ampliamente conocida brutal destrucción de ese país en pleno desarrollo, que lo dejo convertido hasta hoy en un “país fallido”. Tampoco gestionó alguna actividad jurídica en la invasión a Irak, también hecha sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, que dejo cientos de miles de víctimas, en su mayoría familias enteras destruidas mediante una lluvia de bombas lanzadas en la Operación “Tormenta del Desierto”.
Estos señores del Tribunal Penal Internacional, han emitido una orden de arresto en contra del Presidente Vladimir Putin en una decisión parcial, obedeciendo, instrucciones externas, sin autoridad ni argumento jurídico valido. No tienen ética y en ningún caso son coherentes.