(360Noticias) La reciente revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 600.000 venezolanos en Estados Unidos, impulsada por la administración de Donald Trump, deja en evidencia una profunda contradicción en su política hacia Venezuela. Por un lado, Trump ha sido uno de los más fervientes promotores del discurso contra el gobierno bolivariano, justificando sanciones y bloqueos bajo la retórica de la “defensa de la libertad” y el “rescate de la democracia”. Por otro, sus acciones concretas golpean directamente a los mismos venezolanos que, en teoría, decía apoyar.
El TPS, otorgado durante el gobierno de Joe Biden, permitía a los venezolanos permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos debido. Su revocación, resultado de una victoria judicial de Trump y de la presión de sus aliados antiinmigrantes, deja a cientos de miles de personas en un limbo jurídico, sin derecho al trabajo formal, sin protección legal y bajo el riesgo permanente de deportación.
Esta medida no solo refleja una política de endurecimiento migratorio, sino también la instrumentalización de los venezolanos residentes en EEUU. Trump utilizó el tema de Venezuela como bandera ideológica, tanto para justificar medidas de presión internacional como para conquistar el voto latino en Florida. Sin embargo, al eliminar el TPS, demuestra que su preocupación por los derechos y la seguridad de los venezolanos nunca fue genuina, sino parte de una estrategia electoral y geopolítica.
Paradójicamente, quienes salieron de Venezuela buscando el refugio en el “bastión de la libertad” hoy se enfrentan a la persecución de los mismos que decían salvarlos. La revocación del TPS pone a estas personas en situación de vulnerabilidad extrema, sin papeles, sin trabajo y expuestas a la detención o deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Muchos de ellos han optado por esconderse o vivir en la clandestinidad, temerosos de ser localizados por las autoridades migratorias.
La situación actual deja claro que las políticas de Trump contra Venezuela y contra los venezolanos responden a una misma lógica, la utilización del sufrimiento humano como arma política. En el plano internacional, mantiene la presión sobre Caracas bajo el discurso de la “transición democrática”, mientras en el plano interno persigue a quienes escaparon de la situación de Venezuela que él contribuyó a agravar mediante sanciones y bloqueos.
El resultado es un doble castigo, un país asfixiado económicamente por las medidas coercitivas estadounidenses y una diáspora criminalizada en el extranjero. Los venezolanos en Estados Unidos, que alguna vez fueron exhibidos como víctimas del “régimen”, hoy son tratados como indeseables. Así, la política trumpista revela su verdadero rostro, ni humanitaria ni solidaria, sino profundamente oportunista, xenófoba y contradictoria.
Mientras tanto, la comunidad venezolana organizada en Estados Unidos intenta resistir a través de peticiones para obtener una Deportación Diferida o nuevas vías legales que les permitan regularizar su situación. Sin embargo, la falta de voluntad política por parte de la administración republicana apunta hacia un endurecimiento del control migratorio.
