(360Noticias) La abogada Karina Riquelme dio a conocer pruebas determinantes en la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, señalando que en una interceptación telefónica el principal sospechoso, Juan Carlos Morstadt, reconoció que “la quemaron”. Pese a la gravedad de este antecedente y de las diligencias ya practicadas en su contra, la Fiscalía ha evitado formalizarlo y, en cambio, ha orientado el proceso hacia la criminalización de la familia de la víctima, valiéndose incluso de testigos con identidad reservada que habrían sido sometidos a apremios ilegítimos.
Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y CODEPU denunciaron un patrón de negligencia y obstrucción estatal, que incluye el incumplimiento de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el bloqueo al acceso de la carpeta judicial y la designación de un fiscal con evidente sesgo contra el pueblo mapuche.
Ante este panorama, la familia de Julia Chuñil acusa un montaje para proteger al verdadero responsable y ha convocado a una marcha nacional para el 8 de noviembre, con asambleas de coordinación en todo el país y un acto central frente a La Moneda.
Las demandas son claras: juicio y castigo a los culpables, fin a la impunidad y justicia para Julia Chuñil.
