Quito (360Noticias) El reciente proceso electoral en Ecuador ha generado una ola de denuncias tanto dentro como fuera del país, en medio de un clima político marcado por el autoritarismo, la represión y múltiples cuestionamientos a la legitimidad del gobierno de Daniel Noboa. Diversos actores sociales y políticos han denunciado que las elecciones no se desarrollaron en condiciones democráticas, y que el Ejecutivo habría utilizado todo el aparato estatal para obstaculizar el libre ejercicio del voto popular.
Entre las acciones más cuestionadas se encuentra la declaración del estado de excepción en siete provincias y dos municipios, la reubicación arbitraria de recintos electorales, y la exclusión del derecho a voto de ciudadanos ecuatorianos residentes en el extranjero, en particular en Venezuela. Estas decisiones, adoptadas de manera unilateral por el gobierno, han sido una estrategia para reducir la participación ciudadana y consolidar un proyecto autoritario alineado con los intereses de Estados Unidos.
A esta situación se suman denuncias graves por parte de la candidata presidencial Luisa González, quien ha afirmado que el proceso estuvo viciado por irregularidades como la publicación de actas sin las firmas correspondientes, lo que impide verificar la validez de los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La candidata ha solicitado formalmente la apertura de las urnas y un nuevo conteo de votos con garantías de transparencia.
Frente a este escenario, organizaciones internacionales han comenzado a emitir pronunciamientos de rechazo. Una de ellas es el Capítulo Chile de la Internacional Antifascista, que ha expresado su preocupación por lo que considera un golpe a la voluntad popular ecuatoriana .
A continuación, parte de su declaración:
