Sergio Gómez, un afiliado a AFP Capital, enfrenta no solo una batalla contra una enfermedad terminal, sino también contra el sistema previsional chileno que le impide acceder a sus ahorros. Pese a la promulgación de la Ley 21.309, que permite a los pacientes con diagnóstico terminal retirar sus fondos previsionales, miles de chilenos, incluido Sergio, denuncian trabas burocráticas que convierten el derecho en un calvario. En un desgarrador testimonio difundido en redes sociales, Sergio expone su realidad:
“Soy enfermo terminal y la AFP Capital no quiere devolver mi plata… lo mío ya no es operable, me desahuciaron… el año 2022 me mandaron a morirme para la casa… tengo dolores que ya no aguanto, estoy hospitalizado por el estrés que me someten estos desgraciados… quiero mi plata ahora, no estoy pidiendo un favor… quiero mi dinero de la AFP ahora”.
Sergio no está solo en esta lucha. Casos similares se acumulan, denunciando un sistema que parece diseñado para obstaculizar el acceso a los ahorros, incluso en situaciones extremas. Las administradoras de fondos de pensiones insisten en procedimientos largos y engorrosos, mientras que la Superintendencia de Pensiones, el Ministerio del Trabajo y las autoridades responsables guardan un silencio cómplice ante este abuso sistemático.
La Ley 21.309 fue creada para permitir que pacientes con enfermedades terminales puedan retirar sus fondos previsionales y usarlos en vida. Sin embargo, el caso de Sergio demuestra cómo el sistema, en lugar de facilitar este proceso, erige una muralla de obstáculos administrativos.
Este problema no es nuevo. Diversos informes y testimonios señalan que las AFP y los organismos de supervisión demoran los trámites, exigiendo documentación redundante y procedimientos médicos que prolongan innecesariamente el proceso. Para personas en condición terminal, el tiempo no es un lujo que puedan permitirse.
Mientras Sergio lucha por su dinero y su dignidad, los defensores del sistema previsional privado guardan silencio. Este modelo, heredado de la dictadura, sigue mostrando su rostro más cruel al negar a los afiliados el acceso a recursos que les pertenecen, incluso en los momentos más críticos de sus vidas.
La realidad es clara: el sistema previsional chileno no sirve. No solo no asegura pensiones dignas, sino que perpetúa el abuso y la indolencia hacia quienes lo sustentan con sus ahorros.
