Mientras en los barrios populares escasean los talleres culturales gratuitos, los centros comunitarios luchan por subsistir y los trabajadores del arte independiente viven precarizados, el Ministerio de las Culturas —bajo el gobierno de Gabriel Boric— financia con recursos públicos a espacios donde se promueve una “Práctica de Movimiento Pélvico Freestyle con enfoque decolonial, somático, sensible y gozoso”. Así, bajo el barniz de la “deconstrucción” y el lenguaje academicista propio del progresismo de elite, se cuela un nuevo caso de despilfarro financiado con dinero del pueblo.

La actividad, titulada con provocación vacía como “Prácticas de Culo”, fue difundida por Espacio Vitrina, entidad que integra la Red de Salas de Teatro Región Metropolitana y que recibió $139.509.995 a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el uso de logos institucionales en la promoción del evento sugiere un respaldo que debe ser investigado.

Diputados ya han oficiado a la Contraloría General de la República solicitando una auditoría al PAOCC, advirtiendo sobre la posible improcedencia de actividades como esta, completamente descontextualizadas del rol público de la cultura y alejadas de las verdaderas necesidades culturales del pueblo trabajador.

¿Dónde queda la cultura popular auténtica?, ¿Dónde está el fomento a la música de los barrios, al teatro comunitario, a la poesía que nace desde la resistencia de los pueblos, al arte que denuncia y la transformación?

Desde una mirada de izquierda clasista, popular y soberanista, no se puede guardar silencio frente al secuestro simbólico de la cultura por parte de sectores progresistas que han sustituido la lucha social por un relativismo postmoderno que gira en torno al individualismo, mientras ignora por completo las necesidades colectivas del pueblo. Es un progresismo burgués, acomodado, incapaz de comprender que la verdadera descolonización no se baila entre cuatro paredes financiadas por el Estado, sino que se construye en la calle, en la fábrica, en la población y en el campo.

En lugar de impulsar una cultura nacional, crítica, liberadora y arraigada en el sentir profundo del pueblo, el Estado en manos del progresismo woke ha optado por subvencionar los caprichos identitarios de una minoría ilustrada que se autorreferencia en círculos cerrados, con lenguaje hermético, y que ha hecho del ridículo una bandera política.

No se trata de moralismo ni censura, sino de prioridades públicas. En un país donde aún hay bibliotecas cerradas, escuelas sin acceso a cultura, y comunas enteras sin centros culturales activos, este tipo de iniciativas no solo resultan ofensivas: son una afrenta directa a las luchas del pueblo por una cultura digna, participativa y soberana.

Chile necesita una política cultural que deje de mirar los laboratorios ideológicos del Pentágono y el Partido Demócrata estadounidense para diseñar sus programas, y que comience a mirar al pueblo, a sus historias y sus luchas. Porque si vamos a hablar de descolonizar, descolonizar es decir basta a esta cultura liberal financiada desde arriba, que se presenta como liberadora, pero no incomoda al poder real, ni a las élites económicas, ni al capital.

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George Soros, uno de los filántropos más influyentes y controvertidos a nivel global, es conocido por financiar iniciativas relacionadas con el progresismo Woke, las luchas identitarias, las políticas de trasngénero y la agenda LGTB. Sus críticos, entre los que se encuentra Georgescu, lo acusan de promover una agenda globalista que socava los valores tradicionales y la soberanía nacional.

Georgescu, un declarado admirador del presidente ruso Vladimir Putin, ha centrado parte de su campaña en denunciar la influencia extranjera en Rumanía, particularmente la de Soros. Asegura que su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 24 de noviembre, anulada por el Tribunal Constitucional debido a sospechas de injerencia rusa, fue el resultado de una campaña orgánica en redes sociales en la que, según él, no invirtió dinero.

Las nuevas elecciones presidenciales están programadas para el 4 de mayo, con una posible segunda vuelta el 18 de mayo. Los últimos sondeos colocan a Georgescu como claro favorito, con alrededor del 40 % de intención de voto, seguido por el alcalde de Bucarest, Nicușor Dan, quien apenas alcanza la mitad de ese porcentaje.

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La congresista republicana María Elvira Salazar, representante del sur de Florida, denunció este jueves, durante una audiencia de la Comisión de Asuntos Exteriores ante el Congreso, los “ridículos” gastos de la agencia bajo la administración Biden-Harris. “Las prioridades de USAID se volvieron completamente ridículas”, afirmó en su cuenta de X, señalando que estos fondos podrían haberse destinado a educación, salud o infraestructura en comunidades de extrema pobreza.

Entre los proyectos financiados con dinero público que generaron controversia, se destacan:

2 millones de dólares para cirugías de cambio de sexo y activismo LGBT de comunidades indígenas en Guatemala. 25.000 dólares para un evento de “reclutamiento de diversidad” en la selva peruana. 47.000 dólares para una “ópera transgénero” en Colombia. 32.000 dólares para un “cómic transgénero” en Perú.

“Los nativos en Guatemala, muchos viviendo en la pobreza, necesitan oportunidades económicas, no operaciones de cambio de sexo financiadas por los contribuyentes estadounidenses”, enfatizó Salazar, criticando el despropósito de estos programas.

Por su parte, Andrew Natsios, exadministrador de USAID, reconoció durante la audiencia que la agencia se ha desviado de su misión original, admitiendo que los recursos deberían enfocarse en combatir la pobreza y el subdesarrollo en lugar de promover iniciativas ideológicas. “Cuando USAID fue creada, su objetivo era el desarrollo económico y social de las naciones más pobres. Ahora, está financiando proyectos que responden más a una agenda política que a una estrategia de desarrollo sostenible”, afirmó Natsios.

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