«Hemos alcanzado un gran consenso nacional que es el soporte de la unión de toda la nación venezolana (…) esto surge como resultado de una coyuntura intensa», resaltó.

Asimismo, recalcó que el 94% de los venezolanos rechazan las amenazas de agresión militar. «No es estadística; para nosotros es un mando histórico defender la patria y garantizar la victoria, siempre la victoria de la independencia».

En el contexto de la celebración castrense, el presidente Maduro expresó que festeja “el valor, la disciplina y la fuerza histórica de quienes cuidan el cielo azul de esta patria durante un poco más de un siglo”.

Igualmente,  elevó el simbolismo del 27 de noviembre de 1992, fecha que “marcó el renacimiento moral de la Aviación Militar Bolivariana”; cuando aviadores patriotas se alzaron contra el gobierno neoliberal que imperaba en aquella época.

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Rosinés Chávez marca la escena política venezolana el de encarnar en primera persona la herencia combativa de su padre. “¡Que viva la Patria!”, exclamó con voz firme, mientras sus palabras eran recogidas en video y compartidas en miles de pantallas a lo largo de Venezuela.

La también presidenta del Instituto Nacional de Parques de Venezuela asumió públicamente el compromiso de ser parte activa en la defensa de la soberanía nacional. Su gesto fue interpretado como un llamado vibrante a la unidad de todo el pueblo frente a la injerencia extranjera y el cerco imperial.

El proceso de alistamiento a las Milicias Bolivarianas ha movilizado a millones de venezolanos que, conscientes de la amenaza externa, han decidido “poner el pecho” por su país. Cada firma representa no solo un compromiso personal, sino la reafirmación de que Venezuela no se doblega, que el legado bolivariano está vivo y dispuesto a resistir.

Millones de hombres y mujeres, entre ellos la hija del líder de la Revolución Bolivariana, deja al descubierto una verdad que trasciende cualquier escepticismo: la defensa de Venezuela no es solo un discurso oficial, sino un acto colectivo de soberanía.

El Caribe arde de tensiones, los buques de guerra imperialistas acechan, pero en las plazas, en los cuarteles y en las calles, el pueblo venezolano responde con una certeza: la patria se defiende con la vida.

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Con la entrega de fusiles y la activación de 15.751 bases de defensa popular, cuarteles militares y plazas Bolívar, el pueblo venezolano, hombres, mujeres y jóvenes, ha asumido su papel como ejército popular de defensa de la Patria, dispuesto a resistir cualquier agresión. No se trata de retórica, sino de una realidad tangible que se traduce en millones de ciudadanos en armas para garantizar la independencia nacional.

“Garantizar la cobertura con más de 4,500,000 milicianos de todo el territorio nacional, toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores. La milicia tiene dos componentes, el territorial y los cuerpos de combatientes, milicias preparadas, activadas y armadas”, afirmó Maduro al anunciar el registro nacional de combatientes.

“Venezuela volverá a triunfar sobre todas las amenazas extravagantes, estrafalarias, criminales del imperialismo norteamericano y la garantía del triunfo es la unión del poder popular, del poder militar y del poder policial”, ratificó el mandatario venezolano.

Desafío al imperialismo en el Caribe

La decisión se produce en medio del despliegue de una flotilla naval estadounidense en el mar Caribe, percibida por Venezuela como una provocación directa y una amenaza a la soberanía nacional. Maduro fue categórico: “Ningún imperialismo tocará las tierras sagradas”, evocando la herencia de Simón Bolívar y la gesta emancipadora que liberó a la región del colonialismo europeo.

Para el mandatario, las bases militares estadounidenses en Colombia constituyen una “humillación para Sudamérica”, un enclave neocolonial que socava la estabilidad regional.

En las calles, el espíritu combativo del pueblo y de la milicia resuena en cantos de guerra:“Escucha piti yanqui lo que te voy a decir, escucha gringuito ya estamos preparados, con armamento ruso te estamos esperando. Seremos tu Vietnam latinoamericano. Somos Caribe dispuestos a morir”.

El pueblo en armas como garantía de soberanía

El fin de semana próximo, miles de venezolanos se concentrarán en plazas Bolívar y cuarteles militares para registrar su compromiso con la defensa nacional. El propio Maduro llamó a la movilización: “Convoco a todos a presentarse, porque somos los venezolanos quienes decidimos el destino de la región”.

La Milicia Nacional Bolivariana, con su doble carácter territorial y de cuerpos combatientes, se convierte en un pilar de la estrategia defensiva frente a cualquier agresión. Imágenes transmitidas por los medios estatales muestran a ciudadanos recibiendo sus fusiles y uniformes, mientras en las redes sociales circulan consignas de resistencia bajo el lema de la defensa de la Patria.

Soberanía o sumisión

Mientras Washington intensifica la presión neocolonial en América Latina, Venezuela responde con organización popular y soberanía. El pueblo bolivariano, consciente de su papel histórico, se prepara para convertirse en la muralla continental frente a la intervención extranjera.

La confrontación no es solo militar, sino histórica: se enfrenta la pretensión imperial de dominio contra la decisión de los pueblos latinoamericanos de ser libres y dueños de su destino. En palabras de Maduro, se trata de mantener viva la promesa bolivariana:
“En Venezuela no manda el imperialismo, manda el pueblo.”

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“Es propicia la ocasión para informarles que 1.400 veedores nacionales e internacionales estarán desplegado en todo el país sumando voluntades para garantizar la participación del pueblo soberano de Venezuela”, detalló el presidente del órgano electoral de este país caribeño, Elvis Amoroso, a través del canal estatal Venezolana de Televisión.

Según el CNE, el 27 de julio se elegirán 2.806 cargos, entre ellos 335 representantes a las alcaldías y 2.471 concejales municipales.

“A dos días de la celebración de la elección en la que el noble pueblo de Venezuela elegirá a los alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas de los municipios de los estados de la nación venezolana, contar con la presencia de cada uno de ustedes, constituye otra garantía de las tantas con las que cuenta el sistema electoral venezolano”, agregó Amoroso tras dar la bienvenida a los veedores.

En este proceso electoral participan 36 organizaciones políticas nacionales y 10 regionales, así como tres partidos indígenas nacionales y cuatro regionales.

Está programado que la jornada electoral arranque a las 6:00 (10:00 GMT) de la mañana hora Caracas.

El 27 de julio también se llevará a cabo una consulta popular para que los jóvenes elijan los proyectos sociales en beneficio de ese sector.

El 25 de mayo, Venezuela celebró las elecciones legislativas y regionales, en las que la alianza de izquierda Gran Polo Patriótico obtuvo poco más de cinco millones de votos, correspondiente a un 83,42 por ciento del total de los sufragios, logrando 253 escaños en el parlamento.

Además, de los 24 cargos de gobernadores, el Gran Polo Patriótico ganó 23 y la opositora Alianza Democrática, uno.

En los comicios participó el 43,5 por ciento de los 21,4 millones de electores habilitados para votar, según el CNE.

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En los últimos años, Chile se ha convertido en un verdadero epicentro de operaciones encubiertas dirigidas contra Venezuela, sin que el gobierno de Gabriel Boric haya tomado medidas para detener estas conspiraciones. Desde la formación paramilitar en territorio chileno hasta el uso del país como base para ataques cibernéticos, la inercia y permisividad de las autoridades chilenas han facilitado acciones desestabilizadoras que atentan contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Uno de los casos fue el polígono de tiro “V-Raptor Adiestramiento” próximo al aeropuerto Arturo Merino Benítez, cerca de la comuna de Quilicura, donde ex policías y ex integrantes de la Guardia Nacional de Venezuela, que no tenían su situación migratoria irregular en Chile, recibieron entrenamiento militar. La existencia en su momento de este centro de adiestramiento, que operó durante mucho tiempo en total impunidad en territorio chileno, puso en evidencia la falta de voluntad para investigar y desmantelar estructuras que abiertamente promueven el terrorismo contra Venezuela.

Otro ejemplo es el caso de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano que, a pesar de haber recibido asilo político en Chile y, por tanto, estar impedido por ley de salir del país, realizó viajes a Colombia y Venezuela con fines conspirativos. Ojeda estuvo vinculado a planes desestabilizadores contra el gobierno venezolano, lo que revela la permisividad y negligencia del gobierno chileno al otorgar refugio a individuos implicados en actividades subversivas. La ausencia de fiscalización sobre sus movimientos no solo demuestra inoperancia, sino que sugiere una preocupante complicidad por parte de las autoridades chilenas, que han permitido que Chile funcione como un santuario para terroristas.

Más recientemente encontramos el ataque cibernético contra el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, perpetrado por Luis Andrés Luces, un neonazi venezolano residente en Chile y seguidor de la ultraderechista María Corina Machado, reafirma la falta de acción del gobierno chileno ante estas agresiones. Este hackeo, destinado a deslegitimar el sistema electoral venezolano, se realizó sin que las autoridades chilenas hasta ahora investiguen o sancionen al responsable confeso, permitiendo que individuos que operan en territorio nacional atenten contra otras naciones

Es sabido que Chile se ha convertido en un caldo de cultivo para ultraderechistas venezolanos, que organizan permanentemente acciones desestabilizadoras contra su país de origen, y que están digitalizadas desde EEUU por el Iván Simonovis prófugo de la justicia venezolana y agente de la CIA. Estas operaciones política van desde “seudos espectáculos” como la actuación de George Harris en el festival de Viña del Mar, hasta grupos paramilitares que actúan impunemente en Chile, donde el gobierno de Boric teniendo todos los antecedentes omiten actuar en su contra, sino que permite que se sigan articulando redes de conspiración y sabotaje, que son evidentes para cualquier simple analista.

Pero ¿por qué el gobierno de Boric no actúa? La respuesta se encuentra en la alineación de su política exterior con los intereses de Estados Unidos y los sectores más reaccionarios de la región, lo que lo lleva a tolerar e incluso favorecer estas acciones contra Venezuela. Mientras Chile se presenta internacionalmente como un país que respeta el derecho internacional, su inacción frente a estos hechos contradice su discurso y lo convierte en un facilitador de agresiones contra un país soberano. La permisividad del gobierno de Boric no es un simple descuido: es una política cómplice que permite que Chile sea utilizado como una plataforma terrorista de agresión contra Venezuela.

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“Ya estamos cerca de un millón, para el día lunes eran 914.000 venezolanos que había regresado, el día lunes cuando regresaron los primeros (repatriados) de los Estados Unidos”, expresó Cabello durante una conferencia de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Cabello, también secretario general del Psuv, hizo referencia al anuncio del Gobierno de Panamá de evaluar las posibilidades de trasladar a migrantes venezolanos hasta la ciudad colombiana de Cúcuta, una vez lleguen a este país tras la imposibilidad de entrar a EEUU.

Al respecto, el ministro señaló que la administración de José Raúl Mulino no permite el ingreso de aviones venezolanos a su territorio para buscar a los connacionales.

“El Gobierno de Panamá no permite el reabastecimiento de los aviones nuestros en su territorio o no permiten que sus aviones aterricen ahí, no es culpa nuestra (…) ¿que los va a llevar a la frontera con Colombia y Venezuela? No controla el Darién, que lo tiene en su territorio, qué va a estar controlando frontera”, comentó.

El 10 de febrero, Venezuela recibió dos vuelos con 190 migrantes repatriados desde Estados Unidos.

El Gobierno manifestó que con estos vuelos se retoma el plan Vuelta a la Patria, creado en 2018 para repatriar desde distintos lugares del mundo a connacionales que “migraron por causa de las sanciones económicas y de las campañas de guerra psicológica” impuestas contra la nación sudamericana.

La repatriación de los migrantes venezolanos se dio una semana después de la reunión que sostuvieron en Caracas el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y Richard Grenell, enviado especial de la Casa Blanca.

En ese entonces, el Gobierno venezolano liberó a seis ciudadanos estadounidenses que se encontraban detenidos en Caracas. (Sputnik)

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El recuerdo de los disturbios registrados en el Parque Almagro, donde sectores de la comunidad venezolana, junto con la derecha chilena, destrozaron gran parte del espacio público, sigue latente. Aquella jornada dejó un alto costo en reparaciones y un profundo malestar entre los vecinos. La violencia no se limitó a Santiago, sino que se replicó en al menos 16 ciudades como Viña del Mar, Concepción, Antofagasta y La Serena, marcando un patrón de desorden y destrucción que preocupa por su eventual repetición.

En Santiago, el municipio dirigido por el derechista Mario Desbordes parece ser cómplice de estas acciones. Elegido con el apoyo significativo de votantes venezolanos radicados en la capital, Desbordes ha sido duramente cuestionado por su inacción frente a los reiterados actos de violencia y desorden provocados por grupos de venezolanos en el Barrio Meiggs. Las calles de este sector, otrora un centro comercial emblemático, hoy son testigos de una creciente inseguridad y actividades delictivas que no encuentran freno en las políticas municipales.

La situación plantea un desafío no solo en términos de seguridad pública, sino también en el debate sobre la regulación migratoria. A pocos días de las convocatorias, se espera que las autoridades tomen medidas preventivas para evitar que la violencia nuevamente marque el itinerario de estas jornadas. Sin embargo, la complacencia de ciertos sectores políticos, como el municipio de Desbordes, parece allanar el camino para el caos y la destrucción en las calles.

Chile sigue siendo rehén de los actos violentos promovidos por un sector de la comunidad migrante venezolana, que pone en jaque la tranquilidad de las ciudades y la confianza en las instituciones.

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Durante el programa número 493 de Con el Mazo Dando, Cabello, también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), señaló que las autoridades estadounidenses habrían intentado comunicarse con el gobierno venezolano en relación a la detención. Sin embargo, el propio ministro desmintió cualquier conversación oficial entre ambos gobiernos, lanzando una punzante crítica: “Será con [Juan] Guaidó o con Edmundo González que están hablando… ¡Dios me cuide!”.

Este caso refuerza las acusaciones reiteradas del gobierno venezolano sobre el intervencionismo sistemático de Estados Unidos en los asuntos internos del país. Las políticas agresivas y las injerencias, desde sanciones económicas hasta intentos de desestabilización política, han sido una constante en la relación entre ambos países.

El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., a través de un comunicado en la cadena CNN, denunció la detención de un marine estadounidense que, supuestamente, estaba de visita en Venezuela en un “viaje personal”. La versión estadounidense sostiene que este militar fue arrestado el 30 de agosto de 2024 y se encuentra recluido en el Helicoide.

Esta narrativa por parte de Estados Unidos busca minimizar la gravedad de los hechos, presentando la detención como un malentendido. No obstante, el gobierno venezolano ha señalado que la presencia de agentes extranjeros vinculados a operaciones encubiertas forma parte de un patrón de intervención que busca socavar la soberanía y la estabilidad del país.

Contexto de agresión e intervención

Este incidente ocurre en un contexto de largas décadas de injerencia estadounidense en Venezuela. Desde el apoyo al fallido golpe de Estado en 2002 hasta la imposición de sanciones económicas devastadoras, Washington ha mantenido una postura agresiva hacia los gobiernos venezolanos que se oponen a sus intereses geopolíticos.

La detención de este militar no es un hecho aislado, sino parte de un entramado más amplio de intentos por desestabilizar a Venezuela. El gobierno bolivariano ha denunciado reiteradamente que Estados Unidos recurre a tácticas encubiertas para eliminar a líderes clave de la Revolución Bolivariana, y este caso podría representar un ejemplo más de esa política intervencionista.

Diosdado Cabello concluyó subrayando que la Revolución Bolivariana, liderada por Nicolás Maduro, no cederá ante las presiones ni los intentos de agresión extranjera, reafirmando el compromiso del país con la defensa de su soberanía y la integridad de sus instituciones.

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Rodríguez-Rodríguez subrayó que la sentencia emitida por la Sala Electoral del TSJ reafirma los boletines ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los cuales cuentan con el respaldo de las actas de escrutinio generadas por las máquinas de votación desplegadas en todo el territorio nacional. “Estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de los datos de los centros nacionales de totalización”, afirmó la presidenta del TSJ, señalando que el peritaje realizado fue verificado de manera irrestricta e inequívoca, en consonancia con el informe elaborado por expertos nacionales e internacionales.

El recurso contencioso electoral, interpuesto el pasado 1 de agosto, fue declarado con lugar por la Sala Electoral. Esta decisión valida los resultados emitidos por el CNE y confirma la reelección de Nicolás Maduro. Es importante destacar que las acciones de peritaje iniciaron el 5 de agosto, con el objetivo de emitir una sentencia definitiva sobre el recurso presentado por el presidente de la República.

El proceso llevado a cabo por la Sala Electoral se centró en un análisis exhaustivo de todas las evidencias de valor probatorio presentadas por los excandidatos presidenciales, representantes de partidos políticos, y en particular, aquellas relacionadas con el ataque cibernético que afectó al CNE el día de los comicios.

En este contexto, la presidenta del TSJ señaló que el excandidato Edmundo González Urrutia no atendió a la convocatoria hecha por el TSJ, incurriendo en desacato y mostrando un irrespeto a la autoridad judicial, conducta que podría acarrear sanciones legales. “No asistió a ninguna de las fases de este proceso al cual fue citado, y, por tanto, no cumplió con la orden de esta, la más alta instancia de la jurisdicción contencioso electoral de la República Bolivariana de Venezuela”, destacó Rodríguez-Rodríguez.

La presidenta del TSJ informó que se ha remitido toda la documentación pertinente al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que sea incorporada en las investigaciones sobre posibles delitos comunes electorales y constitucionales que pudieron haberse cometido.

Finalmente, la máxima autoridad del TSJ exhortó al CNE a publicar los resultados definitivos del proceso electoral, según lo estipulado en el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Esta declaración pone un punto final al proceso de revisión electoral, consolidando la transparencia y la legalidad del reciente proceso comicial en Venezuela.

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El tema de la migración ha sido un punto candente en Chile, y declaraciones recientes como las del diputado Diego Schalper de RN, quien afirmó que esperan recibir 400 mil migrantes más de Venezuela. En el acto, Mario Desbordes fue simbólicamente declarado alcalde de Santiago por algunos de los migrantes venezolanos presentes, un gesto que refleja la influencia que este grupo ha ganado en ciertos sectores de la política chilena.

Agresiones y Daños en el Parque Almagro

El evento, sin embargo, no estuvo exento de incidentes. Los migrantes venezolanos presentes arremetieron contra los carabineros encargados de mantener el orden, lanzando objetos y golpeando a los uniformados, lo que desató una oleada de indignación en las redes sociales. Muchos chilenos expresaron su rechazo a lo que consideran un desprecio por las leyes y autoridades del país.

Además, los destrozos en el Parque Almagro, un espacio público de gran valor para los santiaguinos, agravaron aún más la situación. Las imágenes de los daños provocados circularon rápidamente, aumentando el rechazo hacia el evento.

Es importante recordar que hace unos años, la UDI inició un proceso para que los migrantes venezolanos pudieran votar en Chile, y este año la derecha ha exigido que puedan participar en las próximas elecciones municipales.

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