El empresario del sector vitivinícola, con un historial marcado por el abuso sexual reiterado contra niñas menores de 12 años, movilizó primero sus recursos financieros para eludir la prisión preventiva, desembolsando 150 millones de pesos.

Es relevante subrayar que la estrategia legal adoptada no busca probar la inocencia de Eduardo Macaya, sino más bien construir un entramado jurídico que le permita eludir la cárcel tras ser sentenciado en el juicio. Este enfoque se manifiesta claramente en su recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC), que tiene como objetivo cuestionar el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216. Dicha ley restringe la imposición de sanciones privativas o limitativas de libertad a quienes sean declarados culpables de delitos sexuales, especialmente aquellos cometidos contra menores de 14 años.

La defensa de Eduardo Macaya, liderada por el licenciado en derecho Juan Carlos Manríquez, busca abrir la puerta a alternativas a la privación de libertad, como la remisión condicionada, la reclusión domiciliaria nocturna o la libertad bajo vigilancia. Es decir, pretenden asegurar que, en caso de ser condenado, Macaya no pise la cárcel, evidenciando así el nivel de impunidad al que algunos individuos acaudalados pueden aspirar.

Resulta preocupante observar cómo el sistema legal, representado en este caso por el TC, ha aceptado a trámite la solicitud de Eduardo Macaya, otorgándole hasta el 4 de enero para emitir un veredicto. Este episodio resalta la necesidad de reflexionar sobre la equidad y justicia en el tratamiento de casos judiciales, especialmente cuando la posición económica y social de los involucrados parece tener un peso determinante en el acceso a la impunidad.

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El martes 6 de junio, a las 09:00 horas, será la audiencia en la que el fiscal Francisco Jacir formalizará a Torrealba. Los cargos son fraude al fisco y asociación ilícita.

Además, el Ministerio Público acusará al exalcalde de ser líder de una asociación ilícita que habría defraudado a la Municipalidad de Vitacura durante al menos siete años.

Tambien serán formalizados los cómplices de Torrealba, Domingo Prieto Urrejola, exdirectivo y jefe de finanzas de las corporaciones “Vita”, la exdirectora (s) de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín, Augusto Silva, quien fue contador en el Consejo Local de Deporte y Corporaciones Vita, y a Arnaldo Cañas, que también se desempeñó como contador, pero en Vita Emprende y Vita Deportes.

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Siete imputados fueron formalizados, incluyendo al alcalde de San Ignacio, César Figueroa, quien quedó en prisión preventiva. La Fiscalía de Chillán lleva a cabo la investigación de manera reservada. Pino está detenido en el cuartel de la PDI de Chillán y será formalizado en las próximas horas. Otros imputados incluyen al funcionario público Krysler Monroy, el empresario Rodrigo Carmona y su colaborador Rodrigo Sandoval, todos en prisión preventiva.

El jefe de gabinete del municipio de San Ignacio, Eduardo Suazo, enfrenta arresto domiciliario total, mientras que el director de Finanzas, Hugo Troncoso, tiene arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse al municipio. El jefe de Administración de la Dirección de Administración Municipal de Ñiquén, Carlos Fernández, tiene arresto domiciliario nocturno y firma quincenal en Carabineros.

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Científico biólogo molecular Gabriel León deja como estúpidos a  diputados UDI que enviaron un oficio al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para solicitar que se fiscalice el contenido de los envases de snacks, como papas fritas, alegando que muchas veces las bolsas “traen más aire que alimentos”. Uno de los firmantes del documento es el diputado Christian Moreira.

El biólogo aseguró que no se trata de aire, sino de hidrogeno, indicó “Diputados preocupados por el contenido de “aire” en las bolsas de papas fritas. Lo que traen no es ‘aire’, es nitrógeno” (…) “sirve para evitar que el oxígeno reaccione con las frituras, lo que extiende su vida y calidad (y no influye en el peso de la bolsa)”.

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El desbaratamiento de la banda, que ostentaba de su poder a través de las armas de fuego, se logró tras una investigación de dos años y permitió incautar 63 kilos de cocaína. Uno de los lideres de la banda de narcotraficantes resultó ser Juan Carlos Vidal Bahamóndez, activo militante de la UDI de Alhué y partidario de Kast, este tipo más conocido como Carlos Vidal era la mano derecha del líder de la banda “Jalisco Melipilla”. El narcotraficante es posible verlo en una fotografía con los diputados de la UDI Javier Macaya María, José Hoffmann y Juan Antonio Coloma

La fiscalía dijo que Juan Carlos Vidal era el “encargado de los movimientos de dineros, tareas logísticas, control de otros miembros de la organización y efectuar entregas de droga a distintos receptores”, según relata el diario La Tercera.

Además la tercera agrega: “Para cubrir todas las actividades ilícitas que realizaba, principalmente el tráfico de drogas, Aguirre Ramírez tenía ante el Servicio de Impuestos Internos el registro de tres sociedades de papel: Agrícola CC. SpA, Sociedad Vidal y Álvarez Limitada y Sociedad Vidal y Escobar Limitada, pero estas no estaban bajo su nombre, sino que de Juan Carlos Vidal Bahamóndez, esto con el fin de disimula su actividad ilícita y los acaudalados ingresos de dinero que provienen del narcotráfico.

Además, dentro del análisis que hizo la policía de las empresas de Vidal Bahamóndez, se identificó que su madre, identificada como Jacqueline Bahamóndez Sanhueza, mantenía otras tres sociedades a su nombre.

Por medio de las firmas de papel se pagaban cotizaciones y sueldos a otros participantes de la banda, esto directamente realizado por el contador Luis González Sepúlveda. Con los ingresos obtenidos parte de la banda realizó viajes al extranjero, adquisición de vehículos de alta gama, como un automóvil descapotable marca Audi, modelo A5 Cabrio 2.0 o la camioneta marca Ford, modelo Explorer, color rojo.”

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No es extraño que la televisión preste audiencia a furibundos personajes de la demagogia de la ultraderecha, ya son clásicos los rostro de Lavin, la ex Ministra de Educación Marcela Cubillos, etc., pero llegar al nivel de desconocer un caso de tanta connotación nacional e internacional, no solo amerita una crítica, sino corresponde a un acto de negacionista que debiera ser castigado por la justicia.

A los dichos del alcalde de derecha salio el rector de la  Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Alvaro Ramis quien afirmó vía redes sociales, sus dichos “en relación a #GustavoGatica son graves e inaceptables y muestran una peligrosa relativización de principios inalienables, que el estallido social refrescó en nuestra memoria colectiva”.

“Muestran una peligrosa relatividad sobre principios inalienables, de los que nuestro país debió aprender de cara a los horrores de la dictadura, y que el estallido social refrescó en nuestra memoria colectiva” afirmo.

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El senador de la UDI fue interpelado por el periodista Amaro Gómez-Pablos, quien le planteo cuales eran las razones de aquel castigo, Moreira indico “lo que está pasando en la humanidad es un castigo de dios…” “la maldad la oscuridad se ha instalado en el mundo…” “el mundo está para mi recibiendo castigo…” ante la exigencia de los periodista a que indicaran las razones concretas, Moreira indica “son cosas de principios como el aborto la identidad de género “.

Sin embargo, en nada planteo sobre los grandes atropellos a los derechos humanos ocurridos en el país los últimos meses, ni tampoco un mea culpa respecto a sus acciones en los últimos años, mostrando una enorme contradicción con su postura supuestamente “cristiana”.

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