El hecho ocurrió el 10 de julio, cuando Gendarmería de Chile recibió, por los conductos regulares, un documento judicial que ordenaba la liberación de Ferrer, formalizado por robo con homicidio y sindicado por la Fiscalía como uno de los autores materiales del crimen ocurrido el pasado 19 de junio en Ñuñoa. La jueza Irene Rodríguez, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, había advertido durante la audiencia de formalización que los imputados eran un “peligro para la sociedad” y que enfrentaban penas de presidio perpetuo. A pesar de ello, el documento que ordenó la excarcelación fue ejecutado sin mayores cuestionamientos.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó la situación como “completa y absolutamente inexplicable”, destacando que la información que manejan confirma que la orden fue legítimamente recibida y validada por Gendarmería. “Afecta la confianza en el sistema de justicia”, sentenció. Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que el documento liberador contaba con firma electrónica y código de verificación, aunque reconoció que “todas las opciones posibles son malas” y que ya se coordinan cambios en los protocolos de comunicación entre Gendarmería y el Poder Judicial.

El Ministerio Público abrió una investigación penal para esclarecer la legalidad del documento y determinar si hubo falsificación de instrumento público o adulteración de sistemas informáticos. Sin embargo, Gendarmería fue enfática en descartar cualquier vulneración a sus sistemas, insistiendo en que solo ejecutaron lo que ordenó el tribunal correspondiente.

Más allá de tecnicismos administrativos, el resultado es alarmante: un sicario vinculado a una de las organizaciones criminales más violentas del continente ha quedado en libertad, sin que hasta el momento se logre su recaptura. La situación plantea interrogantes inquietantes: ¿Fue realmente un error burocrático, o estamos frente a un caso de negligencia grave o incluso complicidad judicial? ¿Cómo es posible que un documento judicial tan delicado no haya sido sometido a doble verificación, considerando el alto perfil del imputado?

La liberación de un sicario del Tren de Aragua no puede considerarse un simple “error administrativo”: es una amenaza directa a la seguridad del país y una bofetada a la justicia chilena.

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No se trata de casos aislados de corrupción, sino de una red amplia y bien estructurada. Hasta ahora, 13 carabineros están implicados, y el número podría aumentar a medida que avanza la investigación. Esta situación plantea la posibilidad de que bandas criminales estén influyendo en el funcionamiento de instituciones estatales chilenas.

Las acusaciones se vuelven aún más serias al recordar incidentes previos. Uno de los más notables fue el asesinato de la periodista Francisca Sandoval, quien fue baleada mientras cubría una manifestación en el Barrio Meiggs. Pese a que los guardias de los toldos azules, uno de ellos autor del crimen, fueron vistos disparando impunemente frente a carabineros, no se realizaron arrestos inmediatos. Este episodio sugiere una preocupante inacción por parte de las fuerzas de seguridad.

Numi sostiene que Carabineros utilizaba al Tren de Aragua para intimidar a los comerciantes del barrio. Según él, la policía ofrecía protección a cambio de grandes sumas de dinero, después de haber permitido que las bandas criminales generaran un clima de terror. “Los mismos carabineros se jactaban de tener relaciones con el Tren de Aragua”, denuncia Numi. “El negocio era abandonar el barrio y después por ir a cuidar cobraban”, señaló Numi.

Estas revelaciones han sacudido la confianza pública en Carabineros, una institución que ya ha enfrentado críticas por otros casos de corrupción y uso excesivo de la fuerza. La situación profundiza la sensación de inseguridad entre los chilenos, ya que los órganos encargados de velar por la seguridad y el orden público, tendrían una complicidad con las bandas a las cuales hay que perseguir.

La urgencia de una investigación a fondo es indiscutible. Se debe esclarecer hasta qué punto han llegado estas presuntas relaciones y determinar las responsabilidades jerárquicas correspondientes. Además, es crucial proteger a quienes se atreven a denunciar estas prácticas, como Adolfo Numi, y garantizar que la verdad salga a la luz.

Este caso no solo afecta a los comerciantes del Barrio Meiggs, sino que pone en juego la integridad y credibilidad de una institución clave para la seguridad y el estado de derecho en Chile. Todos merecemos saber la verdad y que se tomen medidas firmes para erradicar cualquier forma de corrupción dentro de Carabineros.

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Según reportes de Radio Bío Bío, la joven colaboró con el Ministerio Público proporcionando información relevante sobre los crímenes perpetrados por individuos vinculados al Tren de Aragua, incluyendo los homicidios de Woldy Decimies, Alexis Patiño y Aaron Valenzuela, ocurridos en diferentes comunas de la región.

Los homicidios de estas tres personas, aparentemente a manos de sicarios venezolanos, habrían sido ordenados por Franco Llanos, un narcotraficante chileno establecido en Concepción, en busca de venganza por la muerte de su cuñado.

M.G.M.G denunció ante la Fiscalía a un individuo identificado como Wilmer Díaz, presunto sicario del Tren de Aragua, y proporcionó información detallada sobre su participación en los crímenes. La joven entregó también dos videos fundamentales que ayudaron a esclarecer la conexión entre los homicidios investigados.

Sin embargo, el viernes pasado se informó durante una audiencia en el Juzgado de Garantía de Talcahuano que la joven testigo clave fue asesinada el pasado 16 de marzo en Ovalle, región de Coquimbo. El crimen ocurrió mientras la joven estaba en una estación de servicio, a bordo de una motocicleta junto a un hombre, cuando repentinamente recibió seis disparos que le quitaron la vida al instante.

Hasta el momento, no hay detenidos por este crimen que está siendo investigado por el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). Sin embargo, dada la implicación de la joven en la delación de los sicarios del Tren de Aragua, se baraja la posibilidad de que su asesinato haya sido un encargo.

Ante estos eventos, el Juzgado de Garantía de Talcahuano ha extendido el plazo en la causa por los tres homicidios vinculados al crimen organizado en la región del Biobío, otorgando 60 días adicionales para continuar con las investigaciones y esclarecer este complejo entramado criminal que ha conmocionado a la sociedad chilena.

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En su programa semanal de televisión, Maduro invitó al diálogo al presidente Gabriel Boric y al canciller Alberto van Klaveren, a quien acusó de “pasar disparando contra Venezuela”. Rechazó las acusaciones y llamó a conversar personalmente sobre estos temas en lugar de lanzar acusaciones públicas que puedan ser manipuladas.

Maduro responsabilizó al fallecido expresidente Sebastián Piñera por la presencia del Tren de Aragua en Chile. Acusó a Piñera de haber llevado a Chile a unos mil delincuentes venezolanos que fueron contratados para intentar invadir Venezuela en febrero de 2019, desde la ciudad colombiana de Cúcuta, en un plan que fracasó.

Según Maduro, la derecha chilena apoyó ese intento de invadir Venezuela y dio acogida y refugio a esos delincuentes, declarándolos “perseguidos políticos”. Por lo tanto, culpó a la derecha chilena de ser la causa de la presencia del Tren de Aragua en ese país.

Maduro negó que su gobierno tenga vínculos con el Tren de Aragua y acusó a sectores de la ultraderecha estadounidense, como el senador Marco Rubio, de querer crear una campaña sucia contra Venezuela al vincular al grupo criminal con su administración y pedir que sea designado como organización. terrorista.

El mandatario venezolano hizo un llamado a la cooperación, el respeto y el no intervencionismo en los asuntos internos de cada país. Expresó su disposición a ayudar a resolver el problema de las bandas criminales, pero rechazar la “diplomacia de micrófono” y las acusaciones sin fundamentos.

En general, Maduro negó los señalamientos de Chile, responsabilizó a la derecha chilena por la presencia del Tren de Aragua en ese país, acusó a sectores de EE.UU. de una campaña en su contra e instó al diálogo directo con el gobierno de Boric para abordar la situación.

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“Le digo públicamente al presidente Gabriel Boric, si usted quiere hablar de estos temas conversemos personalmente, porque lanzan acusaciones al aire, después los medios y redes lo convierten en campaña contra Venezuela, porque estamos en año electoral y se han reanimado e inventan nuevas campañas sucias”, expresó desde el programa Con Maduro+, segmento Zona Digital, donde respondió preguntas de 10 comunicadores sociales venezolanos.

La propuesta fue en referencia a lo concerniente al caso del ciudadano venezolano Ronald Ojeda, quien huyó luego de participar en un fallido intento de golpe de Estado en Venezuela y fue asesinado en Chile. Los periodistas consultaron sobre las declaraciones de autoridades del Gobierno de Boric, que claramente lucen como una operación que busca dinamitar el acercamiento binacional entre Venezuela y Chile.

“Lo que corresponde es hablar, porque lanzar declaraciones, la llamada diplomacia del micrófono para enfrentarnos ¿en qué ayuda a Chile o a Venezuela? Que Boric diga algo contra Venezuela y yo salga a responder algo contra Chile, ¿ayuda a resolver los temas?”, planteó.

Acotó que durante el Gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera, algunos desertores y delincuentes fueron invitados por este mandatario a emigrar a Chile. “Vamos a ser sinceros, presidente Boric, y el canciller de Chile, ¿quién los contrató en Cúcuta para invadir a Venezuela el 23 de febrero de 2019? El recientemente fallecido Piñera, la derecha chilena vino a apoyar una invasión de Venezuela”, respondió.

“¿Quién le dio apoyo, albergue y los declaró perseguidos políticos? Pongamos las cosas en su lugar, la causa es la derecha que se los llevó y ahora tratan de disparar contra Venezuela por un problema que es grave y que tiene solución”, agregó.

“Quisiera hablar por teléfono, personalmente, por video conferencia o por alguna vía”, agregó el mandatario nacional, al referir que con el presidente chileno ha coincidido en varios temas, como la defensa de Palestina, “pero el resto de los temas tenemos diferencias grandes, pero más allá de las diferencias, y si hay un problema y los venezolanos podemos ayudar a resolver, estamos a disposición, presidente Boric”.

Reiteró Maduro que lo que se impone es la cooperación, el respeto y el no intervencionismo, especialmente en evitar la injerencia en asuntos internos del otro país, tal como Venezuela no se mete en los asuntos chilenos, nadie debe hacerlo en los asuntos venezolanos.

“Con respeto, diálogo y comunicación son muchas cosas que se pueden lograr. Entonces, la repuesta al presidente Boric, al propio canciller de Chile, que se la pasa disparando contra Venezuela, les diría tranquilos, dialoguemos y conversemos para combatir a los grupos criminales”.

Finalmente, Maduro manifestó que Venezuela tiene Cuadrantes de Paz, unión cívico militar policial “y hemos avanzando en seguridad ciudadana. Pongo a su entera disposición este modelo de pacificación y seguridad ciudadana que nos ha permitido acabar con el Tren de Aragua y múltiples bandas”.

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Durante una entrevista en Estadio Nacional de 24 Horas, Muñoz abordó el preocupante aumento en los homicidios, con más de 900 casos registrados durante el primer trimestre del año. Sin embargo, también destacó una noticia alentadora: “En nuestros registros, hemos investigado 441 homicidios en comparación con los 466 del período anterior, lo que indica una disminución”.

No obstante, el director de la PDI advirtió sobre la aparición de nuevas modalidades delictivas, caracterizadas por su extrema violencia y el uso de armas de fuego. Fue en este contexto que abordó la situación del Tren de Aragua, informando que “hasta el momento, hemos detenido a más de 54 individuos vinculados con esta organización criminal, y un total de 171 personas han sido puestas a disposición de los tribunales en relación con sus operaciones”.

“Estos individuos forman parte de una estructura mucho más grande y han estado operando en varios países de América Latina. Sin embargo, quiero resaltar que Chile es el único país que ha logrado realizar arrestos relacionados con este grupo”, subrayó Muñoz.

Por otro lado, el director de la PDI descartó rotundamente la presencia de la Mara Salvatrucha en el país. “No estamos llevando a cabo ninguna investigación o diligencia relacionada con las maras, y el jefe de la policía de El Salvador también me confirmó que no hay presencia de estas pandillas en Chile. Asimismo, desmiento cualquier declaración previa al respecto realizada por el vicepresidente del país”, afirmó.

Las declaraciones del director de la PDI han dejado en evidencia el arduo trabajo que se está llevando a cabo para combatir el crimen organizado. Con más de 54 arrestos vinculados al Tren de Aragua, demuestran su determinación en la lucha contra las organizaciones criminales y su compromiso en mantener la seguridad y la tranquilidad en el país.

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