Miles de trabajadores y pueblo en general acompañaron a la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores este 1 de mayo Clasista, Rebelde y Popular 2026.

Los sindicalistas se reunieron a las 10 am en Brasil con Alameda, donde también concurrieron organizaciones sociales, de DDHH, de la cultura callejera y Colectivos políticos de izquierda.

En lo previo la Señal 3 de la Victoria rindió un homenaje a la periodista popular Francisca Sandoval en el lugar donde fue asesinada el 2022 por sicarios de barrio Meiggs.

La marcha terminó en un acto en Matucana con Alameda donde actuó el grupo Peñi y Pampa. El discurso de la multi-sindical fue entregado por Andrés Troncoso del Sindicato Obrero Clasista (SOC) llamando a una jornada de movilización para el 11 de julio por los recursos naturales.

Además, la Central convocó a la unidad de los clasistas para enfrentar al gobierno patronal de Kast y junto con ello confrontar la falsa oposición, que en gobiernos pasados siguieron desarrollando el neoliberalismo.

Los abogados de la Central dieron cuenta de 17 detenidos, en la tarde se conocería su situación legal.

Durante la marcha hubo escaramuzas protagonizadas por jóvenes contra policías, pero la caminata continuó sin grandes dificultades.

Al final de la marcha Carabineros desata represión injustificada,

Cuando ya había terminado el acto y los organizadores estaban por desmontar el escenario, la policía desplegó sus fuerzas para «despejar» el área, usando diferentes tipos de vehículos policiales, mojando, empujando e incluso deteniendo a activistas que reclamaban por lo que denominaron una «provocación».

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La protesta fue convocada por la Internacional Antifascista, capítulo Chile, junto a la Brigada Internacionalista Ramón Allende Garcés. Medio centenar de manifestantes se congregaron en el frontis del canal para expresar su rechazo a la línea informativa del medio, al que acusan de tergiversar informaciones relacionadas con la política internacional y, particularmente, con conflictos y tensiones que involucran las egresión militares y bloqueos de los Estados Unidos a países como Cuba, Venezuela e Irán.

Según los organizadores, el canal reproduce lo que califican como narrativas alineadas con intereses extranjeros imperialistas. Durante la actividad, los participantes sostuvieron que gran parte de los medios de comunicación en Chile actúan como extensiones de agendas políticas imperialistas, siendo medios colonizados por la retorica estadounidense y el sionismo israelí. No son medios neutrales, sino que toman parte de las agresiones de EEUU y el Sionismo contra los pueblos del mundo.

La protesta reunió aproximadamente a medio centenar de personas, quienes realizaron consignas contra el canal y contra el papel que cumplen ciertos medios en la construcción de la opinión pública.

Entre los gritos escuchados durante la manifestación se encontraban consignas como: “Apaga la tele que los canales mienten, nos venden miedo” y críticas directas al contenido informativo emitido por la estación.

Canal 13 es una de las principales cadenas de televisión abierta del país y pertenece al grupo empresarial de Andrónico Luksic Craig, que controla la totalidad de la señal desde 2017. Hasta el momento, el canal no ha emitido una declaración pública respecto de esta manifestación.

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A través de una declaración dirigida a la cónsul de Bolivia en Chile, Claudia Segarra, las organizaciones denunciaron que las medidas económicas impulsadas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz tienen un carácter discriminatorio y afectan directamente a los sectores más empobrecidos del país, en particular a las y los trabajadores que perciben salarios insuficientes para cubrir condiciones mínimas de vida digna.

Según el pronunciamiento, el decreto en cuestión profundiza el abuso estructural contra la clase trabajadora boliviana, golpeando con mayor fuerza a quienes ya viven en condiciones de precariedad. En ese contexto, las organizaciones chilenas expresaron su solidaridad con el pueblo boliviano y con las y los trabajadores que se han sumado a la huelga general, así como con las seis federaciones del trópico que exigen la anulación inmediata de la norma.

La declaración también enfatiza que la historia del movimiento obrero está marcada por la lucha contra el abuso y la injusticia, razón por la cual las organizaciones firmantes rechazaron de manera categórica cualquier forma de represión militar o policial contra las trabajadoras y trabajadores movilizados en Bolivia.

Finalmente, las organizaciones sindicales chilenas hicieron un llamado directo al presidente Rodrigo Paz a derogar el Decreto Supremo N° 5503, señalando que su eliminación sería un paso indispensable para avanzar en dignidad y justicia social para el pueblo boliviano.

La declaración cuenta con la firma de la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores, la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CAT), la Federación FESIMETCO, la Federación Nacional FENASCEC, el Sindicato Nacional N° 1 SGS Minerals, el Sindicato Obrero Clasista (SOC), el Sindicato Importadora Café Do Brasil (ICB) y la Asociación de Funcionarios del Cementerio General.

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Buenos Aires (360Noticias) Una protesta convocada en Argentina por las centrales obreras del país ocupó el jueves el centro de esta capital, en rechazo a un proyecto de reforma laboral del Gobierno que atenta contra los derechos de los trabajadores, explicó a la Agencia Sputnik el secretario general adjunto de la rama autónoma de la Central de Trabajadores (CTAA Capital), José “Pepe” Peralta.

“La CTAA Capital hoy ha convocado y está presente en la gran movilización que se está llevando adelante en la Plaza de Mayo, frente a la casa del Gobierno, para mostrar a la clase trabajadora en unidad”, confirmó a este medio el referente sindical.

La movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y por las dos ramas de la CTA (la de los Trabajadores y la Autónoma) contó con la participación de miles de personas, y fue apoyada por organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el que representa a los aceiteros, que además llevaron adelante una huelga.

“Estamos en esta acción, a la que también se sumaron un núcleo importante de sindicatos, para decirle a este Gobierno apretador y ajustador que los trabajadores no estamos dispuestos a resignar todos los derechos que se han conquistado a lo largo del tiempo en pos de una mejora financiera, que todo lo contrario, pensamos que es negativo para el país”, señaló el dirigente de la CTAA Capital.

REGRESIÓN DE DERECHOS

En una jornada muy calurosa, que obligaba a refrescarse con asiduidad, la CGT advirtió que la protesta de la jornada era el inicio de un plan de lucha, y que de no ser escuchados, terminaría “en un paro nacional”, según advirtió durante la protesta uno de los integrantes del triunvirato que conduce la Confederación, Octavio Argüello.

“Vamos a luchar en todos los ámbitos que sean necesarios, y les decimos a los senadores que pretenden firmar el dictamen, ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se lo vamos a demandar”, advirtió el cosecretario de la CGT desde un escenario que se levantó en la plaza.

La principal central obrera del país también aseguró que era “mentira” que la reforma laboral se hiciera en beneficio de las pymes y los trabajadores, como plantea el Gobierno del presidente Javier Milei, y advirtió que en realidad era para favorecer “a sus amigotes, el poder económico, que siempre vienen a querer explotar y llevarse nuestra dignidad”.

“Si bien estamos de acuerdo en discutir la modernización y reformas que hacen falta para mejorar la productividad y la calidad de vida de los trabajadores, no puede ser de ninguna manera que los trabajadores estemos presentes en esa mesa, y que solo los financieros que están en la timba financiera respondan por nosotros”, cuestionó el secretario general adjunto de la CTAA Capital.

En el Senado, entre tanto, un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda logró aprobar el dictamen de mayoría propuesto por el oficialismo, lo cual habilita su debate en el plenario, según confirmaron a este medio fuentes de la Cámara alta, pero se resignó a que el tratamiento se postergue al 10 de febrero y no sea el 26 de diciembre, como intentó en un principio.

“Hoy vamos a estar presentes hoy por el inicio del tratamiento, y todas las veces que convoquen a sesión, vamos a estar presentes para decirle a senadores, diputados y al Gobierno que no vamos a resignar los derechos que se han logrado en tanto tiempo de lucha”, advirtió Peralta.

La reforma laboral del gobernante partido La Libertad Avanza (ultraderecha) propone un Fondo de Asistencia Laboral alternativo a las indemnizaciones, autoriza a que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de siete días, habilita la creación de un banco de horas, en reemplazo del pago de horas extra, limita los convenios colectivos que negocian los sindicatos y las asociaciones empresarias y también restringe la actividad gremial.

Con la nueva configuración parlamentaria que se estrenó el 10 de diciembre en el Congreso a partir del resultado de las elecciones legislativas de octubre, el oficialismo cuenta con la primera minoría de la Cámara de Diputados y también con el bloque más grande del Senado.

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La acción respaldada en un dictamen de la Contraloría General de la República (E173171/2022) advierte que el uso abusivo de contratos a honorarios ha profundizado la precarización laboral dentro del propio Estado, generando desigualdad frente al sector privado y vulnerando derechos fundamentales de los trabajadores públicos, especialmente en un contexto político donde la estabilidad laboral y el rol del Estado vuelven a estar en debate.

La reclamación se presenta a solo días de la elección presidencial, lo que instala un desafío directo para quien asuma la conducción del país: resolver una situación que afecta a miles de trabajadores públicos que hoy carecen de estabilidad y de herramientas efectivas de defensa sindical.

En un contexto político marcado por discursos que cuestionan el tamaño del Estado y apuntan al gasto público como problema, los sindicatos advierten que esta mirada no puede traducirse en la erosión de derechos laborales ni en la desprotección de quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de los servicios públicos.

Desde las organizaciones firmantes señalan que fortalecer la participación sindical es una respuesta necesaria frente a la incertidumbre política y laboral. La sindicalización no solo busca mejorar condiciones de trabajo, sino también equilibrar la asimetría de poder entre el Estado y sus trabajadores, especialmente en momentos de cambios de gobierno y alta rotación de personal.

Por ello, recalcan, el respeto a los derechos sindicales y la validación de las organizaciones de trabajadores resultan esenciales para preservar la estabilidad institucional y social del país en tiempos de transición.

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La denuncia fue realizada por Sandra Monarde, quien se desempeñó como asesora del hogar en el domicilio de Figueroa entre marzo de 2022 y mayo de 2025. Según la trabajadora, firmó un contrato por jornadas de dos a tres veces por semana, con un pago de 40.000 pesos por día, incluyendo cotizaciones previsionales. Sin embargo, denunció ante la Dirección del Trabajo que solo se le habrían pagado las cotizaciones durante los primeros diez meses.

Consultada al respecto, Figueroa reaccionó con sorpresa:

“Yo desconozco plenamente el tema. (…) No era yo quien llevaba esas materias”, afirmó, atribuyendo la responsabilidad a su marido (el cual también es dirigente Sindical y dirigente del PC, dado que ella se encontraba “entrando y saliendo del país” por sus funciones diplomáticas.

Más allá de lo administrativo, el hecho ha generado un revuelo político y ético, dado que Figueroa fue durante años la cara visible de la CUT, defendiendo públicamente los derechos laborales y exigiendo regularización de empleos precarios. Hoy, se ve enfrentada a una denuncia que la coloca precisamente en el lugar del empleador que no cumple sus obligaciones.

Aunque la ex embajadora en Argentina insistió en que “las denuncias son legítimas” y que “el trabajador tiene derecho a hacerlas sin necesidad de dar aviso”, su desvinculación personal del conflicto y su desconocimiento de los antecedentes han sido percibidos como una evasiva.

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“Señor presidente, desde la provincia de San Antonio le escribimos en representación de miles de habitantes que sufren el abandono estatal”, comienza el documento, que refleja la preocupación de una comunidad que, a pesar de contar con más de 180 mil habitantes y albergar el principal puerto del país, no dispone de una universidad pública.

La situación educativa es crítica. La falta de una casa de estudios estatal obliga a miles de jóvenes a emigrar para continuar su formación profesional, lo que incrementa las brechas sociales y económicas. “Esto obliga a muchos jóvenes a emigrar y abandonar sus estudios”, señala la carta. El fenómeno provoca una fuga de talentos y limita las posibilidades de desarrollo local, profundizando el centralismo histórico que afecta a la región.

A esta precariedad educativa se suma una preocupante crisis en el sistema de salud. La provincia enfrenta serias falencias estructurales, principalmente por la falta de especialistas y la imposibilidad de acceder a una atención integral oportuna y de calidad. Ante este escenario, el COPDE propone una solución concreta: la instalación de una sede de la Universidad de Valparaíso, con facultad de Medicina, en conjunto con el nuevo hospital de San Antonio.

“Esta medida formaría profesionales con compromiso territorial, mejorando la salud local y reduciendo desigualdades”, indica el comité. Además, recuerdan que el propio presidente Boric se comprometió públicamente a apoyar este proyecto, cuando aún se encontraba en funcionamiento el antiguo Hospital Claudio Vicuña.

“Hoy le pedimos que concrete esa promesa”, exige la carta. “Sería un acto real de descentralización y una señal de justicia territorial que marcaría su legado”.

Desde el Comité Provincial de Desarrollo Educacional de San Antonio hacen un llamado a las autoridades a actuar con responsabilidad y visión de futuro, recordando que la equidad territorial comienza por garantizar derechos básicos como la salud y la educación, allí donde viven las personas.

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¿Cuál es la razón principal de la huelga?
Alejandro Herrera: La decisión de ir a huelga responde a la falta de voluntad de las autoridades municipales para negociar mejoras laborales. Con un 99% de aprobación, la huelga refleja la determinación y dignidad de nuestros trabajadores, quienes exigen igualdad salarial, un incremento acorde al mercado, capacitaciones y mejores condiciones laborales.

¿Cuál fue el origen del sindicato y cómo ha sido la relación con las autoridades municipales?
Alejandro Herrera: Cansados de las malas condiciones de trabajo, bajos salarios y discriminaciones arbitrarias en diversas instalaciones, los trabajadores de la seguridad ciudadana decidimos crear una organización sindical y negociar colectivamente. Sin embargo, desde la creación del sindicato, las administaciones de La Cisterna y de San Joaquín han perseguido a los trabajadores sindicalizados, despidiendo a quienes participaron en la constitución del sindicato y amenazando con más despidos. Han tratado de desconocer nuestro derecho a negociar colectivamente y han rechazado cualquier intento de diálogo. Sin embargo, vemos que se puede iniciar la posibilidad de un buen dialogo con el alcalde Joel Olmos de la Cisterna.

¿Cuáles serán las principales afectaciones en la seguridad comunal?
Alejandro Herrera: Las comunas de San Joaquín y La Cisterna quedarán sin servicios esenciales de seguridad, como el monitoreo de cámaras, la recepción de llamadas de emergencia y el patrullaje. Esto implica un grave riesgo para la comunidad, ya que la ley prohíbe el reemplazo de trabajadores en huelga.

¿Cómo ha sido la respuesta de las autoridades municipales?
Alejandro Herrera: Lamentablemente, los alcaldes han demostrado total indiferencia. No han hecho ninguna oferta de negociación colectiva y han intentado desconocer nuestro derecho a negociar legalmente, lo que ha sido rechazado por la Dirección del Trabajo y el Juzgado del Trabajo. Ahora, con la huelga en marcha, han contratado trabajadores para intentar romperla de manera ilegal.

¿Han enfrentado intentos de represalias o amedrentamientos?
Alejandro Herrera: Sí. La administración ha intentado intimidar a los trabajadores y ha desarrollado un plan para reemplazarnos ilegalmente, algo que no vamos a permitir. Estamos unidos y defenderemos nuestros derechos. Esta conducta de las autoridades municipales contradice el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores y refleja un nulo compromiso con la libertad sindical.

¿Qué mensaje le enviaría a la ciudadanía y a las autoridades?
Alejandro Herrera: A la ciudadanía le pedimos comprensión y apoyo, ya que esta lucha también es por una mejor seguridad para todos. A las autoridades, les exigimos que se sienten a negociar de buena fe para evitar que la seguridad comunal colapse. No podemos seguir trabajando en condiciones precarias.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales y políticas comprometidas con el derecho a un trabajo y a una vida digna y a la libertad sindical de los trabajadores de seguridad a solidarizar con nuestra huelga por el derecho a una remuneración y a condiciones de trabajo dignas.

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Puntos clave del comunicado de CONUTT:

• Rechazo al alza de tarifas: La confederación considera injustificado el aumento, ya que afecta directamente a la clase trabajadora y los sectores populares, cuyo poder adquisitivo está en constante deterioro.

Crítica a la justificación del Panel de Expertos: CONUTT cuestiona los argumentos del panel sobre el aumento de costos operacionales, particularmente en relación con la mano de obra y el diésel. Según la organización, los salarios de los trabajadores del sistema están estancados desde antes de la pandemia y la incorporación de buses eléctricos debería haber reducido costos.

Falta de acción contra la evasión: La confederación denuncia que la evasión alcanza el 50% y que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes y superficiales.

Propuesta de soluciones: CONUTT llama a la conformación de una Mesa de Trabajo con el gobierno, el parlamento, el empresariado, operadores del sistema y trabajadores, para abordar problemas estructurales como la evasión, la seguridad, la calidad del servicio, las alzas de tarifas y la mejora de las condiciones laborales.

Bono de locomoción y Tarifa Cero: La organización sindical propone un bono de locomoción de $55.000 pesos mensuales para trabajadores que no lo reciban actualmente y la implementación de la Tarifa Cero, aprovechando los recursos del subsidio al transporte para garantizar el acceso universal al sistema.

CONUTT enfatiza la necesidad de un enfoque integral y estructural para enfrentar los problemas del transporte público, llamando a las autoridades y actores involucrados a tomar medidas concretas que beneficien a los usuarios y trabajadores del sistema.

A continuación reproducimos la declaración en toda su extensión

Santiago, 10 de Febrero 2025

COMUNICADO PUBLICO

La Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores  del Transporte y Afines de Chile – CONUTT, declara a la opinión publica lo siguiente:

Ayer domingo 9 de febrero se concretó un Alza de Tarifas de $ 20 pesos en el sistema RED y METRO, decisión tomada por el Panel de Expertos del Transporte Publico, órgano técnico y autónomo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Desde este domingo el nuevo valor para los adultos en horario punta será de $870 pesos y la tarifa regular será de $ 770 pesos.

El panel de expertos justifica esta nueva alza con la evolución de las distintas variables que afectan los costos de operación del sistema, como el precio del dólar, el costo de la mano de obra y el precio del diésel, variables que, según ellos, han mostrado incrementos importantes durante el último semestre, lo que incidiría tanto en los costos, como en el equilibrio financiero del sistema. Sería importante que panel de expertos explicara cuál es el desequilibrio que justifica este nuevo aumento de tarifas.

Nuestra Confederación Nacional CONUTT considera injustificada esta alza, que golpea a los sectores populares y la clase trabajadora, quienes son los más afectados, cada vez que su poder adquisitivo va en retroceso.

Las autoridades del transporte, parlamento y el panel de expertos no se hacen cargo en forma seria de la EVASION, que actualmente llega al cincuenta por ciento de los usuarios. Son definitivamente insuficientes las medidas que se han tomado, sólo han sido paliativas y no se aborda el fondo del problema. 

Cuando el panel de expertos justifica esta nueva alza de tarifa argumentando que uno de los aspectos que incide es el aumento en el costo de mano de obra en el sistema, nosotros desmentimos categóricamente esta afirmación como trabajadores del sistema de transporte público. NUESTROS SALARIOS ESTAN ESTANCANDOS DESDE ANTES DE LA PANDEMIA, solo en el año 2022, tuvimos un aumento de remuneraciones, producto de la inflación histórica del IPC (12,8) y los instrumentos colectivos vigentes.

A esto debemos agregar que otra variable que supuestamente justificaría esta alza, es el precio del diésel. Ante esta afirmación, nos preguntamos si la electromovilidad  con más de 2 mil buses en el sistema ¿No ayuda a rebajar los costos de la operación?

El alza de tarifa no puede seguir justificándose con argumentos pocos serios y que ya no responden a la realidad de los costos de la operación del sistema de transporte público, en particular en el sistema RED.

Hacemos un llamado a las autoridades del transporte, al parlamento, ministerio de hacienda, al gran empresariado (CPC), panel de expertos, operadores del sistema RED, comités de usuarios y trabajadores del sistema, a crear una Mesa de Trabajo para buscar soluciones reales a las distintas situaciones que afectan al transporte público, tales como: Evasión, Bono de Movilización, Seguridad, Calidad de los Servicios, Alzas de Tarifas, Salarios y Condiciones de Trabajo de Trabajadores del Sistema y Negociación Colectiva Ramal, entre otros.

El gobierno y el parlamento han aprobado en 2024 la Ley del Subsidio al Transporte Publico, que permite garantizar la operación del sistema, rebajar tarifas a estudiantes y adultos mayores y la rentabilidad de las empresas operadoras de RED.

Ante este escenario nosotros como organización sindical proponemos para enfrentar estas alzas de tarifas, un bono mínimo de locomoción de $55.000 pesos mensuales, para todos aquellos trabajador@s del sector público y privado que hoy no tengan un bono de locomoción.

También proponemos a las autoridades de gobierno y al parlamento la necesidad de definir a la brevedad, APLICAR LA TARIFA CERO, como una forma de aprovechar de mejor forma los recursos del subsidio al transporte en todo el sistema de transporte publico integrado.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL CONUTT

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Acoso laboral y prácticas de intimidación

Según el comunicado público del STAM, durante el proceso de constitución del sindicato, las autoridades de la AMSC habrían implementado una serie de estrategias para desincentivar la sindicalización, incluyendo amenazas de despido, rumores sobre la existencia de “listas negras” y una campaña del terror destinada a generar estrés y temor entre los trabajadores.

Entre las prácticas denunciadas se incluye la intimidación a través de conversaciones privadas con empleados, amenazas como “serán despedidos los que formen sindicatos”, así como el uso de la delación por parte de algunos trabajadores desleales con sus compañeros para facilitar estas tácticas de presión. Estas acciones habrían culminado con el despido de algunos empleados, evidenciando un clima de miedo en el ambiente laboral.

Los trabajadores agrupados en el STAM han destacado la importancia de su labor en la comunidad, calificándola como “de primera línea” en la contención de la delincuencia y asistencia ciudadana. Sin embargo, señalaron que su trabajo no ha sido valorado adecuadamente por los municipios ni el Estado, lo que los llevó a organizarse para exigir mejoras laborales.

Entre las principales demandas del sindicato se encuentran:

• Mejoras en las condiciones laborales, como instalaciones adecuadas y respetuosas de las normas de higiene y seguridad.
• Revisión de la jornada laboral, garantizando descansos de al menos dos días libres consecutivos y la posibilidad de compensar días trabajados en dinero.
• Seguros médicos y de vida, considerando los riesgos físicos y psicológicos a los que están expuestos.
• Equipamiento adecuado, como radios portátiles y cámaras para enfrentar emergencias.
• Capacitación del personal, destacando que muchos trabajadores no reciben instrucción adecuada para cumplir con los procedimientos de seguridad.
• Nivelación de sueldos hacia arriba y reincorporación de los trabajadores despedidos por ejercer su derecho a sindicalizarse.

El STAM hace un llamado a los trabajadores que aún no se han sumado a la organización sindical a que pierdan el miedo y rechacen las prácticas de división impulsadas por la administración. “El sindicato nos garantizará mejores condiciones laborales, trato justo y fin al abuso y al régimen del miedo”, sostuvieron en su declaración pública.

Reconocimiento de una labor esencial

El sindicato subrayó que su trabajo comunitario, preventivo y riesgoso es fundamental para la seguridad de las comunas y debe ser valorado tanto por la administración de la AMSC como por las autoridades municipales. “Nuestro trabajo protege y orienta a nuestras comunidades, y eso no tiene precio”, señalaron, exigiendo un trato digno y el respeto a sus derechos laborales.

Esta lucha no solo refleja el coraje de los trabajadores por organizarse, sino también el desafío de enfrentar un entorno laboral hostil que, según denuncian, prioriza los intereses políticos y electorales sobre la seguridad y bienestar de quienes velan por la comunidad.

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