En la toma de terrenos Mauricio Fredes, los pobladores habían levantado una serie de infraestructuras y espacios comunitarios que beneficiaban a sus familias, incluyendo una biblioteca, plazas infantiles y diversas iniciativas sociales. Estos proyectos representaban un esfuerzo significativo por parte de la comunidad para mejorar sus condiciones de vida.

El desalojo se enmarca en lo que muchos han calificado como una política represiva del gobierno de Boric, criticada por su dureza en la represión del derecho a la vivienda de los millones de allegados a lo largo del país. Este evento ha traído a la memoria colectiva las dolorosas imágenes de la toma del 17 de mayo, donde Carabineros, en una acción similar, quemaron viviendas y muebles de los pobladores, incluyendo una escuela, y donde se reportaron agresiones a niños y mujeres.

La comunidad y diversas organizaciones sociales han condenado el desalojo, argumentando que este tipo de acciones no solo vulneran el derecho a la vivienda, sino que también destruyen el tejido social y las iniciativas comunitarias que buscan paliar la falta de recursos y oportunidades.

Hasta el momento, no se ha proporcionado una solución alternativa para las familias desalojadas, aumentando la tensión y la incertidumbre sobre su futuro.

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Carabineros de diversas unidades llegaron al lugar para cumplir una orden judicial emanada por la Corte Suprema en 2023, que ordenó el desalojo del terreno.

La toma de terreno de los pobladores sin casa comenzó hace cinco años, un 17 de mayo de 2019. Se trata de un espacio denominado “La Engordita”, antes fundo “Santa Elvira”, antes que llegaran los pobladores era un terreno deshabitado y usado como basura ilegal.

Hasta el lugar llegaron funcionarios del OS7, al OS9, al Laboratorio de Criminalística y a Control de Orden Público de Carabineros, para reprimir a las familias de la toma. Personas que salían de la toma denuncian que los uniformados lanzaron bombas lacrimógenas, pese a la presencia de niños.

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A mediados del siglo XX, la enorme migración campo ciudad en Chile, dio origen a la demanda por vivienda, como uno de los ejes de las luchas populares en todo el país. Miles de familias se establecían en campamentos, que en casi su totalidad eran tomas de terrenos rurales en sub-uso en las periferias de las ciudades. Se empezó a consolidar así un nuevo actor social y político en la lucha de clase en Chile: lo pobladores; que somos sectores de la clase trabajadora más precarizada, que nos organizamos en los lugares donde habitamos, con las demandas propias del derecho a la vida digna y el buen vivir. La historia de la lucha por la vivienda es larga. La vida en los lugares donde habitamos, fueron siempre en condiciones de pobreza, precariedad, exclusión y extrema marginación. Fue a partir de la década de los 40 y 50 cuando esta realidad se empieza a constituir como un movimiento social, con programa, reivindicaciones, conciencia social y política, con lucha y organización, en masivos sectores de la clase trabajadora más postergada y marginada.

A principios del gobierno de Salvador Allende, había cerca de 100 mil familias viviendo en campamentos o en situaciones de precariedad. Los gobiernos burgueses de Alessandri (1959 a 1964) y Frei (1965 a 1970), no habían logrado disminuir el déficit de vivienda. Pero lo más alarmante, es que sus políticas de vivienda no alcanzaban y no estaban destinadas a los sectores más empobrecidos del pueblo. Los programas de vivienda previos al gobierno de la UP, debido a la forma de postulación, que exigía a ahorros relativamente altos y pago de dividendos, dejaban fuera de la posibilidades de vivienda a más del 20 % de la población.

Las nuevas políticas de vivienda orientadas desde el gobierno de Allende, no solo aumentaron la cantidad de viviendas disponibles para la clase trabajadora, sino que se enfocaron prioritariamente en los sectores populares que durante años fueron excluidos del acceso a la vivienda. Se construyeron 158.000 viviendas en ese periodo, con un promedio de 59.000 viviendas al año, cifra muy superior a las 30.000 del periodo de Alessandri y las 40.000 del periodo de Frei o las 37.000 del periodo de la dictadura. Una comparación más precisa se puede establecer al comparar las viviendas construidas en relación a la población chilena de los respectivos años. Así, tenemos que por cada 100.000 habitantes del país, los gobiernos del periodos construyeron: Alessandri 3,85 viviendas por cada 100mil habitantes. Frei: 4,40 viviendas por cada 100mil habitantes. Allende 5,29 viviendas por cada 100mil habitantes. Pinochet 3,31 viviendas por cada 100mil habitantes (1).

Estas breves cifras dan cuenta que, a pesar del brutal sabotaje económico empresarial e imperialista, el gobierno popular logró superar con creces a los gobiernos anteriores y posteriores en la labor de otorgar derecho a la vivienda al pueblo chileno.

Pero tan importante como ello, se promovió la participación de las organizaciones de pobladoras y pobladores en la planificación, gestión y asignación de las viviendas, lo que permitió dar un enorme salto en organización y conciencia del pueblo en esta materia.

Además de lo señalado, hay decenas de otras medidas relativas a otorgar al pueblo derechos sociales en materia de habitabilidad en los lugares de vivienda, en los que hoy día denominamos el Derecho a la Ciudad y los Derechos Urbanos.

La vuelta a la democracia, con los gobierno de la concertación, no trajo una vuelta a la política de vivienda consagrada como un derecho.

En dictadura se destruyeron las herramientas estatales en materia de vivienda social, tales como sus capacidades de regulación del uso de suelos, sus facultades en materia de construcción de viviendas, de financiación, etc. Todo lo que durante años se habían ido desarrollando y conquistando en los gobiernos anteriores al golpe militar, nunca se recuperaron en los gobiernos de la Concertación. Todo lo contrario. Se continuó con la política de la dictadura que había privatizado todos los suelos urbanos; se amplió la privatización de la construcción; se privatizó el crédito para optar a la vivienda, etc. En otras palabras, se entregó el derecho a la vivienda a la más vil y retrograda de las industrias capitalistas: la industria inmobiliaria. Los grandes empresarios siguen haciendo negocio y llenándose los bolsillos con lo más básico para vida de una familia, que es el techo donde criar a los hijos, donde formar una familia. Todo ello fue entregado al más vil negocio capitalista.

Las luchas de los pobladores, a fines de los años 90 e inicios de los 2000, puso de nuevo en el tapete de la política nacional el tema de la vivienda. Las tomas de terrenos en varias ciudades, en particular en Santiago, que ocurrieron a partir del año 94, pusieron de manifiesto la injusta distribución de los suelos urbanos. Las protestas de las pobladoras por la mala calidad en la construcción de viviendas en decenas de villas y poblaciones, en las que, por ejemplo, se les pasaba el agua cada vez que llovía por la mala calidad de los materiales de construcción, pusieron de manifiesto la ineptitud en las normas de construcción así como su fiscalización. Las protestas por los ínfimos metros cuadrados construidos, que generó situaciones aberrantes como piezas donde no cabían las camas, o living-comedores donde no caben las mesas y sillones, pusieron de manifiesto la avaricia de las empresas constructoras capitalistas. Las protestas y organización de los deudores habitacionales contra los remates de sus casas, contra los dividendos impagables y contra el abuso de los bancos, que los hacen pagar 5 ó más veces el valor de sus viviendas, pusieron de manifiesto la usura del sistema financiero en vivienda social.

Todas esas luchas obligaron a los gobierno de la concertación a modificar progresivamente las políticas en vivienda social. La lucha empezó a dar triunfos concretos, pero siempre limitados y en el marco de una política de vivienda que sigue favoreciendo a los empresarios capitalistas. Las organizaciones de pobladores lograron sentar en diversas mesas de negociación a los ministerios de los diferentes gobiernos, y desde mediado de los años 2000 se logró reconstruir un movimiento de pobladores masivo, con capacidad de propuesta, movilización y organización en la base. Pero lo que es más importante, que no era “lame botas” ni serviles a los gobiernos de turno. Las luchas de las pobladoras y pobladores llevaron a un aumento significativo el gasto fiscal en materia de vivienda social. Y si bien las condiciones de habitabilidad y acceso han mejorado sustancialmente respecto a la dictadura y a los primeros gobierno de la concertación, también es cierto que dicho mayor gasto fiscal, en su mayor parte, se ha ido a los bolsillos de las empresas constructoras, o financieras, o a los especuladores dueños de terrenos.

Por otra parte, al no tener el Estado chileno una política de suelos urbanos, que garantice un uso democrático y compartido de la ciudad, se ha seguido generando la exclusión del pueblo en las ciudades. El proceso denominado “gentrificación”, que es cuando el pueblo más empobrecido tiene que salir de sus comunas de residencia histórica porque el suelo, o los precios de arriendos o los valores de las viviendas no son alcanzables para sus bolsillos, ha seguido haciendo de las ciudades chilenas unas de las más excluyentes y segmentadas del Latinoamérica, con sectores de las ciudades donde se concentra exclusivamente las clases altas, y otros donde se amontonan las familias trabajadoras los sectores empobrecidos. El 80% de las viviendas sociales se siguen construyendo en sitios periféricos, alejados de los lugares de trabajo y con menor infraestructura urbana. Los mejores sitios en la ciudad siguen siendo ocupados por clases sociales más altas con mejor poder adquisitivo.

Por ello, las organizaciones de vivienda se ven obligadas a luchar contra la especulación de los suelos, y disputarle a las grandes inmobiliarias los terrenos en sus propias comunas. Si bien las organizaciones más combativas o luchadoras han logrado avances y triunfos en la lucha por los suelos urbanos y mantenerse así en sus comunas, también es cierto que la gran mayoría de familias solo pueden optar a las sobras que deja este modelo excluyente, en sitios periféricos y precarios de las ciudades.

Más recientemente, la pandemia y la crisis económica, que precarizó a miles de familias, obligó a muchas de ellas a ocupar terrenos. De tal manera que en apenas 2 años, se fue a la basura la política de erradicar campamentos que varias ONG y los gobiernos pretendían. Hoy, hay cerca de 100 mil familias viviendo en campamentos, y nada hace pensar que eso tenga resolución al corto plazo. Para peor, las clases dominantes, como siempre en la historia de Chile, en vez de resolver el tema del acceso al suelo y vivienda, recurren al miedo y la represión para intentar frenar las tomas de terrenos. La denominada “ley anti tomas”, que permite a los dueños de terrenos disparar y contratar sicarios para desalojar las ocupaciones de sus terrenos, abre un nuevo capítulo en la lucha por el derecho al suelo. Al hacer de la “usurpación” un delito “permanente”, pone en riego cientos de campamentos que por todo Chile se han ido instalando en sitios abandonados, que nunca han tenido destino desde sus propietarios, más que el de especular con ellos. En otras palabras, en vez de exigir o intencionar que los dueños vendan sus terrenos a los pobladores necesitados, se estimula a los dueños a pedir desalojos y organizar bandas para recuperar por la fuerza los terrenos. Lo más paradójico, es que esta ley “anti tomas” se aprueba en un contexto donde la política de vivienda del gobierno se ha empantanado (3). De las 260 mil viviendas prometidas en su plan de “emergencia habitacional”, es probable que no se alcance a construir ni la mitad. Si esto ocurriera, el déficit habitacional llegaría a más de un millón de viviendas, lo que significaría un fracaso completo del actual gobierno en materia de vivienda, y un golpe muy duro para el pueblo empobrecido y la clase trabajadoras más precarizadas.

En pleno siglo 21, a 50 años del golpe cívico militar contra un gobierno y un pueblo que se levantó a conquistar su futuro y conquistar su dignidad, la lucha por la vivienda digna y el derecho a la ciudad siguen siendo luchas justas y necesarias.

Hoy que recordamos a nuestras hermanas y hermanos asesinados, desaparecidos y torturados. A nuestras vecinas y vecinos humillados, reprimidos y empobrecidos por la sangrienta dictadura militar de los grandes capitalistas. Hoy que recordamos con orgullo y emoción a nuestro pueblo campesino que tomó fundos para conquistar su tierra y levantó la cabeza para enfrentar al terrateniente y latifundista. Que recordamos con orgullo al mapuche que corrió los cercos para recuperar sus territorios ancestrales. Que recordamos con orgullo a los trabajadores y trabajadoras que recuperaron fábricas y las hicieron producir cuando los patrones sabotearon la producción. Hoy que recordamos con orgullo a las pobladoras y pobladores que se pusieron de pie y ocuparon los suelos sin uso para construir su vida diga y conquistar su derecho a la ciudad. Hoy decimos con orgullo:

¡¡Nada ni nadie está olvidado!!

¡¡La lucha por la vida y vivienda digna continúa!!

1. Los datos fueron tomados de un documento elaborado por Miguel Lawner, en base a cifras del INE.
2. La imagen que encabeza este texto corresponde a una foto de la toma Raúl Silva Henríquez, ocurrida el 22 y 23 de septiembre de 1983, en la zona sur de Santiago de Chile.
3. Al momento de publicarse este artículo, el gobierno informaba que presentaría un veto presidencial u otro recurso legal contra los aspectos más brutales de la ley, pero que no vetaría la ley completa. Las organizaciones de pobladores exigen el retiro de toda la ley.

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La convocatoria para esta marcha nacional está programada para el 10 de agosto a las 10:00 horas en todas las ciudades de Chile. En el Área Metropolitana, el llamado es a concentrarse en Alameda con Portugal.

El tema de la vivienda ha vuelto a ocupar el centro de la atención mediática debido al desalojo de la toma más grande del país, conocida como “Toma del cerro La Virgen“. Esta toma abarca más de mil viviendas y alrededor de 6 mil personas, ubicadas en terrenos de 260 hectáreas que incluyen las áreas de Hijuelas Llolleo y Parcela 11. El propietario de estos terrenos es la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., vinculada a la familia Solari y cuyo representante legal es el empresario Ricardo Posada.

Esta situación ha intensificado la preocupación por la falta de soluciones habitacionales y el acceso a la vivienda digna en el país. La convocatoria a la marcha nacional refleja el descontento y las demandas de la población que lucha por una vivienda digna.

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El desalojo es un mal precedente para las millones de personas sin casa que hay en Chile y que históricamente han buscado, sin el apoyo del Estado, una solución de vivienda. Ya se está volviendo habitual los desalojos con el pretexto de conductas delictivas puntuales en algunos terrenos. Sin embargo, ahora es inminente el desalojo de miles de familias, frustrando la búsqueda de una solución habitacional por parte de los pobladores, cuando el Estado no da respuestas al inmenso déficit de vivienda en Chile.

De esta manera, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha acogido el recurso de protección presentado por la Inmobiliaria y Constructora San Antonio, propietaria de los terrenos ocupados, y ha otorgado a los ocupantes del cerro La Virgen un plazo máximo de cuatro meses para abandonar las tierras.

Este megacampamento ha crecido hasta abarcar 260 hectáreas en el mencionado cerro, convirtiéndose en uno de los más grandes de Chile, con miles de viviendas. La extensión de la ocupación ha impedido al Ministerio de Obras Públicas (MOP) construir el acceso norte al puerto local, tal como estaba contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.

La Quinta Sala del tribunal de alzada, compuesta por los ministros Inés María Letelier, Alejandro García y Rodrigo Cortés, emitió una decisión unánime en la que rechazó el argumento de extemporaneidad presentado por los líderes de la ocupación, ya que los hechos denunciados son continuos en el tiempo, como lo respaldan los informes del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso y la Primera Comisaría de Carabineros de San Antonio.

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En el video, Claudia Soto, se encuentra rodeada de los pobladores de la toma 17 de Mayo, quienes expresan su apoyo. A través de esta aparición pública, busca explicar las razones detrás de su doble identidad y brindar mayor claridad sobre su papel en la ocupación de terrenos.

En la carta pública, Soto expone detalladamente los motivos que la llevaron a ocultar su identidad, destacando la necesidad de proteger su vida personal y laboral ante posibles represalias y discriminación. Además, señala que su objetivo principal era defender los derechos de los pobladores de la toma, luchando por una vivienda digna y visibilizando la precaria situación en la que se encuentran.

La exfuncionaria del Ministerio de las Culturas también hace mención de los obstáculos legales y burocráticos que impiden soluciones efectivas para los pobladores de la toma, lo cual la llevó a tomar la decisión de liderar el movimiento desde una identidad ficticia.

Claudia Soto concluye su carta manifestando su compromiso continuo con la lucha por los derechos de los más vulnerables.

El caso de Claudia Soto, también conocida como Gloria Bascuñán, ha generado gran atención y controversia en la opinión pública. Mientras algunos la apoyan en su lucha, otros cuestionan su accionar y el uso de una identidad falsa.

A continuación, reproducimos integrante su nota pública:

El derecho a rebelarse ante la injusticia

Carta de Gloria a las compañeras y compañeros que luchan

Cerro Navia, Toma 17 de Mayo, 21 de junio de 2023

A mis compañeras y compañeros que luchan:

“Miente, miente, que algo queda” es una frase que expresa bien la campaña mediática que han lanzado contra la Toma 17 de Mayo y contra mi. Esa era la política del Ministro de Propaganda de Hitler, y antes que él de tantos regímenes opresores y anti-pueblo en la historia.

¿Por qué lo hacen? Para dividir, para atemorizar, para inmovilizar, para desprestigiar, para castigar. Todo eso junto.

Hoy utilizan su prensa para castigarme públicamente. Levantan tergiversaciones y mentiras abiertas sin posibilidad de defensa. Buscan romper la confianza que en medio de la lucha se va creando. Buscan aplastarme moralmente quitándome el trabajo. Esa es la parte que ahora me está tocando a mi. Pero miro nuestra historia, incluso la reciente y la de nuestros países vecinos con torturas, desapariciones, ejecuciones sumarias y golpes de todo tipo a los luchadores sociales. Pienso en Alejandro Castro, Emilia Bau, Macarena Valdés y tantas luces más que nos iluminan en el horizonte de la lucha popular.

No dejo de pensar que esto está ocurriendo a 50 años del golpe de estado y justo en un nuevo aniversario de las ejecuciones de Corpus Christi. Esas ejecuciones que por venganza se hicieron contra luchadoras y luchadores del pueblo, montándoles mentiras para justificar sus asesinatos. Tampoco dejo de pensar en Carmen Gloria Quintana, que quisieron quemarla viva por luchar contra Pinochet. Y en cómo la vieja Lucía dijo “para qué se queja tanto esta niña, si se quemó tan poco”. Y recuerdo a Carmen Gloria porque es por ella que he tomado ese nombre como mi nombre de lucha: Gloria.

No quiero siquiera compararme, pero sí hacerles pensar que es por estos motivos que una se tiene que resguardar, cuando se decide luchar del lado del pueblo. Y tenemos que aprender a hacerlo cada vez mejor, para poder luchar mejor y conquistar nuestros derechos arrebatados como pueblo.

Antes de pasar a explicarles lo que se merecen saber, les quiero agradecer desde el fondo de mi corazón todas las muchas muestras de compañerismo y respaldo que he recibido. Me siento tan agradecida de la vida y de elegir el camino de la lucha y así disfrutar de la compañía de tantos hermosos corazones que hay entre nuestro pueblo.

Les escribo esta nota a los compañeros y las compañeras que quieran entender mejor por qué la prensa de Luksic y otros medios de comunicación monopólicos me han puesto en la vitrina para ser apedreada públicamente.

Lo primero es porque les hemos golpeado y les ha dolido. Han tratado de una y mil formas de expulsar a las casi 200 familias de la Toma 17 de Mayo, desde el terreno que los latifundistas Guzmán Nieto tenían abandonado, donde por décadas había un microbasural, y nosotros con mucho trabajo, lo convertimos en nuestro hogar y nuestra comunidad. Nos quieren expulsar para hacer crecer allí su millonario negocio rentista, nada más que para eso. Y un grupo de gente sin casa de la Toma 17 de Mayo se los está impidiendo.

Nos buscan aplastar en la carnicería de las redes sociales, porque les hemos golpeado nosotros antes y les ha dolido porque ni con sus juicios ni con sus abogados más “expertos” han podido sacar a las familias que vivimos aquí, quienes lo único que buscamos es vivir con dignidad. Por qué esta lucha amplió nuestros sueños, como dicen mis vecinos. No nos conformamos con soluciones indignas, creemos que la vivienda es un derecho y bregamos por vivir en un barrio con dignidad.

Y por eso ahora para expulsarnos a los miles de pobladores de las tomas y campamentos de nuestro país, necesitan incluso modificar la ley a su favor. Necesitan el proyecto de ley antitomas. Necesitan meternos a la cárcel o necesitan permitir que sus matones armados operen con impunidad en “defensa propia privilegiada”. Una de dos o las dos. Si esta ley ya estuviese aprobada seguramente no podría estar escribiendo esto, estaría en la cárcel o peor.

Y cuál es mi crimen en todo esto: haberme decidido a vivir en la Toma 17 de Mayo. Ayudar a organizarse a mis vecinas y vecinos y darles valor y esperanza en recuperar su dignidad. Dejar crecer en mí el que me movilice el interés general por sobre el personal. Utilizar mis estudios para ponerlos al servicio de la lucha por nuestras casas. Tratar de cuidarme como luchadora social usando el nombre de Gloria.

Quiero decir, que me siento profundamente agradecida de los pobladores, de lo mucho que me han enseñado, de su vida como ejemplo de forja, tan manoseado a veces, por quienes no se esfuerzan por empaparse de la vida de los más pobres. Les vuelvo a decir que me siento profundamente orgullosa y reafirmada en ellos.

Soy profesora, periodista y archivera, tuve la oportunidad de estudiar. Trabajo desde los 12 años, mis abuelos y mi familia son expresión de ese pueblo trabajador totalmente probo ante las cosas más importantes de la vida y me enseñaron a relacionarme con los demás con respeto y siempre buscando aportar. Quizás por eso me duele y me enrabia el alma ver como los más grandes avarientos han podrido esta sociedad hasta el tuétano y han roto tantas vidas.

El sueldo que tenía no era regalado. Llevaba casi más de 20 años honrando la función pública y social, esa que debe servir a las personas. Y entiendo perfecto la diferencia entre la empleocracia que funciona a través de favores y pitutos y entre ese conjunto de compañeros de trabajo -como mis compañeros de cultura, que hoy se encuentran movilizados por justas demandas laborales-,a quienes me tocó conocer en la informalidad laboral. Trabajadores, que a pesar de toda la casta parasitaria de políticos, hacen que el país funcione en cierto grado, quienes ven a diario la malversación de fondos públicos y tienen que callar.

Nunca he tenido un pituto político. No le debo ningún favor sucio a nadie. Cada trabajo que he hecho ha sido bien realizado y bien evaluado. No trabajo para el gobierno. Ni este ni el anterior ni ningún otro. Ni contratos falsos ni boletas truchas. Todo lo que se diga al contrario es mentira.

No encontrarán falta ni delito ni deslealtad en nada de lo que he hecho, a menos que tomen la posición de que luchar es un crimen y me persigan políticamente por eso.

A mis compañeras y compañeros de lucha, les quiero abrazar y me gustaría decirles que ojalá no les pase a ustedes algo así. Pero en realidad les tengo que decir que tenemos que aprender a cuidarnos mejor, porque estas cosas sí van a seguir pasando. Estas campañas de mentiras, tergiversaciones o condenas sumarias seguirán dándose. Así tengan que usar a su prensa, a sus paramilitares o sus golpes de estado. O todo eso junto. Porque quienes las empujan no están dispuestos a ceder ni un milímetro el resguardo de sus intereses mezquinos y sin limites, me reafirmo en la brega por que nadie escupa sangre para que otro viva mejor.

Una primera reflexión que les quiero dejar, compas, es: Con qué facilidad se atribuyen conductas criminales a quién lucha. No hay consulta. No hay defensa. Solo hay condenas. Tenemos que hacernos conscientes de esto y aprender a cuidarnos cada vez mejor.

Una segunda reflexión: Esta campaña en la prensa está acompañando la ofensiva por la aprobación de la ley-antitomas. De mi parte, creo que esto es lo más grave. Porque es una Ley anti-pueblo, que lamentablemente no persigue la sinvergüenzura de unos pocos que hacen ocupaciones para lucrar, sino que en realidad este proyecto de ley persigue la lucha popular por tierra, vivienda y los demás derechos sociales. Si lo que buscan es que nos desunamos, debemos hacer todo lo contrario. Si lo que buscan es que bajemos los brazos, debemos hacer todo lo contrario. Si lo que buscan es hacerme caer, tengo a mis compañeros que me toman la mano para levantarme.

Soy consciente de mis decisiones y asumo mis actos, reconociendo también mi ignorancia e ingenuidad política en algunas cosas. Así también asumo como un costo de la lucha lo que me está pasando a mi y a mi comunidad de la Toma 17 de Mayo: Si peleamos con perros grandes, no se puede salir sin ningún rasguño.

Y al mismo tiempo, también me reafirmo en que parecen temibles pero en realidad no lo son, sus fundamentos son totalmente incoherentes e injustos, por eso les cuesta cada vez más justificar sus acciones. En cambio nosotros estamos del lado de la verdad, nosotros defendemos la vida, por eso nuestra lucha tiene la firmeza de una roca, porque es justa.

Les quiero invitar, compas, a hablar sobre estos temas y que sirvan para preparar mejor las luchas por venir. Porque esta ley maldita no puede ser aprobada y depende de lo que cada uno pueda hacer para impedirlo.

Les abrazo con cariño y les agradezco que me hayan leído. Nos seguimos encontrando en la lucha.

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El reportaje indica que Soto habría impartido charlas y firmado actas bajo su identidad falsa, incluso siendo captada en imágenes junto a la Ministra del Interior, Carolina Tohá, durante una reciente reunión.

Se revela que Soto es miembro de la Mesa de Coordinadores de la mencionada toma en Cerro Navia, pero además ocupa un puesto en el Ministerio desde el año 2020, durante la administración del Presidente Sebastián Piñera, recibiendo un salario mensual bruto de $2.263.466.

El fiscal Ezio Braghetto de la Fiscalía Región Metropolitana Centro Norte confirmó que esta situación podría constituir un delito y anunció que se iniciará una investigación para determinar las implicancias legales de la firma de documentos públicos bajo una identidad falsa.

En respuesta a estos hechos, el Ministerio de las Culturas emitió un comunicado en el que afirmaron estar recopilando todos los antecedentes necesarios para analizar de manera imparcial la situación y determinar las acciones adecuadas a seguir.

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El coronel Alex Bahamondes, prefecto de Viña del Mar, señaló “Al momento que ingresamos al lugar hubo un poco de hostilidad por parte de las personas. Hubo dos bombas molotov que se le lanzaron al personal COP, no resultando nadie lesionado ni tampoco daños. No hay detenidos y no hemos encontrado nada extraño (ligado a otros delitos)”.

El oficial enfatizó que “se van a sacar las cosas y el día de hoy, sí o sí, y se van a destruir las casas para que empiece ya la construcción del SAR de Miraflores. Para eso es todo este procedimiento”.

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Este viernes fueron visitados por un funcionario que indicó representar a la empresa de seguridad del terreno de Horst Paulmann, Cencosud, el hombre amenaza a vecinos de quemarles sus casas. En horas de la noche posterior a las amenazas, sujetos desconocidos comenzaron a quemar las viviendas, sin considerar que en ellas habían niños y familias.

En un video subido por los propios pobladores el representante de Paulmann dueño de Cencosud afirma “de ahí viene la maquina y ustedes verán que hacen con esto”, los pobladores le dicen que hay niños dentro de las viviendas, el representante de Cencosud señala “se bota todo, no es la primera que se hace, será la quinta vez en diferentes terrenos, tambien tengo una cuadrilla que quema todo”.

La Municipalidad de Pudahuel y su alcalde Italo Bravo no se han referido a estos graves hechos que afectan a familias de su comuna.

Horst Paulmann Kemna es un empresario alemán-chileno, fundador del holding chileno Cencosud, la mayor cadena de retail en América.​ Su fortuna está estimada en 3700 millones de dólares según Forbes.

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Dirigentes de la Toma Violeta Parra se refieren formalmente a los hechos ocurridos, la muerte de un niño de 4 años producto de un atropello, y la represión de carabineros contra los habitantes de la toma, a continuación la declaración publica:

Toma Violeta Parra de Barrancas
 
Queridos compañeros/as de la comunidad Toma Violeta Parra de Barrancas hemos sido víctimas de una tragedia que nos ha consternado a todos y que lamentamos enormemente, queremos extender nuestras más sinceras y fraternas condolencias a la familia de Abraham. Por esta misma razón y por respeto a nuestros vecinos, nos hemos tomado la libertad de esclarecer y transparentar esta situación, para evitar la especulación y difusión de información falsa, que circula en diversas plataformas  con respecto a este triste suceso.
El 07/05/20 uno de los hijos de la toma a la corta edad de 4 años nos deja a causa de un aterrador accidente, una vecina infortunadamente atropella al niño con su vehículo en reversa cuando este cruza la calle a unos cuantos metros de la puerta de acceso la toma por el sector de los comités Movilízate y Juntos por un sueño. Posterior a esto es trasladado inmediatamente al servicio de urgencia en el vehículo de un poblador, sin embargo dada su gravedad a los pocos minutos fallece en el centro hospitalario.

Llega personal de carabineros y FFEE al lugar, hacen ingreso a la toma y buscan a la conductora de la camioneta, logran encontrarla y la sacan llevándosela a la comisaría. Al salir la camioneta de la toma comienzan discusiones con carabineros que luego para a un conflicto violento y con represión desmedida terminando con un vecino atropellado intencionalmente por carabineros, luego de esto se retiran del lugar.

El vecino atropellado es llevado a urgencia y trasladado luego a hospital San Juan de Dios donde se detecta fractura en su rodilla izquierda. El compañero vuelve a las horas enyesado.

En la toma, la impotencia y frustración de vecinos y vecinas al no poder hacer nada para salvar la vida de Abraham, canalizan la rabia e impotencia en contra del vehículo que le dio muerte, incendiando la camioneta.

Vuelve carabineros al sector de la toma con guanaco, zorrillo, varios móviles por lo que los dirigentes conversan con ellos logrando hacer que retrocedan para no provocar a los vecinos quedando a la espera del personal de SIAT. Ellos indican que su trabajo ese día no consiste en desalojarnos, como se rumoreaba.

Nuestro pequeño Abraham nació sin el derecho a vivir bajo un techo, pero la lucha constante y  la organización de su familia nos dio la oportunidad de encontrarnos, conocernos y pasar momentos inolvidables en el proceso revolucionario más grande que una persona puede tener, un hogar donde vivir. Lamentamos profundamente su perdida y reiteramos nuestras condolencias a su familia. Con el corazón apretado y con un nudo en la garganta, dándonos fuerzas para seguir luchando por alcanzar la dignidad que todos merecemos, un abrazo grande de todos los que componemos esta enorme familia que es nuestra toma.

Aclaramos que las distintas versiones subidas por periódicos NO fue indicada por dirigentes de la toma, tienen errores e intentan dejarnos mal.
No toleramos el aprovechamiento de dirigentes y personajes políticos en nuestros espacios y menos cuando hay una familia sufriendo tanto dolor.
Versiones de El desconcierto entregada por Caripan no es verídica en su totalidad ya que el no estuvo en el momento del accidente.

Reiteramos en esta publicación, la vida de las personas, nuestra dignidad y nuestra lucha no es una competencia de egos y echaremos de nuestra toma a todos los que quieran ganar partido con nosotros. Detestamos a los que ganan cámara, a los que nos amenazan, a los que quieren ser nuestros salvadores. Nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestras manos luchamos, no somos unos pobres pobladores indefensos. Luchamos a diario y lo seguiremos haciendo con todas las carencias que tenemos.

Y no validamos en lo absoluto las practicas de Juan Caripan, ni sus formas de hacerlo ni sus enormes ganas de aparecer en los medios. NO ES NUESTRO REPRESENTANTE.

No tenemos un representante ni vocero en particular para la Toma Violeta Parra, todos los presidentes de cada comité de allegados trabajamos en conjunto y en nuestro caso somos:

Giovanka Quiroz, Comité Nuevo comienzo con Loyola 2019
@gaabifigeroamuñoz, Comité Folil Mapu
Monica Alarcon, Comité Juntos por un sueño
Ludwig Bürk, Comité De allegados Movilízate

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