Durante la jornada, residentes levantaron barricadas en distintos accesos del cerro como forma de resistencia, señalando que no han recibido ninguna solución habitacional por parte del Estado. “No nos han dado ninguna solución. Aquí viven familias completas y lo único que llega es represión”, señaló uno de los pobladores durante el operativo.

Las denuncias apuntan directamente al gobierno del presidente Gabriel Boric, al que los vecinos y organizaciones sociales acusan de de no ser de izquierda, sino de aplicar políticas de seguridad y orden propias de la derecha, en contradicción con su discurso de gobierno. Para los pobladores, lo ocurrido en Cerro Centinela se suma a otros antecedentes, como la militarización de territorios mapuche, consolidando un patrón de respuesta represiva frente a conflictos sociales.

Una toma con consentimiento previo

La ocupación del terreno, según relatan los propios residentes, no se originó como una toma común. A fines de 2019, afirman haber sido invitados por uno de los propietarios del predio a instalarse en el lugar. El proceso, aseguran, se realizó con maquinaria pesada, trazado de calles y loteo informal, en presencia de arquitectos y sin que existiera oposición de las autoridades locales o regionales de la época.

El terreno pertenece a Inmobiliaria San Antonio S.A. desde 1997, sin embargo, durante años no se habrían presentado acciones judiciales para impedir la ocupación. “Todo fue consentido”, sostienen los pobladores, quienes aseguran haber levantado sus viviendas bajo una tolerancia institucional que hoy se desconoce.

Organizaciones sociales y dirigentes vecinales calificaron el operativo como una señal política del cierre del actual gobierno, denunciando que la administración Boric “se despide” con represión contra sectores populares, en lugar de soluciones estructurales al déficit habitacional.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas ni lesionadas, mientras continúan las tensiones en el sector y las demandas de los vecinos por diálogo, suspensión del desalojo y alternativas reales de vivienda.

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Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y CODEPU denunciaron un patrón de negligencia y obstrucción estatal, que incluye el incumplimiento de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el bloqueo al acceso de la carpeta judicial y la designación de un fiscal con evidente sesgo contra el pueblo mapuche.

Ante este panorama, la familia de Julia Chuñil acusa un montaje para proteger al verdadero responsable y ha convocado a una marcha nacional para el 8 de noviembre, con asambleas de coordinación en todo el país y un acto central frente a La Moneda.

Las demandas son claras: juicio y castigo a los culpables, fin a la impunidad y justicia para Julia Chuñil.

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El caso ha generado alarma debido a las amenazas previas que Chuñil recibió relacionadas con la defensa de los bosques nativos y los procesos de traspaso de tierras. Según Juana Aguilera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Chuñil había denunciado estas amenazas, incluso advirtiendo a su familia: “Si algo me pasa, ya saben quién fue”. Aguilera destacó que estas circunstancias reflejan posibles actos de corrupción y señaló la responsabilidad del Estado chileno y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), organismo vinculado a transacciones poco claras en la zona.

Las amenazas contra Chuñil se remontan al 2018, cuando comenzó a recibir presiones para abandonar su territorio en Máfil. Estas incluían intentos de atropello, sobornos y destrucción de infraestructura, en el contexto de disputas con el empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter, vinculado a negociaciones de compraventa con la Conadi. Aguilera denunció que el Estado no ha cumplido con su obligación de proteger a Chuñil y su familia, comparando su situación con las torturas psicológicas vividas por los familiares de detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado.

La desaparición de Chuñil se enmarca en la lucha de su comunidad por defender sus tierras ancestrales desde 2015, enfrentando constantes hostigamientos. Más de 200 organizaciones han exigido su búsqueda, subrayando la responsabilidad del Estado chileno, que suscribió la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas.

Aguilera llamó a esclarecer las irregularidades en los traspasos de tierras, señalando la complicidad de grandes terratenientes en las amenazas. La desaparición de Chuñil representa un grave atentado contra los derechos humanos y evidencia la vulnerabilidad de las defensoras de la tierra en Chile. Su caso exige una respuesta inmediata por parte del Estado para garantizar justicia y protección a su familia y comunidad.

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Lamentablemente nos enteramos hace unos días que la diputada RN Camila Flores, junto a un Consejero Regional visitó en la cárcel de Molina al ex Capitán de Carabineros Patricio Maturana, quien cumple una condena de 12 años y 183 días de presidio efectivo, por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, tras el hecho que en noviembre de 2019, le costó el sentido de la vista, el gusto y el olfato a la Senadora Fabiola Campillai; hecho que fue y es repudiado tanto a nivel nacional como internacional por el uso desmedido de la fuerza aplicado por carabineros durante el estallido social.

Han pasado los años y vemos que la derecha chilena no cambia, no pide perdón, no se cuestiona, no aprende, al contrario se presentan orgullosos con su verdadero rostro justificando lo injustificable; tergiversando y mintiendo si es necesario, así como años atrás visitaban criminales de lesa humanidad en Punta Peuco negando la dictadura de Pinochet, hoy visitan y solidarizan con quienes cumplen condenas establecidas por los tribunales de nuestro país por violaciones a los Derechos Humanos, calificándolas de “injustas”.

Lo que hace la diputada Camila Flores es muy similar a lo que hizo la Diputada Luisa Cordero, y exigimos que sea llevada ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, y no sólo por cuestionar las decisiones de un poder del Estado autónomo, también por su falta de humanidad y sin duda, porque detrás de sus declaraciones hay un claro acto de negacionismo, que busca hacer invisibles a las y los cientos de jóvenes que perdieron sus ojos y a quienes murieron en las calles de nuestro país buscando un poco de justicia y equidad social.

La inmoralidad de la derecha no tiene límites ni fronteras, su doble moral es impresentable, leyes para proteger las AFP, leyes para reprimir la protesta social, leyes y platas para fortalecer a las Fuerzas Armadas, leyes para proteger a las empresas privadas y nuevamente, a los uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad intentan lavarles la imagen.

Otra vez quieren que demos vuelta esta negra página de nuestra historia, otra vez se sienten dueños de la verdad, otra vez quieren que olvidemos. Desde la sociedad civil, desde los partidos y movimientos políticos de izquierda, desde todas las veredas progresistas debemos defender la memoria, nuestra memoria; y en esta tarea no ayudan los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos: lo que antes fue un estallido social lo han trasformado en un estallido delictual, los presos políticos de la revuelta hoy son tratados como delincuentes comunes; han borrado las huellas de Plaza Dignidad para que vuelva a ser Plaza Italia, Piñera pasó a la historia como un gran estadista tras su muerte, y en esta tendencia quizás estén pensando en devolver la estatua del general Baquedano al sitio desde donde el clamor popular la sacó.

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Ernesto Llaitul, hijo del dirigente mapuche condenado a 23 años de cárcel, ha denunciado que su padre se encuentra en un “estado crítico” debido a la huelga de hambre que mantiene desde hace más de dos meses. La preocupación es palpable, pues Llaitul, quien ya ha sufrido deterioros significativos en su salud por huelgas anteriores, podría enfrentar un desenlace fatal en cualquier momento. La familia insiste en que su traslado a la Cárcel de Temuco, donde existe un módulo especial para comuneros mapuche y donde ya se encuentra detenido su hijo Pelentaro Llaitul, es crucial para garantizar un trato más justo y respetuoso.

Este caso se enmarca en un contexto más amplio de persecución contra aquellos que se oponen abiertamente al sistema económico y político vigente en Chile. Además de Llaitul, otros líderes, incluidos mapuche y figuras políticas como Daniel Jadue, han sido sometidos a procesos judiciales como parte de una estrategia del gobierno de Boric para neutralizar voces disidentes. En lugar de buscar soluciones a los problemas estructurales que enfrenta el país, la administración Boric ha optado por una vía punitiva que revive prácticas de represión y control social, similares a las de anteriores gobiernos.

La familia de Llaitul y diversas organizaciones sociales han alzado la voz para denunciar lo que consideran un trato inhumano y una violación de los derechos fundamentales de los presos políticos mapuche. La exigencia de un traslado a la Cárcel de Temuco no es solo una cuestión de cercanía familiar, sino una demanda de respeto a la identidad cultural y a los derechos básicos que deben ser garantizados para todos los ciudadanos, independientemente de sus convicciones políticas o su origen étnico.

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Recrudece la Represión en Protestas Pacíficas

ANEXPPSA destaca varios incidentes recientes que ilustran esta preocupante tendencia. Uno de los casos más alarmantes ocurrió la semana pasada, cuando un grupo de manifestantes, en su mayoría mujeres y niñas, fue reprimido violentamente por Carabineros mientras protestaban pacíficamente por una estudiante que había sido agredida sexualmente por desconocidos. La policía utilizó gases lacrimógenos, carros lanza-aguas y fuerza física para dispersar a los manifestantes, exacerbando una situación ya tensa y dolorosa para los involucrados.

Violencia en Movilizaciones Estudiantiles

La represión no se ha limitado a este caso aislado. Las movilizaciones estudiantiles, especialmente las protestas de estudiantes secundarios que exigen mejoras en el sistema educativo, también han sido objeto de violencia desproporcionada. ANEXPPSA denuncia que esta represión excesiva refleja un preocupante descontrol y falta de manejo adecuado por parte de las autoridades policiales.

En un trágico incidente reciente, una transeúnte de la tercera edad perdió la vida tras ser atropellada por un carro del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) en las inmediaciones del Liceo 1, durante una manifestación estudiantil. Este hecho subraya las consecuencias fatales de la escalada en el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos.

Derecho a la Manifestación Pública

El Observatorio de Derechos Humanos enfatiza que la manifestación pública es un derecho humano consagrado, y recuerda a las autoridades que es su deber garantizar el ejercicio pleno de este derecho. ANEXPPSA hace un llamado urgente a las autoridades para que terminen con la criminalización de la protesta y cesen las prácticas represivas que infunden terror en la población y ponen en riesgo la integridad física y moral de los manifestantes.

Llamado a la Acción y Condena de Abusos

El comunicado de ANEXPPSA insta a las autoridades a condenar estos abusos y evitar la impunidad, acelerando los procesos judiciales relacionados con el actuar de Carabineros y otros casos prioritarios, como el de la menor víctima de violencia sexual. Además, emplazan a la Ministra del Interior, Carolina Tohá, a cumplir con su mandato de defensa plena de los derechos humanos, insistiendo en que nada justifica el despliegue masivo e indiscriminado de represión policial.

ANEXPPSA concluye su comunicado reiterando la importancia de proteger los derechos humanos en todas las circunstancias y la necesidad urgente de revisar y reformar las prácticas policiales para evitar más tragedias y abusos en el futuro.

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La camioneta, identificada con la matrícula Z-7646 de Carabineros, impactó a la señora Mora, quien falleció en el lugar del incidente. Testigos presenciales describen la escena como caótica, con una fuerte presencia policial y un ambiente de represión intensa en varias áreas del centro de la ciudad.

Las protestas estudiantiles, que se desarrollaban desde tempranas horas del día, se enmarcan en una serie de manifestaciones por diversas demandas del sector educativo. La respuesta de Carabineros fue desplegando fuerzas especiales.

Este hecho ha generado una ola de indignación y críticas hacia Carabineros, acusados de ejercer una represión excesiva y de actuar con brutalidad en el manejo de las protestas. Este hecho ha puesto nuevamente en el centro del debate la actuación de las fuerzas de seguridad en situaciones de protesta.

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Las mujeres presentes cuestionaron el rótulo de “gobierno feminista” atribuido a Gabriel Boric, denunciando la contradicción entre esta etiqueta y la represión a una protesta legítima de mujeres que claman por justicia para Katty Hurtado. Las organizadoras expresaron su preocupación por la situación de Katty, condenada a 20 años de cárcel por defenderse del abuso sexual e intento de femicidio por parte de su ex pareja. Además, denunciaron el hostigamiento y violencia sexual que ha sufrido en la cárcel de Calama, advirtiendo que su vida corre peligro.

En las redes sociales, las manifestantes hicieron eco de su indignación, señalando la intervención agresiva de Carabineros durante la acción pacífica y cuestionando la coherencia de un gobierno que se enorgullece de promulgar leyes contra la violencia hacia las mujeres, pero reprime la legítima protesta de aquellas que claman por sus derechos fundamentales.

Las organizadoras en Twitter indicaron “Condenada a 20 años de cárcel por defenderse del abuso sexual e intento de femicidio de su ex pareja. En la cárcel de Calama ha sido hostigada y violada. Su vida corre peligro.”

Agregaron sobre la represión sufrida “Carabineros intervino agresivamente en la acción pacífica por Katty Hurtado, llevándose detenidas a nuestras compañeras. ¿Este es el Gobierno feminista de Gabriel Boric”

Cuestionaron “Un gobierno que se jacta de promulgar la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres debiese comprender un mínimo: las mujeres tenemos derecho a defendernos cuando nuestra vida corre peligro”

Finalmente señalan “Por último, preguntar: ¿qué riesgos significan para esta sociedad dos manifestantes en una acción pacífica pidiendo lo justo? Es decir, ¿que no nos criminalicen por impedir que nos maten?”.

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En la misiva, Castillo censura al presidente chileno por establecer relaciones con la líder peruana basadas en el fortalecimiento de las economías regionales, entre otros temas, a pesar de ignorar “el asesinato de decenas de compatriotas peruanos” en medio de las protestas que surgieron tras su destitución.

Castillo sostiene “Lamento la infamia que le hace a mi pueblo fotografiándose sonriente con la dictadura. Flaco favor le hace a las banderas del progresismo chileno, desconociendo el asesinato de decenas de compatriotas peruanos. El comercio no es ni debe ser más importante que la vida. Las vidas de los y las manifestantes muertos por la represión cuentan. Le pido que se informe correctamente”.

Agrega “no privilegiemos los negocios por sobre la ética. Las vidas de por lo menos 75 peruanos que ofrendaron por justos derechos no valen menos que las vidas de 75 chilenos o de 75 franceses. Ningún gobierno digno debería avalar la muerte, el racismo, la persecución o los tanques del ejército ingresando en la universidad pública”.

Prosigue “Esas manos que usted estrecha están manchadas con sangre de mis hermanos. Usted es joven, pero comete un severo error político y moral”.

Recalca “Estimado Boric, sí a la Patria Grande! No a la patria chica! Esos ideales que inspiraron alguna vez a Salvador Allende. El mejor homenaje a Allende no son las flores. Ni las ceremonias. Es la acción. Pinochet estaría conceptualmente cerca del racismo que hoy predomina en nuestro Congreso corrupto. Pero en ese lugar jamás puede estar el progresismo”.

Finalmente, la misiva concluye señalando que “la vida de un indio o una india no valen menos, señor Presidente. Mi pueblo está siendo reprimido. Las instituciones no lo representan. Fui destituido violando todos mis derechos, porque jamás me sometí a sus mafiosos intereses”. 

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Víctor Hugo Robles, conocido como “El Che de los Gays” y reconocido dirigente social de la diversidad sexual en Chile, hizo fuertes acusaciones contra el gobierno de Gabriel Boric y, en particular, contra el Partido Comunista, afirmando que fueron responsables de una represión inusualmente intensa contra los manifestantes.

La represión vivida este año fue masiva y superior a la de años anteriores en las mismas fechas. Además, los medios de comunicacion oficiales, previamente llevaron a cabo una campaña de demonización del 11 de septiembre, intimidaron a la ciudadanía con posibles actos de violencia, lo que genera temor en la población, agregemos la suspensión de clases en Santiago y Providencia por parte del Minnisterio de Educación, creando una atmósfera de desconfianza similar a la desinformación promovida por gobiernos de derecha en el pasado.

En su cuenta de Twitter, Robles escribió: “Hago responsable al gobierno de Gabriel Boric, al Ministerio del Interior, a la Ministra Carolina Toha y a partidarios de este gobierno, muy especialmente al Partido Comunista de Chile, que ha complicitado para enviar represión al pueblo movilizado”.

En otro tuit, Robles expresó su descontento con la participación de Boric en la romería al Cementerio General, mientras que, según él, ordenaba la represión del pueblo movilizado. Afirmó que esta acción del presidente fue percibida como una “falsa puesta en escena”.

Los organizadores de la marcha calcularon que más de 60,000 manifestantes participaron en la conmemoración.

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