“En estos momentos, los desafíos del mundo público y del mundo privado no son tan distintos. Este es un buen momento para ponerse a disposición del mundo privado, mi experiencia de estos 12 años en el mundo político y anteriormente en el mundo académico. Chile se modernizó y se diversificó y todos esos desafíos que se han puesto sobre la política, también están tocando con mucha fuerza las puertas de las empresas”.

También critico a la derecha “Hubo un fracaso de la coalición política de la derecha. Parte de ella cayó en el populismo y en mimetizarse con las soluciones que estaba planteando la izquierda” (…) “todo Chile Vamos cayó frente al populismo. Los problemas del gobierno no estuvieron solamente en el gobierno, estuvieron también en la coalición política que no supo mantenerse firme y fuerte frente al populismo”.

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Cabe consignar que fue reelecto en su cargo, en la región Metropolitana, para el nuevo período que inicia el próximo 11 de marzo.

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El informe indica que $8.221 millones estarían pendientes de pago, 60 personas fallecidas quienes recibieron el pago por un monto de $2.643.000, 1.276 hogares con ingresos a honorarios que también recibieron el IFE. Más 192 personas del sector público y 37 concejales que recibieron montos de los dos primeros pagos. Además se suman 1.743 personas que estaban fuera del país quienes recibieron sobre los 98 millones de pesos.

En tanto el ministerio de Desarrollo Social indicó que “la información auto reportada por los hogares alimentan el cálculo de la Calificación Socioeconómica, no pudieron reflejar en tiempo real las caídas abruptas de los ingresos de los hogares e incluso muchos de ellos no habían solicitado la ayuda del Estado, por lo que no se encontraban presentes en el Registro Social de Hogares”.

Agregaron que “la Contraloría ha constatado que, como ministerio de Desarrollo Social y Familia, en cada uno de los pagos de estos beneficios hemos actuado con un irrestricto apego a la normativa vigente. Pese a trabajar con la mejor información administrativa a la fecha disponible en el Registro Social de Hogares, dicha información tiene rezagos naturales y pudo reflejar en tiempo real la situación de las familias ante un contexto de alta incertidumbre y volatilidad, y con un nivel de fallecimientos mayor a un año normal”.

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En Radio Biobío, Araya indicó que “en el paro del 2020, nosotros no estuvimos. No nos adherimos (…) ese paro por palabras del presidente (Sergio Pérez), se lo pidió el Gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios, para que hubiera Ley de armas, todas las leyes que todavía no salen”.

Agregó Araya “Nosotros no estamos en mala onda. Nosotros queremos que a nuestra gente le paguen las tarifas correctas, que las licitaciones no se las lleven los grandes (…) nosotros queremos que los camioneros que están en una zona tengan ciertos privilegios o ciertas garantías para que los recursos que se ganen se queden en la zona”.

En diciembre de 2021, Piñera promulgó la ley Juan Barrios, que endureció las penas por ataques incendiarios contra los conductores de estas maquinarias.

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“Actualmente existen 144 detenidos por delitos de violencia asociados al estallido social, sujetos a la medida de prisión preventiva”, consignó Gendarmería a través de un informe publicado por el diario El Mercurio.

En el desglose se detalló que hay 1.255 personas judicializadas por causas vinculadas a delitos en manifestaciones durante el periodo que comprende entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021, de las cuales 67 se encuentran en prisión cumpliendo una condena, 144 están en prisión preventiva esperando un juicio y los demás cuentan con otras medidas cautelares o condenas en libertad.

El informe fue emitido a la presidenta del Senado, Ximena Rincón, quien a su vez lo envió al presidente Sebastián Piñera, en el marco del proyecto de ley que se discute en el Congreso que busca indultar a los manifestantes que participaron en la revuelta.

“Un total de 144 personas están cumpliendo la medida cautelar personal más gravosa de todo el ordenamiento jurídico, la prisión preventiva, siendo que algunas de ellas ya habrían cumplido su pena si el juicio se hubiese realizado”, explicó al medio la senadora.

El estallido social fue un movimiento surgido el 18 de octubre de 2019 a través de masivas marchas ciudadanas que protestó en contra del modelo económico neoliberal, en contra de los abusos y de la actual Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Esto dio origen al actual proceso que, a través de una Convención Constitucional, propondrá una nueva carta magna que será votada por los chilenos este año y, de ser aprobada, reemplazará a la actual Constitución.

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Diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas populares, convocaron a una marcha contra el saqueo al Litio y la intención del gobierno de Piñera de licitar a grandes empresas trasnacionales los recursos de preciado mineral.

El Gobierno abrió un proceso de subasta para adjudicar contratos operativos para explorar y producir 400 mil toneladas de litio metálico para baterías, proceso que cerrará en dos semanas. De esta manera, Piñera pone en riesgo el interés general de la nación y pone por delante una vez más sus negocios e intereses privados, que buscan el saqueo del Litio y otros recursos naturales de todo los chilenos/as.

Entre las organizaciones convocantes está la coordinación de agrupaciones que presentó la iniciativa de nacionalización de las empresas del cobre, litio y oro a la convención constitucional.

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El proceso de licitación comenzó oficialmente en octubre de 2021 y la semana pasada el Ejecutivo publicó que hay cinco empresas en competencia que buscan adjudicarse los derechos de producción de 400.000 toneladas de litio metálico.

¿El problema? El programa de Gobierno de Boric, quien asume en marzo, propone redefinir el rol meramente extractivista del país en torno a la minería, generando un modelo que fomente la participación del Estado, de las comunidades y la investigación académica. Además, prometió crear una empresa nacional del litio y convertir el mineral en un recurso estratégico para Chile.

Según Boric y su equipo, este proceso de licitación hace peligrar todas estas propuestas. “Lo preferible sería posponer la decisión de adjudicación hasta que asuma el nuevo gobierno”, instó el coordinador político del mandatario electo y diputado del partido Revolución Democrática (izquierda), Giorgio Jackson, en conversación con el diario La Segunda.

Desde el comando de Boric pidieron que la licitación se declare desierta, una postura que también es apoyada desde los partidos de centroizquierda. “Es bien prudente y sensata la postura del presidente electo. Se requiere una discusión mayor y no sólo un periodo de cuatro meses para analizar el tema del litio”, dijo al diario La Tercera el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Esteban Velázquez, del partido Federación Regionalista Verde Social.

“La decisión política sin sentido del Gobierno de llamar a licitación nacional e internacional por la explotación del litio es, por decir lo menos, apresurada e inoportuna. Se fomenta la explotación de nuestros recursos al mejor postor con enormes beneficios para el sector privado, sin que el país en su conjunto obtenga los beneficios que son justos y proporcionales”, dijo por su parte el senador del también centroizquierdista Partido Demócrata Cristiano, Francisco Huenchumilla, en una columna en El Mostrador.

UNA ENORME OPORTUNIDAD

La administración de Piñera se negó a posponer la licitación del producto, asegurando que se trata de una “enorme oportunidad para el país”, según dijo el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, al medio especializado Pulso.

“La carrera de Chile para producir litio es una que compite contra otros países productores y contra el cambio climático. Mientras ellos avanzan, en Chile nos dedicamos a pelearnos entre nosotros cada vez que hablamos de litio. Hemos sido incapaces de aumentar la producción y mientras hacemos eso, los otros países avanzan y nosotros perdemos esa oportunidad”, declaró el secretario de Estado.

Jobet descartó el argumento del equipo de Boric de que la licitación podría afectar la creación de una empresa nacional del litio. “Esto no está hipotecando nada, estamos abriendo espacio para que nuevos sectores puedan desarrollar proyectos”, dijo, añadiendo que están en conversaciones para gestionar una reunión con el presidente electo en los próximos días para analizar el tema.

ORO BLANCO

Durante años el litio se utilizó principalmente en la industria del vidrio y las cerámicas, pero desde que se comenzó a ocupar litio metálico como ánodo en las baterías de los motores, la venta del producto subió como espuma.

Aún más importante es su proyección a futuro, ya que este mineral es imprescindible para la industria de los autos eléctricos y los motores Tesla, un mercado que promete crecer en el marco del combate del cambio climático. El litio también es necesario para la generación de energía mediante plantas de fusión nuclear. Por eso y otras cosas ha sido llamado el “oro blanco”.

Chile posee las reservas más grandes de litio conocidas, estimadas en 9,1 millones de toneladas, lo que representa 44 por ciento de las reservas mundiales. Esta licitación, que comenzó el 13 de octubre del año pasado y finaliza el 14 de enero, otorga permisos para extraer 400.000 toneladas, cuatro por ciento del total que tendría el país sudamericano en sus suelos.

En la licitación hay cinco empresas compitiendo: Albermale (Estados Unidos), BYD (China), Cosayach (Chile), Servicios y Operaciones Mineras del Norte (Chile) y Sociedad Química y Minera (Chile). Esta última es la que actualmente tiene adjudicada la licitación.

El hecho de que la Sociedad Química y Minera, también llamada SQM, esté participando genera resquemores en algunos. Esto, porque en 2015 fue protagonista del escándalo político más grande del último tiempo.

Más de 300 candidatos, políticos y operadores políticos de izquierda y de derecha fueron financiados por el dueño de esta compañía, Julio Ponce Lerou, conocido también por haber sido el yerno del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), con el fin de obtener favores políticos. Esto generó tanto revuelo que todos los estándares de transparencia, financiamiento, lobby y otras prácticas debieron ser elevados.

Sin embargo, hasta el momento SQM no se estaría adjudicando la licitación, pues la mayor oferta fue hecha por la compañía china ByD.

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El equipo de Gabriel Boric solicitó al Gobierno postergar la acción, se sumaron más voces por parte de parlamentarios de oposición. Giorgio Jackson, volvió a insistir en la necesidad de posponer la subasta. Desde la oposición ya se piensan algunas acciones para frenar la licitación.

El biministro de Energía y Minería Juan Carlos Jobet, justificó la adjudicación de la licitacion, y negó que sea un proceso apresurado. Francisco Eguiguren, diputado RN que integra la comisión de minería de la cámara, coincidió con el ministro.

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(Werken Rojo) Justo antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, del domingo pasado el gobierno de Piñera anunció una pensión garantizada mediante el envío de una iniciativa de ley.

Según el gobierno «La iniciativa crea una Pensión Garantizada Universal (PGU) de $185.000 que irá para todas las personas mayores de 65 que se encuentren dentro del 80% más vulnerable, estén pensionadas o trabajando, e independientemente de su ahorro previsional individual.

Este nuevo beneficio sustituirá a los actuales beneficios del Pilar Solidario, tanto a la Pensión Básica Solidaria como al Aporte Previsional Solidario de vejez.»

No enviaron ningún proyecto de ley y ya dieron pie atrás.

El tema de pensiones con un monto garantizado, lo que hizo Piñera fue un anuncio demagógico sobre una ley que no había enviado al Congreso, sin haberla conversado previamente con la derecha en el Congreso. Incluso algún diputado de derecha llegó a decir que sería un monto universal garantizado independiente que se sumaría a las pensiones que cobre la gente. La ley nunca se envío, el anuncio precipitado fue solo un desesperado esfuerzo para revertir los resultados electorales anunciados por los sondeos en poder del gobierno.

Ahora dieron pie atrás y en lugar de enviar la iniciativa anunciada lo que hicieron fue mucho más mezquino, el gobierno de Piñera incorporó una indicación a la ley corta de reforma de pensiones subiendo el monto del aporte del Pilar Solidario de $176.000 a $185.00 para el 90% de los pensionados de menos ingresos con gradualidad para el segmento de hogares de mayores ingresos, como habían dicho con algunos  sus falsedades de siempre.

Nada que reemplazaría al pilar solidario, ni menos aún que simplemente se sumaria a las pensiones de los jubilados. En su momento el anuncio de Piñera antes de la elección del domingo pasado, fue una respuesta al anuncio de la candidatura de Boric de que incorporaría una suma importante a todas las pensiones. Ahora lo más probable es que habrá que esperar al nuevo gobierno para la discusión de la cuestión de la pensión mínima garantizada.

Hay que seguir presionando, movilizando y manteniendo el tema vigente en la sociedad para evitar que una vez más se olviden de los pensionados. Desde luego, si fuera el Congreso actual el que votará una ley corta tendría más posibilidades de pasar que en el próximo Congreso con una composición más difícil aún que este.

La reforma del sistema de pensiones va a ser una primera confrontación incluso al interior del nuevo gobierno, entre aquellos que quieren preservar un sistema de capitalización individual obligatorio junto a un sistema de reparto solidario, es decir con un sistema mixto salvar los muebles de las AFP del incendio aunque le cambien el nombre a este componente, y otro sector que de verdad quiere terminar con el sistema de AFP, o de capitalización individual, haciéndose eco del sentir ampliamente mayoritario de la gente después del fracaso de las AFP de garantizar pensiones con montos adecuados.

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Respecto a Kast afirmó “Era súper difícil defender a un candidato que siguiera defendiendo a las AFP, es imposible. Se lo planteé personalmente a José Antonio y a Rojo Edwards, si ustedes siguen con este cuento de la AFP, no gasten plata en la campaña. Yo no tengo cómo defender eso, es indefendible”.

Respecto a quién va a ser el líder de la oposición, Ossandón indicó “Kast no va a ser el líder de la oposición. Les puedo asegurar que el líder de la oposición no es José Antonio Kast” (…) “Si creen que los republicanos van a liderar la derecha, están absolutamente equivocados.

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