La ruptura representa un hecho significativo, el distanciamiento entre dos socios que tradicionalmente han mantenido una estrecha cooperación en materia de inteligencia y seguridad. Según las fuentes consultadas, la decisión británica refleja un creciente escepticismo sobre la legalidad de la ofensiva militar de Washington en América Latina, en especial tras el aumento de muertes civiles y denuncias de violaciones de derechos humanos.

Durante años, el Reino Unido, que posee bases y territorios estratégicos en el Caribe, ha colaborado con Estados Unidos en la detección de embarcaciones sospechosas de transportar drogas. La información recopilada era enviada al Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto del Sur, con sede en Florida, que coordina operaciones contra el narcotráfico junto a países aliados. Esa cooperación permitía la interdicción de buques, el arresto de sus tripulantes y la incautación de cargamentos ilegales.

Sin embargo, todo cambió a partir de septiembre, cuando Estados Unidos comenzó a destruir embarcaciones mediante ataques aéreos y marítimos, alegando que pertenecían a organizaciones criminales. Desde entonces, Londres empezó a retirar su apoyo y a bloquear la transferencia de inteligencia que pudiera ser usada para seleccionar objetivos. Según las mismas fuentes, la suspensión se produjo hace más de un mes, luego de que los ataques estadounidenses dejaran al menos 76 muertos.

Preocupaciones legales y condena internacional

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó los ataques de “ejecuciones extrajudiciales” y los consideró contrarios al derecho internacional. El Reino Unido comparte plenamente esa evaluación. Ni la embajada británica en Washington ni la Casa Blanca han comentado oficialmente el tema, mientras que un portavoz del Pentágono se limitó a afirmar que el Departamento de Defensa “no habla sobre asuntos de inteligencia”.

Antes de esta nueva política, las operaciones antidroga eran responsabilidad de agencias policiales y de la Guardia Costera de Estados Unidos. En ese contexto, los acusados eran tratados como delincuentes comunes con derecho a un proceso judicial, un enfoque que Londres consideraba compatible con el derecho internacional y con el marco de cooperación existente.

La situación cambió con la administración de Donald Trump, que sostiene que el ejército estadounidense puede emplear fuerza letal contra narcotraficantes al considerarlos “combatientes enemigos” dentro de un “conflicto armado” contra Estados Unidos. Un memorándum enviado al Congreso, reforzado por una opinión jurídica aún clasificada del Departamento de Justicia, fundamenta esta doctrina. Trump llegó incluso a designar varios cárteles como “organizaciones terroristas extranjeras”.

No obstante, juristas y expertos en derecho internacional han rechazado esta interpretación, señalando que el Derecho de los Conflictos Armados no autoriza el uso indiscriminado de fuerza contra civiles, y que la mera designación como grupo terrorista no justifica ataques letales. Algunas de las embarcaciones destruidas estaban fondeadas o intentando regresar a puerto al momento del ataque.

Disenso dentro del aparato militar estadounidense

El malestar no se limita a los aliados. Dentro del propio aparato de defensa estadounidense, altos mandos y asesores legales han expresado dudas sobre la legalidad de la campaña. El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, presentó su renuncia tras una tensa reunión con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto. Holsey dejará su cargo en diciembre, apenas un año después de asumirlo.

Abogados del Departamento de Defensa también han manifestado preocupación por la falta de fundamento jurídico de los ataques, aunque el portavoz de Hegseth ha negado que exista disenso interno.

Canadá también se distancia

Canadá, otro socio estratégico de Estados Unidos en la región, ha seguido una línea similar. Si bien Ottawa mantiene su cooperación con la Guardia Costera en el marco de la Operación Caribe, ha dejado claro que su información no puede emplearse para seleccionar objetivos de bombardeo. “Las actividades de las Fuerzas Armadas Canadienses en coordinación con la Guardia Costera estadounidense son independientes y distintas de los ataques militares de Estados Unidos”, aclaró un portavoz del Ministerio de Defensa canadiense.

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El Real Colegio de Enfermería (RCN) británico ha indicado que no ha tenido otra opción tras el fracaso de las conversaciones con los ministros del Gobienro, en las que pedían un aumento salarial del cinco por ciento por encima de la tasa de inflación, por lo que los trabajadores de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte pararán dos días en diciembre durante 12 horas.

El secretario general de RCN, Pat Cullen, ha indicado que son “los ministros los que han optado por la huelga”: “Ellos tienen el poder y los medios para detener esto abriendo conversaciones serias que aborden nuestra disputa”.

“El personal de enfermería está harto de que se le dé por descontado, de que se le pague poco y de que la dotación de personal sea insegura, de que no podamos dar a nuestros pacientes la atención que se merecen”, ha expresado Cullen, tal y como ha recogido la cadena BBC.

El anuncio de esta huelga sanitaria se suma a los paros de los trabajadores postales, el personal universitario y los maestros de escuelas escoceses, así como los trabajadores del sector ferroviario.

Aunque los sindicatos han señalado que no hay planes para huelgas generales, varios han hablado de coordinar acciones para maximizar la interrupción y el impacto político.

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