Al cumplirse un mes del ataque de EE.UU a Venezuela que implicó el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada Celia Flores, junto al asesinato de más de 100 latinoamericanos y la destrucción de diferentes instalaciones bolivarianas, nuevamente decenas de chilenos y chilenas se reunieron en el frontis de la embajada gringa en Santiago para protestar y exigir que el imperio yanqui saque sus garras de Latinoamérica.

La actividad fue convocada por el Frente Antiimperialista y por la Brigada Ramón Allende Garcés perteneciente a la Internacional Antifascista Capitulo Chile.

Carabineros se apostó con un importante contingente policial y procedió a hacer control de identidad a casi todos los presentes, en especial a jóvenes con pañoletas rojo y negro.

La Brigada Ramon Allende Garcés (tío abuelo de Salvador Allende que combatió con Simón Bolívar) exigió la liberación de Nicolás Maduro, legitimo presidente de Venezuela y la diputada Celia Flores hoy encarcelados en EE.UU.

Los compañeros del Partido de Trabajo, el MIR y del Socialismo Alendista llamaron a solidarizar con Cuba amenazada por el gobierno gringo y los jóvenes del Frente Antimperialista convocaron a unir las luchas antimperialistas en Latinoamérica con la resistencia del pueblo Palestino frente a la ocupación de Israel.

La actividad terminó sin detenidos, pese a la alta presencia policial.

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La acción incluyó el despliegue de lienzos y la instalación de papelógrafos en las murallas exteriores del canal, donde los manifestantes expresaron duras críticas a la línea editorial del medio y al rol de sus programas informativos. Entre las consignas exhibidas se leía: “Mega miente al servicio del imperialismo” y “Mienten los periodistas lacayos del imperialismo”.

Además de cuestionar la cobertura mediática del canal, los papelógrafos también hicieron referencia a la situación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, secuestrado por Estados Unidos. Una de las consignas señalaba: “A un mes del secuestro, los queremos de vuelta”, en alusión a lo que consideran una agresión directa contra la soberanía venezolana y América Latina.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica y buscó visibilizar el rechazo de las organizaciones convocantes al tratamiento informativo que, a su juicio, refuerza narrativas alineadas con intereses imperialistas y deslegitima al gobierno venezolano.

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Buenos Aires (360Noticias) Una protesta convocada en Argentina por las centrales obreras del país ocupó el jueves el centro de esta capital, en rechazo a un proyecto de reforma laboral del Gobierno que atenta contra los derechos de los trabajadores, explicó a la Agencia Sputnik el secretario general adjunto de la rama autónoma de la Central de Trabajadores (CTAA Capital), José “Pepe” Peralta.

“La CTAA Capital hoy ha convocado y está presente en la gran movilización que se está llevando adelante en la Plaza de Mayo, frente a la casa del Gobierno, para mostrar a la clase trabajadora en unidad”, confirmó a este medio el referente sindical.

La movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y por las dos ramas de la CTA (la de los Trabajadores y la Autónoma) contó con la participación de miles de personas, y fue apoyada por organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el que representa a los aceiteros, que además llevaron adelante una huelga.

“Estamos en esta acción, a la que también se sumaron un núcleo importante de sindicatos, para decirle a este Gobierno apretador y ajustador que los trabajadores no estamos dispuestos a resignar todos los derechos que se han conquistado a lo largo del tiempo en pos de una mejora financiera, que todo lo contrario, pensamos que es negativo para el país”, señaló el dirigente de la CTAA Capital.

REGRESIÓN DE DERECHOS

En una jornada muy calurosa, que obligaba a refrescarse con asiduidad, la CGT advirtió que la protesta de la jornada era el inicio de un plan de lucha, y que de no ser escuchados, terminaría “en un paro nacional”, según advirtió durante la protesta uno de los integrantes del triunvirato que conduce la Confederación, Octavio Argüello.

“Vamos a luchar en todos los ámbitos que sean necesarios, y les decimos a los senadores que pretenden firmar el dictamen, ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se lo vamos a demandar”, advirtió el cosecretario de la CGT desde un escenario que se levantó en la plaza.

La principal central obrera del país también aseguró que era “mentira” que la reforma laboral se hiciera en beneficio de las pymes y los trabajadores, como plantea el Gobierno del presidente Javier Milei, y advirtió que en realidad era para favorecer “a sus amigotes, el poder económico, que siempre vienen a querer explotar y llevarse nuestra dignidad”.

“Si bien estamos de acuerdo en discutir la modernización y reformas que hacen falta para mejorar la productividad y la calidad de vida de los trabajadores, no puede ser de ninguna manera que los trabajadores estemos presentes en esa mesa, y que solo los financieros que están en la timba financiera respondan por nosotros”, cuestionó el secretario general adjunto de la CTAA Capital.

En el Senado, entre tanto, un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda logró aprobar el dictamen de mayoría propuesto por el oficialismo, lo cual habilita su debate en el plenario, según confirmaron a este medio fuentes de la Cámara alta, pero se resignó a que el tratamiento se postergue al 10 de febrero y no sea el 26 de diciembre, como intentó en un principio.

“Hoy vamos a estar presentes hoy por el inicio del tratamiento, y todas las veces que convoquen a sesión, vamos a estar presentes para decirle a senadores, diputados y al Gobierno que no vamos a resignar los derechos que se han logrado en tanto tiempo de lucha”, advirtió Peralta.

La reforma laboral del gobernante partido La Libertad Avanza (ultraderecha) propone un Fondo de Asistencia Laboral alternativo a las indemnizaciones, autoriza a que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de siete días, habilita la creación de un banco de horas, en reemplazo del pago de horas extra, limita los convenios colectivos que negocian los sindicatos y las asociaciones empresarias y también restringe la actividad gremial.

Con la nueva configuración parlamentaria que se estrenó el 10 de diciembre en el Congreso a partir del resultado de las elecciones legislativas de octubre, el oficialismo cuenta con la primera minoría de la Cámara de Diputados y también con el bloque más grande del Senado.

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Los organizadores expresaron su solidaridad con el pueblo de Venezuela y con su presidente, Nicolás Maduro, reafirmando el derecho del país caribeño a la autodeterminación y a decidir su propio destino sin injerencias externas.

La movilización fue convocada por la Internacional Antifascista, capítulo Chile; ALBA Movimiento; y la Brigada Internacionalista de Solidaridad con Venezuela. Durante la jornada, los asistentes desplegaron un lienzo con la consigna: “Váyanse al carajo, yanqui de mierda, aquí la soberanía se respeta”, reflejando el repudio popular a la intervención estadounidense.

En el acto también se condenaron las acciones violentas promovidas por la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, señaladas como parte de una estrategia desestabilizadora al servicio de intereses imperialistas.

Entre las organizaciones presentes se encontraban el Partido del Trabajo de Chile, el Centro de Estudios Francisco Bilbao, el MIR, Socialistas Allendistas y el Colectivo Puño Rojo y Negro, Socialismo Revolucionario, quienes reafirmaron su compromiso con la lucha antiimperialista y la defensa de la soberanía de los pueblos de América Latina.

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El crimen, perpetrado en plena luz del día, evidencia el carácter autoritario y represivo que ha tomado el gobierno de Arce, que no duda en utilizar armamento letal contra campesinos movilizados. Cornelio Franco, afiliado a la comunidad de Alto Tacopaya, recibió un impacto de bala en la cabeza que le provocó la muerte inmediata, según relataron testigos y dirigentes locales. El campesino deja en la orfandad a tres hijas menores, que ahora cargarán con el dolor de un padre asesinado por el Estado al que sirvió y defendió.

La represión no se detuvo ahí. Al menos dos personas más resultaron heridas por impactos de balines de goma durante el mismo operativo, que buscaba aplacar las protestas campesinas que exigen mejores condiciones de vida, respeto a los territorios y justicia social. Las organizaciones locales denuncian un uso desproporcionado de la fuerza, lo cual ya no es novedad bajo el actual régimen.

Este nuevo crimen de Estado ocurre en el marco de una ofensiva feroz contra Evo Morales y su entorno político, quienes han sido blanco constante de persecución judicial, espionaje, guerra sucia mediática y ahora, represión sangrienta. Morales, líder histórico, ha sido sistemáticamente marginado por el gobierno de Arce, quien ha consolidado un poder vertical, personalista y cada vez más alejado del pueblo.

Luis Arce ya no gobierna para los pueblos indígenas ni para los movimientos sociales; gobierna contra ellos. Su gestión ha devenido en un aparato represivo que no tolera la disidencia interna, ni la crítica desde las bases. La sangre de Cornelio Franco Ramírez se suma a la de otros caídos por exigir dignidad, mientras el gobierno cierra filas con sectores burocráticos y militarizados que solo entienden el lenguaje de la fuerza.

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“Señor presidente, desde la provincia de San Antonio le escribimos en representación de miles de habitantes que sufren el abandono estatal”, comienza el documento, que refleja la preocupación de una comunidad que, a pesar de contar con más de 180 mil habitantes y albergar el principal puerto del país, no dispone de una universidad pública.

La situación educativa es crítica. La falta de una casa de estudios estatal obliga a miles de jóvenes a emigrar para continuar su formación profesional, lo que incrementa las brechas sociales y económicas. “Esto obliga a muchos jóvenes a emigrar y abandonar sus estudios”, señala la carta. El fenómeno provoca una fuga de talentos y limita las posibilidades de desarrollo local, profundizando el centralismo histórico que afecta a la región.

A esta precariedad educativa se suma una preocupante crisis en el sistema de salud. La provincia enfrenta serias falencias estructurales, principalmente por la falta de especialistas y la imposibilidad de acceder a una atención integral oportuna y de calidad. Ante este escenario, el COPDE propone una solución concreta: la instalación de una sede de la Universidad de Valparaíso, con facultad de Medicina, en conjunto con el nuevo hospital de San Antonio.

“Esta medida formaría profesionales con compromiso territorial, mejorando la salud local y reduciendo desigualdades”, indica el comité. Además, recuerdan que el propio presidente Boric se comprometió públicamente a apoyar este proyecto, cuando aún se encontraba en funcionamiento el antiguo Hospital Claudio Vicuña.

“Hoy le pedimos que concrete esa promesa”, exige la carta. “Sería un acto real de descentralización y una señal de justicia territorial que marcaría su legado”.

Desde el Comité Provincial de Desarrollo Educacional de San Antonio hacen un llamado a las autoridades a actuar con responsabilidad y visión de futuro, recordando que la equidad territorial comienza por garantizar derechos básicos como la salud y la educación, allí donde viven las personas.

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¿Cuál es la razón principal de la huelga?
Alejandro Herrera: La decisión de ir a huelga responde a la falta de voluntad de las autoridades municipales para negociar mejoras laborales. Con un 99% de aprobación, la huelga refleja la determinación y dignidad de nuestros trabajadores, quienes exigen igualdad salarial, un incremento acorde al mercado, capacitaciones y mejores condiciones laborales.

¿Cuál fue el origen del sindicato y cómo ha sido la relación con las autoridades municipales?
Alejandro Herrera: Cansados de las malas condiciones de trabajo, bajos salarios y discriminaciones arbitrarias en diversas instalaciones, los trabajadores de la seguridad ciudadana decidimos crear una organización sindical y negociar colectivamente. Sin embargo, desde la creación del sindicato, las administaciones de La Cisterna y de San Joaquín han perseguido a los trabajadores sindicalizados, despidiendo a quienes participaron en la constitución del sindicato y amenazando con más despidos. Han tratado de desconocer nuestro derecho a negociar colectivamente y han rechazado cualquier intento de diálogo. Sin embargo, vemos que se puede iniciar la posibilidad de un buen dialogo con el alcalde Joel Olmos de la Cisterna.

¿Cuáles serán las principales afectaciones en la seguridad comunal?
Alejandro Herrera: Las comunas de San Joaquín y La Cisterna quedarán sin servicios esenciales de seguridad, como el monitoreo de cámaras, la recepción de llamadas de emergencia y el patrullaje. Esto implica un grave riesgo para la comunidad, ya que la ley prohíbe el reemplazo de trabajadores en huelga.

¿Cómo ha sido la respuesta de las autoridades municipales?
Alejandro Herrera: Lamentablemente, los alcaldes han demostrado total indiferencia. No han hecho ninguna oferta de negociación colectiva y han intentado desconocer nuestro derecho a negociar legalmente, lo que ha sido rechazado por la Dirección del Trabajo y el Juzgado del Trabajo. Ahora, con la huelga en marcha, han contratado trabajadores para intentar romperla de manera ilegal.

¿Han enfrentado intentos de represalias o amedrentamientos?
Alejandro Herrera: Sí. La administración ha intentado intimidar a los trabajadores y ha desarrollado un plan para reemplazarnos ilegalmente, algo que no vamos a permitir. Estamos unidos y defenderemos nuestros derechos. Esta conducta de las autoridades municipales contradice el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores y refleja un nulo compromiso con la libertad sindical.

¿Qué mensaje le enviaría a la ciudadanía y a las autoridades?
Alejandro Herrera: A la ciudadanía le pedimos comprensión y apoyo, ya que esta lucha también es por una mejor seguridad para todos. A las autoridades, les exigimos que se sienten a negociar de buena fe para evitar que la seguridad comunal colapse. No podemos seguir trabajando en condiciones precarias.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales y políticas comprometidas con el derecho a un trabajo y a una vida digna y a la libertad sindical de los trabajadores de seguridad a solidarizar con nuestra huelga por el derecho a una remuneración y a condiciones de trabajo dignas.

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Puntos clave del comunicado de CONUTT:

• Rechazo al alza de tarifas: La confederación considera injustificado el aumento, ya que afecta directamente a la clase trabajadora y los sectores populares, cuyo poder adquisitivo está en constante deterioro.

Crítica a la justificación del Panel de Expertos: CONUTT cuestiona los argumentos del panel sobre el aumento de costos operacionales, particularmente en relación con la mano de obra y el diésel. Según la organización, los salarios de los trabajadores del sistema están estancados desde antes de la pandemia y la incorporación de buses eléctricos debería haber reducido costos.

Falta de acción contra la evasión: La confederación denuncia que la evasión alcanza el 50% y que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes y superficiales.

Propuesta de soluciones: CONUTT llama a la conformación de una Mesa de Trabajo con el gobierno, el parlamento, el empresariado, operadores del sistema y trabajadores, para abordar problemas estructurales como la evasión, la seguridad, la calidad del servicio, las alzas de tarifas y la mejora de las condiciones laborales.

Bono de locomoción y Tarifa Cero: La organización sindical propone un bono de locomoción de $55.000 pesos mensuales para trabajadores que no lo reciban actualmente y la implementación de la Tarifa Cero, aprovechando los recursos del subsidio al transporte para garantizar el acceso universal al sistema.

CONUTT enfatiza la necesidad de un enfoque integral y estructural para enfrentar los problemas del transporte público, llamando a las autoridades y actores involucrados a tomar medidas concretas que beneficien a los usuarios y trabajadores del sistema.

A continuación reproducimos la declaración en toda su extensión

Santiago, 10 de Febrero 2025

COMUNICADO PUBLICO

La Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores  del Transporte y Afines de Chile – CONUTT, declara a la opinión publica lo siguiente:

Ayer domingo 9 de febrero se concretó un Alza de Tarifas de $ 20 pesos en el sistema RED y METRO, decisión tomada por el Panel de Expertos del Transporte Publico, órgano técnico y autónomo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Desde este domingo el nuevo valor para los adultos en horario punta será de $870 pesos y la tarifa regular será de $ 770 pesos.

El panel de expertos justifica esta nueva alza con la evolución de las distintas variables que afectan los costos de operación del sistema, como el precio del dólar, el costo de la mano de obra y el precio del diésel, variables que, según ellos, han mostrado incrementos importantes durante el último semestre, lo que incidiría tanto en los costos, como en el equilibrio financiero del sistema. Sería importante que panel de expertos explicara cuál es el desequilibrio que justifica este nuevo aumento de tarifas.

Nuestra Confederación Nacional CONUTT considera injustificada esta alza, que golpea a los sectores populares y la clase trabajadora, quienes son los más afectados, cada vez que su poder adquisitivo va en retroceso.

Las autoridades del transporte, parlamento y el panel de expertos no se hacen cargo en forma seria de la EVASION, que actualmente llega al cincuenta por ciento de los usuarios. Son definitivamente insuficientes las medidas que se han tomado, sólo han sido paliativas y no se aborda el fondo del problema. 

Cuando el panel de expertos justifica esta nueva alza de tarifa argumentando que uno de los aspectos que incide es el aumento en el costo de mano de obra en el sistema, nosotros desmentimos categóricamente esta afirmación como trabajadores del sistema de transporte público. NUESTROS SALARIOS ESTAN ESTANCANDOS DESDE ANTES DE LA PANDEMIA, solo en el año 2022, tuvimos un aumento de remuneraciones, producto de la inflación histórica del IPC (12,8) y los instrumentos colectivos vigentes.

A esto debemos agregar que otra variable que supuestamente justificaría esta alza, es el precio del diésel. Ante esta afirmación, nos preguntamos si la electromovilidad  con más de 2 mil buses en el sistema ¿No ayuda a rebajar los costos de la operación?

El alza de tarifa no puede seguir justificándose con argumentos pocos serios y que ya no responden a la realidad de los costos de la operación del sistema de transporte público, en particular en el sistema RED.

Hacemos un llamado a las autoridades del transporte, al parlamento, ministerio de hacienda, al gran empresariado (CPC), panel de expertos, operadores del sistema RED, comités de usuarios y trabajadores del sistema, a crear una Mesa de Trabajo para buscar soluciones reales a las distintas situaciones que afectan al transporte público, tales como: Evasión, Bono de Movilización, Seguridad, Calidad de los Servicios, Alzas de Tarifas, Salarios y Condiciones de Trabajo de Trabajadores del Sistema y Negociación Colectiva Ramal, entre otros.

El gobierno y el parlamento han aprobado en 2024 la Ley del Subsidio al Transporte Publico, que permite garantizar la operación del sistema, rebajar tarifas a estudiantes y adultos mayores y la rentabilidad de las empresas operadoras de RED.

Ante este escenario nosotros como organización sindical proponemos para enfrentar estas alzas de tarifas, un bono mínimo de locomoción de $55.000 pesos mensuales, para todos aquellos trabajador@s del sector público y privado que hoy no tengan un bono de locomoción.

También proponemos a las autoridades de gobierno y al parlamento la necesidad de definir a la brevedad, APLICAR LA TARIFA CERO, como una forma de aprovechar de mejor forma los recursos del subsidio al transporte en todo el sistema de transporte publico integrado.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL CONUTT

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(360Noticias) En una contundente muestra de descontento social, la coordinadora No Más AFP lideró una masiva marcha que llegó hasta el frontis de La Moneda este miércoles 22 de enero. La manifestación, que exigió el fin del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sobrepaso las barreras instaladas para impedir el acceso a la sede presidencial.

La convocatoria, realizada a las 18:00 horas en la Plaza de Armas de Santiago, se presentó como un preludio a la gran marcha programada para el próximo 30 de marzo de 2025. Este evento se plantea como un rechazo directo al proyecto de reforma de pensiones impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, el cual, según los organizadores, traiciona las promesas de cambio estructural realizadas durante la campaña presidencial.

“No Más AFP: esa era y ES la consigna”

Con pancartas, cánticos y un espíritu combativo, los manifestantes reafirmaron su compromiso con la consigna que ha movilizado a millones de chilenos en los últimos años: “No Más AFP”. Según los organizadores, el sistema de AFP representa un “robo institucionalizado” que ha perpetuado la desigualdad y las miserables pensiones que afectan a la mayoría de los jubilados.

Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a la lucha por un sistema de pensiones digno, basado en la solidaridad y administrado por el Estado. “Es hora de dejar atrás un modelo que solo ha beneficiado al gran capital y a las transnacionales a costa de los ahorros de todos los chilenos”, declararon.

Críticas al gobierno de Gabriel Boric

La coordinadora No Más AFP también arremetió contra el gobierno de Gabriel Boric, acusándolo de traicionar su propio programa y de fortalecer el modelo neoliberal en el país. “El presidente Boric no solo ha cedido ante las presiones del gran empresariado, sino que se ha alineado con los intereses de las transnacionales que lucran con los fondos previsionales de los trabajadores”, afirmaron los organizadores.

El dirigente de No Más AFP Luis Mesina afirmó “el pueblo no le perdonará jamás la traición (de Boric) que ha hecho al movimiento sindical y social (…) “Hoy somos un puñados de luchadores, mañana seremos miles los que saldremos a las calles para recuperar nuestros derechos fundamentales que siguen siendo mercantilizados”

Esta marcha es una señal clara de que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar reformas cosméticas que perpetúen las injusticias del sistema actual. El descontento social sigue creciendo, y la gran movilización programada para el 30 de marzo se perfila como un hito en la lucha por una transformación profunda del sistema previsional chileno.

La coordinadora instó a los ciudadanos a mantenerse organizados y a participar activamente en las futuras manifestaciones. “Esta lucha no es solo por mejores pensiones, es por la dignidad de todos los chilenos y por un futuro más justo para las próximas generaciones”, enfatizaron.

Con este acto masivo, queda claro que el clamor por No Más AFP sigue más vigente que nunca, marcando el pulso de un movimiento social que se niega a ser ignorado.

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El proyecto de reforma presentado por el gobierno, liderado por Boric junto con Jeannette Jara y Mario Marcel, ha generado una ola de críticas por parte de diversos sectores sociales y organizaciones. Las principales objeciones apuntan a que la propuesta representa una mejora marginal en las pensiones de los trabajadores, mientras consolida y fortalece el modelo de capitalización individual administrado por las AFP.

Según los detalles del proyecto, se contempla un aumento gradual de las cotizaciones, pasando del actual 10% a un 14,5% en una primera etapa, para luego alcanzar un 16% al cabo de 20 años. Este incremento de 6 puntos porcentuales sería destinado en su mayor parte a las AFP, quienes administrarán 4,5 puntos adicionales en el corto plazo, dejando apenas 1,5 puntos para un supuesto fondo colectivo después de dos décadas.

“Un mejor negocio para las AFP”

Desde No Más AFP se denuncia que esta reforma no responde a las demandas históricas de los trabajadores, quienes confiaron en un gobierno que prometió avanzar hacia el fin del sistema de AFP. “La reforma Boric-Jara-Marcel garantiza un mejor negocio para las AFP. En lugar de poner fin al modelo, seguimos inflando un respirador artificial al sistema privado con recursos del Estado. Esto no es más que el rescate de un sistema fallido que no saca a nadie de una pensión baja”, declararon.

Una traición a los trabajadores

La reforma es vista como una traición a los trabajadores que apoyaron un gobierno con la esperanza de cambios estructurales en el sistema previsional. Lo que se proyectaba como un camino hacia mejores pensiones y la eliminación del sistema AFP ha resultado en la consolidación de este modelo, perpetuando las desigualdades y la precariedad en las jubilaciones.

La convocatoria a marchar este miércoles busca expresar el descontento de miles de chilenos que ven cómo sus expectativas de justicia social y previsional se desmoronan frente a un proyecto que prioriza los intereses del sector privado. “¡Basta de arreglines con las AFP! Vamos a exigir mejores pensiones y el fin del robo. La lucha sigue en las calles, porque la dignidad no se negocia”, concluyó la coordinadora.

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