El desarrollo fue impulsado por el Centro de Investigaciones del Petróleo y aplicado en la refinería Hermanos Díaz, donde técnicos cubanos adaptaron instalaciones originalmente diseñadas para procesar crudo importado. Según explicó Irene Barbado Lucio, directora de la entidad, el logro consistió en “hacer correr” un petróleo nacional caracterizado por su alta viscosidad, elevado contenido de azufre y otras impurezas.

Esta innovación marca un punto de inflexión para el país, que históricamente había considerado inviable refinar su propio crudo pesado sin mezclarlo con derivados más ligeros. En esa línea, el presidente Miguel Díaz-Canel destacó que el avance “rompe un tabú” dentro del sector energético nacional.

El método de termoconversión permite mejorar las propiedades del crudo mediante calentamiento controlado, descomponiendo estructuras moleculares complejas y reduciendo su viscosidad. De acuerdo con directivos de la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), el objetivo es prescindir del uso de nafta como diluyente, un recurso escaso debido a las limitaciones externas.

Las dificultades en el acceso a combustibles se han intensificado tras el endurecimiento de sanciones durante la administración de Donald Trump, profundizando el impacto del embargo vigente desde hace más de seis décadas.

Ante este escenario, Cuba busca fortalecer su soberanía energética aprovechando sus propios recursos petroleros, al tiempo que impulsa el desarrollo de energías renovables como la solar, eólica y biomasa. El avance técnico reciente se posiciona así como una pieza relevante en la estrategia para reducir la dependencia de importaciones y enfrentar las restricciones del entorno internacional.

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Rusia rompió el cerco energético impuesto por Estados Unidos a Cuba con el envío del buque Anatoly Kolodkin con alrededor de 730 barriles de crudo.

De acuerdo con la firma de análisis marítimo Kpler, el petrolero se encontraba el domingo al norte de Haití, dirigiéndose hacia el puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba.

Reportes marítimos estimaron que el buque ruso llegará a Cuba este lunes, desafiando el bloqueo impuesto por Estados Unidos al suministro de combustible para la isla. 

El Anatoly Kolodkin, que se encuentra bajo sanciones estadounidenses, cargó petróleo en el puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo, y fue escoltado por un buque de la Armada a través del canal de la Mancha.

Según la Marina Real británica, las dos embarcaciones se separaron una vez que el petrolero ingresó en el océano Atlántico.

Cuba sortea las complejidades del cerco petrolero impuesto por la administración Trump y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas.

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El senador republicano por Utah, Mike Lee, presentó el proyecto titulado “Ley para otorgar facultades de patentes de corso contra los cárteles”, una propuesta que pretende reactivar una práctica propia de los siglos XVII al XIX: autorizar a particulares para capturar bienes, embarcaciones y personas consideradas enemigas del Estado, entregando al fisco una parte del botín. En términos claros, se trata de piratería legalizada, ahora revestida de un discurso de “lucha contra el crimen”.

La figura jurídica invocada, la Letter of Marque and Reprisal (patente de corso), permitía que corsarios privados actuaran como extensiones informales del poder estatal. El proyecto de Lee se apoya incluso en la Constitución estadounidense, cuyo artículo I, sección 8, todavía faculta al Congreso para “emitir patentes de corso y autorizaciones de represalia” y establecer normas para la captura de botines en tierra y mar.

De aprobarse la ley, ciudadanos privados de EE. UU. podrían “utilizar todos los medios necesarios” fuera del territorio estadounidense para detener personas y bienes asociados a supuestos cárteles. Se abre así la puerta a una privatización abierta de la violencia internacional, sin control real y con incentivos económicos directos.

No se trata de un hecho aislado. En febrero pasado, el congresista Tim Burchett, también republicano, promovió una iniciativa similar, celebrando públicamente que estas patentes permitirían al presidente actuar sin siquiera esperar autorización del Congreso. La deriva es clara: menos derecho internacional, más fuerza bruta.

Piratería “legal” y piratería real en el Caribe

Este debate no ocurre en el vacío. Estados Unidos acumula un largo historial de actos de piratería contemporánea en el Caribe, particularmente contra países soberanos productores de energía. El robo de cargamentos de petróleo, la incautación de buques bajo sanciones unilaterales y el secuestro de activos energéticos han sido prácticas recurrentes, ejecutadas mediante presión militar, judicial o financiera, pero con el mismo resultado: apropiación forzada de recursos ajenos.

Buques petroleros perseguidos, cargamentos desviados y empresas presionadas para entregar crudo son la versión moderna del corso: ya no con bandera negra, sino con resoluciones administrativas, tribunales ad hoc y flotas “antinarcóticos”. La diferencia es puramente estética.

Una tradición que nunca se abandonó

Tras las guerras napoleónicas, las potencias europeas intentaron poner límites a la rapiña naval mediante la Declaración de París de 1856, que prohibió el corso. Estados Unidos se negó a firmarla. No es un dato menor. Incluso cuando el derecho internacional avanzaba, Washington optaba por conservar mecanismos de pillaje legal.

El analista Michael Vlahos, del Instituto Quincy, advierte que ni siquiera hace falta restituir formalmente el corso para que estas prácticas existan. Servicios de inteligencia occidentales ya han participado en ataques y capturas marítimas en distintos escenarios, amparándose en intermediarios o terceros Estados. El caso de sabotajes a infraestructuras estratégicas y la captura de petroleros en conflictos recientes confirma que la piratería sigue siendo una herramienta funcional al poder imperial.

Legalizar lo que ya hacen

La propuesta de Mike Lee no inaugura una nueva política: busca normalizar y blanquear jurídicamente un comportamiento que EE. UU. ya despliega en los hechos, especialmente en el Caribe y América Latina. El botín energético, los recursos naturales y el control de rutas marítimas siguen siendo objetivos centrales.

Cuando Washington habla de “orden internacional basado en reglas”, estas iniciativas dejan en evidencia qué reglas son esas y a quién benefician. Legalizar la piratería no es un retroceso accidental: es la confesión explícita de un imperio que, en su decadencia, vuelve a métodos coloniales para sostener su hegemonía.

En ese contexto, los ataques a embarcaciones petroleras y el robo de crudo en el Caribe no son anomalías, sino la expresión concreta de una política que ahora pretende convertirse, incluso, en ley.

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“La perforación del pozo culminó con un importante éxito exploratorio, pues la prueba confirma que se obtuvo una producción de gas de 1,4 millones de pies cúbicos por día (MMpcd) y 115 barriles por día (BPD) de condensado”, explicó Dorgathen en un acto público en el departamento de Santa Cruz (este).

El acto de presentación del descubrimiento hidrocaburífero fue una fiesta, con cantos nacionalistas, en el campo petrolero ubicado en el municipio de Yapacaní, distante a 124 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento cruceño, mostró el canal estatal Bolivia TV.

El nuevo pozo petrolero, en criterio del presidente Luis Arce, permitirá reponer las reservas bolivianas de gas y crudo que se fueron reduciendo en los últimos años. 

“Hoy, con este pozo, estamos dando resultados de que la política era correcta, de que se podía hacer exploración con un elemento fundamental que quiero destacar, este pozo Yope-X1 ha sido un trabajo que ha hecho nuestra empresa YPFB, quien ha descubierto y ahora está explotando este pozo petrolero”, afirmó el presidente Arce.

La petrolera boliviana invirtió 17,6 millones de dólares en la perforación del pozo y los estudios para identificar los hidrocarburos.

Actualmente, Bolivia impulsa un ambicioso plan de exploración de hidrocarburos para incrementar sus reservas de gas y petróleo, con un presupuesto superior a los 500 millones de dólares.

Se trata de 11 proyectos exploratorios en los departamentos de La Paz (oeste), Tarija (sur), Santa Cruz y Chuquisaca (sur).

Bolivia produce en la actualidad aproximadamente 40 MMm3d de gas natural, de los cuales 17 MMm3d se destinan al mercado brasileño, 10 MMm3d al mercado argentino y 12,5 MMm3d al mercado interno. 

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