El operativo se desarrolló en el sector de Pueblo de Indios, como parte de una investigación destinada a incautar drogas, armas y dinero ilícito. Las autoridades también manejaban antecedentes sobre posibles cuerpos enterrados en el lugar, sospechas que lamentablemente se confirmaron.

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, detalló que el primer cuerpo corresponde a una mujer que fue hallada completamente calcinada y con las extremidades atadas. Más tarde, se encontró un segundo cuerpo desmembrado, lo que llevó a ampliar el perímetro de búsqueda ante la posibilidad de que existan más víctimas.

“Tenemos partes de un segundo cuerpo y debemos confirmar si corresponden a una sola persona. No se descarta la existencia de otros cadáveres. Carabineros mantendrá resguardado el sitio del suceso”, indicó Cubillos.

En el operativo se detuvo a nueve personas —chilenos y venezolanos—, presuntamente vinculadas a una red criminal dedicada al narcotráfico y a actividades de extrema violencia. Las autoridades sospechan que los crímenes podrían estar relacionados con ajustes de cuentas dentro de estructuras delictivas vinculadas a la venta y distribución de drogas.

El fiscal Cubillos añadió que se investigan denuncias por presunta desgracia en San Vicente y comunas cercanas, que podrían tener conexión con los cuerpos hallados.

Este caso pone de manifiesto la gravedad del avance del crimen organizado y del narcotráfico en zonas rurales del país, donde el uso de la violencia extrema y los métodos propios de las mafias internacionales comienzan a reproducirse con preocupante frecuencia.

La crueldad de los hechos —calcinamientos, descuartizamientos y entierros clandestinos— marca un salto cualitativo en la brutalidad delictiva en Chile, reflejando la expansión de lógicas criminales propias del narco transnacional, que no solo trafica drogas, sino que también impone el terror como forma de control territorial.

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El hecho ocurrió el 10 de julio, cuando Gendarmería de Chile recibió, por los conductos regulares, un documento judicial que ordenaba la liberación de Ferrer, formalizado por robo con homicidio y sindicado por la Fiscalía como uno de los autores materiales del crimen ocurrido el pasado 19 de junio en Ñuñoa. La jueza Irene Rodríguez, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, había advertido durante la audiencia de formalización que los imputados eran un “peligro para la sociedad” y que enfrentaban penas de presidio perpetuo. A pesar de ello, el documento que ordenó la excarcelación fue ejecutado sin mayores cuestionamientos.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó la situación como “completa y absolutamente inexplicable”, destacando que la información que manejan confirma que la orden fue legítimamente recibida y validada por Gendarmería. “Afecta la confianza en el sistema de justicia”, sentenció. Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que el documento liberador contaba con firma electrónica y código de verificación, aunque reconoció que “todas las opciones posibles son malas” y que ya se coordinan cambios en los protocolos de comunicación entre Gendarmería y el Poder Judicial.

El Ministerio Público abrió una investigación penal para esclarecer la legalidad del documento y determinar si hubo falsificación de instrumento público o adulteración de sistemas informáticos. Sin embargo, Gendarmería fue enfática en descartar cualquier vulneración a sus sistemas, insistiendo en que solo ejecutaron lo que ordenó el tribunal correspondiente.

Más allá de tecnicismos administrativos, el resultado es alarmante: un sicario vinculado a una de las organizaciones criminales más violentas del continente ha quedado en libertad, sin que hasta el momento se logre su recaptura. La situación plantea interrogantes inquietantes: ¿Fue realmente un error burocrático, o estamos frente a un caso de negligencia grave o incluso complicidad judicial? ¿Cómo es posible que un documento judicial tan delicado no haya sido sometido a doble verificación, considerando el alto perfil del imputado?

La liberación de un sicario del Tren de Aragua no puede considerarse un simple “error administrativo”: es una amenaza directa a la seguridad del país y una bofetada a la justicia chilena.

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El hecho, confirmado por la propia institución mediante un comunicado oficial, involucra a integrantes de la Primera Brigada Aérea de Iquique, quienes fueron sorprendidos en pleno proceso de embarque con drogas.

“Gracias al reforzamiento de los controles preventivos y a los permanentes procedimientos de seguridad, se logró detectar un intento de traslado de una sustancia ilícita por parte de funcionarios de la Iª Brigada Aérea en Iquique, previo a un vuelo institucional hacia Santiago”, informó la FACH.

De inmediato, se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso a la Fiscalía de Aviación, entidad que ahora lleva adelante la investigación. Los cinco funcionarios fueron privados de libertad y puestos a disposición de la justicia.

Lo ocurrido revela una situación de extrema gravedad institucional: miembros activos de una rama de las Fuerzas Armadas utilizando vuelos oficiales —que gozan de privilegios logísticos y menor fiscalización— para el presunto tráfico de drogas. Esto no solo constituye un delito, sino que compromete la seguridad interna del país y expone una preocupante vulnerabilidad dentro de las estructuras militares.

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El hallazgo tuvo lugar este lunes a las 07:50 horas cuando funcionarios administrativos de la 49ª Comisaría de Quilicura encontraron bolsas con droga en el interior del recinto policial. El incidente se produjo cuando el cielo falso del área de las duchas en el primer piso colapsó, revelando tres bolsas de diferentes colores.

El personal que guarda sus pertenencias en los roperos ubicados en el baño del primer piso se estaba preparando para iniciar su jornada laboral cuando ocurrió el incidente. Según los antecedentes, las bolsas cayeron directamente desde el falso techo del área de las duchas.

Inmediatamente, se contactó a la Fiscalía Militar, la cual ordenó la presencia de la Dirección de Logística y Apoyo de Carabineros y del OS7, la unidad especializada en drogas. “Se confirmó la presencia de marihuana y clorhidrato de cocaína en las bolsas, las cuales estaban dosificadas”, informó el coronel Marcos Jiménez, jefe de la Prefectura Metropolitana Santiago Norte.

Personal especializado de Carabineros analizó las sustancias, identificando su composición. El hallazgo ha generado múltiples interrogantes sobre la procedencia de las drogas y cómo llegaron al entretecho del baño de la Comisaría en Quilicura.

“Este baño es utilizado mayoritariamente por funcionarios de Carabineros, pero también puede ser accedido por terceros que visitan la Comisaría”, aclaró el coronel Jiménez. La situación quedó al descubierto debido a trabajos previos en el lugar por una filtración no solucionada adecuadamente, lo que provocó la caída del falso techo.

Hasta el momento, no hay detenidos ni funcionarios policiales directamente involucrados en el caso. La investigación, liderada por la Fiscalía Militar y el OS7 de Carabineros, continúa para determinar las responsabilidades.

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No se trata de casos aislados de corrupción, sino de una red amplia y bien estructurada. Hasta ahora, 13 carabineros están implicados, y el número podría aumentar a medida que avanza la investigación. Esta situación plantea la posibilidad de que bandas criminales estén influyendo en el funcionamiento de instituciones estatales chilenas.

Las acusaciones se vuelven aún más serias al recordar incidentes previos. Uno de los más notables fue el asesinato de la periodista Francisca Sandoval, quien fue baleada mientras cubría una manifestación en el Barrio Meiggs. Pese a que los guardias de los toldos azules, uno de ellos autor del crimen, fueron vistos disparando impunemente frente a carabineros, no se realizaron arrestos inmediatos. Este episodio sugiere una preocupante inacción por parte de las fuerzas de seguridad.

Numi sostiene que Carabineros utilizaba al Tren de Aragua para intimidar a los comerciantes del barrio. Según él, la policía ofrecía protección a cambio de grandes sumas de dinero, después de haber permitido que las bandas criminales generaran un clima de terror. “Los mismos carabineros se jactaban de tener relaciones con el Tren de Aragua”, denuncia Numi. “El negocio era abandonar el barrio y después por ir a cuidar cobraban”, señaló Numi.

Estas revelaciones han sacudido la confianza pública en Carabineros, una institución que ya ha enfrentado críticas por otros casos de corrupción y uso excesivo de la fuerza. La situación profundiza la sensación de inseguridad entre los chilenos, ya que los órganos encargados de velar por la seguridad y el orden público, tendrían una complicidad con las bandas a las cuales hay que perseguir.

La urgencia de una investigación a fondo es indiscutible. Se debe esclarecer hasta qué punto han llegado estas presuntas relaciones y determinar las responsabilidades jerárquicas correspondientes. Además, es crucial proteger a quienes se atreven a denunciar estas prácticas, como Adolfo Numi, y garantizar que la verdad salga a la luz.

Este caso no solo afecta a los comerciantes del Barrio Meiggs, sino que pone en juego la integridad y credibilidad de una institución clave para la seguridad y el estado de derecho en Chile. Todos merecemos saber la verdad y que se tomen medidas firmes para erradicar cualquier forma de corrupción dentro de Carabineros.

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En una carta dirigida al presidente de RN, Piantini expresa su profunda preocupación por “elementos investigados muy graves, consternantes e incompatibles con la visión que tengo de la política”. Hace referencia a su observación de una “forma corrupta de hacer política” dentro del partido, sugiriendo que este último podría estar involucrado en estas prácticas.

Uno de los aspectos más destacados de la renuncia de Piantini es el caso de Wladimir Pizarro, conocido como el “narco funcionario”. Pizarro, quien fue condenado a 13 años de cárcel por tráfico ilegal de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de fuego, era miembro de RN y ocupaba un cargo en la intendencia mientras cometía sus delitos. Piantini cuestiona la responsabilidad política de aquellos que lo propusieron y nombraron en diversos puestos, además de criticar la falta de medidas efectivas por parte del partido.

El exlíder de RN también hace referencia a un reportaje de Ciper que revela la participación de miembros del partido en negocios con fondos públicos durante la pandemia, lo que refuerza sus razones para renunciar.

En última instancia, Piantini concluye que las malas prácticas dentro de RN continúan profundizándose y que él no puede seguir siendo cómplice de ellas al permanecer en el partido. Su renuncia representa un acto de protesta y una llamada urgente a la responsabilidad y transparencia dentro de la política chilena.

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(360Noticias) En una investigacion realizada por el medio Ciper devela que Antonio Jalaff, empresario chileno y fundador del Grupo Patio, se encuentra vinculado a una serie de sociedades relacionadas con el Banco Bandenia, acusado de lavar dinero del narcotráfico en España. Aunque en Chile Bandenia no es conocido, en Europa ha sido objeto de atención debido a sus actividades ilícitas. Jalaff se asoció con Bandenia aparentemente para buscar financiamiento y solventar sus deudas en Chile. Sin embargo, las investigaciones sugieren que su participación va más allá de una simple asociación financiera.

Jalaff figura como socio en numerosas sociedades del Grupo Bandenia en el Reino Unido, algunas de las cuales tienen un capital significativo. Se ha alegado que abrió una cuenta en Bandenia y que posteriormente se utilizaron sus datos para crear estas sociedades sin su consentimiento. Aunque Jalaff afirma que no recibió el crédito prometido y que desconocía la creación de estas sociedades, las investigaciones sugieren lo contrario.

La conexión de Jalaff con Bandenia incluye la creación de varias sociedades en el extranjero, como en Miami y Luxemburgo, además de Reino Unido. Estas sociedades fueron establecidas durante un período en el que enfrentaba problemas financieros en Chile y acumulaba demandas. Se especula que estas sociedades podrían haber sido utilizadas para fines de lavado de dinero o para ocultar activos.

La relación entre Jalaff y Bandenia ha sido objeto de escrutinio por parte de las autoridades chilenas, especialmente después de que su nombre apareciera en conversaciones grabadas entre el abogado Luis Hermosilla y otros individuos. Estas conversaciones sugerían que Jalaff y su hermano Álvaro estaban involucrados en prácticas financieras cuestionables relacionadas con el factoring.

Bandenia, a su vez, ha sido objeto de múltiples investigaciones y escándalos en España. Se le acusa de lavado de dinero a través de operaciones financieras fraudulentas, incluyendo la utilización de empresas pantalla y la emisión de garantías bancarias falsas. Estas actividades ilícitas han llevado a la condena de su principal responsable, José Miguel Artiles, por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Las sociedades vinculadas a Jalaff comparten una dirección común en el Reino Unido, lo que sugiere una conexión estrecha entre ellas. Además, las investigaciones han revelado que estas sociedades comparten vínculos con individuos relacionados con actividades delictivas, como el tráfico de personas y el tráfico de drogas.

En resumen, la relación entre Antonio Jalaff y el Grupo Bandenia plantea serias preguntas sobre sus actividades financieras y su posible participación en actividades delictivas. Las investigaciones en curso en Chile y en el extranjero buscarán aclarar el alcance de esta asociación y determinar si Jalaff estuvo involucrado en prácticas ilegales relacionadas con el lavado de dinero y otros delitos financieros.

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Honduras, es un país centroamericano, que limita con Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Tiene acceso a los dos mares más grandes del mundo, el océano Atlántico y el Pacífico. Quizás, por lo bajo de su territorio sea tan desconocido para el resto del mundo. Sin embargo, para los que somos más inquietos, nos cultivamos con su historia.

Tiene en la actualidad una superficie de: 112,492 km², con casi 12 millones de habitantes. La ciudad capital es Tegucigalpa. Es el segundo país con más superficie de Centro América, después de Nicaragua.    

Desde que Honduras se separó, al igual que las colonias americanas del dominio español, comenzó una serie de intentos de gobierno de distinta índole. De ahí hasta completar el siglo XIX se sucedieron gobiernos de distinta índole, algunos apoyados por los países limítrofes.

Durante los siglos XIX y XX se dio inicio a la industria bananera, que significó que casi todo el trabajo precario dependía de esta industria, dirigida por capitales y personal norteamericanos.

En los años 80, con el triunfo de la revolución sandinista de Nicaragua, Honduras se convirtió en base de operaciones para la contrarrevolución, a través del mandato del presidente Ronald Reagan de Estados Unidos.  Desde ahí fue el comienzo de gobiernos tiránicos de derecha.   

Al inicio del siglo XXI se dio inicio a gobiernos de la elite empresarial, con Ricardo Maduro elegido presidente en el año 2001. Después lo sucedió el liberal Manuel Zelaya, que gobernó para sacar al país de la pobreza que tenía sumido a la población los gobiernos de la oligarquía. Por consiguiente, Manuel Zelaya se alejó de Washington y llegó a acuerdos petroleros con el gobierno de Venezuela, cuyo presidente era Hugo Chávez Frías. Además, se integró al ALBA.

El siguiente proyecto, era abrir un proceso constituyente y escribir una nueva constitución. Tal como lo habían realizado otros países de la región. Esto le trajo problemas con la elite empresarial, religiosa y política, que de inmediato propiciaron la nulidad del gobierno legítimo. En efecto, el presidente fue secuestrado por el ejército desde el palacio presidencial y expulsado del país.  ​Este hecho fue calificado como “golpe de estado” por la comunidad internacional y dividió al país entre los que resistían al golpe de Estado, y los que lo apoyaban.

Después el gobierno de facto que lo sucedió, en medio de esta crisis, Honduras celebró sus elecciones y resultó ganador el candidato del tradicional derechista y conservador Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa. Terminado este mandato sería elegido Juan Orlando Hernández. Ante las graves sospechas de fraude, se sucedieron varios días de manifestaciones con un saldo de 33 muertos. El gobierno declara el estado de emergencia. Según las la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “muchos manifestantes fueron apresados en instalaciones militares, donde fueron brutalmente torturados”.

En el año 2019, el Departamento de Justicia de New York, encuentra culpable al hermano del presidente de Honduras Juan “Tony” Antonio Hernández. por crímenes de narcotráfico y tráfico de armas hacia los Estados Unidos.  Ahora, en esta semana el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022) también fue declarado culpable este viernes, de tres cargos de narcotráfico y armas, por un jurado de Nueva York, tras un juicio que se ha extendido más de dos semanas.

Así Juan Orlando Hernández, se convierte en el mandatario latinoamericano de mayor rango condenado por narcotráfico, después del panameño Manuel Antonio Noriega. Afuera del tribunal, un medio centenar de hondureños comenzaron de inmediato a celebrar el veredicto, que puede costar a Hernández varias cadenas perpetuas.

La Fiscalía sostenía que la actividad narcotraficante de Hernández no se limita a sus dos mandatos presidenciales, sino a toda su carrera política, desde al menos 2004, un tiempo en el que utilizó sus cargos públicos, “así como la Policía y el Ejército” para apoyar a las organizaciones de narcotráfico de Honduras, México y otros lugares.

En resumen, Honduras tenía a un delincuente de derecha, con un amplio prontuario criminal como Presidente de la república por ocho años. “Triste record para los hondureños, digo yo”.

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La noche del secuestro de Ronald Ojeda, el agente de la CIA Iván Simonovis, residente en Estados Unidos, lanzó acusaciones infundadas sobre su paradero, llegando afirmar que ya estaba en Caracas Venezuela, implicando al gobierno de Nicolás Maduro. Estas afirmaciones, carentes de pruebas, fueron difundidas por la derecha chilena en todas las redes sociales. Los medios tradicionales amplificaron estas declaraciones, generando un clima de desinformación en todo el país. Durante dos días consecutivos, la población chilena estuvo expuesta a estas falsedades sin ningún contrapeso. Los medios oficiales, televisión, periódicos y radios amplificaron las palabras de Simonovis, prácticamente todos los chilenos y chilenas estuvieron una semana en cadena nacional escuchando la desinformación de un agente de un Estado foráneo.

¿Quién es Simonovis?

En noviembre de 2004, fue detenido y acusado por su participación en los actos terroristas del Puente Llaguno ocurridos el 11 de abril de 2002, en el marco del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. En esa época, Simonovis ocupaba el cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital. Una vez cumplida su condena por estos actos, en 2019 la CIA lo reclutó y lo designó como Jefe de Seguridad del autoproclamado Juan Guaidó. Actualmente está radicado en Miami y desde allí, cada cierto tiempo, planifica acciones contra Venezuela.

La trama se devela

Ronald Ojeda fue degradado por traición por el gobierno venezolano debido a su participación en la “Operación Brazalete Blanco”, un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Ojeda, acusado de terrorismo y traición a la patria, escapó de prisión en 2017 y recibió asilo en Chile.

El ex militar era un hombre muy activo en su decisión de seguir generando planes desestabilizadores contra el gobierno de Venezuela. Realizó acciones de protesta en el frontis de la Moneda intentando pasar como perseguido político. Esto presumiblemente lo llevó a relacionarse con bandas venezolanas ligadas al narcotráfico en Chile, que han irrumpido en el territorio nacional, producto de la política del gobierno de derecha de Sebastián Piñera, que fue de apertura total de las fronteras para migrantes ligados a graves delitos en sus países.

En la madrugada del 21 de febrero, Ronald Ojeda fue sacado a la fuerza por desconocidos de su departamento ubicado en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana, quienes se presentaron como funcionarios de la PDI, se lo llevaron maniatado y sin ropa, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio donde vivía.

Parte de los individuos que participaron directamente en la “detención” de Ojeda, contaron claramente con un apoyo mayor de sujetos y logística para llevar a cabo el delito. Estamos hablando de un grupo de individuos mandatados para la retención del ex militar. Es muy probable que Ronald Ojeda haya sido asesinado el mismo día del secuestro, ya que no hubo nunca una intención de cobrar ningún tipo de rescate. El Departamento de Medicina Criminalística (Demecri) indica que la muerte aproximada sería de entre 7 y 10 días, lo que coincide con la fecha del secuestro.

¿Pero quién está detrás del secuestro?

El descubrimiento de los restos de Ronald Ojeda despeja la trama alimentada repetidamente por la derecha chilena y venezolana. La tarde del jueves 1 de marzo de 2024, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. El operativo se desarrolló en una toma de terreno ubicada entre Camino a Melipilla y Avenida Pajaritos, donde los equipos tácticos de la PDI desplegaron sus acciones.

El cuerpo de Ronald Ojeda fue hallado enterrado en una maleta a una profundidad de 1,4 metros, cubierto con cemento. Tras un exhaustivo trabajo conjunto liderado por la PDI y el Ministerio Público, se logró confirmar su identidad. El cadáver se encontraba oculto bajo bloques de cemento, los cuales fueron removidos con la ayuda de una máquina retroexcavadora. Durante el operativo, se detuvo a un ciudadano venezolano de 17 años por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Ojeda, mientras que dos cómplices se encuentran prófugos.

Una hipótesis plausible sugiere que la información sobre el secuestro pudo haber llegado casi simultáneamente a Iván Simonovis desde los propios secuestradores, en lugar de provenir de allegados de Ojeda. Esto podría haber sido parte de un elaborado montaje destinado a acusar a las fuerzas de inteligencia del gobierno de Maduro, donde Ronald Ojeda se habría transformado en un problema, aunque aún no está claro por qué era necesario sacarlo del camino urgentemente, pero claramente se evidencia un ajuste de cuentas donde están implicados las bandas delictuales y la ultradecha venezolana.

Los vínculos entre Juan Guaidó, su jefe de seguridad Iván Simonovis y las bandas de narcotráfico son bien conocidas. Durante el intento de derrocar a Nicolás Maduro desde la zona fronteriza de Cúcuta, Guaidó recibió apoyo de los narcotraficantes colombianos conocidos como “Los Rastrojos”, quienes facilitaron su paso por la frontera con Colombia. En ese encuentro, Guaidó fue fotografiado con el jefe narcotraficante Albeiro Lobo Quintero, alias “Brother”, y su lugarteniente “Jhon” Jairo Durán, alias “Menor”. Acá está una información clave, esta banda mantiene alianzas con otra banda conocida para los chilenos, el “Tren de Aragua”, esto en las zonas limítrofes entre Colombia y Venezuela.

El Tren de Aragua ha sido la organización criminal que más se ha expandido en el territorio chileno y que mantiene una estrecha relación con grupos de ultraderecha venezolana.

No resulta descabellado considerar una “colaboración cuádruple “, es decir la posible conexión entre Iván Simonovis (CIA), la ultraderecha venezolana en Estados Unidos y Chile y el Tren de Aragua.

Existe una red internacional del crimen en el continente, que opera como instrumento de desestabilización de los gobiernos populares latinoamericanos que desafían la hegemonía de Estados Unidos.

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“Este operativo no sólo logró la captura de este gran narcotraficante, buscado desde 2014 y que tiene órdenes de aprehensión desde Brasil por tráfico de drogas, asociación para tráfico de drogas y delitos transnacionales. Por tanto, Lourival Máximo da Fonseca será entregado de manera inmediata a las autoridades de Brasil”, explicó Del Castillo en conferencia de prensa.

Da Fonseca fue capturado el jueves en un operativo en el departamento de Santa Cruz (este), luego de dos asesinatos con armas de fuego en el municipio de San Ignacio de Velasco, región fronteriza con Brasil, los días 11 y 13 de febrero, durante la celebración de Carnaval.

La autoridad boliviana indicó que el capo brasileño tenía varias identidades falsas, una de ellas entregada por el Servicio de Identificación (Segip) en Bolivia.

“El 2016 le entregaron identidad falsa en Bolivia, como José de Jesús Souza, con la que circulaba en el país”, sostuvo Del Castillo, a tiempo de indicar que se buscará al funcionario que entregó el documento.

Da Fonseca tiene un largo historial delictivo, según el informe policial, con delitos de tráfico de drogas que datan de la última década del pasado siglo.

“Estamos hablando de uno de los pesos pesados más grandes del narcotráfico en la región. Enviaba droga a Europa y Brasil desde nuestro país. Estamos hablando de uno de los narcotraficantes más grandes de nuestro país”, puntualizó.

Junto a Da Fonseca fueron detenidos otros cuatro sujetos, cuyas identidades fueron requeridas a Europol e Interpol.

Bolivia y Brasil comparten una amplia frontera terrestre, que es aprovechada por el crimen organizado para cometer delitos y crímenes.

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