Es comprensible que desde la izquierda exista una postura crítica hacia las fuerzas militares, dada la experiencia golpista en Chile y otros países de América Latina protagonizada por las instituciones uniformadas. Sin embargo, debemos recordar que esta perspectiva nos aleja de valorar las experiencias de militares que lucharon por la soberanía y el bienestar de nuestros pueblos.

En América Latina, encontramos ejemplos de militares patriotas y soberanistas que resistieron políticas colonialistas. El general Omar Torrijos y un grupo de militares panameños lideraron la lucha de la Revolución Nacionalista contra las injerencias de Estados Unidos. En Venezuela, el teniente coronel Hugo Chávez Frías inició la Revolución Bolivariana junto a otros militares patriotas, como el teniente Diosdado Cabello, quienes han sido ejemplos en procesos transformadores.

En tanto, en la historia de Chile, durante el gobierno del Presidente José Manuel Balmaceda en 1890, el Ejército regular se mantuvo leal al presidente en su esfuerzo por recuperar la soberanía y los recursos naturales del país, enfrentando a un ejército mercenario pagado por las oligarquías locales y por los intereses de potencias extranjeras.

En 1932, nuevamente los militares patriotas apoyaron la emancipación nacional. El 4 de junio de ese año, un movimiento cívico-militar, donde convergían jóvenes socialistas liderados por el abogado Eugenio Matte Hurtado y militares adeptos al coronel Marmaduke Grove, se atrincheraron en la base de la Fuerza Aérea de El Bosque y exigieron con éxito la renuncia del presidente Juan Esteban Montero. Al caer la noche, una Junta de Gobierno formada por el general Arturo Puga, Eugenio Matte Hurtado y Carlos Dávila ingresó a La Moneda y proclamó la “República Socialista de Chile”. Por su parte, el coronel Marmaduke Grove asumió el estratégico cargo de Ministro de Defensa.

Tras el golpe de estado en 1973, se registraron 990 casos de funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería exonerados o dados de baja por motivos políticos durante la dictadura. La Armada se destacó por su oposición al golpe de 1973, arrestando al Almirante Montero y dando de baja a Jorge Domínguez. La Fuerza Aérea, bajo Gustavo Leigh Guzmán, realizó una implacable “depuración”, deteniendo y torturando a unos 700 miembros. En 1974, oficiales de la FACH detenidos escribieron la “Proclama desde la cárcel de oficiales democráticos de la FACH”, firmada por destacados militares como Alberto Bachelet y Carlos Ominami Daza, destacando las divisiones internas en ese período crucial.

El viernes 28 de septiembre de 1974, el asesinato del general del ejército Carlos Prats González fue ordenado por Pinochet, Prats murió tras la detonación de un artefacto explosivo instalado en su automóvil. Con anterioridad al golpe de estado, la derecha y la oligarquía chilena habían asesinado el 25 de octubre de 1970 al General René Schneider, el 27 de julio de 1973 fue asesinado el Capitán de Navío Arturo Araya Peeters.

A cincuenta años del golpe propiciado y financiado por el imperialismo estadounidense, recordamos con profundo respeto a los militares patriotas y leales al pueblo que se opusieron a la dictadura de Pinochet, muchos de los cuales sacrificaron sus vidas o sufrieron torturas en defensa de la democracia y la lealtad a Salvador Allende. En el marco de los 50 años del golpe, rendimos homenaje a su ejemplo y dedicación total a la Patria.

Aquí está la lista de uniformados asesinados por la dictadira de Pinochet quien respondió a los intereses de una potencia extranjera, y que cientos de militares patriotas no solo se opusieron, sino que ofrecieron sus vidas para defender la Patria y al Pueblo.

Asesinados pertenecientes al Ejército:

1. General Carlos Prats, excomandante en Jefe del Ejército (asesinado en 1974).
2. Capitán Osvaldo Federico Heyder Goycolea (asesinado en 1975).
3. Michel Selim Nash Sáez, conscripto de 19 años (asesinado en 1973).
4. Luis Iván Lavanderos Lastate, Mayor (asesinado en 1973).
5. Manuel Nemesio Valdez, cabo segundo (desaparecido desde 1974).
7. Asesinados pertenecientes a la Armada:
8. Juan Calderón Villalón, Oficial de Marina (asesinado en 1973).
9. Alberto Salazar Briceño, cabo de la Armada (asesinado en 1979).
10. Juan Cárdenas, sargento (torturado y exiliado).
11. Rodolfo Alfaro Repfening, Sub-Oficial (torturado, dado de baja y exiliado).
12. Ricardo Tobar Toledo, cabo de la Armada (torturado, dado de baja y condenado a presidio).
    Víctimas pertenecientes a la Fuerza Aérea:
13. General Alberto Bachelet (fallecido durante el periodo de privación de libertad).
14. General Jorge Poblete.
15. General Sergio Poblete.
16. Coronel Carlos Ominami Daza.
17. Coronel Rolando Miranda.
18. Capitán Jorge Silva.
19. Capitán Ernesto Galaz.
20. Capitán Carlos Carbacho.
21. Capitán Raúl Vergara.
22. Rafael Reyes, sargento ejecutado durante las torturas.
    
23. Asesinados pertenecientes a Carabineros:
24. José María Sepúlveda Galindo, Director General.
25. Jorge Urrutia Quintano, Subdirector.
26. Pedro Mayorga Martínez, Jefe del Departamento de Instrucción.
27. Julio de la Fuente Duarte, Departamento de Orden y Seguridad.
28. Fabián Parada Hormazábal, prefecto de Santiago.
29. Orestes Salinas Nuñez, Secretario general de la Institución.
30. Martín Cádiz Ávila, Jefe de la Primera Zona de Inspección.
31. Zenón García, Mayor (detenido y torturado).
32. 
    Asesinados pertenecientes a la Policía de Investigaciones:
33. Prefecto Juan Bustos (detenido en abril de 1974, asesinado en mayo de 1974).
34. Subprefecto Raúl Bacciarini (fusilado en septiembre de 1973).
    
35. Asesinados pertenecientes a Gendarmería:
36. Littré Quiroga Carvajal, Director General del Servicio de Prisiones (asesinado en 1973).
37. Oficial administrativo penitenciario, Alberto Yáñez Carvajal (ejecutado en 1974).
38. Cabo 1° Isaías Higuera Zúñiga (asesinado en 1974).

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El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago emitió la condena, considerando a Roa Alburquenque como autor de los delitos de tráfico de municiones, tráfico de arma prohibida y tenencia ilegal de arma de fuego. Estos actos ilícitos ocurrieron en junio de 2018 en las comunas de San Miguel, Maipú y Lo Espejo.

Además de la pena de cárcel, Roa Alburquenque también fue sentenciado a las inhabilitaciones legales correspondientes, que incluyen la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, así como la inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares durante el período de condena. Es importante mencionar que el acusado fue separado del Ejército tras su formalización en junio de 2018.

Por otro lado, Jonathan Joan Olave Ahumada fue condenado unánimemente a 13 años de prisión, junto con las correspondientes inhabilitaciones legales. Olave Ahumada fue considerado autor de los delitos de tráfico ilícito de municiones, tráfico de arma prohibida y tenencia ilegal de arma de fuego. Estos hechos ocurrieron en junio de 2018 en la comuna de Lo Espejo.

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A pesar que los uniformados de la Armada fueron dado de baja y asesinaron a un civil, cumplirán detención al interior de un recinto de la armada por los 120 días que dure la investigación.

Según el fiscal Francisco Almazán señaló que hubo “ensañamiento contra la víctima, una golpiza de inicio a fin, que le causó la muerte”.

Los marinos golpearon a la víctima con manos, pies y objetos contundentes, utilizando incluso la muleta del hombre.

El Ministerio Público indicó que los imputados cuentan con causas pasadas, no judicializadas, relacionadas a delitos por lesiones hacia otras personas.

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Durante este viernes 19 de mayo quedó registrados en cámaras la agresión de un hombre con discapacidad y en situación de calle en la comuna de Iquique, región de Tarapacá, el que falleció en horas de este viernes.

El hecho ocurrió en el sector céntrico de la ciudad de Iquique, en calle Ramírez con Tarapacá. El hombre presentaba heridas en el rostro y fue trasladado hasta el servicio de urgencias del Hospital Regional de Iquique, donde finalmente falleció.

Actuaron tres funcionarios de la Armada, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía, quien amplió su detención hasta el lunes.

En el video se ve la victima de nacionalidad extranjera, tendida en el suelo, mientras es golpeado con patadas y una muleta, al hombre le faltaba una pierna, por lo que usaba el tipo de bastón mencionado.

Un vehículo municipal que pasa por el sector, ni siquiera se detuvo a prestar ayuda a la víctima.

El fiscal José Rivera, señaló “Conforme a las cámaras de videovigilancia de la municipalidad de Iquique, se pudo determinar que la víctima fue golpeada por estos tres individuos en reiteradas ocasiones, incluso siendo golpeada con las muletas que utilizaba para su desplazamiento”,

Agregó “si bien es materia de investigación, por ahora tenemos estos tres detenidos. Existen otros tres funcionarios que hasta el momento están en calidad de testigos”.

Denuncia “De parte de las grabaciones que hemos tomado conocimiento, dan cuenta que al lugar de los hechos concurre un vehículo de seguridad ciudadana de la municipalidad de Iquique, que de acuerdo a lo que se puede visualizar no se detiene o se detiene de forma parcial”.

En ese sentido, precisó que “esta persona no está individualizada, no sabemos su nombre por el momento, si bien se está investigando”.

Finalmente anunció que “todavía muchos detalles de la investigación están en proceso de desarrollo, en principio estamos en presencia de un delito de homicidio. Conforme a las diligencias podría aumentarse a un delito calificado”.

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Trabajadores de la empresa se percataron de las bombas de gran tamaño de uso militar “Aproximadamente como a las 02:00 de la mañana, a raíz de un comunicado radial de la Central de Comunicaciones, carabineros de la Octava Comisaría de Colina se constituyen hasta la empresa AZA, ya que por procedimientos que mantienen ellos en el lugar, habrían detectado en el área metalúrgica dos explosivos de uso militar, lo que corresponderían a dos torpedos”, señaló el capitán Carlos Hernández Ferrada.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, ordenó “la concurrencia de equipo especializado, donde el GOPE de Carabineros concurre al lugar y traslada a estos dos torpedos hasta arsenales de guerra”.

Además, Hernández recordó que “en la misma empresa, durante el año pasado, igual hubo un procedimiento de similares características, pero con la detección ya de elementos de uso militar de tamaño más pequeño”. 

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“La Corte de Apelaciones de Temuco ordena la prisión preventiva de ocho militares, imputados como autores del delito de tortura, ilícito perpetrado en octubre de 2019 contra dos civiles en las inmediaciones del cementerio municipal de Temuco (sur)”, consignó el Poder Judicial a través de un comunicado.

La acusación de Fiscalía contra los militares explicó que el 21 de octubre, una patrulla del Ejército detuvo y trasladó a dos manifestantes a un sitio descampado cercano al cementerio.

Los jóvenes habrían sido golpeados, amenazados y puestos contra una pared, donde les aplicaron una tortura conocida como “simulación de fusilamiento”, según el Ministerio Público.

Por último, los funcionarios del Ejército los habrían obligado a correr mientras los amenazaban de no mirar atrás, o si no les dispararían por la espalda.

Los imputados permanecerán en prisión mientras dure la investigación de Fiscalía.

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El auto había sido identificado ya el 28 de marzo y nadie hizo nada contra el dueño y los involucrados, a tal punto que el 5 de abril el vehículo seguía dando vueltas, hasta la muerte del uniformado. Se sabían las características y el número de patente del vehículo que había cometido el robo, pero nadie intervino. 

Despues del homicidio de Palma en una rápida investigación, Carabineros dio con el dueño del auto del cual habían disparado, se trata de un suboficial en retiro del Ejército, quién según declara a La Tercera le arrendó el auto a tres individuos de nacionalidad venezolana.

En redes sociales identifican al dueño del vehículo al Suboficial del ejercito (R) Boris Medina Cifuentes, de 49 años. Pero la prensa oficial solo se refirió al dueño del auto como “una persona de la tercera edad”, lo cual queda al descubierto que es una información falsa.

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Un tribunal chileno, luego de tres años de ocurridos los hechos,  declaró culpable este lunes al militar Pedro Lavín, acusado de disparar y herir a una persona durante las manifestaciones del estallido social en 2019 en el país austral.

Se trató de un veredicto unánime el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Colina, el cual encontró culpable a Lavín acusado del delito de apremios ilegítimos calificado por el resultado de lesiones graves gravísimas, perpetrado en octubre de 2019.

De acuerdo a la sentencia, en aquella jornada, el uniformado disparó su fusil con munición de guerra a la víctima, quien se manifestaba en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Colina, ocasión en la cual la víctima cayó al suelo inconsciente.

El militar Pedro Lavín es declarado culpable del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas contra mi persona.

La víctima era Carlos Astudillo, quien actualmente se desempeña como asesor de la senadora Fabiola Campillai, otra de las víctimas de la represión al estallido social.

Los hechos quedaron al descubierto pues un testigo registró la situación en un video, que se popularizó durante los primeros días del estallido social en 2019; de hecho, en el video, se ve cómo los militares arrastraron y golpearon a su víctima, quien estaba llena de sangre y completamente inconsciente.

Estoy tan emocionado y feliz a la vez! El Tribunal de Colina declaró culpable a Pedro Lavín por los delitos de apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves gravísima. El 28/12 se dará a

Astudillo, en las vísperas del juicio, declaró “Lavín me disparó durante el estallido social y hasta el día de hoy me mantiene con una movilidad reducida, no voy a poder caminar con normalidad, una infección crónica en el fémur y una lesión vascular en mi pie derecho”.

Tras conocerse la culpabilidad de Lavín, el propio Astudillo dijo estar “tan emocionado y feliz a la vez”, a la vez que expresó “¡por fin se ha hecho justicia!”. La sentencia será dada a conocer por el tribunal el próximo 28 de diciembre.

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“¡Alerta compatriotas! La visita de la embajadora de EEUU a Palacio de Gobierno no fue gratis, tampoco a favor del país. Fue para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso; y, de paso, dejar el camino libre para las explotaciones mineras, como el caso de Conga, Tía María y otros. De esto la prensa peruana no solo callará sino que la negará así de fácil”, indicó Castillo a través de su cuenta en Twitter.

En la víspera, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, sostuvo una reunión con la embajadora de EEUU en Lima, Lisa Kenna.

Según la Presidencia peruana, en la reunión Kenna le manifestó a Boluarte el apoyo de su país al sistema democrático peruano.

Conga y Tía María son proyectos mineros que están en vías de concretarse, y que han sido resistidos por los pobladores de las zonas en donde se encuentran los yacimientos.

El miércoles 7 de diciembre, el entonces presidente Castillo intentó disolver el Congreso argumentando que “el Legislativo ha realizado más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial”, y el establecimiento de un “Gobierno de excepción”, y establecer un “gobierno de excepción”.

Todas las instituciones del Estado rechazaron la medida anunciada por el entonces mandatario, calificándola como un quiebre del orden constitucional o un golpe de Estado.

Luego del intento fallido de Castillo, el Congreso lo destituyó por incapacidad moral permanente para ejercer el cargo, en una sesión que ya estaba prevista días antes.

Posteriormente, y por sucesión constitucional, el parlamento nombró como nueva jefa de Estado a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.

Tanto Boluarte como el Congreso son resistidos por la mayoría de peruanos, y su permanencia en el poder ha ocasionado fuertes protestas que, hasta la fecha, han causado la muerte de nueve personas en enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Castillo se encuentra detenido en una sede policial de Lima, investigado por la fiscalía por el presunto delito de rebelión, entre otros. 

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Esta entrada Fuerzas Armadas en el 2022 gastaron más de 310 millones en licores, cervezas, vinos y espumantes se publicó y puedes verla: 360 Noticias.