¿Quién se hace cargo de ellos cuando termina la guerra y vuelven a sus países de origen?

El ejemplo de Colombia, es un camino que deberían comenzar a pensar los distintos países que proveen de esta mano de obra para la guerra. Crear leyes para una problemática de hoy y del futuro.

Colombia es un ejemplo que nos gustaría que siguieran muchas naciones que son exportadores de combatientes, país en el que desde hace algunos años se está buscando una solución para el grave problema de los mercenarios y las empresas militares y de seguridad privada (EMSP). El año pasado, el presidente Gustavo Petro presentó una ley para impedir el reclutamiento de mercenarios en su país. El proyecto tiene como objetivo principal evitar el reclutamiento y la participación de ciudadanos colombianos en actividades mercenarias: tipificando el delito de mercenarismo, prohibiendo el entrenamiento paramilitar para fines mercenarios, apuntando a la cooperación internacional y dando protección a los veteranos.

Colombia ha sido por años uno de los principales proveedores de mercenarios, lo que se debe fundamentalmente a la alta capacitación militar, falta de oportunidades económicas y una importante demanda global. Más de 4000 ex militares colombianos han sido contratados para servir en conflictos internacionales, principalmente en Oriente Medio y África, lo que demuestra también cómo el capital humano entrenado con recursos estatales se está usando para producir utilidades privadas.

Es evidente que el mercado de los mercenarios y contratistas privados, como les gusta hacerse llamar, crea problemas tanto internos como externos. La participación de ellos en conflictos ajenos puede dañar la imagen y la reputación internacional de un país, además de ser una forma involuntaria de exportación de violencia y criminalidad.

El mercenarismo debe prohibirse y se deben establecer mecanismos internacionales efectivos que controlen, persigan y castiguen a las empresas militares y de seguridad privada que reclutan personas e intervienen de manera poco transparente a lo largo de todo el planeta.

Aplaudimos el esfuerzo de Colombia, y esperamos que inspire a otros países como Chile, donde algunos diputados nos comentaron en off the record que no hay iniciativas ni proyectos en ese sentido. Esto nos preocupa, y nos preocupa de verdad, porque vemos cómo la inseguridad se hace parte de nuestra sociedad, y curiosamente hace un año fuimos testigos, a través de los informativos de TV, del actuar de un grupo de choque paramilitar, con armamento sofisticado, chalecos antibalas y uniformes, secuestrando a un ex militar venezolano desde un edificio de Santiago, para posteriormente asesinarlo y hacerlo desaparecer. No cualquiera tiene la capacidad de realizar una operación militar de esa envergadura. El secuestro del coronel venezolano fue estudiado y planificado con mucha antelación y podríamos pensar que los que actuaron, podrían entrar perfectamente en el perfil de mercenarios ahora convertidos en delincuentes.

El compromiso con la paz y la legalidad no puede encenderse y apagarse a conveniencia

A pesar de la falta de regulación y de los problemas éticos y políticos que comporta, el mercado de las empresas militares y de seguridad privada continúa creciendo viento en popa, con grandes beneficios económicos para las compañías, que obtienen mucha de su mano de obra desde África y Latinoamérica, mano de obra, mejor dicho, carne de cañón. Sí, porque en general, las posiciones especializadas son cubiertas por expertos de los ejércitos oficiales, y al frente de batalla, van, más o menos preparados los pseudo-soldados, que por unos cuantos dólares arriesgan sus vidas en conflictos lejanos, muy lejanos.

Según el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad (DCAF), se calcula que actualmente existen más de 450 compañías militares privadas que operan en más de 50 países, empleando a 5 millones de personas en África, 2,5 millones en América Latina y el Caribe y a 2 millones en Europa, aunque es difícil estimar un número exacto ya que existen muchos operadores que actúan en zonas grises o negras del mercado. Económicamente, el valor de este negocio asciende conservadoramente a unos 244.000 millones de dólares.

Los cuatro países que encabezan esta “industria”, con aproximadamente el 70% del mercado son Estados Unidos, Reino Unido, China y Sudáfrica, lógicamente en Estados Unidos se concentran las mayores EMSP siendo también un importante cliente de ellas.

¿Y dónde está el problema?

La participación de este tipo de empresas en conflictos armados no es nueva ni novedosa, aunque por muchos años haya pasado desapercibida a la opinión pública. Las guerras de Irak y Afganistán fueron el punto de inflexión para su crecimiento acelerado. Miles de soldados privados fueron contratados por Estados Unidos para “apoyar” sus operaciones militares.

El problema está en lo que se ha denominado “privatización” de la guerra, las EMPS están asumiendo cada vez más roles y funciones en los conflictos en desmedro de la soberanía de los Estados y su monopolio sobre el uso de la fuerza, con contratistas que en demasiadas ocasiones han demostrado falta de ética y respeto hacia los derechos humanos.

Dentro de las actividades oficialmente declaradas por estas compañías se encuentran, por ejemplo, apoyo logístico, mantenimiento del armamento y los sistemas de defensa, inteligencia, desminado y limpieza de Elementos Explosivos Sin Detonar (UXO´s), asesorías y consultorías en áreas tan diversas como reconstrucción, estabilización, reorganización de fuerzas armadas y policiales, entrenamiento en capacidades específicas y quizás las más polémicas, la seguridad para la protección de instalaciones y personas y la participación en combates.

Y quiénes son los contratistas que llevan a cabo estas funciones, en general, las EMSP utilizan una fuerza de trabajo flexible que seleccionan de acuerdo a sus habilidades. Muchos son ex militares, en ocasiones de grupos especiales, con experiencia en temas de seguridad, amantes de las armas y la disciplina militar.

Como ejemplo, según un artículo publicado por Izquierda Revolucionaria durante la guerra de Irak había 122 ex militares chilenos “que sirvieron a las órdenes de Pinochet, los reclutaron a través de un anuncio aparecido en el periódico chileno El Mercurio (12/10/03) en el que se invitaba a ex-militares, preferentemente con experiencia en instrucción de comandos y dominio del inglés, para prestar sus servicios de seguridad en el exterior cobrando 18.000 dólares por seis meses de trabajo, al anuncio respondieron 400 infantes de marina y antiguos “boinas negras” (fuerzas especiales del ejército chileno). Estos mercenarios fueron contratados por una de las principales empresas del sector, Blackwater Security, filial de Halliburton (vinculada al vicepresidente estadounidense Cheney)”.

Por decir lo menos, siniestro…Esta historia continuará…….

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El medio señala que Routh introdujo el fusil automático a través de la valla del club Trump International Golf Club en Palm Beach, Florida. El presunto agresor se encontraba a una distancia de entre 270 y 450 metros del exjefe de Estado estadounidense.

Anteriormente, el Servicio Secreto de Estados Unidos comunicó que está investigando un incidente relacionado con el candidato presidencial republicano Donald Trump, el cual podría haber sufrido un intento de asesinato. El mencionado ente estadounidense informó que uno de sus hombres abrió fuego contra un hombre armado que se encontraba cerca de donde estaba Trump. El agente vio a un hombre sospechoso fuera del club de golf de Palm Beach (Florida) y disparó tras ver un objeto parecido a un arma en su poder. El sospechoso fue detenido posteriormente por la Policía local.

El atentado se produce dos meses después de un intento de asesinato de Trump en un mitin en Butler (Pensilvania) el 13 de julio. El candidato republicano resultó levemente herido, luego de que una bala rozara su oreja derecha. El autor del ataque, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido por miembros del Servicio Secreto, agencia que protege a los mandatarios, candidatos presidenciales y exjefes de Estado. La Oficina Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI, por sus siglas en inglés) confirmó que se trató de un intento de asesinato.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se celebrarán el 5 de noviembre. Se esperaba que el Partido Demócrata estuviera representado en ellas por el actual líder estadounidense, Joe Biden. Sin embargo, tras una actuación fallida en el debate televisado de junio con Trump, que más tarde se convirtió en el candidato del Partido Republicano, Biden se vio obligado a retirarse de la carrera bajo la presión de sus compañeros de partido. Apoyó la candidatura de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y en agosto fue confirmada como candidata demócrata al cargo más alto del país.

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El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusó este martes a Colombia de proporcionar todo el apoyo al grupo armado que protagonizó la incursión fallida contra la nación suramericana.

El vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura indicó que el Gobierno de Colombia usa su territorio para planificar, organizar y entrenar a quienes procuren actos de violencia contra Venezuela.

Rodríguez indicó que es una bajeza que EE.UU. y Colombia aprovechen la pandemia por el Covid-19 para atacar a Venezuela. 

En una larga exposición, Rodríguez ofreció una amplia cronología de la incursión fallida en territorio venezolano que pretendía desestabilizar al país en una cadena de hechos que desembocara en un golpe de estado y el asesinato del presidente Nicolás Maduro.

No obstante, también adelantó que el Gobierno venezolano tenía conocimientos de todos los movimientos de los atacantes por lo cual se procesó a desarticular el movimiento cuando inició la incursión. 

En su exposición, el funcionario mencionó que algunos elementos han quedado perfectamente claros y se irán clarificando aun más en la medida en que avancen las investigaciones sobre la ya desmantelada incursión con participación de mercenarios, desertores, narcotraficantes y ex boinas verdes estadounidenses, expertos en operaciones especiales.

Rodríguez explicó las conexiones entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia con los mercenarios, asistidos por personal estadounidense bajo la logística de una empresa privadad de Estados Unidos que ofrece servicios de seguridad, que ha sido señalada con nexos con el presidente Donald Trump.

En rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, el vicepresidente ofreció una serie de elementos que hacen patente la intervención del Gobierno de Bogotá para procurar al grupo armado todos los elementos materiales y logísticos para llevar a cabo sus operaciones en territorio venezolano.

El oficial de la Agencia estadounidense para la Administración y Control de Drogas (DEA), José Alberto Socorro Hernández, alias “Pepero”, detalló las conexiones entre los Gobiernos de EE.UU .y Colombia en el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro, agregó el ministro.

Rodríguez destacó que “lo primero que quedó claro fue el nivel de ruindad del gobierno de Donald Trump y el de Colombia (Iván Duque), que aprovechan la situación que tiene amenazada a todo el mundo para atacar a Venezuela”. 

Esta nueva acción dejó al descubierto el compromiso absoluto y real del diputado opositor de derecha Juan Guaidó con todas las acciones agresivas contra Venezuela y es imposible que pueda sustraerse a ellas, acusó.

“El 25 de marzo de este año, nosotros, por orden el presidente Nicolás Maduro, salimos a la opinión pública y señalamos varios elementos sobre el entrenamiento de paramilitares en campamentos colombianos”, recordó Rodríguez. 

Mencionó que en esa oportunidad trascendió que alias “Pantera” dirigía uno de esos campamentos, así como la incautación de armas. 

“A las 6 de la tarde del viernes 1 de mayo, salen 2 lanchas desde la finca de Doble Rueda, una comandada por alias Pantera que se dirigía al estado La Guaira”.

Rodríguez precisó que “primero sale una lancha comandada por alias “Pantera” para ver si había obstáculos, y luego la lancha rápida donde estaban Antonio Sequea, Antonio Baduel y dos entrenadores norteamericanos”.

Definió a Adolfo Baduel, uno de los mercenarios capturados ayer en Chuao, como un “verdadero psicópata”, una persona con “muchísima sed de sangre”.

En su entrada a territorio venezolano “la embarcación grande sufrió un desperfecto y se retrasa con respecto a la lancha pequeña. Se empezó a dar un enfrentamiento entre Sequea y alias Pantera, porque Pantera era cercano a Alcalá Cordónes “.

“Hasta el momento tenemos capturados a todos los pertenecientes a la lancha rápida y algunos de los implicados en la segunda lancha”, añadió.

Rodríguez anotó que Antonio José Sequea, por órdenes de Iván Simonovis, le dio un golpe de Estado a Cliver Alcalá en medio de la operación.

El ministro reveló que el jefe la operación Antonio Sequea había hecho contacto con otro narcotraficante agente de la Oficina de Control contra las Drogas (DEA) de Estados Unidos. “Es un elemento común que la DEA utilice narcotraficantes a los que chantajea, los reclutan para hacer el trabajo sucio”, detalló.

Rodríguez presentó un video con el testimonio de un funcionario de la DEA, José Alberto Socorro Hernández, quien sería el encargado de recibir a los “mercenarios” en Macuto. “Me entregaron armas, y me pidieron que les consiguiera una camioneta nueva”.

El vicepresidente sectorial, Jorge Rodríguez recalcó que el contrato para invadir y cometer actos terroristas en Venezuela lo firman Jordan Goudreau, Juan Guaidó, Sergio Vergara, Juan José Rendón y Manuel Retureta.

“Hoy el presidente Donald Trump negó cualquier acción entre Silvercorp USA (la empresa de Goudreau responsable de dar asistencia al grupo armado) y su gobierno, pero resulta que en las redes sociales de Silvercorp publicaron imágenes ofreciendo seguridad a Trump”, indicó Rodríguez.

Fuente:Telesur

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La Unión Bicentenaria de los Pueblos, Capitulo de Chile, manifiesta su total rechazo y condena a la incursión terrorista de mercenarios provenientes de Colombia que pretendieron desembarcar en Macuto (La Guaira) con el objetivo de atentar contra personalidades y la institucionalidad democrática de la República Bolivariana de Venezuela.

Llamamos al mundo entero a condenar estas agresiones y a exigir que se respete los principios de autodeterminación de los pueblos, soberanía e independencia.

Condenamos la injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela a través del financiamiento y apoyo que entregan los gobiernos de EEUU, Colombia países adscritos al llamado Grupo de Lima, entre ellos el nuestro.

Hoy, justamente, nos interesa la opinión de nuestro gobierno y de las organizaciones internacionales que, con su silencio, sirven de cómplices pasivos a las acciones terroristas e injerencistas que dicen rechazar, generando zozobra y clima bélico en nuestra región.

El pueblo venezolano ha dicho adiós al neoliberalismo y elegido la revolución socialista para su liberación y segunda independencia, en defensa de la Paz y sus recursos naturales.

Yanquis, ¡Saquen sus manos de Venezuela! ¡No al narcoterrorismo!

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