Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y CODEPU denunciaron un patrón de negligencia y obstrucción estatal, que incluye el incumplimiento de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el bloqueo al acceso de la carpeta judicial y la designación de un fiscal con evidente sesgo contra el pueblo mapuche.

Ante este panorama, la familia de Julia Chuñil acusa un montaje para proteger al verdadero responsable y ha convocado a una marcha nacional para el 8 de noviembre, con asambleas de coordinación en todo el país y un acto central frente a La Moneda.

Las demandas son claras: juicio y castigo a los culpables, fin a la impunidad y justicia para Julia Chuñil.

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“Los mapuche no estamos vinculados a los incendios desatados”, afirmó el dirigente José Santos Millao al diario local El Austral.

Santos es el principal referente de la Coordinadora de Territorios del Wallmapu, organización mapuche de la región de la Araucanía, donde se concentra la mayor cantidad de incendios forestales de la temporada.

El lunes, Tohá dijo en entrevista con Radio Cooperativa que era “altamente probable en la zona que al menos una parte de la intencionalidad esté ligada a reivindicaciones territoriales”.

“El Estado lleva aquí un tiempo, pero nosotros 14 mil años. Con la señora Tohá nos reuníamos en la dictadura de manera clandestina y resulta que ahora ella nos echa la culpa y nos aplica la represión”, respondió Santos

“Nuestra gente está ayudando a frenar esto y hay molestia porque el Estado no nos considera para nada. No nos toman en cuenta”, reclamó el líder mapuche.

Santos también declaró que “la raíz de todo es el modelo económico”.

“El planeta tierra está ardiendo a causa de la excesiva explotación de la naturaleza y en nuestra región es porque cambiaron el granero de Chile por las forestales”, explicó.

La afirmación de Tohá fue rechazada por varios referentes de la Araucanía, como el gobernador de la región, René Saffirio, que la calificó de “irresponsable”.

El Bloque de Fuerza Mapuche, otra de las organizaciones de la zona, manifestó en un comunicado: “esperamos que estos dichos no representen al Gobierno y que sean aclarados. En estos momentos no se puede contribuir a un clima de confrontación y de odio”.

Según el último reporte de la Corporación Nacional Forestal, al mediodía de este viernes había 13 incendios en combate en distintas regiones (siete en la Araucanía, cuatro en Biobío, uno en Ñuble y uno en O’Higgins), y se contabiliza una superficie total de 21 mil hectáreas arrasadas por el fuego. (Sputnik)

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El caso ha generado alarma debido a las amenazas previas que Chuñil recibió relacionadas con la defensa de los bosques nativos y los procesos de traspaso de tierras. Según Juana Aguilera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Chuñil había denunciado estas amenazas, incluso advirtiendo a su familia: “Si algo me pasa, ya saben quién fue”. Aguilera destacó que estas circunstancias reflejan posibles actos de corrupción y señaló la responsabilidad del Estado chileno y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), organismo vinculado a transacciones poco claras en la zona.

Las amenazas contra Chuñil se remontan al 2018, cuando comenzó a recibir presiones para abandonar su territorio en Máfil. Estas incluían intentos de atropello, sobornos y destrucción de infraestructura, en el contexto de disputas con el empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter, vinculado a negociaciones de compraventa con la Conadi. Aguilera denunció que el Estado no ha cumplido con su obligación de proteger a Chuñil y su familia, comparando su situación con las torturas psicológicas vividas por los familiares de detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado.

La desaparición de Chuñil se enmarca en la lucha de su comunidad por defender sus tierras ancestrales desde 2015, enfrentando constantes hostigamientos. Más de 200 organizaciones han exigido su búsqueda, subrayando la responsabilidad del Estado chileno, que suscribió la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas.

Aguilera llamó a esclarecer las irregularidades en los traspasos de tierras, señalando la complicidad de grandes terratenientes en las amenazas. La desaparición de Chuñil representa un grave atentado contra los derechos humanos y evidencia la vulnerabilidad de las defensoras de la tierra en Chile. Su caso exige una respuesta inmediata por parte del Estado para garantizar justicia y protección a su familia y comunidad.

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Ernesto Llaitul, hijo del dirigente mapuche condenado a 23 años de cárcel, ha denunciado que su padre se encuentra en un “estado crítico” debido a la huelga de hambre que mantiene desde hace más de dos meses. La preocupación es palpable, pues Llaitul, quien ya ha sufrido deterioros significativos en su salud por huelgas anteriores, podría enfrentar un desenlace fatal en cualquier momento. La familia insiste en que su traslado a la Cárcel de Temuco, donde existe un módulo especial para comuneros mapuche y donde ya se encuentra detenido su hijo Pelentaro Llaitul, es crucial para garantizar un trato más justo y respetuoso.

Este caso se enmarca en un contexto más amplio de persecución contra aquellos que se oponen abiertamente al sistema económico y político vigente en Chile. Además de Llaitul, otros líderes, incluidos mapuche y figuras políticas como Daniel Jadue, han sido sometidos a procesos judiciales como parte de una estrategia del gobierno de Boric para neutralizar voces disidentes. En lugar de buscar soluciones a los problemas estructurales que enfrenta el país, la administración Boric ha optado por una vía punitiva que revive prácticas de represión y control social, similares a las de anteriores gobiernos.

La familia de Llaitul y diversas organizaciones sociales han alzado la voz para denunciar lo que consideran un trato inhumano y una violación de los derechos fundamentales de los presos políticos mapuche. La exigencia de un traslado a la Cárcel de Temuco no es solo una cuestión de cercanía familiar, sino una demanda de respeto a la identidad cultural y a los derechos básicos que deben ser garantizados para todos los ciudadanos, independientemente de sus convicciones políticas o su origen étnico.

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Condición crítica de Camus Jara

El entorno de Camus Jara ha informado que su condición es irreversible. “Incluso si cesa la huelga, es probable que fallezca durante la recuperación”, han señalado. El detenido, que se encuentra en la cárcel de Lebu, no puede sostenerse en pie, está mayormente somnoliento y sufre intensos dolores. El médico Vicente Clemente Ratto ha advertido sobre el alto riesgo de arritmia cardíaca y la posibilidad de un paro cardiorrespiratorio, recomendando una hospitalización inmediata.

Falta de respuesta gubernamental

A pesar de que Camus Jara cumple con todos los requisitos y ha postulado cuatro veces para ser trasladado al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Cañete, el gobierno no ha respondido a esta demanda. La falta de acción ha sido denunciada por once médicos, quienes han subrayado el grave deterioro de la salud del huelguista y la necesidad urgente de alternativas de reclusión, como lo estipula el Convenio 169 de la OIT, especialmente en contextos donde las tierras de los pueblos originarios están ocupadas por el Estado.

Urgencia de acción

La situación de Guillermo Camus Jara pone de manifiesto la necesidad de revisar y actuar conforme a las promesas del gobierno de Boric respecto a los derechos de los pueblos originarios. La vida del preso político pende de un hilo, y su caso exige una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades para evitar un desenlace trágico que agravaría aún más las tensiones y desconfianzas existentes entre el Estado y las comunidades mapuche.

Los médicos han dado a conocer la siguiente Declaración Pública

“Los profesionales que suscriben manifestamos con urgencia nuestra preocupación frente al deterioro severo de salud, riesgo vital e inminente fallecimiento de Guillermo Camus Jara, preso político mapuche que se encuentra en el día 98 de huelga de hambre y el sexto de huelga seca, como medida de protesta frente a las reiteradas negativas de su traslado al CET de Cañete.”

Su caso requiere atención urgente.

Dra. Verónica Elgueta Casanova

Dr. Jaime Ibacache Burgos

Dr. Rodrigo Manzano Barrientos

Dra. Marcela Traub Muñoz

Dra. Marina Casanova Mora

Dra. Laura Argomedo Badilla

Dra. Mónica Naveillan Jensen

Dra. Rossana Betancur Escobar

Dr.  Humberto    Berrios Becerra

Dr. Lizardo Garrido Neculqueo

Dr. Roberto Cifuentes Riquelme

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Además de los cargos por asociación ilícita, hurtos y atentados, Carrillo está bajo investigación por tráfico de drogas en Lebu, donde se encontraron sustancias ilegales y armamento. Este hallazgo surgió durante una pesquisa por homicidio frustrado en mayo de 2023.

Una revelación sorprendente fue la participación de dos policías, Luis Berna Toledo y Darwin Carillo Rodríguez, en colaboración con la célula delictiva. Interceptaron más de 30 llamadas entre ellos y el líder criminal Celso Fonseca Rivas, proporcionando información crucial para eludir la detección de sus actividades ilegales.

A pesar de algunas conjeturas sobre la vinculación de esta organización con la Resistencia Mapuche Lavkenche RML, la Fiscalía matizó estas afirmaciones y enfatizó que los detenidos no son miembros de la RML. La investigación se centra ahora en desmantelar la jerarquía de la RML, lo que sugiere que las futuras acciones de la PDI se dirigirán a los líderes de la organización, desvelando una trama compleja de crimen organizado en la región.

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Ramón Báez, un comunero, relató cómo los empleados de la multinacional amenazaron con matar a quienes intentaran detener sus acciones. A pesar del temor y la intimidación, Báez y su familia se mantienen firmes en la lucha por la defensa de su territorio ancestral y de las generaciones futuras. La comunidad cuenta con una Carpeta Técnica enmarcada en la Ley 26160, que busca proteger los territorios indígenas y reconocer la posesión de los mismos.

El cultivo de monocultivos forestales por parte de Arauco ha tenido consecuencias graves para el ecosistema y la salud. Los químicos utilizados han contaminado el suelo y el agua, y el reemplazo del bosque nativo por estos cultivos ha llevado a la acidificación del suelo, sequías y un mayor riesgo de incendios forestales. Comunidades como la de Puente Quemado II ya han experimentado estos impactos negativos.

A pesar de los desafíos, las comunidades indígenas afectadas se mantienen firmes en su lucha por sus derechos y la protección de sus tierras ancestrales. Exigen que se detengan las invasiones y se respeten las normativas vigentes para preservar su cultura, territorio y bienestar. En un contexto donde las multinacionales a menudo ignoran las preocupaciones indígenas, estas comunidades están dispuestas a enfrentarse a la adversidad y hacer valer sus derechos contra los poderosos actores que desestiman sus demandas legítimas. (Fuente Red Eco)

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Las tensiones habían ido en aumento en la zona debido a diferencias en torno a temas de tierras y derechos ancestrales de la comunidad mapuche. En este contexto, el contingente policial y militar fue desplegado para intervenir en la Lof Triftrifco autónoma.

Testigos oculares informan que las fuerzas represivas emplearon tácticas de alta intensidad, incluyendo disparos a quemarropa, en contra de los miembros de la comunidad que se encontraban defendiendo sus tierras y sus derechos. Varios miembros resultaron heridos, siendo algunos de ellos mujeres y hombres que sufrieron las consecuencias directas de la represión.

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Información preliminar indica que La situación se habría iniciado luego de que se negara la visitas, lo que generó la molestia en los internos, quienes habrían procedido tomar de rehenes a los gendarmes.

Se inició un operativo en el lugar, mientras que el motín todavía no ha podido ser controlado, se escucharon disparos de elementos disuasivos al interior de la cárcel.

La cuenta de Twitter la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios indicaron “Inaceptable, informan que un oficial y dos funcionarios de Gendarmería fueron tomados como rehenes en el C.D.P. de Angol… a modo de protesta por suspensión de visitas con motivo del proceso eleccionario”.

Agregó “Desconocemos en qué condiciones se encuentran nuestros funcionarios”.

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Llaitul fue detenido y enviado a la cárcel de Quillota el 28 de abril de 1988, cuando era estudiante universitario, en la cárcel permaneció incomunicado durante 10 días y sometido a torturas por agentes de la disuelta CNI.

El fallo que rechazó en recurso de casación señala “El recurso de casación por el motivo reseñado en el considerando anterior deberá ineludiblemente ser desechado, toda vez que basta únicamente leer el fallo objetado, específicamente el fundamento Décimo Séptimo, para resolver que no incurre en el vicio que se reclama, dado que el mismo sí contiene el razonamiento que el recurrente echa en falta, debiendo concluirse, entonces, que lo efectivamente impugnado viene a ser el hecho que la decisión adoptada por la juez a quo y los motivos jurídicos en que se apoyó tal pronunciamiento, no resultaron favorables a sus intereses, lo que por cierto, no constituye la causal de casación en que se apoya el presente arbitrio”.

De esta manera, se confirma la sentencia apelada el 32 de mayo de 2021, que condena pagar al fisco la suma de $12.000.000 a título de daño moral.

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