Ernesto Llaitul, hijo del dirigente mapuche condenado a 23 años de cárcel, ha denunciado que su padre se encuentra en un “estado crítico” debido a la huelga de hambre que mantiene desde hace más de dos meses. La preocupación es palpable, pues Llaitul, quien ya ha sufrido deterioros significativos en su salud por huelgas anteriores, podría enfrentar un desenlace fatal en cualquier momento. La familia insiste en que su traslado a la Cárcel de Temuco, donde existe un módulo especial para comuneros mapuche y donde ya se encuentra detenido su hijo Pelentaro Llaitul, es crucial para garantizar un trato más justo y respetuoso.

Este caso se enmarca en un contexto más amplio de persecución contra aquellos que se oponen abiertamente al sistema económico y político vigente en Chile. Además de Llaitul, otros líderes, incluidos mapuche y figuras políticas como Daniel Jadue, han sido sometidos a procesos judiciales como parte de una estrategia del gobierno de Boric para neutralizar voces disidentes. En lugar de buscar soluciones a los problemas estructurales que enfrenta el país, la administración Boric ha optado por una vía punitiva que revive prácticas de represión y control social, similares a las de anteriores gobiernos.

La familia de Llaitul y diversas organizaciones sociales han alzado la voz para denunciar lo que consideran un trato inhumano y una violación de los derechos fundamentales de los presos políticos mapuche. La exigencia de un traslado a la Cárcel de Temuco no es solo una cuestión de cercanía familiar, sino una demanda de respeto a la identidad cultural y a los derechos básicos que deben ser garantizados para todos los ciudadanos, independientemente de sus convicciones políticas o su origen étnico.

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Llaitul fue detenido y enviado a la cárcel de Quillota el 28 de abril de 1988, cuando era estudiante universitario, en la cárcel permaneció incomunicado durante 10 días y sometido a torturas por agentes de la disuelta CNI.

El fallo que rechazó en recurso de casación señala “El recurso de casación por el motivo reseñado en el considerando anterior deberá ineludiblemente ser desechado, toda vez que basta únicamente leer el fallo objetado, específicamente el fundamento Décimo Séptimo, para resolver que no incurre en el vicio que se reclama, dado que el mismo sí contiene el razonamiento que el recurrente echa en falta, debiendo concluirse, entonces, que lo efectivamente impugnado viene a ser el hecho que la decisión adoptada por la juez a quo y los motivos jurídicos en que se apoyó tal pronunciamiento, no resultaron favorables a sus intereses, lo que por cierto, no constituye la causal de casación en que se apoya el presente arbitrio”.

De esta manera, se confirma la sentencia apelada el 32 de mayo de 2021, que condena pagar al fisco la suma de $12.000.000 a título de daño moral.

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