Entre las acciones más cuestionadas se encuentra la declaración del estado de excepción en siete provincias y dos municipios, la reubicación arbitraria de recintos electorales, y la exclusión del derecho a voto de ciudadanos ecuatorianos residentes en el extranjero, en particular en Venezuela. Estas decisiones, adoptadas de manera unilateral por el gobierno, han sido una estrategia para reducir la participación ciudadana y consolidar un proyecto autoritario alineado con los intereses de Estados Unidos.

A esta situación se suman denuncias graves por parte de la candidata presidencial Luisa González, quien ha afirmado que el proceso estuvo viciado por irregularidades como la publicación de actas sin las firmas correspondientes, lo que impide verificar la validez de los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La candidata ha solicitado formalmente la apertura de las urnas y un nuevo conteo de votos con garantías de transparencia.

Frente a este escenario, organizaciones internacionales han comenzado a emitir pronunciamientos de rechazo. Una de ellas es el Capítulo Chile de la Internacional Antifascista, que ha expresado su preocupación por lo que considera un golpe a la voluntad popular ecuatoriana .

A continuación, parte de su declaración:

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Musk, quien es codirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), retuiteó una publicación que revelaba que USAID invirtió 53 millones de dólares en la organización EcoHealth Alliance, la cual habría utilizado esos fondos para investigar las funciones del COVID-19 en un laboratorio de Wuhan, China. El empresario afirmó que este financiamiento estaba vinculado a la creación y propagación del virus, lo que ha reavivado las teorías sobre el origen del coronavirus.

Además, Musk aseguró que USAID ha sobornado a medios de comunicación para ocultar estas actividades o desacreditar a quienes las denuncian. “USAID es una organización criminal. Es hora de que muera”, declaró el fundador de Tesla y SpaceX en su plataforma X (antes Twitter), donde también afirmó que el organismo está involucrado en la producción de heroína en Afganistán y en la organización de golpes de Estado en países como Haití, Ucrania y Egipto.

Como consecuencia de estas acusaciones, la cuenta oficial de USAID en X fue eliminada, lo que ha generado aún más controversia. Por su parte, el DOGE ha iniciado una inspección contra la agencia, a pesar de los intentos de USAID por evitar la investigación alegando falta de autorización. Sin embargo, el DOGE logró acceder a material clasificado, incluyendo informes de inteligencia que podrían respaldar las acusaciones de Musk.

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Los intentos y golpes de estado han seguido en América Latina y detrás de ellos los mismos de siempre: la oposición de derecha, la oligarquía, las corporaciones, los militares, y los Estados Unidos que siguen defendiendo sus intereses e impidiendo que hayan transformaciones sociales que beneficien a nuestros pueblos.

La BBC tituló en junio pasado que Bolivia era  «el país con más intentos de golpe de Estado» desde 1950 esto en el contexto de los hechos sucedidos el 26 de junio de este año en que un grupo de militares irrumpieron en la sede de gobierno, ubicada en la Plaza Murillo, con la intención de derrocar a Luis Arce y tomarse el poder.

La intentona golpista fue encabezada por el comandante general del ejército boliviano, Juan José Zúñiga Macías, quien días antes había señalado que Evo Morales “no puede ser más presidente de este país” y que “llegado el caso no permitiría que pisotee la Constitución”. Así mismo dijo que las Fuerzas Armadas son “el brazo armado del pueblo, el brazo armado de la patria”. Durante la intentona dijo también que pretendía restaurar la democracia y que al ejército no le faltan cojones.

El intento de golpe de Estado fracasó como es conocido y los responsables están detenidos. La intentona golpista a diferencia del golpe de Estado de 2019 en Bolivia, en esta ocasión los sublevados no contaron con el apoyo de todas las Fuerzas Armadas ni había un escenario favorable para sus expectativas.

Recordemos que el 2019, el Comandante del Ejército de entonces, Williams Kaliman, graduado de la Escuela de las Américas, le exigió la renuncia a Evo Morales en un contexto de violencia y desestabilización creado con acusaciones falsas de fraude electoral.

Lo cierto es que dentro de las Fuerzas Armadas bolivianas, se sigue evidenciando que hay militares adeptos al pasado y a la Doctrina de la Seguridad Nacional, inoculada por los Estados Unidos a las tropas de América Latina. Es muy posible que en el futuro veamos otros intentos de golpes de Estado si no se toman las medidas del caso y si no se fortalece y se cuida la unidad del Movimiento al Socialismo (MAS).

En Venezuela, luego de las elecciones a la presidencia del 28 de julio pasado, el gobierno ha denunciado que está en proceso un intento de golpe de Estado por parte de la oposición que encabeza María Corina Machado quienes nuevamente no han reconocido los resultados electorales como ha sucedido una y otra vez en el pasado. Mientras se acusa que en Venezuela hay una dictadura, han participado de diversos procesos electorales anteriores. Por ejemplo, en el 2021 la oposición ganó 3 gobernaciones y 59 alcaldías en Venezuela y pueden operar legalmente los partidos de oposición como presentar sus candidatos en los diversos procesos electorales.

En Venezuela, como sabemos, no sería la primera vez que se intenta por la fuerza derrotar al gobierno bolivariano. El 11 de abril de 2002,  asaltaron el poder pero fracasaron a los pocos días.

En la última década el sector más reaccionario de la oposición venezolana ha seguido sus intentos de derrocar al gobierno con protestas violentas, guarimbas, ingreso de mercenarios, atentados terroristas a la infraestructura estatal, y hasta con el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la derecha venezolana no ha logrado ni derrotar al gobierno ni contar con el apoyo masivo de la población para alcanzar el poder.

Así mismo, las más de 900 sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela, el estrangulamiento económico, la guerra híbrida sostenida en el tiempo contra este país, incluyendo el financiamiento de la oposición y de las acciones violentas, han sido un elemento considerable que han desarrollado con el fin de “crear un clima” necesario en Venezuela (como lo hicieron contra el gobierno de Salvador Allende en Chile en los setenta) para el estallido social el que, sin embargo, no les ha funcionado por la unidad, conciencia y politización en las Fuerzas Armadas y de un sector importante de la sociedad venezolana que sigue manteniendo y votando a favor de la continuidad de la revolución bolivariana.

Recordemos, para nuestra  buena memoria, los intentos y golpes de Estado que se han producido en América Latina en las últimas décadas:

En Venezuela, el 12 de abril del 2002, la oposición, con apoyo de militares, consumó un golpe de estado sacando por la fuerza al Presidente Hugo Chávez. Entre los involucrados figuraban el general Efraín Vásquez y el general Ramírez Poveda, graduados de la Escuela de las Américas. Fue un intento de golpe de estado cívico-militar que duró aproximadamente 48 horas y fracasó.

En Haití, el 29 de febrero de 2004, el presidente electo de Haití, Jean-Bertrand Aristide, fue secuestrado por un comando de Fuerzas Especiales estadounidenses con el apoyo de Francia. Ante la opinión pública, se dijo que Aristide había renunciado voluntariamente.

En Honduras, el 28 de junio de 2009, fue secuestrado el presidente Manuel Zelaya y enviado a Costa Rica. Entre los responsables del golpe figuraron el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, y el  jefe de la Fuerza Aérea, general Luis Prince Suazo, ambos graduados de la Escuela de las Américas. El golpe de estado fue cívico-militar, avalado por el Congreso de Honduras con una mayoría de derecha.

En Ecuador, el 30 de septiembre de 2010, se secuestró por algunas horas al presidente Rafael Correa en un intento de golpe de Estado. Si bien es cierto que el intento fracasó EEUU, la USAID, y sus otras agencias, siguieron realizando esfuerzos para generar desestabilización social contra el gobierno popular y revertir lo avanzado. Finalmente, lograron que se procesara judicialmente a Rafael Correa para que no volviera a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales futuras y que actualmente Ecuador sea uno de los países con mayor asistencia militar de los EEUU.

En Paraguay, el 22 de junio de 2012, el Senado realizó un juicio “exprés” al Presidente Fernando Lugo y lo destituyó del cargo bajo el argumento que era responsable de los enfrentamientos entre campesinos y policías en Curuguaty el que tuvo un saldo de diecisiete personas muertas. De acuerdo a investigaciones posteriores se conoció que quien dio la orden fue Paulino Rojas, comandante de la Policía Nacional de Paraguay, entrenado en el FBI, quien tenía fuertes vínculos con la USAID. Se creó un escenario, se aprovechó, y se destituyó sin poder defenderse a un presidente elegido democráticamente.

En Brasil, el 31 de Agosto 2016, luego de un “Impeachment”, el Senado de Brasil destituyó formalmente a la Presidenta Dilma Rousseff, por 61 votos contra 20, por supuestos “crímenes de responsabilidad”. Tres años antes, en septiembre de 2013, asumiría la embajada de EEUU en Brasil Liliana Ayalde quien fuera embajadora en Paraguay cuando el Senado también realizó un “Impeachment” a Fernando Lugo que lo destituyó. La presidenta Dilma Rousseff dijo entonces: “En el pasado con las armas, y hoy con la retórica jurídica, nuevamente pretenden atentar contra la Democracia y contra el Estado de Derecho”.

En Bolivia, 10 Noviembre 2019, mediante la denuncia de un fraude electoral y la creación de un clima de violencia social (como hemos visto en Venezuela) se logró destituir al presidente Evo Morales. Estados Unidos reconoció de inmediato a Jeanine Áñez, una senadora de derecha, que asumió la presidencia.

En una declaración de entonces SOA Watch señaló que:

“Al menos 6 graduados de la Escuela de las Américas y/o del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (SOA/WHINSEC) jugaron un papel en el golpe de Estado en Bolivia. Partiendo por el graduado de SOA/WHINSEC, el general Kaliman, quien recibió entrenamiento, el 2003 y 2004, tomando el curso de “Comando y Estado Mayor” en Fort Benning, Estados Unidos”.

“El entrenamiento en SOA/WHINSEC de futuros jefes militares es precisamente para establecer una relación de Estados Unidos con oficiales militares de alto rango para alcanzar los objetivos de Estados Unidos, como dijo el Comandante de WHINSEC, recientemente, “las relaciones que construyeron aquí” y “les ayuda a hacer las cosas””.

En Haití, el 17 de julio de 2021, asesinan al presidente de Haití, Jovenel Moïse, entre los involucrados varios de los mercenarios son colombianos, ex militares, quienes habían recibido anteriormente entrenamiento en la Escuela de las Américas del ejército de los EEUU.

En Perú, el 7 de diciembre de 2022, el presidente Pedro Castillo anunció que disolvería el Congreso de la República y llamaría a elecciones parlamentarias. Sin embargo, fue destituido por “incapacidad moral” y acusado de golpe de Estado por el mismo Congreso que el mismo día tenía contemplado votar su salida. Muchos consideran que fue Castillo quien sufrió un golpe de Estado ya que no lo dejaron gobernar e igualmente lo iban a destituir. Cabe recordar que el 2019 el presidente de entonces Martín Vizcarra tomó la misma medida, disolvió el Congreso peruano, sin que fuera acusado de golpista. A diferencia de Castillo, Viscarra era de la élite y contó con el pleno respaldo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Actualmente, Castillo sigue prisionero y Dina Boluarte, quien lo reemplazó, sigue en el poder sin haber realizado elecciones presidenciales hasta el momento. Estados Unidos tiene una fuerte presencia militar en Perú.

En Brasil, 8 de enero de 2023, un grupo numeroso de manifestantes de derecha intentan tomarse el palacio de Planalto donde funcionan los tres poderes del Estado brasileño en apoyo a Jair Bolsonaro quien no reconoció su derrota en las elecciones. Si bien es cierto que durante los ataques Bolsonaro se encontraba en EEUU una investigación policial lo sitúa previamente en múltiples reuniones con asesores y militares para discutir la posibilidad de un golpe. Recordemos que bajo el gobierno de Bolsonaro aumentaron las relaciones militares con los EEUU las que se han mantenido hasta el presente lo que representa un peligro para la democracia brasileña.

El entrenamiento militar de EEUU a tropas de América Latina como el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), entre otras, a ONG, partidos políticos, grupos de oposición, y la prensa hegemónica, constituyen instrumentos para que EEUU instale su agenda, pueda desestabilizar a gobiernos progresistas y llegado el caso pueda incluso apoyar e instigar golpes de Estado en América Latina.

Adicionalmente, la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) de los EEUU, que funciona en El Salvador, y donde se forman a policías, fiscales y jueces de América Latina constituye un instrumento para la guerra jurídica o lawfare para procesar, judicializar, y criminalizar a líderes sociales y presidentes progresistas de todo nuestro continente con el objetivo de sacarlos del camino y recuperar su status quo neoliberal.

Como hemos visto, los intentos y golpes de estado han seguido en América Latina y detrás de ellos los mismos de siempre: la oposición de derecha, la oligarquía, las corporaciones, los militares, y los Estados Unidos que siguen defendiendo sus intereses e impidiendo que hayan transformaciones sociales que beneficien a nuestros pueblos.

*Pablo Ruiz Espinoza Periodista, pertenece al Observatorio de la Escuela de las Américas en Chile, organización que hace seguimiento a los temas de la militarización. Es parte también de la Revista El Derecho de Vivir en Paz.

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REF.:  INMINENTE AMENAZA DE GOLPE DE ESTADO EN COLOMBIA

Como sociedad civil colombiana nos vemos en la imperiosa necesidad de dirigirnos a ustedes, ciudadanos del mundo, gobiernos, congresistas, corporaciones internacionales, organizaciones internacionales de derechos humanos, partidos políticos, sindicalistas y demás, para alertar y expresar nuestra profunda preocupación, por la persecución política desatada en contra de nuestro gobierno y del presidente, nominado a premio Nobel de Paz: Gustavo Petro.

Nuestro presidente fue elegido democráticamente con la máxima votación alcanzada en la historia de Colombia: más de 11.000.000 de votos.

Desde la posesión del presidente Petro, varios funcionarios y entes de control están perpetrando una estrategia de desestabilización del gobierno, extralimitándose en sus funciones y actuando en un falso rol de jefes de oposición, desconociendo la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.

Esta misma estrategia se usó cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá lo que lo obligó a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual dictó fallo a su favor.

Ante esta grave situación, los Colombianos, sentimos la responsabilidad de alzar nuestra voz ante las acciones irresponsables y corruptas que están socavando los cimientos de nuestra democracia.

La Fiscalía General de la Nación dirigida por Francisco Barbosa y la Vicefiscal Martha Mancera y la Procuraduría General de la Nación encabezada por Margarita Cabello están atentando contra la institucionalidad, el Estado de derecho e instigando a las Fuerzas Armadas a no respetar el mandato del Presidente Petro.

Hoy, las Altas cortes de Justicia: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Nacional Electoral han estado expidiendo fallos en contra de la ciudadanía, de decretos que expide el gobierno para impedir restablecer los derechos nuestras comunidades que han sido abandonadas por más de 200 años. Así mismo, han impuesto sanciones a nuestros congresistas, senadores y alcaldes elegidos democráticamente hasta impedirles ejercer sus funciones y retirarlos del cargo. Hay una persecución sistemática al Canciller, ministros, congresistas, sindicatos, organizaciones campesinas y líderes sociales.

La Corte Suprema de Justicia quiere perpetrar una ruptura institucional en la elección de Fiscal General de la Nación violando el debido proceso, nuestros derechos fundamentales e incumpliendo la Constitución.

Varios periodistas respetables y funcionarios honorables, han denunciado con pruebas, una red de corrupción liderada por el Fiscal Barbosa, la vicefiscal Mancera y la procuradora Margarita Cabello.

La Fiscalía, las Altas cortes y los organismos de control, no cumplieron con su misión sino que se dejaron permear por una red de narcotráfico y corrupción.

Los últimos informes muestran que en Colombia hay un 94% de impunidad, además de documentar que estos organismos se transformaron en agentes de persecución política.

Expresamos nuestro respaldo incondicional a los esfuerzos que viene realizando nuestro presidente Gustavo Petro por conseguir LA PAZT OTAL, la cual es posible a través de reformas estructurales socioeconómicas que propuso en su campaña y que el pueblo respalda.

Hacemos un llamado a toda la comunidad internacional para que se solidarice con Colombia en su lucha por la justicia, la transparencia y la democracia y que la OEA apruebe lo antes posible, una Comisión internacional de justicia.

PETICIONES

Solicitamos a los Gobiernos internacionales, Departamento de Estado Americano, Parlamento europeo y demás países

1. Solicitar a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con el deber constitucional de elegir nueva Fiscal General de la Nación sin dilaciones.
2. No reconocer a Martha Mancera como Fiscal Encargada o sustituta.
3. Suspender las VISAS de los funcionarios y promotores de este intento de golpe de Estado.
4. Solicitar a estas corporaciones restablecer los derechos de los funcionarios suspendidos y sancionados ilegalmente
5. Suspender cualquier ayuda a todas las Instituciones mencionadas y dirigidas por corruptos
6. Congelar todas las cuentas bancarias en el exterior de todos los funcionarios de las Instituciones mencionadas hasta que se investigue de dónde provienen sus dineros.

Firmemente,

EL PUEBLO DE COLOMBIA

CONSTITUYENTE PRIMARIO Y ORGANIZACIONES:

A.C.M, Agenda Internacional de Paz Londres, Alianza Social Independencia, Ambiente Diverso, Aprodic Cartagena, Asociación Animalista Libera, Asociación de Consejos Comunitarios y organizaciones Étnico territorial del Bajo Atrato ASCOBA., Asociación de Juntas de Acción Comunal Corregimiento de La Marcada, Dosquebradas, Risaralda, Asociación de Mujeres Afrocolombianas Emprendedoras, ASOMAMIWATA., Asociación de organizaciones campesinas y populares de Colombia “El Común”, Asociación de Teólogos y Teólogas Amerindia, capitulo Colombia, Asociación LGBTI ASISOMOS de Puerto Asís -Putumayo, Asociación Lgtbi Amazonas Sin Fronteras; Asociación Mujeres y Paz – Pasto -Nariño, Asociación Mutual abril San Damián – Diversidad, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia ANUC, Asociación Regional de Mujeres del Oriente Antioqueño AMOR, Asociación Sembrando Semillas de Paz, Buenavibra por la paz, Campaña Paz Completa, Campaña Plántate en Si a La Paz UTRADEC-CGT, Casa de la Mujer, Cátedra Paulo Freire, Universidad Pedagógica Nacional,,Centro de Acciones Integrales para la Mujer,Centro de Estudios Urbano Pastorales, Centro de Estudios y Revista Nueva Gaceta, Círculos Ecuménicos por la Paz, Coalición Transgénero, Codhes,Colectiva Feministas Emanciatorias, Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, Premio Nacional de Paz 2003, Colectivo de mujeres – Malu, Colectivo León Zuleta, Colectivo León Zuleta Cartagena, Colectivo León Zuleta de Cúcuta,Colectivo León Zuleta de Ibagué, Colectivo León Zuleta de Tuluá, Colectivo León Zuleta de Villavicencio, Colectivos de Comunicaciones de 11 municipios del Occidente Antioqueño, Coljusticia, Colombia en Pau, Colombia Somos Todos y Todas, Colombianos en el exterior, Combito LGBTI, Comisión Claretiana de Justicia, paz e integración con la Creación., Comisión Política Confecomunal, Comisiones Ciudadanas De reconciliación y paz de Arauca, Comisiones ciudadanas de Reconciliación y Paz., Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Seccional Antioquia, Comité Regional de Planeación participativa del Magdalena Medio, Community Network, COMOSOC, Común Acuerdo, Comunales por el Sí, Comunitar, Conectados Con La Paz, Confederación Nacional de Acción Comunal, Conferencia de religiosos de Colombia, Conferencia Nacional de Organizaciones Afro Colombiana, confluencia LGBTI Cartago, Confluencia LGBTI de Zarzal, Conciencia Animal UNIANDINA, Consejo comunitario del San Juan ACADESAN, Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia, Consec, Consejo Provincial de Paz del Oriente Antioqueño, Consuelo Malatesta, Coordinación de Consejos, Comunitarios y Organizaciones de Base de la Costa Pacífica en Cauca COCOCAUCA, Coordinación Regional del Pacífico , Organizaciones Étnico Territoriales y las Diócesis del Pacífico, Corporación Universo LGBTI, Corporación     ÁGORA   Club    (Pasto),    Corporación    Caleido           de Ansermanuevo, Corporación Caribe Afirmativo, Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana, Corporación Ciase, Corporación Colectivo Consciente, Corporación Colombia Somos Todos y Todas capítulo Meta y Jamundí Valle del Cauca., Corporación Conciudadanía, Corporación Corpo Colombia-verde, Corporación CSOMIANCOL, Corporación Humanas, Corporación Jurídica Libertad., Corporación Ocasa, Corporación Otra Escuela, Corporación Otra Escuela – Luis Benítez,, Corporación Podion, Corporación por el Desarrollo de la Provincia de Vélez, Corporación Red Somos Corporación Región, Corporación Reiniciar Tolima, Corporación Simbiosis, Corporación Somos,Corporación Vihda Nueva Bucaramanga, Corporación Viva La Ciudadanía, Cumbre Nacional de Mujeres de Paz: Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia ANMUCIC, Casa de la Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres, Red Nacional de Mujeres, Mujeres por la Paz,, Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad, Grupo de Seguimiento de la Resolución 1325,, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA y Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz –IMP, CUT, Discapacidad LGBT Palmira Valle, Ego City -Medellín, EnClave de Paz, Endémica Studios, ENS, Equipo Multisectorial de Planeación Participativa de Barrancabermeja, Familia Franciscana de Colombia, FAONG – Federación Antioqueña de ONG,Federación de Acción Comunal de Risaralda, Florida Diversa – Valle del Cauca, Foro Internacional de paz, Fundación Ágora Valle, Fundación Amcodesh., Fundación Arenosa Vive, Fundación Caquetá Diversa, Fundación Caracolas de Paz de Nariño y Putumayo, Fundación Ceprod, Fundación Colectivo Red Diversa, Fundación Franz Weber, Fundación Fundescodes Buenaventura., Fundación Fundexco, Fundación Glaris, Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, GAAT, Fundación Juan Manuel Bermudez Nieto, Fundación Matices ValleduparCésar, Fundación Mencoldes, Fundación Picachos, Fundación Plataformas de Pereira, Fundación Propaís Colombia, Fundación Proyecto Gente, Fundación Proyecto Gente, Fundación Rainbow Diverso, Fundación Realpe, Fundación Social Colombiana CedaVida, Fundación Trinity Church, Fundación Tuluá Diversa, Fundación Vida Digna, Fundimur, Gempaz, Gestapaz Barcelona., Grupo de Animadoras de apoyo psicosocial de 11 municipios del Occidente Antioqueño, Grupo de Apoyo y de Estudios de la Diversidad de la Sexualidad de la Universidad Nacional (Gands UN), Grupo de Ciudadanos-as #ConElPoderDeLaGente, Grupo de mamás lesbianas, Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz, Grupo Líderes Educando a través de Líderes en Acción, Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad, Ideas para Gobernar, Iglesia anglicana de las américas, ILSA, Juventud Patriótica del Partido del Trabajo de Colombia,, JUPA – PTC, Kinorama producciones, Lesbiápolis, LGBTI por la Paz Maestría en Planeación para el Desarrollo, Universidad, Santo Tomás, Mesa de participación Ciudadana LGBT de Tuluá, Mesa de trabajo LGBT de Bogotá, Mesa de Víctimas Florida Valle, Mesa Departamental de Víctimas del conflicto armado de, Antioquia-sociedad civil-,, Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctima, Mesa Ecuménica por la Paz, Mesa LGBTI Comuna 8 de Medellín, Mesa LGBTI de Barranquilla, Mesa LGBTI de Nariño, Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales, Mesa Sucreña por la paz, Minga Casa Gestante – Choachí, Cundinamarca, Mom Paz – Pradera -Valle, MOSODIC, Movice, Movimiento defensa del territorio Cauca Medio, Movimiento Nacional Colombia Renace Movimiento por la Vida, Mujer Paz Pan y Vida de Barrancabermeja, Mujeres por la Paz, Observatorio para la paz, ONIC, Organizaciones del Consejo Participativo LGBTI de Pasto y Nariño, Orgullo LGBT Colombia, Padres obreros del espíritu santo O.E.S de la iglesia anglicana de las américas, PARCES ONG, Partido Comunista Área de Diversidad Sexual y de Géneros, Partido del Trabajo de Colombia – PTC, Pastoral indígena Diócesis de Quibdó., Pastoral indígena Diócesis de Tumaco., Pastoral Social del Vicariato Apostólicos de Guapi., Pastoral social Diócesis de Palmira., Pastoral social Diócesis de Tumaco.,Pastoral social Diócesis Quibdó., Pax Christi Medellín, Paz a la Calle, PasA La Calle BCN, Pensamiento y Acción Social, PAS, Plataforma ALTO, Presbiteras Católicas, Programa Radial Tráfico Diverso, Promueve Tu Ciudad, Proyecto Ágora Joven- Nariño, Puentes para la Paz, Red Caribe por la Paz, Red de mujeres de Caldono, Red de Mujeres del Caribe, Red de Programas de Desarrollo y Paz, Redprodepaz, Red Interuniversitaria por la Diversidad de Identidades Sexuales, Red Nacional de Mujeres, Red Nacional en Democracia y Paz, Redepaz, Redes locales de Paz y reconciliación de 11 municipios del Occidente, REDLAD Colombia, Rodeemos el Diálogo ReD, Santamaría Fundación, Santander por Naturaleza Nodo Cuenca Río Fonce, Sector Diversidades Marcha Patriótica, Sembrando Paz, Si Ambiental, Si Conservador por La Paz igual, Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, SUNET, Sisma, SUMA CGT, TIC4GOOD, Tráfico Diverso, Transescena, Tunja Ambiente Diverso, Twiggi Fundación, Un Millón de Mujeres de Paz, UNA – Unidad Nacional Agropecuaria, UNEB – Unión Nacional de Empleados Bancarios, Uniandinos por la Paz, Vamos por los derechos LGBTI, Veeduría ciudadana al plan de desarrollo de Medellín, Visión Pacífica, Voces de paz ORGANIZACIONES

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“El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”, denunció la OEA en su comunicado, en el que llamó a los poderes del Estado en Guatemala a defender la institucionalidad.

El pronunciamiento de la OEA llega tras una rueda de prensa en la que el Ministerio Público de Guatemala afirmó que ciertas actas electorales de los recientes comicios son “nulas”, y anunció que solicitó un antejuicio para retirar la inmunidad del presidente electo, actual jefe de bancada del partido Movimiento Semilla.

“La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos condena el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala”, enfatizó el mecanismo regional a propósito de los anuncios hechos ante la prensa por los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales.

Para la OEA, las acciones de Curruchiche y Morales constituyen “una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los derechos humanos de la población de su país”.

“Hacemos un llamado al presidente Alejandro Giammattei, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso a defender las instituciones y el orden constitucional del país tomando acciones contra los perpetradores de este atentado en orden de preservar la Democracia en Guatemala”, concluye.

El Ministerio Público ha allanado en cinco oportunidades las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el 30 de septiembre pasado se llevaron las actas originales con los resultados de las elecciones generales del 25 de junio, que desde entonces están en manos de la fiscalía.

En respuesta, movimientos sociales y originarios realizaron manifestaciones a nivel nacional reclamando la renuncia de Curruchiche y de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quienes acusan de intentar violentar la voluntad popular expresada en las urnas.

Tras la conferencia del Ministerio Público, el TSE informó no ha sido notificado de manera oficial sobre la investigación de la fiscalía y afirmó que no hay manera de repetir las elecciones.

La magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, dijo en conferencia de prensa que los resultados “están validados, oficializados y son inalterables”. 

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La querella, presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago, señala a Kissinger ya la CIA, junto con Pablo Rodríguez Grez, líder de la organización terrorista Patria y Libertad, y otros implicados en la planificación. , organización y ejecución de los golpes de Estado mencionados. También se mencionan a los ex diputados de la República de Chile que votaron a favor de la declaración de inconstitucionalidad del gobierno de Salvador Allende el 22 de agosto de 1973, lo que desencadenó actos de sedición en las Fuerzas Armadas chilenas.

La querella no se limita a estas figuras, ya que también apunta a los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Chile que, según la acusación, llevaron a cabo dos golpes de Estado, en octubre de 1970 y septiembre de 1973, con la intención de exterminar a los militantes de los partidos políticos que formaban parte de la Unidad Popular y a los simpatizantes del gobierno de Allende. La querella busca que todos los involucrados sean condenados según lo establecido la ley.

Hugo Gutiérrez, conocido por su compromiso con los derechos humanos y la justicia, destacó la importancia de este paso en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de aquellos eventos traumáticos. Gutiérrez afirmó que esta querella es un intento de responsabilizar a quienes fueron parte de una maquinaria que dejó cicatrices indelebles en la sociedad chilena y que, hasta hoy, continúan afectando a muchas personas.

Las organizaciones de derechos humanos que convocaron a esta presentación de querella esperan que el proceso legal arroje luz sobre los acontecimientos ocurridos hace 50 años, que permita a las víctimas y sus familias obtener la reparación que merecen. Esta querella representa un paso más en el camino hacia la justicia y la rendición de cuentas en un capítulo doloroso de la historia de Chile.

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Víctor Hugo Robles, conocido como “El Che de los Gays” y reconocido dirigente social de la diversidad sexual en Chile, hizo fuertes acusaciones contra el gobierno de Gabriel Boric y, en particular, contra el Partido Comunista, afirmando que fueron responsables de una represión inusualmente intensa contra los manifestantes.

La represión vivida este año fue masiva y superior a la de años anteriores en las mismas fechas. Además, los medios de comunicacion oficiales, previamente llevaron a cabo una campaña de demonización del 11 de septiembre, intimidaron a la ciudadanía con posibles actos de violencia, lo que genera temor en la población, agregemos la suspensión de clases en Santiago y Providencia por parte del Minnisterio de Educación, creando una atmósfera de desconfianza similar a la desinformación promovida por gobiernos de derecha en el pasado.

En su cuenta de Twitter, Robles escribió: “Hago responsable al gobierno de Gabriel Boric, al Ministerio del Interior, a la Ministra Carolina Toha y a partidarios de este gobierno, muy especialmente al Partido Comunista de Chile, que ha complicitado para enviar represión al pueblo movilizado”.

En otro tuit, Robles expresó su descontento con la participación de Boric en la romería al Cementerio General, mientras que, según él, ordenaba la represión del pueblo movilizado. Afirmó que esta acción del presidente fue percibida como una “falsa puesta en escena”.

Los organizadores de la marcha calcularon que más de 60,000 manifestantes participaron en la conmemoración.

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Desde las primeras horas de la mañana, un imponente despliegue policial estableció un cerco que solo permitía el acceso a un grupo de personas y agrupaciones que contaban con la “credencial” emitida por las autoridades.

Esta medida, que buscaba controlar el flujo de manifestantes, no fue bien recibida por quienes habían acudido con la intención de sumarse a la manifestación. La decisión generó un fuerte sentimiento de indignación entre los ciudadanos que se sintieron excluidos de la marcha.

La situación se tornó aún más tensa cuando manifestantes que intentaron unirse a la marcha fueron reprimidos por Carabineros sin una justificación aparente. Varias detenciones se llevaron a cabo durante el enfrentamiento, lo que intensificó la protesta y el repudio a la actuación policial.

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Mediante el Decreto 455, que será publicado en el Boletín Oficial, se revoca el derecho de Pinochet y sus herederos a usar las insignias de la Orden de Mayo al Mérito Militar y la Orden de Mayo al Mérito, ambas en el grado de Gran Cruz, así como las insignias del Collar de la Orden del Libertador San Martín.

Pinochet había recibido la Orden de Mayo al Mérito Militar en 1975, durante el gobierno de Isabel Perón. La relación bilateral se mantuvo, incluso después de la muerte de Juan Domingo Perón. La Orden del Libertador San Martín le fue conferida en 1978 por Jorge Rafael Videla, en medio de las tensiones por la cuestión del Beagle.

En 1993, Pinochet recibió su segunda Orden de Mayo al Mérito del gobierno de Carlos Menem, lo que generó controversia y repudio internacional debido a su rol en la dictadura chilena.

El decreto presidencial destaca que el 11 de septiembre de 2023 se cumplen cincuenta años del golpe militar liderado por Pinochet en Chile, que interrumpió el orden constitucional y llevó al poder de facto durante más de 15 años.

La decisión del presidente Fernández se basa en el reconocimiento de que Pinochet no merece la gratitud argentina debido a su accionar político que avasalló la vida y degradó la condición humana, siendo incompatible con los valores y principios de los próceres argentinos.

La medida subraya la importancia de la verdad, la justicia y la memoria como pilares para la construcción del orden democrático en Argentina y la lucha contra el negacionismo y la impunidad. También hace referencia a las acciones reivindicatorias de la dictadura por parte de ciertos sectores políticos.

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