Durante los días 17, 18 y 19 de octubre las organizaciones y. movimientos sociales de la Unidad de movimientos sociales que agrupan a más de 90 organizaciones sociales y populares conmemoraron 5 años de la Revuelta social conocida como estallido social, reivindicando las demandas sociales, económicas, políticas y de cambio constitucional que expresó la Mesa de Unidad Social durante la revuelta popular y las movilizaciones ciudadanas ocurridas durante los meses de octubre y noviembre de 2019.
La exigencia del cambio del modelo neoliberal de abusos y de desigualdad y la exigencia de tener una nueva Constitución nacida de la elección democrática de una Asamblea Constituyente electa por la soberanía popular.

El jueves 17 de octubre en un acto de reivindicación de la Revuelta Social por justicia, Verdad, reparación y no repetición denunciaron las graves violaciones a los derechos humanos perpetrada por agentes del Estado durante el estallido social y en la gran mayoría de los casos ellos han quedado en impunidad hasta hoy.
El viernes 18 las organizaciones llamaron a marchar unidas y a acudir hacia la Plaza de la Dignidad para manifestar de manera simbólica el respaldo a los grandes valores de la solidaridad social, de la justicia redistributiva y de las defensa de la soberanía y de la democracia participativa ante la democracia restringida meramente formal.

Los asistentes también expresaron su solidaridad con todos.los pueblos que luchan por su autodeterminación y soberanía y expresaron su respaldo al pueblo palestino que resiste ante la ocupación Colonial de su territorio y el genocidio que perpetra el gobierno ultraderechista de Israel de Netanyahu.

Finalmente más de 100 organizaciones sociales suscribieron una declaración conjunta unitaria reivindicando la revuelta social titulada “a 5 años del estadillo social nuestras demandas siguen y nuestro compromiso por un Chile justo” la declaración será dada a conocer en conferencia de prensa el sábado 19 de octubre 2024 al medio día en la sede de la CONFUSAM en el marco del Encuentro “Conmemoración a 5 Años de la Revuelta social y Popular” el que contará con foros paneles con la participación de dirigentes sindicales, de organizaciones de derechos humanos, medio ambientales, de pobladores, feministas y plataformas de organizaciones como Chile Mejor Sin TLC, entre otros.

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El proyecto busca recopilar diferentes formas de expresión artística y literaria que den cuenta del profundo impacto que tuvo la movilización social en el país. Según indican los impulsores de la antología, “Queremos compartir nuestros cuentos, poemas, ensayos, dibujos, sobre cómo vivimos la Revuelta Social del 2019.” 

La historia de este proceso no solo se cuenta en los medios, sino también a través de las voces de quienes lo vivieron directamente, en las calles, en sus casas, en la cotidianidad. Los interesados pueden enviar sus contribuciones al correo antologiacomewawas@gmail.com, para construir un relato plural y diverso que capture la esencia de la lucha por una sociedad más justa y equitativa.

Esta iniciativa representa una oportunidad única para quienes sienten que el Estallido Social marcó un antes y un después en sus vidas. A través de este proyecto, las experiencias personales se convertirán en parte de un registro colectivo que busca perpetuar el espíritu de la resistencia popular.

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Nicolás Piña de  35 años Ingeniero en Prevención de Riesgos, fue sentenciado a 20 años de cárcel en base al testimonio de civiles llamados “Intramarcha”, carabineros que se infiltraron en las manifestaciones. El tribunal argumentó que estos agentes operaban bajo la figura de “agentes encubiertos”. Esta decisión ha suscitado un intenso debate sobre el uso de este tipo de pruebas en casos judiciales relacionados con las protestas.

El incumplimiento de la promesa de retirar las querellas a los presos del estallido social es un recordatorio de la necesidad de abordar adecuadamente los problemas de derechos humanos en Chile. Durante las protestas, se denunciaron numerosos abusos, desde el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad hasta detenciones arbitrarias, torturas y crímenes de lesa humanidad.

El gobierno de Boric ha sido criticado por su falta de acción en la materia. La promesa de retirar las querellas era vista como una oportunidad para corregir las injusticias del pasado y avanzar hacia la reconciliación y la justicia. Sin embargo, hasta ahora, esa promesa parece haber quedado en el olvido.

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La reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años, fue presentada en enero pasado y aprobada por el Senado de Francia el 12 de marzo.

Cuatro días después, las autoridades francesas aprobaron la reforma sin votación en la Cámara Baja del Parlamento, recurriendo al artículo 49.3 de la Constitución.

Las autoridades planean retrasar la edad de jubilación de forma gradual: tres meses al año a partir del 1 de septiembre de 2023, hasta alcanzar los 64 años en 2030.

Según el presidente francés, Emmanuel Macron, la reforma entrará en vigor tras la decisión del Consejo Constitucional.

La primera huelga de escala nacional contra la reforma tuvo lugar en Francia el 19 de enero, ese día se desarrollaron más de 200 manifestaciones. 

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Los cuerpos de dos de las víctimas encontradas entre los escombros de la fábrica Kayser -ubicada en la comuna de Renca-, al día siguiente del estallido social de 2019, serán exhumadas. Se trata de los cuerpos de Andrés Ponce y Yoshua Osorio; las diligencias se realizarán los días 1 y 2 de febrero a petición de la defensa de las familias ante la fiscalía, encargada a la abogada Alejandra Arriaza.

Las familias de las cinco personas halladas calcinadas en el lugar reclaman que nunca se esclarecieron sus muertes y que existieron graves imprecisiones en las autopsias, así como también falta de antecedentes que dilucidaran las condiciones en que habrían perdido la vida Andrés Ponce, Yoshua Osorio, Manuel Muga, Julián Pérez y Luis Salas, quienes no solo estaban calcinados por el incendio de la fábrica, sino que además presentaban impactos de bala, fracturas y otros daños atribuibles a terceros.

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Los afectados presentaron la solicitud para levantar un sitio de memoria junto a la senadora Fabiola Campillai y los diputados Andrés Giordano -que este 4 de enero dio inicio a una Comisión Investigadora del caso Kayser en la Cámara Baja- y Claudia Mix, quien emplazó al gobierno a cumplir sus compromisos en materia de DD.HH “No podemos avanzar sin hacernos cargo de violaciones a los Derechos Humanos cometidas hace solo tres años. Tenemos una deuda pendiente. El gobierno debe poner de su parte para dar respuesta no solo a estas madres, que se sienten solas, abandonadas y sin reparación. Hay un compromiso de nuestro gobierno de hacer todo lo posible, para que esto no vuelva a ocurrir. Aunque algunos quieran taparlo, todavía hay presos políticos, familias que esperan respuestas y más allá del compromiso de parlamentarios y la sociedad civil, se requiere la voluntad del gobierno. No podemos tapar el sol con un dedo”.

El diputado Giordano, aseguró que la Comisión Investigadora que encabeza “tiene todas las facultades para ampliar su rango investigativo a otros casos semejantes, porque lo ocurrido en la fábrica Kayser no sin casos aislados. Hay casos similares ocurridos en otros centros comerciales que también se quemaro y también cobraron millorarias indemnizaciones; en Santiago, Antofagasta, Maipú…Habría un modus operandi y muchos temas que esclarecer pendientes en estos casos que hasta ahora se han tratado de tapar”, indicó.

Como ejemplo de ello, la oficina de la diputada Claudia Mix, hizo entrega formal a la Comisión Investigadora de los antecedentes del caso de Maicol Yaguar, encontrado en el siniestrado supermercado Alvi de Maipú. El joven tenía 22 años y fue encontrado mutilado, sin un riñón, sin dentadura y sin extremidades, días después que bomberos ya había revisado el lugar.

El diputado Andrés Giordano, presidente de comisión investigadora lamentó: “parece que a todas luces la investigación segrega y discrimina, porque se trata de familias de una comuna como Renca, sin apellidos rimbombantes y que no han tenido las respuestas que merecen del Estado”.

Agregó que este podría ser el primer sitio de memoria por vulneración de los DDHH ocurridos posterior a la dictadura.

Por su parte, la senadora Fabiola Campillai señaló que “Para iniciar el proceso de reparación y ayudar a la comunidad. Porque en Chile no podemos permitir que la memoria se borre, los sitios de memoria son fundamentales, para dar garantías de no repetición”.

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En su primera comunicación a los medios, Prensa de la Presidencia anunció que los indultados eran Juan Bastián Olguín Rivera, Bastián Ignacio Campos Gaete, Jordano Jesús Santander Riquelme, Luis Arturo Castillo Opazo, Felipe Eduardo Santana Torres, Cristián Marcelo Cayupan Queupil, Francisco Andrés Hernández Riquelme, Sebastián Emmanuel Montenegro Coo, Claudio Anatanael Romero Domínguez, Brandon Sebastián Rojas Cornejo y Jorge Mauricio Mateluna Rojas.

Sin embargo, luego se detalló que la información era errónea, porque Castillo Opazo y Montenegro Coo no eran beneficiarios del indulto; calidad que sí tenían Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez y Matías Elías Rojas Marambio, cuyos nombres no incluía la lista oficial.

Según el citado medio, desde La Moneda señalaron que Justicia dará una versión oficial y que todos los nombres que fueron informados finalmente sí recibirán el beneficio, agregándose a Carvajal y Rojas Marambio.

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Un tribunal chileno, luego de tres años de ocurridos los hechos,  declaró culpable este lunes al militar Pedro Lavín, acusado de disparar y herir a una persona durante las manifestaciones del estallido social en 2019 en el país austral.

Se trató de un veredicto unánime el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Colina, el cual encontró culpable a Lavín acusado del delito de apremios ilegítimos calificado por el resultado de lesiones graves gravísimas, perpetrado en octubre de 2019.

De acuerdo a la sentencia, en aquella jornada, el uniformado disparó su fusil con munición de guerra a la víctima, quien se manifestaba en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Colina, ocasión en la cual la víctima cayó al suelo inconsciente.

El militar Pedro Lavín es declarado culpable del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas contra mi persona.

La víctima era Carlos Astudillo, quien actualmente se desempeña como asesor de la senadora Fabiola Campillai, otra de las víctimas de la represión al estallido social.

Los hechos quedaron al descubierto pues un testigo registró la situación en un video, que se popularizó durante los primeros días del estallido social en 2019; de hecho, en el video, se ve cómo los militares arrastraron y golpearon a su víctima, quien estaba llena de sangre y completamente inconsciente.

Estoy tan emocionado y feliz a la vez! El Tribunal de Colina declaró culpable a Pedro Lavín por los delitos de apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves gravísima. El 28/12 se dará a

Astudillo, en las vísperas del juicio, declaró “Lavín me disparó durante el estallido social y hasta el día de hoy me mantiene con una movilidad reducida, no voy a poder caminar con normalidad, una infección crónica en el fémur y una lesión vascular en mi pie derecho”.

Tras conocerse la culpabilidad de Lavín, el propio Astudillo dijo estar “tan emocionado y feliz a la vez”, a la vez que expresó “¡por fin se ha hecho justicia!”. La sentencia será dada a conocer por el tribunal el próximo 28 de diciembre.

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A lo largo de toda la jornada de protestas se han producido diversos cortes de calles y barricadas a lo largo del país, las acciones de protestas han ocurrido en Quilicura, Cerro Navia y Peñalolén, Pudahuel, Lo Espejo, Santiago Centro, Ñuñoa, Peñalolén, etc.

En regiones las protestas han sido en Valparaíso, Arica, Osorno, Valdivia, Concepción, Los Ángeles Temuco, más otras ciudades a lo largo de Chile.

Uno de los mensajes más reiterados por los manifestantes ha sido que “A tres años del estallido no hemos ganado nada”. Las exigencias han sido como en años anteriores por educación de calidad, acceso a la salud, avances en el proceso constitucional y decir no al Tratado TPP 11.

Temprano en la mañana de este 18 de octubre los mineros subcontratistas de la Federación de Trabajadores de la Minería (Fetramín) División Andina de Codelco, cortaron las rutas de ingreso a las minas.

El presidente del Sindicato Inter empresa Emilio Zárate, señaló “En este día de conmemoración del inicio de la revuelta social del 18 de octubre, nosotros también nos alzamos para levantar las demandas sociales que son parte de los trabajadores contratistas y parte de los trabajadores de todo el país. Nosotros como trabajadores somos parte de la sociedad, por lo tanto, nuestras demandas son parte de la revuelta social, de las cuales no se han resuelto al día de hoy”.

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Bustos indicó que el “balance de deudas por parte del Estado de Chile (…) en materia de verdad y justicia, tenemos una situación, un panorama, que es bastante desolador de impunidad”.

Agregó “De acuerdo a nuestra posición, se cometieron en Chile graves y generalizadas violaciones a los Derechos Humanos. Hubo 10.813 personas que denunciaron”.

Finalizó señalando que “Hasta el momento, de acuerdo a los datos del propio Ministerio Público, solo ha habido 16 condenas. Por otra parte, ningún alto mando ha sido imputado por su posible responsabilidad “.

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