En una revelación impactante, la organización de trabajadores/as Unidad Sindical ha levantado la voz para denunciar una posible complicidad de empresas inmobiliarias como responsables de los graves incendios que han asolado diversas regiones del país en los últimos días. Ante esta acusación, Unidad Sindical hace un llamado a la acción inmediata para detener lo que han denominado el “Cartel de Fuego”.

Unidad Sindical afirma en una declaración pública que “La mayoría de los incendios que están afectando gravemente a miles de familias trabajadoras, con más de 100 personas fallecidas y 400 desaparecidas, viviendas y lugares de trabajo destruidos, entre otras calamidades, están siendo provocados intencionalmente. El contraalmirante Daniel Muñoz, quien asumió la dirección y vigilancia de la catástrofe por los incendios forestales en las provincias de Valparaíso y Marga Marga, sostuvo que: ‘habría indicios de un patrón de comportamiento que indica que hay una planificación (…) algo orquestado y organizado’.”

Par Unidad Sindical las declaraciones del contraalmirante ponen de manifiesto la gravedad de la situación, señalando la existencia de un patrón premeditado detrás de los incendios que han afectado a comunidades enteras. En respuesta, Unidad Sindical plantea la pregunta crucial sobre quiénes y con qué propósito financian estos crímenes.

Señalan “Quienes provocan los incendios son bandas de delincuentes que trabajan coordinadamente. La gran pregunta es ¿Quién y para qué financia estos crímenes? Tenemos fundadas sospechas de que son empresarios inmobiliarios, agroindustriales, forestales e industriales quienes están detrás de estos siniestros. No somos los únicos y únicas que apuntamos a un cartel entre delincuentes, empresarios y políticos.”

La organización sindical para respaldar estas sospechas, se hace referencia a una investigación pública realizada en 2017. El informe, titulado “Construyendo sobre cenizas. ¿Son utilizados los incendios forestales como una herramienta informal para la expansión urbana de Chile central?”, destaca la identificación de sectores donde, tras incendios forestales, se desarrollaron proyectos inmobiliarios e industriales.

Continua la declaración “En 2017 se hizo pública una investigación titulada ‘Construyendo sobre cenizas. ¿Son utilizados los incendios forestales como una herramienta informal para la expansión urbana de Chile central?’. Y allí, por ejemplo, se establece que ‘en la Región de Valparaíso se identifican al menos tres sectores en las comunas de Valparaíso, Quilpué y San Antonio en los cuales, posterior a la ocurrencia de una serie de incendios forestales en terrenos dentro o aledaños al límite urbano, fueron desarrollados proyectos inmobiliarios o industriales’.”

Recuerdan que con anterioridad la diputada Cristina Girardi a presentó un proyecto de ley para modificar la legislación actual “Las pruebas son tan contundentes en este sentido, que el 19 de enero de 2021, la diputada Cristina Girardi ingresó al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley 20.283, y agregarle… La prohibición será por el término de 50 años, contados desde el cese del incendio forestal, para los casos mencionados en el inciso anterior.”

Ante la evidencia presentada, Unidad Sindical exige una investigación inmediata para identificar a los responsables del “Cartel del Fuego” y solicita medidas drásticas, incluida la cárcel para aquellos culpables “Exigimos una investigación inmediata para determinar a los culpables en las sombras que dirigen al ‘Cartel del Fuego’, así como cárcel a todos los culpables. Sobre todo, exigimos la inmediata aprobación de la modificación a la Ley 20.283, para que sea prohibido el uso de terrenos siniestrados por parte de empresarios que lucran criminalmente con la tragedia de miles de familias, incluyendo muertes de personas.”

La movilización de la sociedad se convierte en la siguiente fase de la lucha contra el “Cartel de Fuego”. Unidad Sindical convoca a la comunidad a unirse el martes 6 de febrero a las 12 horas en el ex Congreso, ubicado en Compañía de Jesús 1131 Santiago, para presentar la denuncia y exigir la aprobación inmediata del proyecto de ley. La batalla por la justicia y la protección de las comunidades afectadas se intensifica en medio de la tragedia y las acusaciones de complicidad empresarial.

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Agrosuper, la empresa de Vial, se vio envuelta en un escándalo que dejó al descubierto prácticas anticompetitivas que afectaron directamente a los consumidores chilenos en 2015. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó a Agrosuper, junto a Ariztía y Don Pollo, por coludirse para manipular los precios de la carne de pollo.

Gonzalo Vial, el controlador de Agrosuper, nunca reconoció la gravedad de la conducta anticompetitiva. La Corte Suprema confirmó la existencia de un acuerdo entre las tres avícolas coordinado por la APA, que limitaba la producción y asignaba cuotas de carne para el mercado nacional. La multa impuesta a Agrosuper y Ariztía alcanzó la cifra máxima contemplada en la legislación chilena para casos de colusión: 30 mil UTA, equivalentes a US$ 23,3 millones para cada empresa.

Freirina: La Lucha Ambiental: El caso de Freirina en 2012 destaca como un capítulo oscuro en la historia de Agrosuper. La comunidad de Freirina libró una intensa batalla contra los megaplanteles porcinos de la empresa, los cuales generaron un impacto ambiental y social significativo desde su instalación en 2005. Los habitantes de Freirina, afectados por olores nauseabundos y problemas de salud, se movilizaron en masivas protestas que culminaron con la expulsión de Agrosuper del territorio.

Las aguas que Agrosuper utilizaba para dar de beber a sus cerdos provenían del río Huasco, por lo que el hallazgo de mercurio y otros elementos químicos en niveles superiores a los permitidos por las normas (tanto para agua de riego como para agua potable) causó alarma en la población de Freirina.

Agrosuper: La Segunda Salmonera más Grande del Mundo: Agrosuper tiene la segunda salmonera más grande del mundo, consolidada tras la adquisición de AquaChile por US$ 850 millones. Forma parte de los altos niveles de contaminación generados por estas empresas en Chile. La industria salmonera ha incorporado más de veinte enfermedades virales, bacterianas y parasitarias que no existían en el país.

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Según informó la PDI, los empresarios involucrados habrían creado un complejo esquema para evadir impuestos, utilizando diversas tácticas y entidades para ocultar sus ingresos reales y reducir sus obligaciones tributarias. La magnitud del fraude, aún en proceso de cuantificación, sugiere que se trata de uno de los casos más significativos de evasión fiscal en la historia reciente de Chile, el que tendría como protagonista a siete clanes criminales.

El operativo contó con la participación de múltiples equipos de la PDI, quienes llevaron a cabo allanamientos y arrestos en varias ubicaciones clave. Los empresarios detenidos enfrentarán cargos por su participación en el fraude, y se espera que el caso desvele más detalles sobre las prácticas y la red detrás de este esquema.

El fraude tributario tiene un impacto negativo significativo en la economía chilena. El fraude tributario también afecta a los ciudadanos honestos que cumplen con sus obligaciones tributarias. Cuando las empresas evaden impuestos, el Estado tiene menos recursos para financiar servicios públicos, como educación, salud y seguridad.

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Unos 150 efectivos allanaron una decena de viviendas en Santa Juana (región del Bío Bío), Traiguén y Collipulli (La Araucanía). Se logro incautar maquinaria y vehículos avaluados en más de 2 mil millones de pesos.

El delegado presidencial José Montalva señaló “en esta detención hubo personas detenidas que estaban vinculados a distintas fases del negocio del robo de madera. Acá hay distintos imputados que están presuntamente ligados a actividades empresariales, de actividades de faena propiamente tal en los terrenos, hay otros de control del lugar donde se explotaba dicho terreno”.

Montalva aseguró que el Servicio de Impuestos Internos ha presentado querellas por el delito de robo de madera “Una vez que se tienen los antecedentes (del delito), el Servicio de Impuestos Internos analiza a nivel regional, se entrega a Santiago (los antecedentes) después vuelven y se presenta la querella”.

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Núñez Cáceres, es el líder de un grupo de nueve personas que fueron detenidas por la PDI en flagrancia al interior del predio Manuel Rodríguez de la forestal Mininco, cuando robaban madera.

El fiscal de Alta Complejidad, Carlos Bustos indicó que “Esta persona tenía una empresa forestal con persona jurídica, en la cual él era el representante y contactaba a personas para ejercer labores dentro de este predio. Dentro de su propia declaración indicó y reconoció que mantenía tratativas preliminares donde pagaba a comunidades del sector para poder sustraer madera en aproximadamente 600.000 mil pesos, el valor por el camión que salía de este lugar”

Los detenidos fueron formalizados por el delito de hurto de madera, con la nueva ley que sanciona este ilícito y que está vigente desde el pasado 27 de septiembre.

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