Según los últimos cómputos oficiales (CNE), Daniel Noboa habría ganado las elecciones en Ecuador con un 55% de las preferencias, contra el 44,38% de los votos obtenidos por la candidata del pueblo Luisa González (RC), quien con coraje y dignidad se ha atrevido a denunciar fraude electoral.

Sí, porque hoy en Ecuador hay que tener coraje y dignidad para hacerlo. En un País donde la violencia es pan de cada día, donde a 24 horas de las elecciones, el presidente/candidato decreta estado de excepción (suspendiendo los derechos y garantías constitucionales de la población) a 7 provincias y donde militares armados, en las calles y en los centros de escrutinio, estuvieron presentes durante toda la jornada electoral.

Luisa González y sus aliados – entre ellos el ex presidente Rafael Correa – desconocen los resultados por una serie de situaciones irregulares en el proceso electoral del pasado 13 de abril, que van desde lo grotesco a lo matemático.

En primer lugar, Correa cuestionó, a través de X, los resultados afirmando que “son imposibles”, explicando que “Todos saben que estos resultados son imposibles. Sacamos el mismo 44% de la primera vuelta. Estos mafiosos hubiesen podido disimular un poquito más”.

También, a través de X, Luisa González difundió lo señalado por Correa, en cuanto a que se implementó una trampa con los bolígrafos para que sus votos pasaran a Noboa, basándose en un informe de la misión de observadores de la OEA, que advierte que durante el cierre y escrutinio, la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfería entre opciones políticas al doblarlas, lo que generó confusión e incluso anulaciones en ciertos casos.

Este fraude electoral tendrá consecuencias, en primer lugar para el pueblo ecuatoriano. Como afirma González “Ante mi denuncia de megafraude y su desesperación por callarnos, se viene más persecución”, refiriéndose a las declaraciones emitidas por el Ministerio de Gobierno de Ecuador en el comunicado «La venganza de los malos perdedores», refiriéndose a un supuesto plan de “magnicidio” contra Noboa, atribuido “sicarios mexicanos” y “sectores políticos derrotados”.

Frente a estas acusaciones la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum desmintió categóricamente una acusación tan burda, que tal vez se deba a que ella decidió esperar antes de reconocer el resultado de las elecciones, y a días de ellas, ha señalado que no va a reanudar sus relaciones Ecuador.

Otro ejemplo de claridad y valentía, Sheinbaum no corrió a reconocer un triunfo – que millones de ecuatorianos cuestionan – lo mismo habríamos querido de parte de otros mandatarios. No nos extrañan las rápidas felicitaciones de parte de Estados Unidos y Europa, sí nos desilusiona nuevamente que nuestro gobierno corra a congratularse y felicitar a un presidente elegido bajo serios cuestionamientos.

Solidarizamos con el pueblo ecuatoriano y con su derecho de elegir a sus representantes y con su derecho de construir su futuro democráticamente y no bajo estados de excepción, represión y amenazas.

Referencias

https://www.emol.com/noticias/Internacional/2025/04/14/1163459/boric-felicitaciones-noboa-ecuador.html

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/luisa-gonzalez-vuelve-hablar-de-fraude-tras-informe-preliminar-oea.html

https://www.telesurtv.net/expresidente-rafael-correa-cuestiona-resultados-de-la-segunda-vuelta-en-ecuador

https://elpais.com/mexico/2025-04-16/sheinbaum-no-tendremos-relaciones-con-ecuador-mientras-noboa-ejerza-el-cargo-de-presidente.html

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Entre las acciones más cuestionadas se encuentra la declaración del estado de excepción en siete provincias y dos municipios, la reubicación arbitraria de recintos electorales, y la exclusión del derecho a voto de ciudadanos ecuatorianos residentes en el extranjero, en particular en Venezuela. Estas decisiones, adoptadas de manera unilateral por el gobierno, han sido una estrategia para reducir la participación ciudadana y consolidar un proyecto autoritario alineado con los intereses de Estados Unidos.

A esta situación se suman denuncias graves por parte de la candidata presidencial Luisa González, quien ha afirmado que el proceso estuvo viciado por irregularidades como la publicación de actas sin las firmas correspondientes, lo que impide verificar la validez de los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La candidata ha solicitado formalmente la apertura de las urnas y un nuevo conteo de votos con garantías de transparencia.

Frente a este escenario, organizaciones internacionales han comenzado a emitir pronunciamientos de rechazo. Una de ellas es el Capítulo Chile de la Internacional Antifascista, que ha expresado su preocupación por lo que considera un golpe a la voluntad popular ecuatoriana .

A continuación, parte de su declaración:

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“Aquí estamos Pachakutik, que es el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que representa también a muchas organizaciones que se unen a lo largo y ancho de la Patria; aquí estamos también el Partido Socialista con Gustavo Vallejo; aquí estamos también RETO, con nuestro compañero Raúl Chávez, y Galo (Almeida), de Centro Democrático; la Revolución Ciudadana, cinco partidos políticos que representamos al pueblo ecuatoriano, a los pueblos y nacionalidades, indígenas, afros, cholos, montubios, pueblo al que yo represento, una patria en unidad”, dijo González ante miles reunidos en una céntrica avenida.

Los líderes de estas organizaciones, incluida la excandidata socialista a la vicepresidencia Verónica Silva, se presentaron en la tarima junto a la aspirante por la RC, agrupación fundada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

González saludó la decisión de esta unidad para levantar al país y dijo que también la derecha se ha sumado a su candidatura, así como presidentes de juntas parroquiales, alcaldes, prefectos de partidos políticos de esa tendencia ideológica.

“Y también se ha unido Jan Topic a ese gabinete de seguridad”, señaló González al referirse al excandidato presidencial por el partido SUMA, a quien el Tribunal Contencioso Electoral le impidió participar en este proceso electoral de 2025 tras un recurso interpuesto en su contra por presuntos contratos de su empresa privada con el Estado.

“Los mejores hombres y las mejores mujeres, sin banderas políticas, vamos a trabajar por ustedes; una sola bandera, queridos hermanos: el amarillo, azul y rojo, la bandera de la Patria”, dijo la también presidenta nacional de la RC.

Señaló que esta unidad no es para ganar esta elección, sino para tratar una agenda de ruta que lleve a Ecuador al desarrollo, a la justicia social.

“Aquí está en juego continuar con el abandono, con la mentira, con la inseguridad, o cambiar con la dignidad de un pueblo que lucha”, aseveró.

Ante los seguidores que coreaban “Luisa, presidenta” y bajo la lluvia, la candidata repasó sus propuestas de campaña que espera implementar de ganar en las urnas el próximo domingo.

Entre estas propuestas resaltó que trabajará por la seguridad del país, para reactivar la economía, y ratificó el proyecto de otorgar créditos de hasta 45.000 dólares para las mujeres y madres solteras a un 1 por ciento de interés.

González se medirá el próximo 13 de abril frente al presidente Daniel Noboa, candidato por el movimiento ADN (centroderecha), luego de que ninguno de los dos alcanzara la votación necesaria para proclamarse ganador en la primera vuelta del pasado 9 de febrero.

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Las imágenes vistas en Ecuador, en enero pasado, en que un grupo de encapuchados armados se tomaron un canal de televisión fueron impactantes, sin la menor duda. Los grupos criminales, vinculados al narcotráfico, siguen en aumento en Ecuador y en tantos de nuestros países de América Latina impulsados por el rentable negocio de la droga que se consume, en su gran mayoría, en los Estados Unidos y Europa. 

Paralelamente, durante la última década, Ecuador nuevamente está siendo tomado por el gobierno de los mismos Estados Unidos que bajo la bandera del narcotráfico ahora, incluso, ha anunciado un nuevo plan de seguridad de cinco años para Ecuador. 

Es necesario recordar que la fuerte presencia militar de Estados Unidos en Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína a nivel mundial, y su lucha contra el narcotráfico, dirigida por el Comando Sur y otras agencias, ha sido un rotundo fracaso en esos países y lo seguirá siendo también en Ecuador. 

Mientras en los Estados Unidos, el principal consumidor de drogas a nivel mundial, no erradiquen las causas profundas que originan la demanda y no se desmonte la red de corrupción y tráfico que existe en los mismos EEUU -la que permite que la droga se comercialice- el negocio de la droga no podrá ser derrotado y los grupos criminales, al contrario, seguirán en aumento convirtiendo nuestras naciones en “estados fallidos” y excelentes compradores de sistemas y armas del Complejo Militar Industrial estadounidense. Buen negocio para ellos, por donde se les mire. 

Entonces la agenda de militarización que Estados Unidos está imponiendo en nuestro continente cada vez más sólo servirá para el control geopolítico de nuestras naciones, mantener la dependencia, e intentar alinearnos con sus políticas guerreristas.

Recapitulemos. A los pocos días de los hechos de violencia en Ecuador, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), la General Laura Richardson, y el Asesor Presidencial Especial para las Américas, Christopher Dodd, visitaron el país y se reunieron con el Presidente Daniel Noboa.  

“Esta visita –señaló INFOBAE– es una muestra del apoyo de Estados Unidos al Ecuador tras el aumento de la violencia. Además de la entrega de equipamiento y financiamiento para las fuerzas del orden, los Estados Unidos han explicado que han previsto un plan de seguridad para Ecuador con duración de cinco años con base a un acuerdo de cooperación marítima firmado entre ambas naciones”. 

El apoyo estadounidense al gobierno ecuatoriano, de acuerdo a una nota de la Embajada de EEUU en Ecuador, busca “profundizar la cooperación bilateral, incluso en materia de seguridad, cooperación antidroga, migración y desarrollo económico”. 

En concreto, el gobierno estadounidense ha facilitado a Ecuador más de 20.000 chalecos antibalas, más de un millón de dólares en equipamiento de seguridad, incluyendo ambulancias y vehículos de apoyo logístico para la defensa. También, en materia de cooperación, el FBI aumentará su personal en Ecuador en apoyo a la Policía Nacional y a la Fiscalía General. También el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU desplegará personal para apoyar el entrenamiento de la policía y la fiscalía; y la USAID aumentará el apoyo a sus programas de seguridad municipal, incluido el apoyo a las comunicaciones de crisis.  En dos palabras: Más intervención.

Involucrar a Ecuador en la guerra 

Llamó la atención que la ayuda de EEUU a Ecuador, en enero pasado, llegará en el avión ucraniano Antonov An-124 al aeropuerto de Guayaquil. 

Este hecho es muy inusual. Un avión de un tercer país, más todavía de un país en guerra, como es Ucrania, trae el cargamento de EEUU a Ecuador.

Esto podría ser coherente en el escenario que muy posiblemente el verdadero motivo de la segunda visita a Ecuador de la Jefa del Comando Sur, Laura Richardson, no  fue en primer lugar la situación crítica que se vivía en Ecuador sino concretar la entrega de armas y equipamiento militar ruso, del que dispone Ecuador, anunciadas por el Presidente Daniel Noboa, al gobierno estadounidense a cambio de 200 millones de dólares en equipamiento militar “moderno” de EEUU.

 Esto explicaría el porqué de la presencia del avión ucraniano Antonov An-124 en Guayaquil. Qué mejor que enviar a Ucrania el armamento ruso directamente en un avión ucraniano y con esto saltarse las autorizaciones que posiblemente debe pedir al Congreso estadounidense cada vez más renuente a seguir brindando apoyo militar a Ucrania.

Recordemos que la generala Laura Richardson dijo, en un evento organizado por el think tank estadounidense Atlantic Council, en enero de 2023, que “Rusia tiene aliados en los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero otros seis países tienen equipamiento militar ruso. Estados Unidos está tratando de que esos seis países donen el equipamiento militar ruso a Ucrania y reemplazarlo con armamento estadounidense”.

Con esto, lamentablemente, Ecuador será el primer país de América Latina que sigue las órdenes y deseos del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos de enviar armas destinadas al conflicto armado que se desarrolla en Ucrania pasando por alto la neutralidad estratégica que nuestros países debieran tener de no involucrarse militarmente en ninguna guerra.  

Con esto Ecuador, pasa por alto el principio que América Latina y El Caribe es concebida como Zona de Paz violando el espíritu de la Proclama del 2014 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que este año cumple 10 años desde que se firmará en la reunión en La Habana, Cuba, y que aboga, entre otros compromisos, para que “las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica, por la vía del diálogo y la negociación”.  

La militarización en Ecuador

No es nueva la injerencia de Estados Unidos en Ecuador. De acuerdo al sitio defensa.com ya el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, en agosto de 2023, entregó donaciones por  3,1 millones dólares a las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

De acuerdo al medio especializado, 1,1 millones de dólares fue para equipo militar; 1,3 millones de dólares para el Centro de Mantenimiento Fluvial para la Brigada de Selva 19 “Napo”; y 747.000 dólares para equipos de comunicación para la Brigada de Infantería de Marina San Lorenzo.

En septiembre de 2022, una nota de la Agencia EFE informaba que “Estados Unidos donó a Ecuador equipos militares por valor de 730.000 dólares para el control de una zona amazónica cercana a su frontera norte con Colombia, según informó en un comunicado la Embajada estadounidense en Quito”.

En septiembre de 2021, el Comando Sur y las Fuerzas Armadas de Ecuador firmaron un “memorando de entendimiento” con el objetivo de mejorar sus relaciones en materia de seguridad y defensa. El acuerdo titulado “Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional” busca el intercambio de datos e información lo que les permitirá a las fuerzas de Estados Unidos y Ecuador operar de mejor manera.

En el contexto de la firma del “memorando de entendimiento”, la embajada estadounidense en Quito señaló que “los Estados Unidos y el Ecuador gozan de una larga historia de cooperación en materia de seguridad centrada en temas de interés mutuo, incluida la seguridad aérea y marítima” agregando que “desde la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad en 2018, la Misión de los Estados Unidos ha entregado más de $2.8 millones en asistencia humanitaria, $1.4 millones en entrenamiento militar, y $27.7 millones en equipos y apoyo a las contrapartes ecuatorianas para combatir operaciones ilícitas y fortalecer la defensa del Ecuador”.

El artículo “Violencia y el rol de EEUU en Ecuador”, publicado en el sitio web de TELESUR, indica que “en el periodo 2021-2022 la asistencia militar de EEUU para Ecuador alcanzó los 172 millones de dólares en el marco de programas militares y antinarcóticos, convirtiéndolo en el principal receptor de asistencia militar en la región”.

Principales receptores de asistencia militar EE. UU. en América Latina y el Caribe (millones de dólares):

Más atrás, el 2019, el gobierno ecuatoriano firmó acuerdos con los Estados Unidos que permiten a los militares estadounidenses operar con sus aviones P-3 Orion desde las bases aéreas de Simón Bolívar y desde el aeropuerto de la Isla San Cristóbal ubicada en el archipiélago de las Islas Galápagos para combatir el narcotráfico.

El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo entonces que “Galápagos es un portaaviones natural” a modo de justificar la decisión.

A todo lo anterior, Ecuador repuso sus envíos de militares para entrenarse en los EEUU en la sucesora de la Escuela de las Américas que desde el 2001 se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC, por sus siglas en inglés). 

Recordemos que el Informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador 2010, titulado “Sin Verdad, no hay Justicia”, entre sus recomendaciones señala la importancia de: “Exhortar a los ministros de Defensa Nacional y de Gobierno y Policía para que no se autorice a miembros de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional a que asistan a cursos de formación o capacitación en escuelas o instituciones que tengan antecedentes en la enseñanza de prácticas contrarias a los derechos humanos. De manera particular, por su historial en la formación de militares y policías en América Latina vinculados en violaciones de derechos humanos: el Instituto de Cooperación para Seguridad Occidental (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation), antes conocido como la Escuela de las Américas (United States Army School of the Americas, USARSA)”.

Recordemos que el 2012, el presidente de entonces, Rafael Correa había decidido retirar a las tropas ecuatorianas del entrenamiento en WHINSEC por las consecuencias nefastas que ha tenido el entrenamiento militar estadounidense para América Latina. Así mismo, Correa tuvo la valentía el 2009 de no renovar el Acuerdo con EEUU del uso militar de la base aérea de Manta.

 Actualmente, Ecuador también participa del entrenamiento a policías, fiscales y jueces que brindan los Estados Unidos en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) ubicada en El Salvador. Aunque algunos crean que Bukele es un anti imperialista, por algunos discursos populistas, El Salvador de Bukele está completamente al servicio de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos.

La ILEA ha sido señalada como un instrumento ideológico de los Estados Unidos al servicio de la guerra sucia, la judicialización y criminalización de la protesta social, y la guerra jurídica, también conocida como “lawfare”, contra opositores a Washington y de las políticas neoliberales.

Privilegios e inmunidad

A todo lo anterior, en enero pasado el medio digital Primicias tituló que “Militares de Estados Unidos tendrán inmunidad y libre movilidad en Ecuador”.

El medio señala que la Corte Constitucional revisó tres acuerdos entre Ecuador y EEUU, firmados durante el gobierno de Guillermo Lasso, y, el 11 de enero pasado, les dio luz verde. 

Se trata de los acuerdos: Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas, y Asistencia en Interceptación Aérea.

El “Estatuto de las Fuerzas” permitirá que los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, empleados civiles del Departamento de Defensa, así como los contratistas estadounidenses, empresas y firmas y sus empleados “podrán estar presentes temporalmente en el territorio ecuatoriano para «visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias».

“Con el acuerdo firmado –señala el medio digital Primicias- Ecuador acepta que este personal estadounidense tenga «privilegios, exenciones e inmunidades» equivalentes a los que tiene el personal diplomático”. De otra forma, se indica que “Estados Unidos mantendrá el control disciplinario y la jurisdicción penal sobre su personal, dentro de territorio ecuatoriano”.

Sobre el acuerdo sobre actividades marítimas, se indica que las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en Ecuador “podrán entrar, salir y desplazarse libremente por el territorio ecuatoriano” e “incluye la utilización del espectro radioeléctrico, para sus sistemas de comunicaciones, sin costo alguno”.

En otras palabras, con estos acuerdos se da un manto de legalidad a las operaciones militares que ya Estados Unidos ha venido desarrollando en Ecuador desde hace años. En otras palabras, Ecuador nuevamente se ha convertido en una gran base militar estadounidense, en un punto de avanzada para sus operaciones en la región.

Es lamentable que el Estado de Ecuador se siga militarizando de acuerdo a las políticas del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos que sigue adelante con su estrategia para que las Fuerzas Armadas y de Seguridad de América Latina sean dependientes y obedientes de los Estados Unidos dejando a un lado nuestro derecho a tener plena soberanía y completa independencia.

* Pablo Ruiz es periodista, editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz (www.derechoalapaz.org) y coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile.

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La violencia desatada en Ecuador encuentra amplia cobertura en las cadenas de noticias y reacciones generalizadas en las cancillerías. Todas condenan unánimemente la violencia de las bandas de narcos que siembran el terror en el país, pero sólo el Departamento de Estado norteamericano propone su “ayuda” al gobierno de Quito.

La propuesta recuerda en cierto modo a cómo se ayudó a Chile y Argentina, pero no es sólo el resultado del reflejo pavloviano del intervencionismo estadounidense en América Latina, sino que es ad hoc. En Ecuador, de hecho, EE.UU. ha adelantado un plan de intervención desde agosto de 2023, contenido en el “Proyecto para Combatir el Crimen Organizado Internacional”. El proyecto, resumido, bien puede describirse como una anexión de facto de Ecuador por parte de EE.UU.. firmado por los respectivos gobiernos a propuesta de EE.UU. y ahora bajo consideración de la Corte Constitucional ecuatoriana.

La proclamación del estado de sitio tras la violencia de los últimos días, que se originó con la fuga de la cárcel del líder de los Choneros y continuó con los enfrentamientos posteriores, interviene con una excepcional y sospechosa oportunidad y tiene precisamente el propósito de presionar al Tribunal Constitucional para que haga oídos sordos y ciegos ante la violación de la Constitución y el fin de la soberanía nacional y abdique de su papel y funciones directamente a la embajada local de EE.UU..

Los enfrentamientos no durarán mucho más, pero las consecuencias sí. El Acuerdo, de hecho, que se divide en tres proyectos, prevé en primer lugar el apoyo de EE.UU. a Ecuador para “mejorar su capacidad operativa para mitigar, interceptar, investigar, perseguir y castigar los delitos que tienen un gran impacto en la viabilidad de las organizaciones internacionales”. El segundo proyecto se refiere al “apoyo a la seguridad de las ciudades y al orden público”. Ofrece apoyo, asesoramiento y medios a la policía y a la policía penitenciaria. Recopilarán datos y realizarán análisis para facilitar al Ministerio del Interior la formulación y ejecución de un plan decenal de modernización de la policía”.

El tercer proyecto se denomina “Fortalecimiento y Reforma del Poder Judicial” y tiene como objetivo la capacidad de investigar, juzgar y condenar a los delincuentes de manera eficaz y eficiente. Fortalecerá la capacidad administrativa y jurídica de la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General de la República, la Corte Nacional de Justicia y otros actores de la función judicial, incluyendo la recién creada Unidad Judicial Especializada en Corrupción y Crimen Organizado”. Este engendro político produjo un desprestigio jurídico con la firma -el 3 de septiembre de 2023- del “Acuerdo de Fuerza Ecuador-Estados Unidos”.

Tal es la libertad absoluta que se concede al personal estadounidense -ya pertenezca al ejército de EE.UU. o a contratistas privados que trabajan para EE.UU.- que supera con creces cualquier disposición legislativa estadounidense. El personal estadounidense está libre de obligaciones, certificaciones y cualquier tipo de tributación; puede andar armado, de uniforme o de civil; no responde a las disposiciones establecidas por las fuerzas de seguridad ecuatorianas; no responde por sus actos bajo ninguna circunstancia; es libre de entrar, salir, transitar y residir en Ecuador sin necesidad de notificar a las autoridades de Quito. Es bueno precisar que en las 5 páginas de las que se compone el Acuerdo, no sólo no prevé ninguna forma de reciprocidad entre los dos países, sino que ni siquiera media línea habla de aranceles estadounidenses en suelo ecuatoriano.

Se trata, en definitiva, de una operación inédita de venta de la dignidad nacional ecuatoriana: ni siquiera las dictaduras militares que se instalaron en América Latina en los años 60-70, bajo la dirección de Washington, habían tenido nunca el valor y la falta de pudor de poner por escrito la venta de un país a un país extranjero.

La violencia de estos días ayuda extraordinariamente al proyecto de la derecha gobernante, que prevé dos pasos precisos: el primero es la difusión de un terror generalizado, transversal a los alineamientos políticos, que tiene su apariencia en el enfrentamiento entre el poder constituido y el contrapoder criminal, pero que en realidad apunta a una operación de manipulación política y mediática para atribuir al correísmo alguna forma de colateralidad con los choneros, que con Correa vieron reducirse su espacio y sus negocios.

El horror sirve para tratar de establecer una conexión entre izquierdistas y narcos que resulta ridícula de sólo pensarla, pero que permite a la extrema derecha, de la que forma parte Noboa, explotar políticamente el clima general de miedo en la población. Un clima que predispone a la opinión pública a aceptar un estado de sitio y a reprimir a la izquierda social y política, asimilándola a la delincuencia y preparando una serie de medidas destinadas a militarizar la sociedad.

Los asesores de EEUU han sido claros: es necesario hacer llegar un mensaje simple y fuerte: quienes se oponen al acuerdo con EEUU – como hace la izquierda – son cómplices de los delincuentes. Los narcos volverán a sus guaridas y Noboa aparecerá como el ‘hombre fuerte’ en quien confiar. En la sociedad ecuatoriana deben pasar como positivos el acuerdo con EE.UU. y la entrega del país, primero de sus instituciones militares y jurídicas, luego de sus recursos energéticos y ambientales. Argentina, para los que no se habían dado cuenta, era sólo el primer bocado.

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La indiferencia total de los gobiernos neoliberales ante la problemática de seguridad ha permitido que los carteles de narcotráfico ganen terreno, generando condiciones que ponen en peligro la integridad de la ciudadanía y desafían la propia existencia del Estado. La situación ha llegado a un punto crítico, manifestándose en episodios violentos que han conmocionado a la sociedad ecuatoriana.

El reciente asalto al estudio del canal TC Televisión, donde hombres armados irrumpieron y tomaron como rehenes a los presentadores en plena transmisión, es solo la punta del iceberg de una ola de violencia desenfrenada que ha envuelto al país. Las imágenes publicadas por el diario El Universal reflejan la gravedad de la situación, con empleados de la cadena de televisión tendidos en el suelo bajo la amenaza de seis hombres enmascarados.

La crisis ha llevado al gobierno a declarar el estado de excepción y aplicar un toque de queda para restaurar el orden en las cárceles, donde motines han dejado a 125 agentes de seguridad y 14 trabajadores administrativos como rehenes. Los disturbios carcelarios han alcanzado proporciones críticas, con informes de asesinatos de guardias penitenciarios a manos de los prisioneros que los tienen cautivos.

La violencia se ha extendido a las calles, con episodios impactantes como el ataque a una niña por asaltantes desconocidos y el líder de un peligroso grupo criminal, Los Lobos, fugándose de una prisión en Riobamba, junto con otros 39 presos. Escuelas, hospitales, comisarías y vehículos son atacados por delincuentes armados en diferentes partes del país, dejando un rastro de heridos y caos.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se ve obligado a tomar medidas urgentes, ordenando la neutralización de 22 grupos criminales. Sin embargo, la magnitud de la crisis sugiere que la solución requerirá un esfuerzo integral que vaya más allá de medidas inmediatas.

Cabe recordar que la crisis se intensificó el 7 de enero con la fuga del líder de Los Choneros, conocido como Fito, desencadenando motines en varias cárceles. La situación actual demanda una respuesta efectiva y coordinada para restaurar la paz y la seguridad en Ecuador, y devolver al país a los días en que era un referente de estabilidad en la región.

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Según lo divulgado, el aspirante a la presidencia por el movimiento Construye lista 25 perdió la vida después de participar en un acto político celebrado en el coliseo del colegio Anderson, ubicado en la capital ecuatoriana, Quito.

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(EUROPA PRESS) La nueva candidata a las elecciones presidenciales de Ecuador de Revolución Ciudadana, principal partido opositor en Ecuador, será la correísta Luisa González, única mujer hasta el momento que se presentará a las elecciones del próximo 20 de agosto.

A pesar de que Revolución Ciudadana había elegido en primera instancia al exvicepresidente Jorge Glas, este declinó la candidatura, y ha pedido “trabajar” para la vuelta del expresidente Rafael Correa.

“Les dije que se los anunciaría yo. Ya es oficial. El binomio de la RC5 es: Luisa González, presidenta. Andrés Aráuz, vicepresidente. ¡Hasta la victoria siempre!”, ha escrito Correa en su cuenta de Twitter.

González ha sido parte de la vida política ecuatoriana desde 2008, cuando aún gobernaba Correa. A pesar de autodenominarse como “progresista”, ha sido criticada por algunos sectores feministas por su oposición a la Ley del aborto aprobada en 2022, según la cadena Ecuavisa.

Por su parte, el candidato a la vicepresidencia, Aráuz, es un economista del Banco Central de Ecuador que ya se presentó previamente a las elecciones presidenciales, que perdió en la segunda vuelta contra el actual presidente del país, Guillermo Lasso. Además, ocupó varios cargos públicos durante el Gobierno de Correa.

Las elecciones primarias del partido han tenido lugar este viernes después de que el actual presidente del país, Guillermo Lasso, recurriera a la denominada ‘muerte cruzada’, un mecanismo que disuelve el Parlamento a cambio de la renuncia del jefe de Estado. Además, Lasso ha anunciado que no se presentará a las elecciones.

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El 17 de mayo pasado, el banquero y presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, resolvió disolver el Congreso y llamar a comicios generales anticipados. La medida contemplada en la Constitución de 2008 lleva el nombre de jugada de ajedrez: «muerte cruzada».

De acuerdo al artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, el primer mandatario puede echar mano a la muerte cruzada por una sola vez y sólo en los tres primeros años de su gobierno, por tres razones: si estima que la Asamblea Legislativa se involucró en funciones que no le corresponden, si obstaculiza el Plan Nacional de Desarrollo o si existe una grave crisis política y conmoción interna.

Lasso proclamó la conmoción interna para liquidar un Congreso opositor a su administración, tras iniciar un juicio político en su contra por corrupción y malversación de recursos públicos. El mandatario no finalizó un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supone un daño multimillonario al fisco.

En el centro del mundo, abajo y a la izquierda, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es la fuerza social más dinámica y protagónica del movimiento popular del país. Su lucha por una sociedad donde la reciprocidad entre humanidad y naturaleza, bien común y término de toda opresión predominen en las relaciones sociales del país latinoamericano, han llevado a esta agrupación a adelantar fortísimas protestas sociales desde hace años.

Uno de sus dirigentes nacionales es Floresmilo Simbaña, quien explicó que, «el gobierno lanzó la muerte cruzada como una salida obligada ya que había buenas posibilidades para que Lasso fuera destituido y prefirió utilizar el mecanismo ‘jurídico’ de gobernar sin los contrapesos propios de un Estado de derecho», y agregó que Lasso, «más que un plan de gobierno, lo que tiene son objetivos concretos: cambiar algunas normas, sobre todo en el sector financiero e inversiones internacionales, que es lo que realmente hizo en estos dos años de mandato. Ahora se va dedicar a abrir las privatizaciones de algunos sectores públicos rentables».

– Además de los de siempre, ¿quién gana con esta estrategia de Lasso?

«Los más beneficiados son los correístas, pues supieron manejar mejor el discurso público y la denominada “política real”, pues a lo largo de todo este periodo estuvo negociando con el gobierno, luego con los partidos de derecha, y después con la Conaie (esto para cosas extremadamente puntuales, pero de largo alcance como el primer intento de destitución del presidente Lasso).

Ahora bien, a los correístas no les interesa ningún tipo de acuerdo con otros sectores de izquierda. De hecho, quieren aparecer como la única izquierda ecuatoriana. Hacen anuncios de querer alianzas electorales con Pachakutik y la Conaie, pero esa táctica es meramente propagandística. En la realidad, no se realiza ningún intento concreto para efectivizar esas alianzas.

Así también, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik está en un momento bastante paradójico: vive su periodo de mayor éxito electoral, pero al mismo tiempo su peor crisis política. Esperemos que por lo menos tengan la capacidad para presentar una buena propuesta electoral».

Por su parte, la lideresa indígena del pueblo nación kichwa-otavalo, Blanca Chancosa, también dirigente de la Conaie, planteó que, «desde un comienzo el gobierno de Lasso ha sido ilegítimo y llegó a la presidencia a través de fraudes electorales. Se trata de una administración que no ha ofrecido seguridad a la ciudadanía ecuatoriana y donde han ocurrido espantosas masacres en los penales, donde cientos de personas han sido asesinadas», y añadió que, «cada vez más vemos cómo se multiplica la gente sin trabajo y la pobreza. La gota que rebalsó el vaso fue su decreto para que la población pueda armarse libremente, cuestión que nos tiene tremendamente preocupados.»

– También está la corrupción…

«Desde hace un par de años se conoció públicamente el involucramiento del gobierno en el llamado Pandora Papers, pero Lasso se resistió a comparecer a la Asamblea. De esta manera, el presidente viene arrastrando con mentiras y engaños a la población.»

– Tú haces parte de La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari)…

«Sí. Y en una declaración colectiva y pública expresamos que el gobierno del señor Lasso, en lugar de solucionar los graves problemas económicos y sociales que afectan a la mayoría de la población, opta por mantenerse en el poder y gobernar vía decretos ejecutivos que sólo beneficiarán a los sectores empresariales y financieros del país. Por eso llamamos a las organizaciones de base, al campo popular y a la izquierda, a mantener la unidad organizativa y programática para enfrentar con firmeza la dictadura neoliberal que se viene».

De igual modo, el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL) se refirió a la coyuntura ecuatoriana, indicando que, «El ahora dictador (Guillermo Lasso), conocía las irregularidades en dichos contratos y sin embargo los permitió, puesto que se había construido toda una red de corrupción donde estaban involucrados agentes del crimen organizado albanés que habían financiado su campaña presidencial, a cambio de participación en empresas públicas».

El MGTL precisó que lo que está ocurriendo, «genera muchas preocupaciones al pueblo ecuatoriano, más allá de no existir ninguna ‘Grave conmoción interna’. Así, Lasso anunció un decreto por el cual se permite el uso de la fuerza letal contra toda actividad que se considere “terrorista”, quedando la calificación del delito a criterio de la policía y las FFAA, y legalizando además el libre porte de armas, lo que implanta un escenario que avala las abiertas violaciones a los DDHH en el Ecuador y a la criminalización de la lucha social».

– ¿Por qué estos decretos? 

«Porque el régimen, ahora dictatorial, ha notificado que las leyes que pasarán por decreto son aquellas económicas que contienen toda la receta liberal, es decir, eliminación de subsidios, privatización de la salud y la educación, privatización de la seguridad social, apertura de Zonas Francas y precarización laboral. Las tributarias que implican la eliminación de impuestos para las grandes empresas y las leyes que permitan la explotación minera a gran escala. Es decir, se piensa pasar por decreto las principales leyes que afectarían al pueblo, a los trabajadores y a las comunidades indígenas del país».

El MGTL alertó a la comunidad, advirtiendo «que la dictadura impuesta por Lasso, busca establecer el paquete económico liberal y neoliberal, a través de leyes que permiten la violación sistemática de los derechos humanos y la criminalización de la lucha social. Hacemos un llamado a la vigilancia internacional de este proceso, en primer lugar para que Lasso no busque eternizarse en el poder como dictador y se haga efectivo el llamado a elecciones. En segundo lugar, para no permitir la implantación del recetario liberal y neoliberal que se ha demostrado que afectaría gravemente la vida de los trabajadores y los pueblos del Ecuador, y finalmente sobre las graves violaciones a los DDHH que se vienen dando en el país, como son las masacres penitenciarias que han dejado un saldo de más de 400 personas privadas de libertad asesinadas en manos del Estado; las más de 4 mil personas asesinadas por la violencia entre bandas en el Ecuador; las detenciones y asesinatos producidos por parte de la policía y el Estado en el Paro de 2022; y la detención y prisión política de los militantes del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, de los cuales tres compañeros han sido condenados en la más grave violación de los DDHH del siglo XXI y en las condenas más altas a integrantes de la izquierda en la historia nacional, con 16, 13 y 5 años 4 meses, a los que fueron sentenciados: Omar Campoverde, Carlos Carguachi y Gabriela Gallardo. respectivamente».

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Cortez era militante de la Revolución Ciudadana, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, quien lamentó su deceso a través de su cuenta de Twitter.

“Asesinaron a nuestro compañero José Cortez, presidente de GAD parroquial Alto Tambo, San Lorenzo, Esmeraldas. ¡Ya basta!!!!”, escribió en Twitter el exmandatario ecuatoriano (2007-2017).

En un comunicado, la Revolución Ciudadana expresó su pesar por la muerte de Cortez.

La exasambleísta de ese movimiento político, Paola Cabezas, dijo que el deceso de su correligionario se produjo en una situación confusa y exigió una investigación para esclarecer las circunstancias.

En tanto, el gobierno autónomo descentralizado de Alto Tambo decretó tres días de luto en la parroquia como un homenaje a su dirigente.

El pasado día 15 salió ileso de un atentado Luis Chonillo, alcalde del cantón Durán (provincia de Guayas, suroeste), en su primer día de trabajo, hecho en el cual murieron dos personas y varias resultaron heridas.

Ecuador registró en 2022 un récord de más de 4.500 muertes violentas, fenómeno que el Gobierno atribuye a la disputa de grupos delincuenciales organizados para sus operaciones ilícitas de narcotráfico, básicamente, y en 2023 los expertos vaticinan que la cifra se eleve.

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