La detención de Fernández Larios ocurre en el contexto de la ofensiva antimigratoria impulsada por las autoridades estadounidenses, que ha endurecido los controles y ha abierto procesos de expulsión incluso contra residentes de larga data. En este marco, el exagente represivo chileno figura como candidato a ser expulsado del país, lo que podría reactivar causas pendientes en la justicia chilena por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Fernández Larios carga con un historial directamente asociado a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. En Estados Unidos reconoció su participación en el encubrimiento del atentado terrorista de 1976 en Washington, que costó la vida al exministro chileno Orlando Letelier y a la ciudadana estadounidense Ronni Moffitt. Dicho crimen, ejecutado por la DINA en pleno territorio estadounidense, constituye uno de los actos más graves del terrorismo de Estado chileno a nivel internacional. Tras un acuerdo con fiscales federales, Fernández Larios se declaró culpable y cumplió una condena reducida de cinco meses de prisión, lo que le permitió permanecer en ese país por décadas.

En Chile, su nombre aparece reiteradamente en investigaciones por violaciones a los derechos humanos, incluyendo su vinculación con la Caravana de la Muerte, operación militar destinada al asesinato y desaparición de prisioneros políticos en los primeros meses de la dictadura. Organismos internacionales como el Center for Justice and Accountability han documentado su responsabilidad en estos hechos, considerados crímenes de lesa humanidad imprescriptibles bajo el derecho internacional.

La situación judicial de Fernández Larios mantiene además un flanco abierto en el ámbito de la extradición. En 2016, la Corte Suprema de Chile declaró procedente solicitar a Estados Unidos su extradición por el homicidio calificado de Ronni Moffitt, en el marco del caso Letelier-Moffitt, lo que refuerza la relevancia de su actual detención.

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Muñoz Hoffman protagonizó uno de los episodios más audaces en la historia reciente de Chile cuando, el 30 de diciembre de 1996, escapó de una cárcel de máxima seguridad utilizando un helicóptero. Durante su fuga, un helicóptero azul aterrizó en el patio de la prisión, permitiendo su huida junto a otros tres prisioneros vinculados al FPMR, en un operativo que conmocionó al país.

Desde entonces, su paradero fue un misterio. Inicialmente, se especuló que había huido a Argentina, y en 2018 surgieron rumores de que residía en Estados Unidos. Sin embargo, estas informaciones nunca fueron confirmadas hasta su reciente captura en territorio boliviano.

Durante el operativo de detención, Muñoz Hoffman evitó proporcionar detalles sobre su permanencia en Bolivia y no presentó documentos que acreditaran su identidad. Según el coronel Bazoalto, el detenido admitió haber ingresado al país por un punto fronterizo no autorizado.

Muñoz Hoffman cumplía varias condenas en Chile al momento de su fuga, el FPMR, fue una organización política y armada que operó en las décadas de 1980 y 1990 contra la dictadura de Augusto Pinochet y, posteriormente gasta la actualidad asumió la lucha política y social. La espectacularidad de su escape en 1996 lo convirtió en un personaje clave en la historia reciente del país.

Su detención representa el cierre de un largo capítulo para las autoridades chilenas, quienes desde hace casi tres décadas habían intentado dar con su paradero. Según fuentes oficiales, el gobierno chileno se encuentra coordinando con las autoridades bolivianas para agilizar su extradición y el cumplimiento de las penas pendientes en Chile. Mientras tanto, el caso sigue generando gran interés tanto en Chile como en Bolivia, dada la relevancia histórica de los hechos que llevaron a su captura.

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La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, AFEP, encabezada por su presidenta Alicia Lira Matus, llegó hoy miércoles 17 de julio, hasta la sede del Partido Republicano, para entregar una Declaración Pública a Ruth Hurtado, presidenta de esa entidad, en la que expresan el rechazo total a sus declaraciones, en las que señaló textualmente que “ojalá que el Partido Comunista no existiera en Chile”.

La sede del Partido Republicano, está ubicada en la calle Presidente Errázuriz 4305 en la comuna de Las Condes, casi al frente de la casa donde vivía el dictador Augusto Pinochet, barrio emblemático de la ultraderecha y del conservadurismo chileno.

Alicia Lira entregó la declaración pública a una funcionaria del Partido Republicano quien se mostró bastante incomoda con la presencia de miembros de la AFEP en la sede del partido, y luego procedió a leerla ante los transeúntes que pasaban por el lugar.

Los puntos principales de la misiva señalan que las declaraciones hechas por Ruth Hurtado muestran el siniestro rostro antidemocrático que violenta la memoria de las víctimas y sus familiares, que por décadas han luchado por la verdad y la justicia, y agrega que “aún buscamos más de 1.100 detenidos desaparecidos. Este sector político, cuya identificación con la dictadura de Pinochet, se expresa con una criminalidad natural que merece el más profundo rechazo”.

Decir que “ojalá que el Partido Comunista no existiera en Chile, es lo que pretendió la dictadura civil militar en nuestro país, bajo el amparo de la seguridad nacional y a través de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil como parte de una política articulada e institucional, poniendo al Estado al servicio de una acción criminal, con el resultado de miles de ejecuciones, desaparición forzada y tortura cuyas víctimas no sólo fueron militantes comunistas”.

Además, señaló Alicia Lira que “para nosotros es una actitud repudiable, antidemocrática que nos habla de una derecha fascista. No podemos no estar presentes en esta sede. Queríamos que nos recibieran para presentarles nuestro rechazo, porque aquí, a pesar de los más de 3.500 ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, 1.100 personas que aún no se encuentran, tienen la inmoralidad y la mente criminal para ufanarse de la tragedia y del dolor que viven no sólo los familiares, sino esta sociedad. Es inaceptable quedarnos sin venir a enrostrarles la actitud de criminalidad, de negacionismo, el discurso de odio que no permitiremos nunca más. Cada vez que ellos ofendan la memoria y hablen en términos antidemocráticos, aquí estaremos para hacerles presente que en Chile existen personas dignas, que luchamos por la verdad y justicia y por una sociedad más justa e igualitaria”.

Después de leer la carta, procedieron a dejar distintas hojas con la declaración pública en el muro de la sede política. Los funcionarios del Partido Republicano que estaban en el lugar, quedaron muy desconcertados con la presencia de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, no se esperaban esta visita, y luego de que los miembros de la AFEP se fueron del lugar, procedieron a retirar las declaraciones que habían colgado en el muro.

Gestos como los de la AFEP se hacen cada día más necesarios ante fuerzas que pretenden ser parte de la política de este país con discursos negacionistas, antidemocráticos, peligrosos para la democracia y las garantías necesarias de no repetición.  

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En ellos se afirma que, a mediados de febrero de 1974, el subdirector de la CIA, Vernon Walters, visitó en secreto Santiago de Chile para “reunirse cara a cara con Pinochet”. Según el informe de Walters al entonces secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, el subdirector de la CIA le dio al dictador chileno “saludos del presidente y del secretario de Estado y [le ofreció] amistad y apoyo”.

Pinochet aceptó la oferta estadounidense y pidió apoyo a EE.UU. para la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, la Policía secreta) “en sus etapas formativas” y para la “figura clave” Manuel Contreras, que iba a dirigirla. Tres semanas más tarde, indican los documentos, Contreras visitó la sede de la CIA, donde fue informado sobre la organización y gestión del servicio de inteligencia. En 1975, la CIA le puso brevemente en nómina como “agente a sueldo”.

Los documentos desclasificados también contienen información sobre una serie de operaciones de la DINA, información sobre detenciones secretas y torturas, que los informes de los servicios de inteligencia estadounidenses comparan con los métodos de la “inquisición española”. Se señala que la mayoría de los prisioneros de los centros secretos de tortura del régimen de Pinochet fueron ejecutados y sus cuerpos desaparecieron, muchos fueron arrojados al océano desde helicópteros. TASS

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1. Apertura permanente de la Ley de Principios Políticos y Tortura N° 19.992.
2. Cumplimiento total de la norma del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), incluyendo la asignación de personal médico especializado.
3. Acceso al subsidio habitacional del Servicio de Vivienda y Urbanización (SEVIU).
4. Bono de reparación ajustado por encima del sueldo mínimo.
5. Aumento del 75% en el bono entregado a las viudas de ex presos políticos.

A pesar de la importancia de estos temas para los ex presos políticos, Gabriel Boric negó la solicitud de reunión. En la respuesta oficial, se informó que “debido a que S.E. se encuentra comprometido con múltiples actividades, no será posible concretar la reunión requerida.” Además, en un giro inesperado, la respuesta incluyó una remisión de la solicitud al Gabinete de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, indicando que “con el interés de que su presentación sea analizada por la institución pertinente, esta se ha derivado al Gabinete de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el cual le brindará una respuesta en el marco de sus competencias y facultades.”

Esta decisión ha sido calificada por la Asociación Nacional de Expresos Políticos Salvador Allende como un acto humillante y de real maldad por parte del gobierno. Los miembros de la asociación expresaron su indignación, considerando inadecuado e insólito que sus demandas de justicia y reparación sean remitidas a una entidad vinculada históricamente a sus represores.

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El caso del Melocotón nació de una investigación que hicimos y publicamos en un suplemento al interior del diario Fortín Mapocho. Fue descubierto gracias a una confidencia del exministro y abogado Alejandro Hales, quien me advirtió que debía guardar su nombre en secreto mientras viviera. Uno de sus clientes y amigos le había relatado las presiones y exigencias que le hicieron para venderle su propiedad. Desde luego, hicimos copiar las escrituras en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, lo que parecía una jubilación prematura antes de su muerte. Mucho después, a su fallecimiento, se encontraron millones de dólares que había depositado en el Banco Riggs, lo que dejaría en evidencia a quienes no creían en la corrupción de la Mansión del Melocotón.

Con el inserto de las 10 propiedades del escándalo corrupto en el Fortín Mapocho, que se agotaba en solo horas, pensando en su gran difusión, llegamos a sacar 3 ediciones. Después nos enteraríamos que la CNI, para evitar su difusión, iba comprando todas las ediciones en los quioscos, advertidos por los mismos suplementeros.

Por los hechos de la Mansión del Melocotón y esos actos corruptos, me atreví a querellarme en contra del dictador. Con un gran escándalo, publiqué en mi diario Fortín Mapocho, en un apartado especial al interior, que mostré en una conferencia de prensa, todas las propiedades y sus roles de las cuales Pinochet se había apropiado. Fue el primer acto corrupto en el que se le pilló y que, al publicarlo, remeció al país en esa época. Me querellé en plena dictadura contra Pinochet por este escandaloso acto. El ministro de la Corte designado, Sr. Chañeaux, abrió el curso de mi querella e informó, en consulta con la Corte de Apelaciones, que esta recibió la causa a prueba, pero indicó que antes tenía que ser desaforado. Presenté la demanda a la Junta Militar por el desafuero de Pinochet y esta me contestó que ellos no eran el Congreso Nacional para desaforarlo.

Al dar el golpe de Estado, Pinochet había ido a la Notaría Zaldívar, declarando haber ahorrado, a mi juicio de muy mala manera, $350 mil pesos. Producto, según él, de que en vez de comprar un living para la casa donde fue designado agregado militar en Ecuador, llevó su propio living, quedándose con esa suma a cambio. Eso fue lo que declaró como el total de ahorro. Posteriormente, se compró 4 departamentos avaluados en sumas cercanas, cada uno, a 2 millones de dólares de la época, lo que también denuncié sarcásticamente en mi diario. Hay que advertir que ese diario se convirtió en uno de los más leídos, hasta 7 lecturas por diario, según las encuestas, ya que, además, se pasaba de mano en mano, escondido al interior de otro diario debido al gran temor que existía.

Hay que agregar la estafa que hizo Pinochet en la compra de la propiedad del Melocotón, al dictar un decreto para que el Ministerio de Obras Públicas expropiara y presionara en otros casos, para que le vendieran al Ministerio algunas propiedades colindantes. Por cierto, asustando a los dueños de esas 10 propiedades del sector del Melocotón, en las que gastó ese Ministerio 10 millones de pesos. Después, decretaría otro para que ese Ministerio vendiera las propiedades y se las adjudicara, por intermedio de su secretario particular, el coronel Darrigrandi, quien se las traspasó en 2 millones y medio de pesos.

No puedo dejar de mencionar al exsenador Adolfo Zaldívar, que hizo un recuento de lo que gastó por varios cientos de millones en puentes, seguridad, electricidad y comunicaciones. No obstante, a pesar de todo ese gasto, se le hiciera el atentado que casi le costara la vida al dictador. Por ese atentado, se mataron 4 personas, a quienes se les acusó, y a mí se me persiguió, se allanó mi casa, se mató a mi perro guardián. Solo por la precaución de un exsenador, miembro del PRODEN, que me empujó a adelantar mi viaje a Buenos Aires, me escapé, evitando ser asesinado junto a los otros 4 que ese día los mataron. Quisieron hacerlo contra mí, pensando que, por mi amistad con Fidel Castro, había participado personalmente en el contrabando de las armas que ingresaron al país por Carrizal Bajo, y que la bazuca que utilizaron provenía de allí. Debido a lo cual, tuve que irme, aceptando el consejo de aquel senador del partido Radical, para salir subrepticiamente en una especie de exilio a Buenos Aires, y quedarme por algo más de 9 meses, mientras el director de la CNI descubría otros rumbos del atentado y aceptara mi regreso a Chile, bajo ciertas condiciones que nunca acepté cumplir.

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Como parte del régimen de Pinochet, fue ministro del Trabajo y del Interior, contribuyendo a la redacción de la Constitución de 1980. Fundó la UDI en 1983 y regresó al Ministerio del Interior en 1987 antes del plebiscito de 1988.

Enfrentó desafíos legales por por crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos en la “Operación Cóndor”. A pesar de ello, la Corte de Apelaciones rechazó su desafuero en 2005. En las elecciones de ese año, no fue reelegido al Senado.

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Según los informes preliminares, el cuerpo de Derpich fue descubierto en su vehículo en la Plaza Las Lilas. La Policía de Investigaciones ha informado que la Brigada de Homicidios está a cargo de la investigación, considerando el suicidio como la principal hipótesis de su fallecimiento.

Marcos Derpich ocupó cargos importantes como vicedirector y jefe de la división Regionales de la CNI desde marzo de 1988 hasta septiembre de 1990. Durante ese período, se le vinculó con diversas violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

Sin embargo, recientemente, el 4 de marzo, la Corte Suprema lo condenó a 25 años de prisión por el asesinato de siete militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) en 1984, como parte de la Operación Alfa Carbón. En esa sentencia, se determinó que Derpich fue autor de asociación ilícita y coautor de homicidio calificado.

Las víctimas en este caso fueron Nelson Adrián Herrera Riveros, Luciano Humberto Aedo Arias, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Mario Mujica Barros, Juan José Boncompte Andreu, Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala.

Es relevante mencionar que en la misma investigación, Álvaro Corbalán, quien en ese entonces era jefe de la Brigada Antisubversiva de la CNI, también fue sentenciado a la misma cantidad de años de cárcel.

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El Deber de Memoria sigue ahí, no se irá nunca. El número de víctimas es muy, muy alto, pero de Arica a Magallanes hay lugar para rendirle homenaje a todos.

Siempre que se escucha o se lee la palabra puente se asocia al progreso, a la unión de pueblos, de comunidades. Se asocia a la conectividad y el desarrollo. En estricto rigor es la construcción que se levanta sobre una depresión del terreno (río, canal, foso, etc.) y que permite comunicar dos territorios. Existen variedad de puentes construidos de diferentes materiales de construcción, como madera, de hormigón o de cuerdas, pero cumplen la misma función, de unir comunidades. Existen puentes de acceso vehicular o peatonal. En resumen, los puentes hacen de nuestra existencia un mejor lugar para vivir.

Existen puentes muy famosos que han sido objeto de libros, películas, poemas, grandes amoríos y también de grandes tragedias. Entre estos últimos podemos mencionar el puente Bulnes, que cruza el rio Mapocho, en el sector de la carretera Panamericana. El puente Bulnes fue testigo de las mayores masacres ocurridas durante la dictadura cívico militar de Pinochet, entre septiembre y octubre de 1973. Se cuenta, por documentos oficiales, que fueron asesinados por fusilamiento cerca de cien personas, entre niños, mujeres embarazadas, obreros, mujeres, jóvenes. Estas víctimas habían sido previamente torturadas antes de ser fusiladas. Posteriormente fueron lanzadas al rio Mapocho. Muchos de ellos son detenidos desaparecidos.

Otro puente no tan famoso, pero los que sufrimos los horrores de la dictadura nos acordamos muy nítidamente. Me refiero al puente Loreto, que también cruza el rio Mapocho a la altura del museo de Bellas Artes, cerca de la estación del Metro del mismo nombre. En el año 1986 yo era presidente de la Federación de estudiantes de mi universidad. En el año que la oposición a la dictadura había definido como el año decisivo. Sin duda la época de mayor represión que recuerde nuestra historia.

En ese año 1986, se realizó en Santiago el día 20 de mayo una Jornada por la Democracia. En la tarde de ese día, mientras se desarrollaban manifestaciones en apoyo de la Asamblea Parlamentaria Internacional que tenía lugar en un hotel céntrico, la ciudad de Santiago se encontraba acordonada militarmente por numerosas tropas del Ejército y carabineros de Chile. En ese contexto el joven estudiante de auditoría del Instituto profesional de Santiago (IPS), hoy Universidad tecnológica metropolitana (UTEM), Ronald Wood Gwiazdon, tratando de cruzar el puente Loreto, de norte a sur, es asesinado a mansalva por militares que custodiaban el puente e impidiendo la circulación de personas por ese lugar.

El joven recibió dos disparos en la cabeza y debido a sus graves heridas fue trasladado por un particular hasta un centro asistencial. Al final su cuerpo no resistió, falleciendo tres días más tarde a causa de un traumatismo cráneo encefálico por disparos de arma de fuego. Algunos testigos presenciales corroboraron haber visto la escopeta en manos de un uniformado y haberla escuchado entre los disparos de fusil.

También en esos días se realizaba en Santiago una Asamblea de la CONFECH (Confederación de federaciones de estudiantes universitarios de Chile). Esta asamblea y en su plenario final, realizado en la capilla universitaria, ubicada en la plaza Pedro de Valdivia, recibimos la triste noticia que el joven universitario de 19 años había fallecido. Era el día 23 de mayo de 1986. En una sobrecogedora asamblea final, muchos de los presentes lloramos y dimos un largo y estruendoso aplauso, a pesar de las amenazas que recibimos de los militares que rodeaban la capilla, de no hacer manifestaciones.

El día viernes 24 de noviembre de este año y después de 37 años de perpetrado este crimen alevoso, la Municipalidad de Santiago, por intermedio del Concejo municipal y la alcaldesa Irací Hassler, le rinden un homenaje, cambiando el nombre del puente Loreto a puente Ronald Wood Gwiazdon. A esta ceremonia asistieron numerosas personalidades ligadas a la recuperación de la memoria, junto a la actual rectora de la UTEM.

En el acto hicieron uso de la palabra las hermanas mellizas de Ronald Wanda y Katia Wood, donde agradecieron la enorme concurrencia y también a la Municipalidad de Santiago, por este acto de reparación y memoria a su hermano Ronald.

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Durante el periodo de la dictadura, Stange desempeñó un papel importante en la Junta Militar desde 1985 hasta el retorno a la democracia, sucediendo en el cargo a César Mendoza. Posteriormente, incursionó en la política y se convirtió en senador por la región de Los Lagos. Durante esos años, se unió a las filas de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

La figura de Stange ha estado envuelta en polémica debido a las acusaciones de incumplimiento de deberes militares y obstrucción a la justicia en relación con el “Caso Degollados” ocurrido en 1985. Este caso, que involucra la muerte de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, generó indignación al tratarse de detenciones y secuestros realizados en plena luz del día, culminando con los cuerpos degollados encontrados en el camino que conecta Quilicura con el Aeropuerto de Pudahuel.

En 1994, el entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle solicitó la renuncia de Stange debido a su implicación en el caso, solicitud que fue rechazada por el exgeneral.

El velatorio de Stange se llevará a cabo en la Escuela de Carabineros, según informó la institución policial a través de la red social Twitter.

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