Agradezco esta invitación porque son pocos los espacios donde tenemos lugar las voces de las víctimas y sobrevivientes de abusos en la niñez cometidos en entornos institucionales. Más raro aún es poder conectar esta realidad con lo que realmente es: una violación a los derechos humanos.

Estoy aquí en calidad de víctima y de activista. Y aunque podría hablar desde lo forense o desde los hechos que marcaron mi vida, prefiero hablar desde lo colectivo, desde lo que significa cargar con este tipo de heridas en un país que todavía no asume su responsabilidad.

Sufrí este delito en el colegio San Luis en Antofagasta, a manos de un sacerdote jesuita. Pero no fue solo él. Se necesitó de toda una Iglesia para encubrirlo. Recién hablé décadas después, como casi todas las víctimas de estos crímenes. Pasan años —a veces toda una vida— antes de poder poner en palabras lo que nos hicieron, si es que no morimos antes por las secuelas que deja el abuso: suicidios, adicciones, enfermedades mentales, cuerpos enfermos por un trauma que nunca fue reconocido.

Mi historia no termina en ese colegio. Ninguna historia de abuso termina en el lugar donde ocurrió. En cada sobreviviente sigue viva la marca, porque las consecuencias no son un accidente. No es algo que “nos pasó”: es algo que nos hicieron. El perpetrador te elige, el entorno decide no ver, y la comunidad se hace la sorda y la ciega mientras el delito ocurre frente a todos.

El abuso sexual infantil en instituciones no es un hecho aislado ni un secreto bien guardado; es una práctica estructural, sostenida por redes de poder, silencio y complicidad. En Chile, como en tantos países, ese entramado incluye a la Iglesia Católica, congregaciones religiosas, organizaciones de scouts, hogares del SENAME y entidades estatales. Cambian los nombres y las fechas, pero el patrón es el mismo: abuso, encubrimiento, impunidad y un Estado que mira hacia otro lado.

Mi historia, como la de tantos otros, cambió el día que decidí hablar públicamente. Di testimonio al periodista Óscar Contardo, pero el medio donde él escribía censuró la publicación. Entonces la difundió en redes sociales, y fue allí donde me contactó la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Chile. Me recibieron sin preguntas, sin dudar de mi palabra, porque ellos y ellas también habían vivido lo mismo. Desde ese momento entendí que la salida es colectiva, que el activismo es una forma de sobrevivir y de enfrentar al monstruo.

La Iglesia busca siempre acallar a las víctimas: compra silencios, amenaza, difama o borra del debate público a quien se atreve a hablar. Tiene poder político, económico y mediático. Y a pesar de todo lo que se dice sobre reformas o avances, es falso que el Papa Francisco haya terminado con el encubrimiento o con los abusos. Lo afirmo con conocimiento de causa: las pruebas públicas muestran lo contrario.

Desde la Red empezamos a estudiar, investigar y conectarnos con sobrevivientes de otros países y con organizaciones de derechos humanos. Porque cuando el Estado te abandona y la Iglesia te quiere callado, no te queda otra que hacer el camino por tu cuenta. Y fue ahí cuando comprendimos algo que lo cambia todo: el abuso sexual en entornos institucionales es tortura.

La definición de la ONU es clara: la tortura es un acto intencional que causa dolor o sufrimiento grave, físico o mental, cometido por un funcionario público o con su consentimiento, con fines de castigo, intimidación o discriminación. El Comité contra la Tortura confirmó expresamente que la violencia sexual en instituciones, incluidas escuelas o centros del Estado, constituye tortura.

Por eso, cuando el Estado permite, tolera o encubre estos crímenes, es cómplice. Chile es Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990 y de la Convención de Belém do Pará desde 1996. Ambos tratados son clarísimos: la ausencia o negligencia del Estado frente a la violencia sexual equivale a participación en el crimen. En otras palabras, el Estado ausente también tortura.

Y sin embargo, seguimos sin verdad, sin justicia, sin reparación y sin garantías de no repetición.

El gobierno del presidente Gabriel Boric llegó al poder con una promesa concreta: crear una Comisión de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para abordar los abusos ocurridos en entornos institucionales, especialmente en la Iglesia y el SENAME. Era una deuda histórica con miles de sobrevivientes. Pero esa promesa no se cumplió.

En 2022, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le recomendó expresamente a Chile que avanzara con una Comisión de la Verdad que incluyera los abusos en instituciones religiosas y de cuidado estatal. Un año después, en mayo de 2023, la Defensoría de la Niñez reiteró la urgencia de crear esa Comisión, advirtiendo que debía considerar a todas las víctimas pasadas y presentes, sin separar los contextos ni las instituciones.

El gobierno ignoró ambas recomendaciones. Despreció informes, desoyó a las víctimas y archivó su propio compromiso programático. Hoy, tres años después, no existe Comisión alguna. No hay verdad ni reparación. Los abusadores mueren impunes. Los sobrevivientes mueren esperando justicia.

Mientras tanto, los abusos siguen ocurriendo. Los mismos espacios donde fuimos violentados siguen operando bajo el amparo del Estado, con subvenciones, con convenios, con silencio.

Y eso también es una forma de tortura.

Porque cada día sin justicia, sin reparación, sin reconocimiento, es una repetición del daño. Porque las heridas de la niñez no sanan sin verdad.

Chile conmemora este 2025 los 35 años de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Y sin embargo, en este país el “interés superior del niño” sigue estando por debajo del interés institucional, del cálculo político y de la defensa de las jerarquías eclesiásticas.

Los derechos que los sobrevivientes exigimos no son favores ni gestos de compasión. Son derechos humanos:

• Derecho a la Verdad, individual y colectiva: saber quiénes fueron los abusadores, quiénes los encubrieron y cómo operó el sistema de impunidad.
• Derecho a la Justicia, no solo penal sino estructural: investigar las redes, las instituciones y los mecanismos que lo permitieron.
• Derecho a la Reparación, tanto individual como colectiva: atención médica y psicológica gratuita, disculpas públicas, memoriales, fondos de reparación y apoyo a las familias.
• Derecho a Garantías de No Repetición, que se traduzcan en educación en derechos humanos, protocolos reales y fiscalización efectiva.
• Derecho a la Participación y Vocería, para que los sobrevivientes sean parte del diseño de políticas públicas, y no meros testigos pasivos.
• Derecho a la Memoria Histórica, porque el olvido solo garantiza que vuelva a suceder.

Estos derechos están reconocidos en los tratados internacionales que Chile firmó y en su propia legislación, como la Ley 21.057 sobre entrevistas videograbadas para víctimas infantiles, o las normas del Código Penal y el Código Procesal Penal. Pero la letra de la ley no basta si no hay voluntad política para cumplirla.

El gobierno de Boric tuvo la oportunidad de marcar un antes y un después, de iniciar un proceso histórico de reparación y verdad, y eligió no hacerlo. Eligió la comodidad del silencio y la inercia burocrática. Y con eso, volvió a dejar a las víctimas del lado del abandono.

No hay justicia mientras los sobrevivientes sigan cargando solos con el peso de lo que se les hizo. No hay verdad mientras el Estado no nombre lo que pasó como tortura. No hay reparación mientras el Gobierno siga ignorando su obligación moral y legal.

Yo tengo más de cincuenta años y muchos de los fundadores de nuestra Red ya murieron sin acceso a la verdad, la justicia ni la reparación. Y mientras ustedes leen esto, en los mismos colegios, parroquias y hogares donde nosotros fuimos abusados, siguen ocurriendo los mismos crímenes.

Por eso no vine a contar mi historia para generar compasión ni para despertar emociones pasajeras. Vine a hacer una pregunta política, ética y humana:

¿Qué va a hacer Chile con esta verdad que ya no se puede ocultar?

Porque la indignación no alcanza. Porque los gestos simbólicos sin políticas concretas no reparan. Y porque si el Estado no asume su deuda con los sobrevivientes, entonces el “nunca más” seguirá siendo solo una frase vacía.

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Miles de jóvenes de nuestra generación, entre ellos los que estudiábamos en la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile, participamos de muchas formas en la lucha contra la dictadura militar.

Nuestra resistencia no era para imponer otra dictadura, para hacer callar a los que nos acallaban, para reprimir a los que nos reprimían. Nuestra lucha fue por la libertad.

Vi el video donde se funaba y se trataba de hacer callar a Sergio Micco. Debo decir que me dio inicialmente un poco de vergüenza y después un poco de bronca, pero en ningún momento dejé de estar en desacuerdo con lo que se hacía.

Los dichos y la acción de quien dirigió el Instituto Nacional de Derechos Humanos pueden y deben ser objeto de críticas. En efecto, en pleno alzamiento popular, esta persona se negaba a reconocer el carácter generalizado y sistemático de las violaciones a los Derechos Humanos, poniendo con ello a resguardo al entonces presidente de evidentes responsabilidades legales.

Por estos días va más lejos y formula opiniones que tienden a justificar la estrambótica teoría de que durante 2019 se produjo un intento de golpe de Estado. Solo le falta al señor Micco decir que esto venía de los servicios de inteligencia cubanos y/o venezolanos.

Se le debe desmentir y refutar. Pero otra cosa muy diferente, es intentar hacerlo callar y aventarlo de la Escuela de Derecho a la Universidad de Chile por vías de hecho.

Peor aún es que algunas organizaciones políticas traten de justificar esto y que el decanato de la Escuela de Derecho emita una declaración ambigua tratando de bajar el perfil a una situación que es grave.

Es posible que autoridades que, en su juventud, no hicieron nada contra la dictadura militar por temor o porque íntimamente la justificaban, esto no les parezca grave, pero a los que combatimos, en algunos casos con todas las formas de lucha, esto nos parece muy grave.

Aún recuerdo una jornada de propaganda callejera que llevamos adelante en Pudahuel, un grupo de estudiantes de Derecho disponiendo de los medios incluso para resistir a los esbirros de la dictadura. Participaban allí jóvenes que luego serían incluso ministros y ministras de Estado, pero no arriesgábamos la vida para instalar otra dictadura, para instalar a otros censuradores, para instalar a otros prepotentes. Estábamos dispuestos a morir, y no exagero, por la libertad.

Como dijo y escribió la gran revolucionaria alemana Rosa Luxemburgo, la libertad de expresión, que es parte esencial de la izquierda, es la libertad del otro, es la libertad de escuchar lo que no te gusta.

Rosa Luxemburgo murió luchando por estas ideas libertarias.

A comienzos de los 90 me encontraba circunstancialmente en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile cuando llegó allí José Piñera como candidato presidencial, con el propósito de hablarle a los estudiantes que lo rechazaban de viva voz. Llamé a los jóvenes a que no lo echaran y que pasáramos a una sala para confrontar ideas, y así se hizo.

Pasamos a la sala 4, que se repletó en breve. Allí partí diciéndole que este momento era un gran día para la democracia, pues hacía 12 años él había llegado a esa misma escuela siendo ministro del Trabajo, a tratar de convencernos de las bondades del plan laboral, y que en esa ocasión vino acompañado de un nutrido grupo de matones de la Central Nacional de Informaciones y que no aceptó preguntas.

Agregué que los jóvenes estudiantes, con su tolerancia democrática, le estaban dando una gran lección; lo iban a escuchar respetuosamente, cosa que él no había hecho con mi generación un decenio atrás.

La sala se estremeció con una ovación, y luego expuso el señor Piñera las supuestas bondades y sus halagos al modelo neoliberal que él pretendía profundizar siendo presidente de la república. Los jóvenes lo escucharon respetuosamente y lo refutaron de igual manera. Así se fue don José Piñera, con la cola entre medio de las piernas.

Había que escuchar y respetar a Sergio Micco por una cuestión de principios. Pero también había que confrontarlo por su conducta como figura pública que, lejos de promover los Derechos Humanos en la práctica, ayuda a que estos sean conculcados. Pero había que hacerlo respetuosamente y en el marco de un diálogo democrático; era muy fácil hacerlo, y Micco se habría encontrado en graves problemas.

Quiero llevar más lejos las opiniones libertarias de Rosa Luxemburgo y decir, quizás con Bertolt Brecht mirándome, que si hoy día acallamos por vía de hecho al que no piensa como nosotros, tarde o temprano, otros nos acallarán a nosotros.

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El evento se efectuó el jueves 14 de septiembre, y en el que participaron como panelistas del conversatorio los abogados de Derechos Humanos Fernando Escobar, Hiram Villagra y Roberto Ávila Toledo, quienes además fueron objeto de un reconocimiento por su larga trayectoria en este ámbito.

En el evento se resaltó la importancia de instituciones emblemáticas como la Vicaría de la Solidaridad, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu, que debieron enfrentar los abusos de la dictadura militar en las más diversas y difíciles condiciones.

Dentro de los abogados y personas homenajeadas que ya partieron, se rindió homenaje a José Galiano, Jose Zalaquet, Blanca Rengifo, Alfonso Insunza y Roberto Garretón Merino.

La comuna de Pudahuel fue una zona de fuerte resistencia a la dictadura militar y víctima de atroces violaciones a los Derechos Humanos.

La dictadura comenzó luego del golpe militar, instalando un centro de exterminio en lo que era la casa de la cultura y hoy el edificio consistorial del municipio. Allí se fusiló a muchas personas, entre ellas casi toda la directiva de la Juventud Socialista de la comuna.

Luego de las protestas populares, se asesinó también a muchos jóvenes opositores a la dictadura, entre ellos Luis Díaz Muñoz, Mauricio Maigret y José Antonio Aguirre Ballesteros.

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A pesar que los uniformados de la Armada fueron dado de baja y asesinaron a un civil, cumplirán detención al interior de un recinto de la armada por los 120 días que dure la investigación.

Según el fiscal Francisco Almazán señaló que hubo “ensañamiento contra la víctima, una golpiza de inicio a fin, que le causó la muerte”.

Los marinos golpearon a la víctima con manos, pies y objetos contundentes, utilizando incluso la muleta del hombre.

El Ministerio Público indicó que los imputados cuentan con causas pasadas, no judicializadas, relacionadas a delitos por lesiones hacia otras personas.

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En la pagina del Hogar de Cristo dejó su testimonio que ahora reproducimos:

Por: Ximena Torres Cautivo

Buscando mejores oportunidades de vida, este colombiano estudió instalación y mantención de paneles solares. Averiguó que en Chile estaba muy desarrollada esta energía y se puso a caminar desde Cali. Entró por Colchane, se auto denunció e –irónicamente– en la residencia sanitaria de Iquique se contagió un hongo que le comió los dedos del pie derecho y obligó a amputarle la pierna. Hoy vive en la residencia del Hogar de Cristo. Conoce su historia.

Milton Domínguez (58) es la viva manifestación de lo inútil que resulta la expresión “¿por qué a mí?”. Dueño de una resiliencia que bien podría confundirse con resignación, este colombiano, que se movía por Cali en moto y se ganaba la vida como repartidor de comida, hoy es un migrante indocumentado en Chile, que vive en la Hospedería de Hombres del Hogar de Cristo en Iquique, desde abril de este año, y sueña con conseguir una prótesis para su pierna derecha, amputada desde más arriba de la rodilla en el hospital de la ciudad.

Cuando entró a Chile por Colchane, cruzando ilegalmente por la zona de los bodefales, venía con la ilusión viva de regularizar su situación y encontrar un mejor destino laboral en nuestro país. Venía además parado sobre sus dos piernas, sanas e intactas. Dice:

-Podría haberme hecho la América en Cali ahora que todos piden comida por Rappi, pero yo quería superarme y se me ocurrió estudiar para técnico en instalación y mantención de paneles solares, una tecnología que no se ha implementado casi nada en mi país. Yo creo que ahí está el futuro: habrá granjas solares inmensas, carros eléctricos, electrogasolineras… Por internet me enteré que en España y en Chile hay mucho desarrollo del uso de la energía solar y decidí migrar para acá. Cuenta que se demoró dos meses en cruzar parte del continente, desde Cali a Pisiga, en Bolivia, y de ahí a Colchane.

–Fue muy sencillo cruzar la frontera entre Bolivia y Chile; hay mucha gente transitando y poco control. Para seguir el trayecto a Iquique, hay que auto denunciarse en Colchane. Yo lo hice con dos venezolanos con los que venía viajando. Fuimos a Carabineros, para la auto denuncia y para que vieran que no traíamos ni droga ni vegetales. Finalmente nos trajeron a Iquique y nos llevaron a una residencia sanitaria donde debíamos hacer la cuarentena. Ahí, en el baño del lugar, me hice una herida en el pie. Un rasguñito sin importancia, parecía ser, pero al día siguiente se me empezó a poner negro un dedo. A los tres días, el hongo que me contagié me había comido todo el dedo, pero en el Consultorio Videla no pudieron hacer nada. Fui al Hospital y no me atendieron porque no tenía carnet. Finalmente, unas señoras de la Cruz Roja lograron que me atendieran con un RUT provisional. Me amputaron dos dedos, luego me dijeron que me iban a cortar un pedazo más, me llevaron a pabellón y me pusieron la anestesia raquídea. Cuando desperté, me faltaba la mitad de la pierna derecha –dice, sobándose el muñón y mencionando lo molesto de los dolores fantasma.

Amputado y Solo

Milton llegó a Chile el 11 de abril pasado. Durante su travesía latinoamericana, se enteró de la muerte de su añoso padre: tenía 96 años y le dolió mucho no haber estado con él. Por eso, cuando sufrió la amputación de su pierna, prefirió no decirla nada a su madre: “A sus 84 años y recién viuda, no quise afligirla más. Hablé con una de mis hermanas más cercanas. Nosotros somos siete hijos; yo soy el quinto, y no me he casado ni tenido hijos”.

Por suerte, piensa.

-En la travesía desde Colombia hasta Iquique, vi muchas cosas terribles. Ninguna persona se merece pasar por esto: el peligroso cruce de las trochas, la gente que abusa cruelmente de la desgracia de los migrantes, gente que muere al caer de las mulas o autobuses repletos, mujeres que son abusadas o pierden a sus niños en el camino, niños que ven morir a sus padres. Finalmente, como hombre solo, uno cuenta con suerte, porque es responsable sólo de sí mismo, no de sus hijos pequeños. Eso sí que es tremendo-, reflexiona este caleño, hoy semi iquiqueño, que sueña con obtener una prótesis, volver a pararse en dos piernas y trabajar con la energía solar del Norte Grande Chile.

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Las mujeres no desfilaron ni se presentaron dignamente como co-creadoras en el evento de moda, lo que ha agravado aún más la situación. Además, se sospecha que se estaría explotando a un menor de edad. Los organizadores del evento, llamado Eje Moda, todavía no han hecho comentarios al respecto de la polémica generada.

Los internautas también señalaron que este tipo de prácticas racistas y excluyentes son comunes en otras marcas de moda colombianas. En lugar de promover la inclusión, la exhibición de estas mujeres indígenas como elementos de utilería ha generado indignación y rechazo en la sociedad.

La polémica exhibición es vista por algunos como un problema estructural que refleja la desconexión de algunas marcas con la realidad y la falta de comprensión sobre la cultura e historia de los pueblos originarios.

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“Hola, soy la hija de Cecilia; Durante esta madrugada, Cecilia falleció, pero siempre mantendremos en memoria y espíritu su ser, luchador y perseverante”, publicó en la cuenta de Heyder en Twitter.

Hace más de tres años Heyder presentó un recurso de protección para pedir “una muerte digna” mientras estaba internada en el Hospital San José producto de un cáncer y otras enfermedades.

La activista libró la batalla para legalizar la eutanasia en Chile y en una entrevista hace dos años dijo que tenía la esperanza “de ver en vida que el derecho a la muerte digna sea ley y se garantice para todos como un derecho humano más”.

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Este 13 de mayo, se realizó un nuevo homenaje a las y los caídos durante los primeros días de la dictadura militar, tras el golpe de Estado de 1973, en el Puente Bulnes, comuna de Renca, en Santiago. A la conmemoración asistió la senadora independiente y popular Fabiola Campillai, primera mayoría nacional en las elecciones para la cámara alta, obrera y víctima de un proyectil de carabineros en el marco del levantamiento social iniciado en octubre de 2019, lo cual la dejó sin visión, entre otras secuelas de por vida.

La actividad, enmarcada en los 50 años desde el golpe de Estado de 1973, tiene potentes ecos en materia de derechos humanos. De hecho, en el Puente Bulnes, a una semana del golpe cívico-militar dado contra el gobierno de Salvador Allende, fue fusilado por soldados el sacerdote obrero y sindicalista de origen español, Joan Alsina. Testigos de su ejecución lo escucharon decir a su pelotón de fusilamiento, «mátame de frente porque quiero verte para darte el perdón».

Sin embargo, en el transcurso de los años esas primeras acciones de memoria y lucha social vivieron un proceso de ampliación. El Puente Bulnes, prácticamente situado en el centro de Santiago, fue territorio de matanzas sucesivas de la dictadura pinochetista en sus primeros tiempos. Joan Alsina debió abrir sus brazos para integrar en el sitio de su muerte a trabajadores, adolescentes y miembros de la propia guardia personal de Salvador Allende, también eliminados por la tiranía.

El Comité por el Memorial del Puente Bulnes organizó la actividad de derechos humanos, canto y poesía. Está compuesto por vecinos de la zona, sensibles al campo de la memoria y la resistencia de las clases trabajadoras y populares. Son gente que, sin recursos ni subvenciones, de manera absolutamente autónoma e independiente de toda institucionalidad, se agrupó para construir un lugar digno donde rememorar a las y los caídos por el terrorismo de Estado en ese rincón de la ciudad.

En la cita, la senadora Fabiola Cambillai señaló que, «Aunque nos quieran obligar a olvidar, no lo permitiremos», y agregó que, «la próxima semana voy a ingresar un proyecto de ley para los sitios de memoria. Su objetivo es poner penas de cárcel a los que vandalicen nuestros sitios de memoria. Asimismo, busca emplazar al gobierno a que se realice una reparación integral a estos lugares de memoria y su cuidado, para los luchadores sociales de ayer y los de hoy».

Por su parte, el coordinador del Comité por el Memorial Puente Bulnes, Aquíles Córdova, narró que, «El mismo 11 de septiembre de 1973, en la mañana, se desplazó un contingente de miembros de la seguridad del presidente Salvador Allende (GAP), desde la zona Oriente de Santiago, hasta La Moneda. Al llegar al centro de la ciudad e ingresar por calle Morandé, cerca de los estacionamientos de vehículos de La Moneda, Domingo Blanco Tarrés, junto con 9 integrantes del GAP, se bajaron premunidos de armas, pero fueron descubiertos y conminados a entregarlas por un contingente de Carabineros», y añadió que, «se detuvo a un total de 10 personas, las cuales fueron ingresadas al edificio de la Intendencia. Al procurar interceder por ellos, fue detenido Enrique Ropert Contreras, hijo de la secretaria del presidente Allende, Miria Contreras. Los aprehendidos fueron llevados a la 6ta Comisaría de Carabineros, siendo posteriormente ejecutados entre los días 19 y 20 de septiembre de 1973, de acuerdo al Servicio Médico Legal (SML)».

En efecto, eran 10 integrantes del GAP y un estudiante de economía de la Universidad de Chile, de los cuales hay 9 identificados y 2 detenidos desaparecidos. Fueron fusilados José Belisario Carreño Calderón; Carlos Cruz Zavalla; Luis Gamboa Pizarro; Gonzalo Mario Jorquera Leyton; Óscar Marambio Araya; Edmundo Montero Salazar; Jorge Osvaldo Orrego González; William Ramírez Barría; y Enrique Andrés María Ropert Contreras. Los otros 2 miembros del GAP detenidos junto con ese grupo, están en situación de detenidos desaparecidos: Pedro Juan Garcés Portigliati y Domingo Blanco Tarrén. Erróneamente, el jefe de la escolta presidencial, Jaime Sotelo Ojeda, consta como fallecido en el Puente Bulnes, cuando en realidad fue ejecutado y encontrados sus restos en el Fuerte Arteaga (Peldehue).

Aquiles Córdova comunicó que, «también se produjo la masacre de trabajadores de la comuna de Puente Alto que comenzó a hilvanar su trama el 12 de octubre de 1973, a media tarde, cuando carabineros detuvo a varios jóvenes y adolescentes en la Quinta de Recreo Los Sauces, de Puente Alto, así como a algunos hombres que protestaron por la detención arbitraria. Fueron trasladados a la 12ava. Comisaría de Puente Alto, posteriormente a la 4ta. Comisaría de Santiago, para ser llevados esa noche al Puente Bulnes, donde fueron fusiladas 14 personas, resultando un sobreviviente».

Se trataba de 13 hombres y una adolescente. La adolescente era estudiante escolar y estaba embarazada de 6 meses. Los hombres corresponden, en los casos identificados, a un obrero textil, un electricista, 2 pintores de automóviles, 3 comerciantes y otro obrero: Alfredo Moreno Mena de 23 años de edad; Luis Rodríguez Arancibia, 23 años; Luis Verdejo Contreras de 26 años; Luis Toro Vidal de 16 años; Luis González Lazo de 20 años; Luis Suazo Suazo de 20 años; Rigoberto Julio Díaz de 17 años; Leonilda Díaz Díaz de 14 años; Jaime Bastías Martínez de 17 años; Domingo Morales Díaz de 20 años; David Gayoso González de 18 años; Mario Matus Santos de 18 años; y Luis Toro Toro de 17 años.

Otro momento del crimen político desatado por la tiranía ocurrió en la denominada masacre de trabajadores de la Población Nueva Matucana. El 23 de septiembre de 1973, en la  mañana, agentes militares del Regimiento Yungay de San Felipe y de Carabineros allanaron la Población Nueva Matucana, ubicada en la ribera sur del río Mapocho, en la comuna de Renca. Los uniformados hicieron formar al costado de la línea férrea a todos los hombres, y seleccionaron un grupo de alrededor de 15 pobladores, siendo trasladados con destino desconocido.

Fueron encontrados 7 cadáveres al día siguiente, el 24 de septiembre, en el Puente Bulnes. Los fusilados fueron 8, quedando un sobreviviente: un gásfiter, un comerciante ambulante, 2 obreros, un zapatero, y un artesano. Además, había un estudiante, estando 7 identificados y uno en situación de desaparecido. Según el SML, se trató de Álvaro Acuña Torres; Miguel Moreno Caviedes; Guillermo Arriagada Saldías; Sergio Aguilar Núñez; Carlos León Morales; José Machuca Espinoza; Domingo Gutiérrez Aravena, estudiante de 15 años; el detenido y desaparecido José Alfredo Vidal Melina, y el sobreviviente Osvaldo Cancino Muñoz.

Igualmente, el régimen pinochetista masacró a los trabajadores del Hospital San Juan de Dios, mediante 3 operativos militares al interior del centro sanitario, efectuados por efectivos militares del Regimiento Yungay de San Felipe el 15 de septiembre de 1973, el 17 de septiembre y el 19 de septiembre. En total, fueron detenidas 7 personas,a las que transportaron al Internado Nacional Barros Arana (INBA). El lugar de sus muertes, según el SML, fueron 3 personas en el Puente Bulnes, 2 en la vía pública, y 2 resultaron detenidas desaparecidas: Manuel Jesús Ibáñez García; Pablo Ramón Aranda (DD); José Lucio Bagús Valenzuela (DD); Manuel Briceño Briceño; Raúl Francisco González Morán; Jorge Rolando Cáceres Gatica; Joan Alsina Hurtos; y Juan Elías Cortés Alruiz (DD).

*Las imágenes fueron tomadas por el autor de la nota y son de libre disposición

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Sr. Gabriel Boric Font

Presidente de Chile

Presente

De nuestra consideración,

Llamamos su atención nuevamente ya que la guerra entre Rusia y Ucrania sigue desarrollándose en vísperas que se inicie una contraofensiva y se incrementen los muertos y la destrucción. 

Mientras Estados Unidos y la OTAN sigan enviando armas, y no impulsen negociaciones de paz, inevitablemente el conflicto se seguirá prolongando. 

Así mismo, el ataque contra el Kremlin es un hecho gravísimo y eleva todavía más el riesgo de una escalada nuclear que nuestro país y el mundo no puede descartar.

A todo lo anterior, en marzo la prensa informó que  Reino Unido enviará  municiones con Uranio empobrecido a la guerra en Ucrania lo que podría tener consecuencias negativas y de largo plazo para la salud de la población y el medio ambiente. 

El portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, señaló a fines de abril, en una conferencia de prensa, que “La ONU está preocupada por el uso de municiones de uranio empobrecido en cualquier parte del mundo, incluida Ucrania”.

Traemos a la memoria que desde la década de 1990, Estados Unidos ha disparado municiones con cientos de toneladas de uranio empobrecido en Irak, Serbia, Kosovo y Siria, así como en el antiguo Campo de Entrenamiento Naval de Vieques, una base militar estadounidense ubicada en Puerto Rico, con consecuencias lamentables para la población.

En un artículo de investigación titulado “Uranio empobrecido, salud devastada: operaciones militares e injusticia ambiental en el Medio Oriente”, Sydney Joven indica que “el uranio empobrecido puede representar un riesgo tanto para los soldados como para la población civil local” por su potencial tóxico y radiactivo.

Por otro lado, también nos preocupa que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia han tenido secuelas negativas contra toda la población mundial y, especialmente, contra los países de África que siguen viviendo en la pobreza a consecuencia del saqueo y la destrucción que dejó el colonialismo europeo y por la permanente injusticia y egoísmo del norte global donde se concentra el poder y la riqueza.

Si bien, en julio del 2022, la ONU, Turquía, Ucrania y la Federación de Rusia acordaron la Iniciativa humanitaria de “Granos del Mar Negro” con el fin de ayudar a los países africanos más pobres, lo cierto es que el 2,6% de cereales ucranianos esta llegando a estos países y un 97.4% lo siguen recibiendo los países desarrollados. 

Así mismo, se ha conocido que muchos barcos rusos de fertilizantes están bloqueados por las sanciones y que la falta de fertilizantes “está llevando a millones de familias africanas al borde de la hambruna” como señala un artículo de febrero de 2023 del diario español El País.

A todo lo anterior, las gestiones del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva, con el fin de impulsar negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania todavía no dan los resultados que todos esperamos, por la indiferencia o por el rechazo a las negociaciones de paz de EEUU y de la OTAN. 

Finalmente, solicitamos nuevamente que el Estado de Chile pueda ser un actor proactivo y apoyar los esfuerzos del presidente Lula para constituir un grupo de países que promuevan el diálogo, la diplomacia, y alcanzar negociaciones de paz que pongan fin a esta guerra como a las sanciones económicas que dañan al mundo entero.

¡¡Evitar una tercera guerra mundial es responsabilidad de todas y todos!!

Quedamos atentos a su respuesta.

Atentamente,

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

Hervi Lara, Comité Oscar Romero, SICSAL-Chile

Carlos González, Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos

Pablo Ruiz, Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile

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Gwin dueño de la galería argumenta sus actos con que le pidió que se moviese para “limpiar la calle” y que la reacción de la mujer fue “gritar cosas beligerantes, escupir y gritar”. Ante esto, el autor de la agresión reconoce que la ha rociado bajo las palabras: “Muévete y te ayudaré”.

Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles han emitido un comunicado en el que denuncian lo que vive la gente que no tiene vivienda en la ciudad californiana.

Los abogados de la organización emitieron un comunicado, afirmando que las políticas de San Francisco hacia la falta de vivienda convierten a la población “sin hogar en chivos expiatorios, como si fueran objetos para ser barridos, encarcelados y acosados”.

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