La resolución judicial representa uno de los golpes más duros contra una de las familias históricamente vinculadas a la derecha chilena y a la estructura política de la UDI. El tribunal también decretó prisión preventiva para su exasesor, Arnaldo Domínguez, fijando además un plazo de 90 días para la investigación.

La Fiscalía sostiene que Lavín León operó mediante un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos, utilizando facturas ideológicamente falsas para justificar gastos inexistentes o ajenos a su función parlamentaria. Según los antecedentes presentados en la audiencia, el exdiputado habría solicitado reembolsos irregulares al Congreso Nacional mediante boletas emitidas por la imprenta MMG, generando un perjuicio fiscal cercano a los 104 millones de pesos.

El caso vuelve a instalar cuestionamientos sobre las redes de poder, privilegio e influencias que históricamente han protegido a sectores de la elite política chilena. La investigación apunta además a eventuales vínculos entre estas operaciones y el municipio de Maipú durante la administración de su esposa, configurando un entramado político-familiar donde el aparato público habría sido utilizado para beneficios particulares.

Las imputaciones por tráfico de influencias agravan aún más el escenario judicial. La Fiscalía investiga si el exparlamentario utilizó su posición política y sus conexiones dentro del Estado para intervenir en decisiones administrativas y favorecer intereses privados, una práctica que durante años ha sido denunciada como parte del funcionamiento estructural de sectores de la derecha tradicional.

El caso Lavín León se suma a una larga lista de escándalos que han afectado a dirigentes vinculados a la UDI y a sectores empresariales aliados, reforzando las críticas sobre la relación entre poder político, financiamiento irregular y uso indebido de recursos fiscales.

La prisión preventiva decretada por el tribunal refleja que la justicia consideró que la libertad del imputado constituye un peligro para la sociedad y para el éxito de la investigación. Mientras avanza el proceso judicial, el caso amenaza con transformarse en uno de los símbolos más visibles de la crisis de credibilidad que enfrenta la derecha chilena ante la opinión pública.

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En el centro del escándalo se encuentran Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori, así como Julio Borges y una larga lista de opositores que han usufructuado estos fondos para llevar una vida de lujos a costa del dinero entregado por la USAID.

Según fuentes cercanas a la investigación, el expresidente Trump ha dado instrucciones directas a Elon Musk para que lidere las indagaciones sobre los casos de corrupción que involucran a estos personajes. Como primera medida, Musk ordenó el cierre de la cuenta oficial de la USAID en la red social X (antes Twitter).

Entre las cifras que han salido a la luz destaca la cantidad de 116 millones de dólares que Carlos Vecchio recibió en su rol de “embajador” del gobierno autoproclamado de Guaidó en Washington. En total, se estima que Estados Unidos destinó 568 millones de dólares a organizaciones no gubernamentales, tanto dentro como fuera de Venezuela.

Uno de los casos más llamativos es el de Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori, quienes habrían gastado cerca de 256 millones de dólares en su vida personal y familiar, desviando los fondos asignados por la USAID. Por su parte, Juan Guaidó y Julio Borges se habrían apropiado de 98 y 52 millones de dólares respectivamente, en un esquema de corrupción que desangró los recursos destinados teóricamente a la “democracia” en Venezuela.

La conexión chilena: el caso de Guarequena Gutiérrez

La investigación es muy probable que alcance también a Chile, donde la cuestionada “embajadora” de Guaidó, Guarequena Gutiérrez (hoy Coordinadora del Centro de Atención Integral Universidad del Alba de Chile) en el año 2019 ya había sido investigada por pagos desde la Cancillería de Roberto Ampuero y bajo el gobierno de Sebastián Piñera, por concepto irregulares de honorarios.

Sin lugar a duda estamos frente a uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados a la USAID y a la oposición venezolana, y que en los próximos dias en la medida que avance la investigación saldran mayores antecedentes.

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La actitud de Juan Pablo Hermosilla fue prepotente, generando un ambiente de tensión en la sala. Este episodio se suma a la ya delicada situación que enfrenta Luis Hermosilla, quien está siendo formalizado por delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios. Las acusaciones provienen de grabaciones que implican a Hermosilla en pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a cambio de información privilegiada.

Ante la gravedad y la reiteración de estos delitos, la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para Hermosilla, subrayando la necesidad de asegurar la integridad del proceso judicial y la investigación en curso.

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Lamentablemente nos enteramos hace unos días que la diputada RN Camila Flores, junto a un Consejero Regional visitó en la cárcel de Molina al ex Capitán de Carabineros Patricio Maturana, quien cumple una condena de 12 años y 183 días de presidio efectivo, por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, tras el hecho que en noviembre de 2019, le costó el sentido de la vista, el gusto y el olfato a la Senadora Fabiola Campillai; hecho que fue y es repudiado tanto a nivel nacional como internacional por el uso desmedido de la fuerza aplicado por carabineros durante el estallido social.

Han pasado los años y vemos que la derecha chilena no cambia, no pide perdón, no se cuestiona, no aprende, al contrario se presentan orgullosos con su verdadero rostro justificando lo injustificable; tergiversando y mintiendo si es necesario, así como años atrás visitaban criminales de lesa humanidad en Punta Peuco negando la dictadura de Pinochet, hoy visitan y solidarizan con quienes cumplen condenas establecidas por los tribunales de nuestro país por violaciones a los Derechos Humanos, calificándolas de “injustas”.

Lo que hace la diputada Camila Flores es muy similar a lo que hizo la Diputada Luisa Cordero, y exigimos que sea llevada ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, y no sólo por cuestionar las decisiones de un poder del Estado autónomo, también por su falta de humanidad y sin duda, porque detrás de sus declaraciones hay un claro acto de negacionismo, que busca hacer invisibles a las y los cientos de jóvenes que perdieron sus ojos y a quienes murieron en las calles de nuestro país buscando un poco de justicia y equidad social.

La inmoralidad de la derecha no tiene límites ni fronteras, su doble moral es impresentable, leyes para proteger las AFP, leyes para reprimir la protesta social, leyes y platas para fortalecer a las Fuerzas Armadas, leyes para proteger a las empresas privadas y nuevamente, a los uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad intentan lavarles la imagen.

Otra vez quieren que demos vuelta esta negra página de nuestra historia, otra vez se sienten dueños de la verdad, otra vez quieren que olvidemos. Desde la sociedad civil, desde los partidos y movimientos políticos de izquierda, desde todas las veredas progresistas debemos defender la memoria, nuestra memoria; y en esta tarea no ayudan los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos: lo que antes fue un estallido social lo han trasformado en un estallido delictual, los presos políticos de la revuelta hoy son tratados como delincuentes comunes; han borrado las huellas de Plaza Dignidad para que vuelva a ser Plaza Italia, Piñera pasó a la historia como un gran estadista tras su muerte, y en esta tendencia quizás estén pensando en devolver la estatua del general Baquedano al sitio desde donde el clamor popular la sacó.

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Estas transferencias comenzaron en marzo de 2020, poco después de que Chadwick fuera inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años, tras ser acusado constitucionalmente por su gestión durante el estallido social de 2019. La fiscalía busca esclarecer el origen de estos fondos, en el contexto de una investigación más amplia que implica a Hermosilla en delitos de lavado de dinero, soborno y delitos tributarios.

Entre las transacciones destacan $28 millones transferidos en agosto de 2020 a Chaco S.A., sociedad controlada por Chadwick, y $51 millones transferidos entre noviembre y diciembre de 2022. Chadwick, contactado por CIPER, se negó a comentar sobre el motivo de estas transferencias.

Paralelamente, la fiscalía investiga los vínculos financieros de Hermosilla con Factop, un factoring involucrado en un esquema de emisión de facturas falsas, a través del cual Hermosilla habría recibido más de $5 mil millones entre 2017 y 2024. Además, Hermosilla está siendo investigado por la compra de un departamento en Concón en 2022, que pudo haberse realizado con dinero no justificado, según un certificado falso proporcionado por Daniel Sauer, gerente de Factop.

La relación entre Hermosilla y Chadwick es de larga data, habiendo sido socios en un estudio jurídico, y su vínculo financiero ha generado sospechas en la fiscalía, que ha identificado posibles irregularidades en sus transacciones. La indagatoria continúa con el objetivo de determinar si Hermosilla utilizó su sociedad para blanquear dinero y financiar actividades ilícita

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El tema de la migración ha sido un punto candente en Chile, y declaraciones recientes como las del diputado Diego Schalper de RN, quien afirmó que esperan recibir 400 mil migrantes más de Venezuela. En el acto, Mario Desbordes fue simbólicamente declarado alcalde de Santiago por algunos de los migrantes venezolanos presentes, un gesto que refleja la influencia que este grupo ha ganado en ciertos sectores de la política chilena.

Agresiones y Daños en el Parque Almagro

El evento, sin embargo, no estuvo exento de incidentes. Los migrantes venezolanos presentes arremetieron contra los carabineros encargados de mantener el orden, lanzando objetos y golpeando a los uniformados, lo que desató una oleada de indignación en las redes sociales. Muchos chilenos expresaron su rechazo a lo que consideran un desprecio por las leyes y autoridades del país.

Además, los destrozos en el Parque Almagro, un espacio público de gran valor para los santiaguinos, agravaron aún más la situación. Las imágenes de los daños provocados circularon rápidamente, aumentando el rechazo hacia el evento.

Es importante recordar que hace unos años, la UDI inició un proceso para que los migrantes venezolanos pudieran votar en Chile, y este año la derecha ha exigido que puedan participar en las próximas elecciones municipales.

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Lo que inicialmente comenzó como una protesta, rápidamente escaló en un acto de suma violencia. Los manifestantes arremetieron contra los carabineros que se encontraban en el lugar para resguardar el orden, lanzando objetos contundentes y propinando golpes de puño a los uniformados. Este acto de agresión generó una oleada de indignación en las redes sociales, donde muchos chilenos expresaron su rechazo ante lo que consideran una falta de respeto a las leyes y a las autoridades del país.

La situación fue aún más tensa debido a los graves destrozos ocasionados al Parque Almagro, un espacio público que quedó afectado tras la confrontación. Este episodio pone nuevamente en evidencia la postura de la derecha chilena, que ha sido señalada en repetidas ocasiones por promocionar la entrada de migrantes ilegales en Chile. Según sus críticos, estas acciones no son más que una estrategia para obtener réditos electorales, mientras se ignoran las consecuencias de una política migratoria que ha permitido el ingreso de grandes bandas delincuenciales que hoy generan crímenes en el país.

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“Se deja constancia que el excandidato Edmundo González Urrutia no asistió, y, por tanto, no cumplió con la orden de citación, desacatando con su inacción el mandato de esta, la más alta instancia de la jurisdicción contenciosa electoral de la República Bolivariana de Venezuela”, indicó la funcionaria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

Rodríguez hizo este comentario en la sede del TSJ ante el cuerpo diplomático acreditado en esta nación caribeña.

Asimismo, la presidenta del organismo señaló que a la instancia acudieron tres partidos políticos de oposición que respaldaron la candidatura de González, y ratificó que los mismos tampoco consignaron la documentación requerida.

A la par, Rodríguez informó que la sala electoral se abocará al peritaje sobre el material comicial presentado por 33 organizaciones con fines políticos y nueve excandidatos presidenciales sobre el proceso comicial.

“Habiendo sido recolectados los instrumentos electorales de los distintos factores participantes en el proceso de elecciones presidenciales celebrados el 28 de julio del 2024, los magistrados de esta sala electoral se abocan al peritaje de todo el material electoral de valor probatorio consignado en físico y o digital así como también al peritaje sobre el ataque cibernético masivo del cual fue objeto el sistema electoral venezolano”, dijo.

La Sala Electoral del TSJ inició el miércoles el ciclo de comparecencias de los ex candidatos que participaron en las elecciones presidenciales, luego de que el presidente Maduro presentó un recurso contencioso ante el organismo sobre el proceso electoral.

Ese mismo día, González advirtió que si acudía a la citación ponía en riesgo su “libertad”, tras cuestionar nuevamente la “transparencia” del proceso por parte del Consejo Nacional Electoral.

El 2 de agosto, el CNE difundió un segundo boletín electoral en el que aseguró que con el 96,87 por ciento de las actas escrutadas, Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales con el 51,95 por ciento de los votos, mientras que su más cercano contendor, Edmundo González, alcanzó 43,18 por ciento de los sufragios.

El Ministerio Público inició el miércoles una investigación penal contra los responsables del portal web que divulgó documentos relacionados con el resultado de la elección presidencial que se llevó a cabo en este país caribeño el 28 de julio, en paralelo a lo difundido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por presunta “falsificación y forjamiento de las actas. (Sputnik)

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La medida se asemeja a una iniciativa similar implementada durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, la cual facilitó la llegada masiva de migrantes venezolanos a Chile. En condiciones normales, un inmigrante debe residir en el país durante cinco años para optar a la nacionalidad chilena, lo que a su vez les otorga acceso a todos los beneficios sociales disponibles para los ciudadanos nacionales. Sin embargo, la UDI busca acortar este periodo, otorgando la nacionalidad por gracia a miles de venezolanos, lo que ha levantado preocupaciones sobre un posible incremento en la migración y sus efectos en la seguridad del país.

La propuesta de la UDI podría abrir la puerta a una nueva ola migratoria, que algunos temen incluya a elementos delictivos. En los últimos años, Chile ha experimentado un aumento en la criminalidad, y algunas voces sugieren que una política de nacionalización rápida podría facilitar el ingreso de bandas y delincuentes que agraven aún más la situación de seguridad en el país.

En redes sciales es rechazada la medida y advierten sobre las posibles consecuencias no deseadas, como la saturación de servicios públicos y el incremento de la criminalidad.

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¡Chile quiere justicia!

La protesta, marcada por consignas contundentes y una presencia masiva, se destacó por los cánticos y pancartas que reflejaban el descontento de la ciudadanía. Entre los lemas más repetidos se encontraban: “¡¡No + Pedófilos!!”, “¡¡No + Encubridores en el Senado!!” y “¡¡No + MACAYA!!”.

“Si la familia calla, tu abuelo es Macaya“

El eslogan “Si la familia calla, tu abuelo es Macaya” resonó con fuerza, reflejando la percepción de impunidad y protección al pedófilo dentro de círculos de la derecha. Esta manifestación es una clara señal de la exigencia ciudadana de transparencia y justicia, y de la creciente intolerancia hacia cualquier forma de encubrimiento de delitos sexuales.

El descontento se avivó tras la decisión judicial que otorgó arresto domiciliario a Eduardo Macaya, una medida que muchos consideran insuficiente y peligrosa. La indignación se ha canalizado en un llamado directo a Javier Macaya, exigiendo su dimisión y responsabilizándolo por proteger a su pariente, acusado de graves delitos.

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