La resolución judicial representa uno de los golpes más duros contra una de las familias históricamente vinculadas a la derecha chilena y a la estructura política de la UDI. El tribunal también decretó prisión preventiva para su exasesor, Arnaldo Domínguez, fijando además un plazo de 90 días para la investigación.

La Fiscalía sostiene que Lavín León operó mediante un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos, utilizando facturas ideológicamente falsas para justificar gastos inexistentes o ajenos a su función parlamentaria. Según los antecedentes presentados en la audiencia, el exdiputado habría solicitado reembolsos irregulares al Congreso Nacional mediante boletas emitidas por la imprenta MMG, generando un perjuicio fiscal cercano a los 104 millones de pesos.

El caso vuelve a instalar cuestionamientos sobre las redes de poder, privilegio e influencias que históricamente han protegido a sectores de la elite política chilena. La investigación apunta además a eventuales vínculos entre estas operaciones y el municipio de Maipú durante la administración de su esposa, configurando un entramado político-familiar donde el aparato público habría sido utilizado para beneficios particulares.

Las imputaciones por tráfico de influencias agravan aún más el escenario judicial. La Fiscalía investiga si el exparlamentario utilizó su posición política y sus conexiones dentro del Estado para intervenir en decisiones administrativas y favorecer intereses privados, una práctica que durante años ha sido denunciada como parte del funcionamiento estructural de sectores de la derecha tradicional.

El caso Lavín León se suma a una larga lista de escándalos que han afectado a dirigentes vinculados a la UDI y a sectores empresariales aliados, reforzando las críticas sobre la relación entre poder político, financiamiento irregular y uso indebido de recursos fiscales.

La prisión preventiva decretada por el tribunal refleja que la justicia consideró que la libertad del imputado constituye un peligro para la sociedad y para el éxito de la investigación. Mientras avanza el proceso judicial, el caso amenaza con transformarse en uno de los símbolos más visibles de la crisis de credibilidad que enfrenta la derecha chilena ante la opinión pública.

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El operativo se desarrolló en el sector de Pueblo de Indios, como parte de una investigación destinada a incautar drogas, armas y dinero ilícito. Las autoridades también manejaban antecedentes sobre posibles cuerpos enterrados en el lugar, sospechas que lamentablemente se confirmaron.

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, detalló que el primer cuerpo corresponde a una mujer que fue hallada completamente calcinada y con las extremidades atadas. Más tarde, se encontró un segundo cuerpo desmembrado, lo que llevó a ampliar el perímetro de búsqueda ante la posibilidad de que existan más víctimas.

“Tenemos partes de un segundo cuerpo y debemos confirmar si corresponden a una sola persona. No se descarta la existencia de otros cadáveres. Carabineros mantendrá resguardado el sitio del suceso”, indicó Cubillos.

En el operativo se detuvo a nueve personas —chilenos y venezolanos—, presuntamente vinculadas a una red criminal dedicada al narcotráfico y a actividades de extrema violencia. Las autoridades sospechan que los crímenes podrían estar relacionados con ajustes de cuentas dentro de estructuras delictivas vinculadas a la venta y distribución de drogas.

El fiscal Cubillos añadió que se investigan denuncias por presunta desgracia en San Vicente y comunas cercanas, que podrían tener conexión con los cuerpos hallados.

Este caso pone de manifiesto la gravedad del avance del crimen organizado y del narcotráfico en zonas rurales del país, donde el uso de la violencia extrema y los métodos propios de las mafias internacionales comienzan a reproducirse con preocupante frecuencia.

La crueldad de los hechos —calcinamientos, descuartizamientos y entierros clandestinos— marca un salto cualitativo en la brutalidad delictiva en Chile, reflejando la expansión de lógicas criminales propias del narco transnacional, que no solo trafica drogas, sino que también impone el terror como forma de control territorial.

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El engaño y el crimen

Leslie acudió el 17 de julio a una cita concertada por Facebook, creyendo que recibiría dinero de una conocida. Nunca regresó. Ocho días más tarde, su madre, Mirta María Carrillo, fue citada por las autoridades para reconocer los tatuajes de su hija en unas fotografías. “Su hija fue asesinada”, le dijeron. Entre lágrimas, alcanzó a preguntar: “¿Y el bebé? ¿Dónde está mi nieto?”.

La verdad era atroz. Leslie había sido sometida a una cesárea clandestina en una vivienda del fraccionamiento Portal de Abedul, donde le extrajeron al bebé para venderlo en el mercado negro por unos 15 mil dólares. La joven murió desangrada y fue enterrada en el patio trasero del lugar.

El milagro del recién nacido

El bebé sobrevivió, aunque con graves complicaciones. La Diabla intentó hacerlo pasar como suyo en un hospital de la colonia Zaragoza, pero el personal médico sospechó al notar inconsistencias en su versión y alertó a las autoridades. El niño fue trasladado al Hospital Infantil de Juárez, donde se salvó gracias a una rápida intervención.

“Mi nieto es un milagro, tiene muchas ganas de vivir”, relató Mirta María entre lágrimas. Su calvario, sin embargo, no terminó ahí: el DIF le negó durante meses el derecho a ver al bebé, alegando falta de pruebas de parentesco, pues las autoridades no habían tomado muestras de ADN de Leslie. Solo tras una exhumación judicial logró confirmar su vínculo y obtener la custodia legal del pequeño Eithan Martín, con ayuda —según afirma— de la entonces presidenta Claudia Sheinbaum.

Una red de adopciones ilegales

La principal acusada, La Diabla, de 44 años, enfrenta cargos por feminicidio y homicidio en grado de tentativa, y permanece en prisión preventiva. De acuerdo con la abogada de la familia, Olivia Aguirre Bonilla, el caso de Leslie forma parte de una red transnacional de tráfico de bebés, operada en la frontera norte con complicidad de grupos criminales.

“Leslie fue contactada por un perfil falso en Facebook. La convencieron con promesas de dinero, la citaron, la asesinaron y enterraron para ocultar el crimen. Su cuerpo tenía más de 40 heridas y señales de una extracción uterina rudimentaria”, explicó la defensora.

Las autoridades estadounidenses también señalaron a La Diabla como pieza clave en un esquema de adopciones ilegales que operaba entre Juárez y El Paso, Texas, donde los recién nacidos eran vendidos a parejas por entre 250 y 300 mil pesos. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EE.UU. informó que la red reclutaba mujeres embarazadas en situación de pobreza para practicarles cesáreas forzadas e incluso extraer órganos.

Un proceso lleno de sombras

Pese a la gravedad del caso, la familia denuncia lentitud y opacidad judicial. La abogada Aguirre asegura que existen tres carpetas de investigación —por feminicidio, tentativa de homicidio y trata de menores—, pero solo se les ha permitido participar en una. “Hay testigos protegidos, una menor de edad implicada en la cesárea, y vínculos con funcionarios del Cereso y policías ministeriales”, afirmó.

En audiencia, La Diabla habría declarado que trabajaba “para gente del penal, ministeriales y miembros de La Empresa”, brazo armado del cártel de Juárez. Pese a ello, las autoridades mantienen varias líneas de investigación abiertas y no descartan más detenciones.

Justicia y memoria

Organizaciones civiles como Canida, que lucha contra la trata infantil, han brindado apoyo a la familia de Leslie. “Fue un robo de bebé con fines de adopción ilegal. Acompañaremos a sus hijos con atención integral”, señaló su portavoz, Miriam Alexis Bardui.

Leslie había elegido el nombre de su hijo antes de morir: Eithan, que en hebreo significa “fuerte”. Su hija mayor, Sofía, de tres años, lo recibió con una pequeña fiesta organizada por su abuela y vecinos.

“Mi nieta pregunta por su mamá; le digo que está en el cielo y que debemos cuidar a su hermanito”, cuenta Mirta María. “Quiero justicia. A mi hija la torturaron, la apuñalaron más de cuarenta veces. ¿Una vida vale 300 mil pesos? Cuando mi nieto crezca, sabrá la verdad.”

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De acuerdo con los primeros antecedentes, el ataque vecinal se produjo luego de que se denunciara una presunta agresión sexual ocurrida horas antes contra una niña del sector. El hecho fue reportado a Carabineros, quienes se trasladaron hasta la Villa Génesis, donde el sospechoso reside.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una situación de extrema tensión: familiares de la víctima y numerosos vecinos intentaban ingresar por la fuerza al domicilio del acusado. En medio de la indignación, rompieron la puerta de la vivienda, lanzaron objetos y quemaron su automóvil. Parte de los disturbios fue registrado en videos que circulan por redes sociales y medios locales.

Frente a los desórdenes, Carabineros debió desplegar un amplio operativo para contener la violencia y detener al hombre, quien posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público. Desde la Fiscalía de Flagrancia se instruyó la concurrencia de la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer los hechos.

El Ministerio Público confirmó que el acusado será sometido a control de detención y formalización durante esta jornada, mientras continúan las diligencias para verificar la denuncia y las circunstancias del ataque vecinal.

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El hallazgo tuvo lugar este lunes a las 07:50 horas cuando funcionarios administrativos de la 49ª Comisaría de Quilicura encontraron bolsas con droga en el interior del recinto policial. El incidente se produjo cuando el cielo falso del área de las duchas en el primer piso colapsó, revelando tres bolsas de diferentes colores.

El personal que guarda sus pertenencias en los roperos ubicados en el baño del primer piso se estaba preparando para iniciar su jornada laboral cuando ocurrió el incidente. Según los antecedentes, las bolsas cayeron directamente desde el falso techo del área de las duchas.

Inmediatamente, se contactó a la Fiscalía Militar, la cual ordenó la presencia de la Dirección de Logística y Apoyo de Carabineros y del OS7, la unidad especializada en drogas. “Se confirmó la presencia de marihuana y clorhidrato de cocaína en las bolsas, las cuales estaban dosificadas”, informó el coronel Marcos Jiménez, jefe de la Prefectura Metropolitana Santiago Norte.

Personal especializado de Carabineros analizó las sustancias, identificando su composición. El hallazgo ha generado múltiples interrogantes sobre la procedencia de las drogas y cómo llegaron al entretecho del baño de la Comisaría en Quilicura.

“Este baño es utilizado mayoritariamente por funcionarios de Carabineros, pero también puede ser accedido por terceros que visitan la Comisaría”, aclaró el coronel Jiménez. La situación quedó al descubierto debido a trabajos previos en el lugar por una filtración no solucionada adecuadamente, lo que provocó la caída del falso techo.

Hasta el momento, no hay detenidos ni funcionarios policiales directamente involucrados en el caso. La investigación, liderada por la Fiscalía Militar y el OS7 de Carabineros, continúa para determinar las responsabilidades.

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Los hechos ocurrieron fuera de la estación de trenes, frente al centro comercial Arauco Estación. Según informes preliminares, el altercado involucró a comerciantes que frecuentan la zona. Antes de los disparos, algunos individuos mencionaron pertenecer al Tren de Aragua.

Las autoridades están investigando el incidente para esclarecer las causas del enfrentamiento y determinar la identidad de los involucrados. Mientras tanto, se ha reforzado la presencia policial en el área para garantizar la seguridad de los transeúntes y comerciantes.

La situación ha generado preocupación entre los residentes y trabajadores de la zona, quienes demandan medidas más efectivas para combatir la violencia y garantizar la seguridad en el sector.

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En el revelador audio, Ojeda admite su participación en una operación en la frontera venezolana, lamentando un error que según él tuvo “consecuencias devastadoras”, “Coño, sí hermano, frustrante porque se hizo un trabajo bastante grande pues y fíjate que un pequeño error que se está pagando bastante caro de verdad que puso en riesgo todo. Y bueno, gracias a Dios pude salir. Pero coño, mi capitán sí fue capturado pero bueno, como dices tú, frustrante porque los fines no se cumplieron y marica no, se trabajó burda para eso”. Su relato describe la magnitud de la acción paramilitar realizada y la frustración al ver que el objetivo no se cumplió como se esperaba.

Este exmilitar estuvo en Cúcuta, Colombia, semanas antes de su fatal destino, esto a pesar que era refugiado político en Chile y por lo tanto, tenía prohibición de abandonar el país. Este viaje secreto se realizó cruzando la frontera de Chile por pasos no autorizados entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Según sus propias palabras, el trabajo realizado fue considerable, pero un pequeño error ha tenido un costo demasiado alto, poniendo en peligro todo el plan.

Sin embargo, se puede deducir que la responsabilidad del fracaso de la acción paramilitar que pretendía asesinar al presidente Nicolás Maduro, fue cargada exclusivamente a ex teniente Ronald Ojeda, el cual pagó con su vida. Ojeda fue secuestrado en su departamento por individuos que se hicieron pasar  por funcionarios de la PDI, y su cuerpo fue encontrado enterrado en un toma de Maipú.

Descartamos la errónea tesis de la intervención de grupos militares del gobierno venezolano en Chile, pues implicaría considerar una enorme infraestructura de medios, logística y hombres que de ninguna manera pasarían desapercibidas las evidencias de sus acciones en otro país, dejando además a Venezuela en el marco de la agresión de los EEUU más vulnerable a nivel internacional, ni militar, ni politicamente era posible, ni necesaria.

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El lamentable suceso tuvo lugar en la intersección de las calles Constitución e Ignacio Silva, donde las autoridades acudieron tras recibir un llamado sobre una riña en curso. Al llegar al lugar, encontraron a la víctima gravemente herida en el suelo. A pesar de ser trasladado de inmediato al Hospital de Illapel, lamentablemente no se pudo salvar su vida debido a la gravedad de las lesiones.

El presunto agresor, de nacionalidad venezolana, fue detenido en el lugar del crimen. Se está investigando la posible conexión de este incidente con disputas previas entre ambas partes. Carabineros confirmó que la víctima era un residente local de 50 años, mientras que el detenido ya había estado involucrado en actividades delictivas anteriores, lo que incluía reiteraciones y medidas cautelares por hechos previos.

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Según reportes de Radio Bío Bío, la joven colaboró con el Ministerio Público proporcionando información relevante sobre los crímenes perpetrados por individuos vinculados al Tren de Aragua, incluyendo los homicidios de Woldy Decimies, Alexis Patiño y Aaron Valenzuela, ocurridos en diferentes comunas de la región.

Los homicidios de estas tres personas, aparentemente a manos de sicarios venezolanos, habrían sido ordenados por Franco Llanos, un narcotraficante chileno establecido en Concepción, en busca de venganza por la muerte de su cuñado.

M.G.M.G denunció ante la Fiscalía a un individuo identificado como Wilmer Díaz, presunto sicario del Tren de Aragua, y proporcionó información detallada sobre su participación en los crímenes. La joven entregó también dos videos fundamentales que ayudaron a esclarecer la conexión entre los homicidios investigados.

Sin embargo, el viernes pasado se informó durante una audiencia en el Juzgado de Garantía de Talcahuano que la joven testigo clave fue asesinada el pasado 16 de marzo en Ovalle, región de Coquimbo. El crimen ocurrió mientras la joven estaba en una estación de servicio, a bordo de una motocicleta junto a un hombre, cuando repentinamente recibió seis disparos que le quitaron la vida al instante.

Hasta el momento, no hay detenidos por este crimen que está siendo investigado por el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). Sin embargo, dada la implicación de la joven en la delación de los sicarios del Tren de Aragua, se baraja la posibilidad de que su asesinato haya sido un encargo.

Ante estos eventos, el Juzgado de Garantía de Talcahuano ha extendido el plazo en la causa por los tres homicidios vinculados al crimen organizado en la región del Biobío, otorgando 60 días adicionales para continuar con las investigaciones y esclarecer este complejo entramado criminal que ha conmocionado a la sociedad chilena.

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Los detalles que emergen de este caso son tan inquietantes como escalofriantes. El cuerpo sin vida, que yacía en una bolsa, pertenecía a una mujer de aproximadamente 60 años, cuyo fallecimiento se estima que ocurrió hace más de seis meses. Asimismo, se ha confirmado que la víctima también tenía un pasado religioso.

La jornada de hoy estuvo marcada por intensas actividades de investigación, incluyendo allanamientos y revisiones en domicilios cercanos al lugar del hallazgo. La expectativa se centra en el despliegue de la PDI y la Fiscalía, quienes prometen ofrecer mayores detalles sobre las diligencias en curso mañana miércoles.

Uno de los aspectos cruciales de la investigación es el análisis de las imágenes captadas por cámaras de seguridad, que muestran a un individuo llegando en un automóvil azul y abandonando la maleta en plena vía pública. Además, el Servicio Médico Legal está inmerso en el proceso de identificación de la víctima.

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