“La Corte Suprema confirma desafuero de diputada Catalina Pérez”, informó lacónicamente el Poder Judicial a través de un comunicado, pero el impacto político del fallo es cualquier cosa menos menor.

La decisión del máximo tribunal chileno ratificó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en febrero, cuando se determinó que Pérez debía perder la inmunidad parlamentaria que la protección de eventuales acciones judiciales. Esto abre la puerta para que enfrente cargos formales por fraude al fisco, en un caso que ya se ha convertido en el emblema del desmoronamiento moral del proyecto que prometía “superar la política de los 30 años”.

La petición de desafuero fue presentada por el jefe fiscal de Antofagasta, Cristian Aguilar, en el marco de la investigación por millonarios convenios entre el Ministerio de Vivienda y la Fundación “Democracia Viva”, organización vinculada directamente al Frente Amplio. Pérez, quien entonces militaba en dicha coalición, aparece entre los actores clave de un esquema de financiamiento que eludió licitaciones y operó con total impunidad bajo el amparo del poder político.

Sin licitación, sin vergüenza.

La investigación ha revelado contratos asignados de forma directa, sin concursos públicos, y relaciones cruzadas entre funcionarios del Estado y operadores políticos disfrazados de gestores sociales. La trama incluye a exmilitantes y asesores cercanos a Pérez, y compromete incluso a otras figuras del oficialismo.

El fallo de la Corte Suprema autoriza ahora que el Poder Judicial imponga a Pérez cautelares como el arresto domiciliario, arraigo nacional, o incluso medidas de prisión preventiva mientras avanza el proceso penal.

Pero la diputada no está sola en el banquillo de los cuestionamientos: Miguel Crispi , hasta hace unas semanas jefe de asesores y “mano derecha” del presidente Boric, también debió abandonar su cargo tras ser involucrado en el mismo caso. Su renuncia, aceptada por el mandatario en marzo, fue un duro golpe a la estructura interna de La Moneda, donde Crispi era considerado un actor central en la toma de decisiones.

Lo que alguna vez fue presentado como una “nueva política” hoy está profundamente manchado por prácticas que recuerdan los peores episodios del clientelismo, la opacidad y el tráfico de influencias.

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La ahora exsenadora, representante de la 6° Circunscripción de la Región de Valparaíso, habría gestionado la transacción para que la vivienda, patrimonio histórico ligado al líder socialista Salvador Allende, fuese adquirida por el Estado. Sin embargo, el TC determinó que la acción constituía una vulneración a la prohibición constitucional de celebrar contratos con el Estado, lo que llevó a su destitución inmediata y a su inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años. Con ello, Isabel Allende se despide del Congreso después de más de tres décadas en la política.

La maniobra de Isabel Allende contrasta fuertemente con los principios de su padre, quien dedicó su vida a la defensa de los intereses populares y la construcción de un Chile más justo, sin jamás aprovecharse del poder en beneficio propio. Salvador Allende murió defendiendo la soberanía del país frente al golpe de Estado de 1973, un hecho que marcó la historia de Chile y dejó un legado de dignidad y compromiso con las causas sociales. Su hija, en cambio, intentó convertir su herencia en un negocio privado a costa del erario público, traicionando los valores que su padre defendió hasta el final.

Este escándalo también deja en evidencia la deriva del Partido Socialista de Chile, que lejos de los ideales de transformación social que lo caracterizaron en el siglo XX, hoy se encuentra plenamente alineado con el modelo neoliberal. La sanción a Isabel Allende no solo marca un precedente judicial, sino que también refleja la crisis moral de un sector político que ha sido incapaz de mantener la ética pública como un pilar fundamental.

La senadora del Modelo Neoliberal y enemiga de los procesos populares de América Latina

A lo largo de su trayectoria en el Partido Socialista, Isabel Allende se posicionó como una figura de centro-liberal, alejada de los procesos populares y emancipadores de América Latina. Desde su cargo en el Congreso, no dudó en criticar a gobiernos como los de Nicaragua, Venezuela y Cuba, alineándose con los intereses de la política exterior estadounidense. Además, durante su gestión, impulsó y respaldó legislaciones de corte neoliberal que profundizaron la desigualdad y despojaron al Estado de su capacidad reguladora, consolidando el modelo económico impuesto durante la dictadura. Su destitución no solo pone fin a su carrera política, sino que también simboliza la derrota de una visión que ha contribuido a la descomposición del socialismo en Chile.

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La actitud de Juan Pablo Hermosilla fue prepotente, generando un ambiente de tensión en la sala. Este episodio se suma a la ya delicada situación que enfrenta Luis Hermosilla, quien está siendo formalizado por delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios. Las acusaciones provienen de grabaciones que implican a Hermosilla en pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a cambio de información privilegiada.

Ante la gravedad y la reiteración de estos delitos, la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para Hermosilla, subrayando la necesidad de asegurar la integridad del proceso judicial y la investigación en curso.

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Estas transferencias comenzaron en marzo de 2020, poco después de que Chadwick fuera inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años, tras ser acusado constitucionalmente por su gestión durante el estallido social de 2019. La fiscalía busca esclarecer el origen de estos fondos, en el contexto de una investigación más amplia que implica a Hermosilla en delitos de lavado de dinero, soborno y delitos tributarios.

Entre las transacciones destacan $28 millones transferidos en agosto de 2020 a Chaco S.A., sociedad controlada por Chadwick, y $51 millones transferidos entre noviembre y diciembre de 2022. Chadwick, contactado por CIPER, se negó a comentar sobre el motivo de estas transferencias.

Paralelamente, la fiscalía investiga los vínculos financieros de Hermosilla con Factop, un factoring involucrado en un esquema de emisión de facturas falsas, a través del cual Hermosilla habría recibido más de $5 mil millones entre 2017 y 2024. Además, Hermosilla está siendo investigado por la compra de un departamento en Concón en 2022, que pudo haberse realizado con dinero no justificado, según un certificado falso proporcionado por Daniel Sauer, gerente de Factop.

La relación entre Hermosilla y Chadwick es de larga data, habiendo sido socios en un estudio jurídico, y su vínculo financiero ha generado sospechas en la fiscalía, que ha identificado posibles irregularidades en sus transacciones. La indagatoria continúa con el objetivo de determinar si Hermosilla utilizó su sociedad para blanquear dinero y financiar actividades ilícita

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¡Chile quiere justicia!

La protesta, marcada por consignas contundentes y una presencia masiva, se destacó por los cánticos y pancartas que reflejaban el descontento de la ciudadanía. Entre los lemas más repetidos se encontraban: “¡¡No + Pedófilos!!”, “¡¡No + Encubridores en el Senado!!” y “¡¡No + MACAYA!!”.

“Si la familia calla, tu abuelo es Macaya“

El eslogan “Si la familia calla, tu abuelo es Macaya” resonó con fuerza, reflejando la percepción de impunidad y protección al pedófilo dentro de círculos de la derecha. Esta manifestación es una clara señal de la exigencia ciudadana de transparencia y justicia, y de la creciente intolerancia hacia cualquier forma de encubrimiento de delitos sexuales.

El descontento se avivó tras la decisión judicial que otorgó arresto domiciliario a Eduardo Macaya, una medida que muchos consideran insuficiente y peligrosa. La indignación se ha canalizado en un llamado directo a Javier Macaya, exigiendo su dimisión y responsabilizándolo por proteger a su pariente, acusado de graves delitos.

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El Origen del Escándalo

El 22 de junio de 2023, la abogada Leonarda Villalobos grabó clandestinamente una conversación con el empresario Daniel Sauer y Luis Hermosilla. En noviembre de ese mismo año, el audio fue publicado por Ciper, desatando un aluvión de investigaciones judiciales. Villalobos justificó su acción afirmando que necesitaba pruebas para enfrentar a Rodrigo Topelberg y otros implicados, ya que sospechaba que su empresa y la de su esposo estaban siendo mencionadas en actividades fraudulentas.

La Caída de Factop y los Hermanos Sauer

El audio revelado impulsó más de 20 querellas contra Factop y sus controladores, exponiendo un fraude que en ese momento ascendía a US$20 millones. Las investigaciones llevaron al allanamiento de las propiedades del entonces director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, quien fue descubierto compartiendo información confidencial con Hermosilla. Este descubrimiento resultó en la destitución de Muñoz y su detención preventiva; actualmente, se encuentra bajo arresto domiciliario.

Barros Negros y la Revelación del Fraude

La grabación de Villalobos también sacó a la luz el uso indebido de facturas, particularmente un error relacionado con las empresas Inversiones Barros Negros y Barros Negros Inversiones e Inmobiliaria Spa. Al revisar documentos, Villalobos descubrió facturas sin relación comercial con las entidades involucradas, lo que llevó a Barros Negros Inversiones e Inmobiliaria a presentar una querella por estafa y falsificación.

El Sistema de Inversiones Fraudulento

El caso Factop no solo implicaba la emisión de facturas falsas, sino también un sofisticado sistema de inversiones operado por los hermanos Sauer. A través de contratos de cuenta corriente mercantil, prometían a los inversores un interés mensual asegurado del 1%. Sin embargo, este sistema colapsó, llevando a la quiebra a Factop y dejando deudas superiores a $40 mil millones.

Investigaciones Financieras y Movimientos de Dinero

La Unidad de Análisis Financiero detectó irregularidades en los movimientos de las cuentas bancarias de los implicados. Se observó un uso intensivo de dinero en efectivo y operaciones de factoring sin justificación financiera, lo que sugiere intentos de ocultar fondos de origen ilícito. Ante esto, la Fiscalía solicitó medidas cautelares, como el arraigo nacional de los involucrados, para evitar la fuga de dinero y personas.

Consecuencias y Desafíos Futuros

El caso sigue desarrollándose con múltiples aristas, incluyendo posibles vínculos con figuras políticas y altos funcionarios. La investigación busca esclarecer el destino de los US$40 millones desaparecidos y determinar la responsabilidad de cada implicado. La presión sobre Luis Hermosilla aumenta, y la Fiscalía evalúa su formalización por delitos relacionados con fraudes tributarios y lavado de dinero. Sin embargo, hasta el momento, Hermosilla continúa impune, mientras el sistema judicial y el gobierno enfrentan críticas por su inacción en un caso que ha sacudido profundamente la confianza pública en las instituciones.

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(360Noticias) En una investigacion realizada por el medio Ciper devela que Antonio Jalaff, empresario chileno y fundador del Grupo Patio, se encuentra vinculado a una serie de sociedades relacionadas con el Banco Bandenia, acusado de lavar dinero del narcotráfico en España. Aunque en Chile Bandenia no es conocido, en Europa ha sido objeto de atención debido a sus actividades ilícitas. Jalaff se asoció con Bandenia aparentemente para buscar financiamiento y solventar sus deudas en Chile. Sin embargo, las investigaciones sugieren que su participación va más allá de una simple asociación financiera.

Jalaff figura como socio en numerosas sociedades del Grupo Bandenia en el Reino Unido, algunas de las cuales tienen un capital significativo. Se ha alegado que abrió una cuenta en Bandenia y que posteriormente se utilizaron sus datos para crear estas sociedades sin su consentimiento. Aunque Jalaff afirma que no recibió el crédito prometido y que desconocía la creación de estas sociedades, las investigaciones sugieren lo contrario.

La conexión de Jalaff con Bandenia incluye la creación de varias sociedades en el extranjero, como en Miami y Luxemburgo, además de Reino Unido. Estas sociedades fueron establecidas durante un período en el que enfrentaba problemas financieros en Chile y acumulaba demandas. Se especula que estas sociedades podrían haber sido utilizadas para fines de lavado de dinero o para ocultar activos.

La relación entre Jalaff y Bandenia ha sido objeto de escrutinio por parte de las autoridades chilenas, especialmente después de que su nombre apareciera en conversaciones grabadas entre el abogado Luis Hermosilla y otros individuos. Estas conversaciones sugerían que Jalaff y su hermano Álvaro estaban involucrados en prácticas financieras cuestionables relacionadas con el factoring.

Bandenia, a su vez, ha sido objeto de múltiples investigaciones y escándalos en España. Se le acusa de lavado de dinero a través de operaciones financieras fraudulentas, incluyendo la utilización de empresas pantalla y la emisión de garantías bancarias falsas. Estas actividades ilícitas han llevado a la condena de su principal responsable, José Miguel Artiles, por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Las sociedades vinculadas a Jalaff comparten una dirección común en el Reino Unido, lo que sugiere una conexión estrecha entre ellas. Además, las investigaciones han revelado que estas sociedades comparten vínculos con individuos relacionados con actividades delictivas, como el tráfico de personas y el tráfico de drogas.

En resumen, la relación entre Antonio Jalaff y el Grupo Bandenia plantea serias preguntas sobre sus actividades financieras y su posible participación en actividades delictivas. Las investigaciones en curso en Chile y en el extranjero buscarán aclarar el alcance de esta asociación y determinar si Jalaff estuvo involucrado en prácticas ilegales relacionadas con el lavado de dinero y otros delitos financieros.

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El Capitán Toledo, ya con anterioridad a denunciado que algunos miembros de Carabineros han estado cobrando dinero por proporcionar seguridad a predios y transportar madera en la zona. Sin embargo, lo más increíble es su afirmación de que estos mismos individuos han estado orquestando montajes y autoatentados para justificar su presencia y demandar mayores recursos.

En relación con el asesinato de los tres carabineros en el capital ha señalado en un video:

“Ah, aquí no son civiles. Aquí no son civiles. No, aquí hay gente metida, ahí interna. Son los únicos. ¿Cómo pueden pasar? Yo siempre les he dicho, ¿cómo puede pasar gente ahí si eso está todo tapado? Hay un puro camino. Ahora ustedes saben lo que está pasando con Yañez (general). Se va a victimizar. Están desesperados… Esto se venía venir. Vean ustedes los videos de las empresas de seguridad que hay, todos armados. Todos armados con fusiles largos, bien armados.”Agrega “Entonces, ¿de dónde salió el ataque, viejo? Ah, aquí es imposible. Es imposible porque hay un solo camino. Yo, viejo, lo he dicho y lo dije. ¿Cuántas veces? Un solo camino. No tenéis por dónde arrancar. No tienen. ¿Por dónde? Pues no tienen por dónde. A la hora que ocurrió esto, era cerrar los caminos. Listo, se acabó. Ah, ¿me capta la idea o no? Cuando pasó el atentado… Quieren involucrar a un grupo terrorista, huevón, ¡que eso es falso! Es mentira.”

Señala “Ah, ¿me captas la idea? Oye, el empresario que salió y dijo que pagaba 130 millones de pesos a grupos armados y bueno, la prensa le pone grupos armados, pero no le puso que eran carabineros en investigaciones activas. Ah, eso se borró en tribunales. Entonces, yo no entiendo cómo no tenían un dron…”

Finalmente afirma ¿Tú crees que alguien arrancó para los cerros para allá? con un dron lo levantáis al tiro y lo encontráis. Yo sé quiénes son y no son mapu. Ojo, no son mapu…

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La denuncia, interpuesta ante el tribunal regional de su partido, la acusa de mal uso de recursos públicos. Tapia habría admitido los hechos ante la directiva del partido, argumentando que lo hizo para cubrir gastos relacionados con su función. Aunque se le consultó, Tapia afirma no haber recibido notificación formal de las denuncias.

La Municipalidad de Santiago confirma que proporciona mensualmente 10 entradas a cada concejal para distribuirlas entre los vecinos. Convergencia Social condena cualquier acción que socave la confianza pública y ha presentado una denuncia ante el tribunal regional para esclarecer el asunto y aplicar sanciones pertinentes.

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El fallecido, Juan Peña, era uno de los funcionarios más cuestionados dentro del entramado de corrupción que ha salido a la luz. Según declaraciones de Bárbara Ramírez, subinspectora de la Brigada de Homicidios, el difunto estaba directamente implicado en el exagerado pago de horas extras, llegando a percibir la astronómica suma de 34 millones de pesos solo en el año 2023.

Estos hallazgos cobran mayor relevancia en el contexto de los antecedentes conocidos en diciembre de 2023, cuando la alcaldesa Peñaloza anunció un sumario interno por cobros irregulares en horas extras no rendidas al interior del municipio. Se estima que dichos cobros ascendían a la sorprendente cifra de $8.000 mil millones, correspondientes al período comprendido entre enero y noviembre del mismo año.

El modus operandi de esta red de corrupción implicaba el uso de un libro firmado a mano por los funcionarios involucrados, quienes realizaban los cobros irregulares sin justificación alguna. Esta revelación ha generado un profundo cuestionamiento sobre los mecanismos de control y fiscalización dentro de la Municipalidad de Las Condes, así como sobre la integridad de sus autoridades.

A la par de estos acontecimientos, se suma la decisión de Contraloría de iniciar una investigación sobre el municipio por presuntos conflictos de interés e irregularidades en su área de compras. Estas acusaciones agravan aún más la crisis de confianza que atraviesa el municipio de Las Condes.

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