Decimos que esta es una farsa electoral por lo siguiente:

1.- El comité de expertos que es la instancia que realmente redactará la constitución ya lo eligieron los partidos sin consultarle a la ciudadanía.

2.- Nos llaman a votar el 7 de mayo por un Consejo Constituyente que solo podrá aprobar lo que escriban los “expertos” y rechazarlo solo si tiene un alto quorum.

Es decir, estaremos votando por candidatos que nos impone la casta política pero que no resolverán nada.

3.- Cada voto por un candidato les dará a las tesorerías de los partidos 1.500 pesos serán entre 15 y 20 mil millones de pesos que se embolsicarán.

4.- Si el comité de expertos y el Consejo Constituyente llegaran a una propuesta distinta a lo ya acordado previamente por la casta política, pues en ese caso la comisión de admisibilidad, también nombrada por la casta política entre cuatro paredes, podrá excluir, borrar y censurar.

 5.- En estas condiciones antidemocráticas que violentan nuestra historia republicana solo me es posible votar nulo.

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El acuerdo logrado a espalda del pueblo contempla 50 Convencionales electos en abril de 2023, además 24 “Expertos” designados a dedo por el Congreso (12 por la Cámara, 12 por el Senado).

La nueva constitución de hecho ya viene pre-escrita con 12 principios, redactados por la mesa negociadora compuesta por el gobierno de Boric y la derecha, los cuales son indiscutibles y que son incorporado de inmediato al anteproyecto de la nueva constitución, que será redactada en su totalidad por los 24 expertos, los convencionales solo tendrán un rol complementario, ya que podrán hacer cambios, pero necesitarán un quórum de 3/5, lo que deja prácticamente imposible intervenirla, ya que la composición de los 50 convencionales por su reducido número repetirá en su estructura la actual representación que existe en el Congreso, dejando sin representación a los movimientos sociales, sindicatos, independientes, etc.

Incluso el papel de los expertos será tan gravitante que podrán hacer observaciones al final del proceso. Es un proceso constitucional hecho a la medida de las elites neoliberales, que seguirán con una nueva constitución saqueando nuestros recursos naturales y expoliando a todos las y los chilenos.

La propuesta final de Nueva Constitución que proponen la derecha y el gobierno de Boric deberá ser ratificada o rechazada mediante un plebiscito con voto obligatorio. El itinerario es enero 2023 Instalación de Comisión Experta, abril de 2023 Elección de Consejeros y Consejeras Constitucionales, con voto obligatorio, 21 de mayo de 2023 Instalación del Consejo Constitucional, 21 de octubre de 2023 entrega proyecto de Constitución de la República de Chile, 26 de noviembre de 2023 Plebiscito ratificatorio con voto obligatorio

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Declaración Pública PC Chile sobre Proceso de Nueva Constitución

El Partido Comunista mantiene en alto su disposición a llegar a acuerdo para generar una nueva Constitución para Chile. Pero ese acuerdo debe considerar formas de representación y participación ciudadana democráticas en su redacción. La elección de un órgano constituyente electo mediante elecciones populares, que represente la diversidad del país y sus habitantes; perfeccionando las normas que dieron origen a la Convención es la mejor alternativa.

De concretarse una fórmula como la propuesta por algunos sectores, de un órgano de 50 personas nombradas por el Congreso, es evidente que siempre estará presente la discusión respecto a su legitimidad, aunque se haga plebiscito de salida.

Por otra parte, el triunfo del rechazo a la propuesta de nuevo texto constitucional no termina con el escenario de crisis política, social y económica que enfrenta el país y que evidencia la obsolescencia del texto constitucional impuesto durante la dictadura.

Por el contrario, ésta se ha acentuado y se instala un cuadro de incertidumbre que las fuerzas políticas deben conjuntamente cooperar a resolver sin titubeos. Demandando genuinos y consistentes esfuerzos democráticos para cumplir con la palabra empeñada con el pueblo de Chile.

En este sentido, iniciar un nuevo proceso constitucional, que se sostenga en un estándar democrático y soberano, es decir, con representantes 100°/o electos para el nuevo órgano constitucional, es una condición básica para un debate que consolide en una nueva propuesta constitucional los anhelos de cambio de la ciudadanía.

Se debe avanzar a definir un marco de contenidos esenciales que sustenten un nuevo texto constitucional, que refrende las ansias de bienestar y la superación de la calidad de vida.

Así como Chile requiere abordar con urgencia déficits sociales de larga data que postergan las condiciones de vida de grandes sectores de la población, repercutiendo en una sociedad estratificada donde unos pocos gozan de mucho y muchos de muy poco. También, se requiere que estas urgencias sociales puedan ser abordadas en una transformación democrática del país, dotando a Chile de una nueva Constitución, que inicie una nueva trayectoria social.

Las personas esperan que su trabajo y esfuerzos de vida les asegure precisamente una vida digna y segura, no deudas leoninas ni abusos empresariales e institucionales. Las transformaciones constitucionales son indispensables para resolver las urgencias sociales. Por ello, es clave que el nuevo texto constitucional  se  oriente  a  la  superación  del  Estado Subsidiario y la creación de un efectivo Estado Social y Democrático de Derecho, instalando un genuino Estado de bienestar, compartido para todos y todas, tras el objetivo del desarrollo creciente del país. Esta es la principal garantía para el reconocimiento de derechos, protección, libertades para todas las chilenas y chilenos.

Un nuevo Estado Democrático y Social de Derechos para poner fin a los abusos, que permita dotar al país de un sistema político eficaz y orientado a las urgencias sociales, en tiempos razonables. Instalando mecanismos de democracia directa y semi directa, y de descentralización del poder, que hagan posible los derechos económicos y sociales demandados en todas las comunas del país.

Finalmente, en línea con lo anterior, la nueva propuesta constitucional debe abordar la crisis climática global y establecer lineamientos de desarrollo económicamente equitativos, socialmente aceptados y medioambientalmente sustentables, poniendo a! centro el trabajo digno y justo como basamento para un nuevo modelo de desarrollo. Los acuerdos alcanzados hasta hoy respecto de los principios constitucionales crean condiciones para ello, como base y punto de partida para la discusión en un órgano cien por ciento electo, para  su  legitimación ciudadana.

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La Comisión Política del Partido Igualdad indicó que “Hoy se ha difundido la información de que los partidos en el parlamento están terminando de cocinar una nueva traición hacia el pueblo y el proceso constituyente, el que fue ganado en las calles, con la lucha y el sacrificio de miles y miles de chilenas y chilenos”.

Agregaron que “La derecha, desde hace más de un año, inició una ofensiva contra los avances democráticos que representaba la convención constituyente elegida en 2021. Envalentonada con el triunfo del rechazo, impulsó una táctica para que cualquier proceso de nueva constitución no cambie nada. Para ello exigió condiciones inaceptables, como definir los “bordes” en los que se podía mover la nueva convención, mecanismos para que el parlamento tenga la última palabra en las definiciones, y una composición de la convención donde haya un sector de convencionales designados por los partidos del parlamento. Todas estas condiciones, que a todas luces son antidemocráticas, han sido aceptadas por el gobierno y sus partidos. Así lo demuestran las declaraciones del presidente Boric quien, nuevamente, ha cedido ante las presiones de la derecha, declarando que prefiere “un acuerdo imperfecto a no tener acuerdo”. De esta manera, intenta ordenar sus filas en el parlamento y orientar que sus parlamentarios acepten el acuerdo trucho. Lo cierto es que en esta materia, un acuerdo “imperfecto” es poner en riesgo décadas de lucha por una nueva constitución que de verdad esté al servicio de los pueblos de Chile”.

Sobre la posición del partido “Desde el partido Igualdad declaramos que el acuerdo que se está cocinando en el parlamento, bajo estas condiciones, no es un avance para el pueblo. Da rabia y vergüenza como una institución tan desprestigiada, como es el parlamento y sus partidos, pretenden decidir y controlar los contenidos de la nueva constitución y a los integrantes de la convención”.

Proponen que “En este momento tan importante para los pueblos de Chile, creemos que solo un proceso verdaderamente democrático, deliberado desde la sociedad organizada, es el camino a los cambios profundos que Chile necesita. La única política adecuada en estos momentos para garantizar los intereses de los pueblos y los trabajadores, es no llegar a ningún acuerdo con la derecha, y retomar el proceso de construcción de fuerzas desde abajo, desde los trabajadores y los movimientos sociales, y volver a conquistar un proceso constituyente con las fuerzas del pueblo organizado”.

Finalmente “Declaramos que no creemos en las trampas de la clase política parlamentaria. Seguimos luchando por la Vía Popular y de los Pueblos a la Constituyente Social como único camino democrático y participativo de superación de la actual constitución pinochetista, y abrir así un proceso donde el pueblo mande y los gobiernos obedezcan”.

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“María Elisa Quinteros ha resultado elegida presidenta de la Convención Constitucional”, dijo Loncón tras verificar la cantidad de votos.

Quinteros obtuvo 78 votos, la cifra mínima requerida para ser electa presidenta de la Convención.

“Esperamos que sepamos conducir este proceso con fortaleza y sabiduría. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más para darle continuidad a este proceso, de la mano de quienes han participado de la mesa principal. Tomar sus lecciones aprendizajes y tropiezos, para que podamos dar respuesta para un nuevo acuerdo social para los pueblos de Chile”, dijo Quinteros en un breve discurso tras ser ratificada en su cargo.

Los otros constituyentes votados fueron Felipe Mena, con 35 votos; Beatriz Sánchez, con 16; Roberto Celedón, con 14 votos; y Agustín Squella con 11, según informó la cuenta oficial de la Convención Constitucional.

La elección comenzó el martes y los convencionales estuvieron votando durante toda la jornada, pero ninguno de los candidatos pudo obtener la mayoría absoluta requerida para el triunfo, que son 78 votos, lo que obligó a aplazar la votación para este miércoles.

PERFIL

Quinteros, de 39 años y profesión odontóloga, es doctora en Salud Pública por la Universidad de Chile e investigadora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, ciudad en la que nació, según información de la web de la Convención Constitucional.

La nueva presidenta de la Convención integra el directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología y el Comité Ejecutivo del Capítulo Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental.

La función de la presidencia, cuyo cargo dura seis meses, es dirigir la Convención, representarla en todo acto protocolar o frente a otros órganos del Estado, liderar las sesiones plenarias, otorgar la palabra a los convencionales, velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma y comunicar las necesidades presupuestarias al Ejecutivo.

Durante el resto de la jornada se espera que se elija también al vicepresidente del organismo y a los siete vicepresidentes adjuntos.

SALIDA DE LONCON

En su discurso de salida, Loncon afirmó que el hecho de que una mujer mapuche pudiese liderar un poder del estado tan importante como la Convención fue un hecho histórico.

“En el pasado esto habría parecido inverosímil, por eso este hecho cultural y político sin precedentes habla de un país paritario y plurinacional que da sus primeras luces”, afirmó.

La ahora expresidenta hizo un llamado a valorar la Convención, asegurando que este “es con toda seguridad el órgano institucional más transversal de nuestro sistema político, es de todas y todos”.

Líder mapuche, doctora en humanidades y doctora en literatura, Loncon ejerció el cargo durante seis meses y su labor fue destacada tanto nacional como internacionalmente: una de las 100 mujeres del 2021 de la cadena BBC; una de las 25 mujeres del 2021 del periódico británico Financial Times y una de las 100 personas más influyentes del año por la revista Time.

La Convención Constituyente se formó el 4 de julio; los primeros seis meses se utilizaron para la instalación y la redacción del reglamento interno y a finales de este mes iniciará el debate y la votación de las primeras normas constitucionales.

En abril termina el plazo para que la asamblea presente su propuesta final de Constitución, con posibilidad de prórroga hasta julio, y en agosto o septiembre se realizará el plebiscito nacional que determinará si se acoge o no la propuesta, que reemplazaría la actual carta magna redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). 

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Daza agregó “concretar de una manera seria, bajo los estándares de las democracias modernas, y que es muy distinto a lo que ha ocurrido, lamentablemente, durante los últimos años, especialmente a partir de la modificación que tuvo el Tribunal Constitucional el año 2005”.

“En ese contexto, hemos planteado el que la revisión que hace el Tribunal Constitucional o que se hace en general respecto de la constitucionalidad de un proyecto de ley aprobado por el Congreso, no se encuentre incluida en la nueva Constitución”. 

Rol de la Corte Suprema

En paralelo, aseguró que “respecto a las inaplicabilidades, que consistía en la petición que podían hacer las partes de un proceso en cuanto a que una ley vigente no se aplicara precisamente a ese caso concreto, esa facultad que hoy la tiene el TC, nosotros proponemos entregársela a la Corte Suprema”. 

Daza señaló que se trata de un rediseño basado en diversos sistemas en el mundo

Respecto al actual tribunal Constitucional TC indicó “reforma del año 2005, se le entregaron nuevas atribuciones, se rediseñó en muchos sentidos el funcionamiento orgánico y sobre todo la designación de sus integrantes”.

“Y esto generó algo que era predecible: Finalmente, hay una mayoría determinante en el TC que han sido designados por el poder político y lamentablemente, quienes han estado a cargo de esas designaciones, los presidentes de la República y además el Congreso Nacional, finalmente yo creo que no han tenido el cuidado debido para designar a personas que estén a la altura del desafío”.

“entonces, finalmente se transformó en una tercera cámara, porque lo que ocurría era que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de ley, después esto iba al Senado y lo ratificaba, y si era así, entonces pasaba antes que entrara en vigencia al Tribunal Constitucional”.

“Y este grupo de personas no actuaban finalmente bajos criterios propios de un tribunal, sino hacían consideraciones de carácter política y lamentablemente ahí, muchas veces las mayorías no correspondían a aquellas que existían en el Congreso, y además de esta forma se desnaturalizó el funcionamiento de este TC”, manifestó.

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Si quieres firmar ingresa aquí: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=5602

El proyecto de norma constitucional que entró a la Convención por iniciativa popular busca nacionalizar el cobre y otras materias de la gran minería en Chile. Las iniciativas populares requieren 15.000 firmas, por lo que esta cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía y también de algunos convencionales, quienes esperaron que fuera presentada de esta forma para que tuviera más fuerza y peso dentro de la discusión.

Las organizaciones que respaldad la iniciativa son: El Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, ONG Recuperemos el Cobre de Chile, Confederación de Trabajadores del Cobre, Coordinadora por la Renacionalización del Cobre y los Bienes Comunes, Movimiento Internacional de Trabajadores, Sindicato Nacional Interempresa de la Minería – SIM, Frente Por la Renacionalización del Cobre, Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende

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El proyecto de norma constitucional que entró a la Convención por iniciativa popular busca nacionalizar el cobre y otras materias de la gran minería en Chile.

Las iniciativas populares requieren 15.000 firmas, por lo que esta cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía y también de algunos convencionales, quienes esperaron que fuera presentada de esta forma para que tuviera más fuerza y peso dentro de la discusión.

Las organizaciones que respaldad la iniciativa son:

El Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, ONG Recuperemos el Cobre de Chile, Confederación de Trabajadores del Cobre, Coordinadora por la Renacionalización del Cobre y los Bienes Comunes, Movimiento Internacional de Trabajadores, Sindicato Nacional Interempresa de la Minería – SIM, Frente Por la Renacionalización del Cobre, Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende

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Santiago, 22 dic (Sputnik).- La Convención Constitucional de Chile está ad portas de comenzar un periodo clave. Tras cinco meses de funcionamiento, que fueron usados para crear el reglamento, el organismo se prepara para empezar a redactar los primeros artículos de su propuesta de Carta Magna, la que deberá ser presentada el próximo año y votada por la ciudadanía en un plebiscito nacional.

Aunque la atención de los asambleístas está enfocada en ese proceso, de reojo miraron lo que sucedió el domingo 19 de diciembre en la elección presidencial, en la que el abanderado del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, obtuvo la victoria, imponiéndose sobre el candidato del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kast, con un 56 por ciento de los votos contra un 44 por ciento.

A pesar de que la Convención es un órgano autónomo del Ejecutivo, ninguno de los 155 constituyentes fue indiferente al resultado de la elección, ya sea por la implicancia política y simbólica que significa la relación entre la asamblea y el Gobierno o por los efectos prácticos que se van a generar el próximo año, principalmente en lo relacionado al rol de actor garante que debe interpretar el Ejecutivo para facilitarle las cosas a la asamblea.

DUDAS, MIEDOS Y OPORTUNIDADES

Amaya Álvez es doctora en derecho, activista por los derechos humanos y una de las 155 convencionales constituyentes. Milita en el partido de izquierda Revolución Democrática y manifestó su apoyo a Boric para la elección presidencial. En conversación con la Agencia Sputnik, señaló que si Kast llegaba a la presidencia, la labor de la Convención se hubiese tornando “más dificultosa”.

“Aunque, jurídicamente, nuestro trabajo está garantizado por la actual Constitución y nuestro mandato seguirá existiendo independiente de quien sea presidente, políticamente hablando no daba lo mismo. Kast fue el principal líder de la campaña del rechazo durante el plebiscito constitucional de 2020 y fue uno de los mayores defensores de la Constitución de 1980 redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), una postura que va a contrapelo del proceso constitucional que llevamos adelante”, señaló.

Álvez afirmó que la asamblea necesita gestiones específicas del Ejecutivo para llevar a cabo algunas tareas, por ejemplo, la realización de un plebiscito ciudadano para dirimir normas constitucionales, llevar a cabo una consulta indígena o realizar campañas informativas de difusión nacional sobre el trabajo de la Convención.

Destacó que para gestionar esta y muchas otras tareas “necesitamos la ayuda el Gobierno, y eso peligraba si hubiese ganado Kast”.

“El día en que la Constituyente comenzó sus tareas en julio de este año, no pudimos sesionar porque no estaban dispuestos los micrófonos, las pantallas ni el internet. Esa misma displicencia que ha mostrado el presidente Sebastián Piñera hubiese continuado con un gobierno de Kast”, agregó.

La derecha está en desventaja en la asamblea, ya que solo ostenta 38 de los 155 escaños que posee el organismo. Por eso mismo, veían como una oportunidad que Kast hubiese ganado la elección, ya que su figura habría servido de contrapeso al liderazgo progresista que ejerce la Convención en la sociedad.

En la vereda de en frente, en la derecha también existía incertidumbre por la elección presidencial. La convencional Teresa Marinovic, académica y columnista de derecha apoyada por el Partido Republicano, señaló a la Agencia Sputnik que uno de los temores en su sector era que si Kast triunfaba, los convencionales de izquierda hubiesen optado por incluir una norma que acorte el próximo periodo presidencial.

Este debate se está dando actualmente dentro de la Convención. Varios constituyentes ya postulan que el próximo Gobierno debe durar solo dos años y no cuatro, como una especie de periodo de transición para que los chilenos elijan un nuevo presidente bajo las nuevas reglas de la próxima Constitución. Pero Marinovic duda que eso ocurra con el triunfo de Boric, dada la hegemonía que tiene la izquierda en al asamblea.

“La actitud de los extremistas y la ultraizquierda hacen pensar que no sería improbable que ellos hubiesen acortado el periodo de mandato de Kast. Cuando ves posturas antidemocráticas como las que mostraron los violentistas durante las protestas en las calles, hay que esperar lo peor de ese sector”, afirmó.

Asimismo, adelantó que si la izquierda “sigue con esa actitud de arrogancia, y la propuesta final de Constitución no respeta las libertades, votaremos para rechazar el texto en el plebiscito de salida de 2022”, cerró.

POSTURAS OPUESTAS

Gabriel Boric manifestó durante toda su campaña que su Gobierno acompañará y apoyará a la Convención y que se preocupará de respetar su autonomía. En su programa de Gobierno, el candidato incluyó un apartado especial sobre este tema, afirmando que realizará “todas las gestiones para el éxito del proceso constituyente”.

Boric elaboró un listado enumerando todas las posturas de su eventual mandato frente a la asamblea y sus decisiones.

“Respetaremos su autonomía, promoveremos la participación ciudadana, informaremos a la población de forma pedagógica de los contenidos de la propuesta de Constitución durante el periodo de campaña del plebiscito de salida y nos abocaremos a implementar la nueva institucionalidad aprobada durante nuestro Gobierno”, consignó.

Aunque Kast afirmó en un debate televisivo que también hubiese sido un facilitador del proceso constituyente, desde que se implementó la Convención él fue uno de los principales críticos al trabajo de la asamblea.

“La Convención lleva 23 días de funcionamiento y no ha hecho absolutamente nada. Al país le cuesta miles de millones de pesos financiarla”, tuiteó en julio.

Y en octubre escribió en la misma red social: “Muchos me preguntan por el futuro de la Convención y si tengo esperanza en sus resultados. Después de 3 meses de chacota (desorden), aumento de asignaciones, escándalos e insultos, la verdad que no”.

Además, Kast y sus partidarios presuntamente difundieron una serie de noticias falsas contra la Convención, como una supuesta fiesta descontrolada que tuvieron algunos convencionales en Concepción (centro sur) o una inexistente propuesta de la izquierda para eliminar la bandera chilena y los símbolos patrios.

Estas “fake news” lograron penetrar en cierta parte de la ciudadanía y mermar su confianza en el proceso constituyente. Según la encuestadora Activa, un 47 por ciento de los chilenos no confía en el trabajo de los asambleístas.

Boric se impuso en la segunda vuelta de la elección presidencial el pasado domingo 19 de diciembre con 4,6 millones de votos, convirtiéndose en el presidente más votado de la historia de Chile. 

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La Plataforma es el “Mecanismo de participación popular mediante el cual una persona o grupo de personas puede presentar a la Convención Constitucional una propuesta de texto para ser incorporado en la nueva Constitución“. El texto propuesto es el siguiente:

Iniciativa Nº 5.602

Tema: Estatuto constitucional sobre minerales

PROBLEMA A SOLUCIONAR:

Nuestro país tiene muchas necesidades sociales que no pueden ser satisfechas con el pretexto que no existen recursos necesarios. Sin embargo, la minería del cobre, especialmente, y también la del litio y del oro, generan recursos más que suficientes para satisfacer todas esas necesidades. Pero, como las empresas mineras, por lo general extranjeras, no pagan los tributos necesarios, esos recursos no lo recibe el país y por ello es necesario nacionalizar todas esas grandes empresas mineras.

SITUACIÓN IDEAL:

La situación ideal es precisamente que todas las grandes empresas mineras estén en manos del Estado, porque así vamos a recibir los recursos necesarios para resolver las necesidades sociales en nuestro país.

QUÉ DEBE CONTEMPLAR LA NUEVA CONSTITUCIÓN:

Es necesario hacer una modificación a las Normas Permanentes de la Constitución en lo referente a la Minería y bienes comunes y, además, en Disposiciones Transitorias, proceder derechamente a la nacionalización de las grandes empresas mineras del cobre, del litio y del oro.

¿CON QUÉ ARGUMENTOS TÚ O TU ORGANIZACIÓN RESPALDAN ESTA PROPUESTA?

En 1989, Chile producía 1,6 millones de Toneladas de cobre y el 90% de la producción estaba en manos del Estado aportando cerca del 25% del Presupuesto Nacional. En el año 2020, Chile produce 5,73 millones de Toneladas, sin embargo, el cobre aporta solo el 5.9% del Presupuesto Nacional, cifras de Cochilco. Esta fuerte caída de los aportes del cobre al erario nacional se debe a que hoy más del 70% de la producción de cobre ha vuelto a estar en manos de mineras extranjeras, que por lo general han evadido de tributar en Chile.

En este mismo período, 1990-2020, las grandes empresas mineras extranjeras, se han llevado de Chile 90 millones de toneladas de cobre, sin embargo esa cifra corresponde solo a la exportación declarada en Aduanas por las mismas empresas mineras, pero es de conocimiento público que tanto Aduanas como la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) no fiscalizan la exportación de concentrados, por lo que la exportación real debe ser a lo menos un 20 a 25% superior a la cifra oficial, lo que daría que la exportación de cobre por parte de las mineras extranjeras sobrepasaría las 110 millones de toneladas, que al precio real de los últimos 15 años de 3 dólares la libra (US$ 6.612 la tonelada) ha significado que las mineras extranjeras se han llevado de nuestro país, en estos 30 años, alrededor de US$ 727.300 millones (110.000.000*6.612), solo por el cobre, a ello habría que agregar el oro, la plata, el molibdeno, el renio, el cobalto, selenio, telurio, platino, paladio, azufre y otros metales, podemos estimar en 20% más, lo que nos daría que las mineras privadas se han llevado de Chile alrededor de 900 mil millones de dólares, entre 1990 y 2020. Sin embargo, según cifras del SII han pagado en impuesto a la renta y royalty alrededor de U$ 40.000 millones, es decir, solo 4,4% de lo que se han llevado. Un verdadero desfalco.

PROPUESTA DE ARTICULADO

Iniciativa Norma Popular Constituyente por la Nacionalización de la Gran Minería del cobre, litio y otros bienes minerales estratégicos


DISPOSICIONES PERMANENTES SOBRE LOS BIENES NATURALES Y MINERALES.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación, por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.
A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.
La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.

Cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de bienes naturales, bienes públicos, bienes de producción u otros, que declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país.

Cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas mineras de la Gran Minería, consideradas como tal las que produzcan más de treinta y seis mil toneladas de mineral en cualquiera de sus formas, la nacionalización podrá comprender a ellas mismas, a derechos en ellas o a la totalidad o parte de sus bienes. La nacionalización podrá también extenderse a bienes de terceros, de cualquier clase, directa y necesariamente destinados a la normal explotación de dichas actividades o empresas. El monto de la indemnización o indemnizaciones, según los casos, podrá determinarse sobre la base del costo original de dichos bienes, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos y desvalorización por obsolescencia. También podrá deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentabilidades excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas. La indemnización será pagada en dinero, a menos que el afectado acepte otra forma de pago, en un plazo no superior a veinte años. El Estado podrá tomar posesión material de los bienes comprendidos en la nacionalización inmediatamente después que ésta entre en vigencia.

El Estado, en representación de los pueblos de Chile, tienen el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.
Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el cobre, el litio, el oro, el molibdeno, el cobalto, y las tierras raras, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que el Código de Minería exprese. La concesión minera obliga al concesionario a compensar el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo consistirá en el pago de una patente minera de una UTM por hectárea y la que la ley establezca para la pequeña minería, en beneficio exclusivo de las Municipalidades, Provincia y Regiones donde se ubiquen dichas concesiones, en la proporción que establezca el Código de Minería.

Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia, declarar la extinción de tales concesiones y Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho.

El derecho de dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número.

La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas. En el caso de la pequeña minería (hasta 36.000 toneladas/año), el Estado podrá otorgar concesiones administrativas al sector privado, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Tendrán una duración no superior a 20 años. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El Presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas.

Toda explotación de bienes minerales deberá realizarse en estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y naciones preexistentes, en particular, el derecho al consentimiento previo, libre e informado respecto de decisiones que afecten sus territorios o su supervivencia como pueblos. Igualmente, deberá protegerse el derecho de los pueblos indígenas y naciones preexistentes a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
Los pueblos interesados deberán participar, siempre que sea posible, en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Estos derechos se ejercerán en el marco de los principios de solidaridad entre los pueblos indígenas y de justicia intergeneracional.
Toda exploración y explotación de bienes minerales se desarrollará considerando su impacto sobre los territorios afectados, debiendo la valoración ecosistémica de tales impactos incidir sobre los criterios y dimensiones de su ejecución, en cumplimiento de los principios preventivo y precautorio en materia ambiental. En el caso de la Gran Minería, será obligación del titular de la exploración o explotación la protección, restauración y recuperación de los territorios y fuentes hídricas afectados por su actividad. No se podrá explotar minas a rajo abierto en zonas cercanas a los glaciares o peri glaciares cordilleranos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS SOBRE LOS BIENES NATURALES Y MINERALES.

Por exigirlo el interés de los pueblos que habitan Chile y en su ejercicio del derecho soberano e inalienable a disponer libremente de sus riquezas y bienes naturales, en conformidad a lo dispuesto en el artículo X N° x incisos X de esta Constitución Política, nacionalízanse y decláranse, por tanto, incorporados al pleno y exclusivo dominio del Estado, en representación de los pueblos de Chile, las empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre, del Litio y del Oro, considerándose como tales las que produzcan más de treinta y seis mil toneladas anuales de mineral en cualquiera de sus formas.
En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior pasan al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y, además, los de sus filiales que determine el Presidente de la República.

El Estado tomará posesión material inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el Presidente de la República o el Congreso Nacional. El Presidente de la República, o el Congreso Nacional, tendrán como plazo máximo 6 meses desde la promulgación de la Nueva Constitución para implementar esta medida.

En conformidad al dominio patrimonial del Estado sobre todas las minas, no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre yacimientos mineros ya que por mandato Constitucional pertenecen al Estado de Chile. Dichos derechos serán inscritos sin otro trámite a nombre del Estado.

Para la nacionalización y la determinación de la adecuada indemnización se considerarán las siguientes normas:
a) Corresponderá al Contralor General de la República determinar el monto de la indemnización que deba pagarse a las empresas nacionalizadas y a sus filiales, conforme a las reglas que se expresan a continuación.
El Contralor General de la República reunirá todos los antecedentes que estime oportunos, pudiendo recabar de las empresas nacionalizadas y de toda autoridad, oficina o repartición del Estado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, todas las informaciones y datos que estime necesarios o convenientes.
El Contralor General de la República deberá cumplir su cometido en el plazo de 120 días contados desde la Constitución entre en vigencia. Por resolución fundada, el Contralor podrá ampliar este plazo hasta por otros noventa días.
Las empresas afectadas por la nacionalización tendrán como único derecho una indemnización cuyo monto será el valor libro al 31 de Diciembre de 2021, según las normas del IFRS. Podrá deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentas excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas.
b) Dentro del plazo de quince días, contados desde la publicación en el “Diario Oficial”, de la resolución del Contralor que determine la indemnización, el Estado y los afectados podrán apelar ante la Corte Suprema.
La Corte Suprema apreciará la prueba en conciencia y fallará conforme a derecho, en única instancia y sin ulterior recurso. No procederá el recurso de queja.
c) Dentro del plazo de cinco días, desde que quede ejecutoriada la resolución que determine el monto de la indemnización, se remitirá copia de ella al Presidente de la República, quien fijará por decreto supremo su monto definitivo, de acuerdo con lo señalado en esa resolución. El Presidente de la República fijará, además, en dicho decreto supremo, el plazo, interés y forma de pago de la indemnización, no pudiendo ser el plazo superior a veinte años ni ser el interés inferior al tres por ciento anual. La indemnización será pagadera en dinero, a menos que las empresas nacionalizadas acepten otra forma de pago.
d) Será causal suficiente para suspender el pago de la indemnización la negativa a entregar los estudios, prospecciones, planos, informes, títulos, datos y otros bienes inmateriales necesarios para la normal explotación y para el cumplimiento de los planes previstos, y cualquier conducta tendiente a alterar la marcha normal de la explotación o de los planes mencionados, mediante su obstaculización o interrupción, que sea imputable directa o indirectamente a los afectados o sus socios.
Sobre la procedencia de esta suspensión decidirá el Tribunal a que se refiere la letra b), en la forma en que allí se expresa.
e) El monto de las cuotas de la indemnización podrá ser compensado con las deudas que las empresas nacionalizadas tuvieren con el Fisco, con organismos del Sector Público o con instituciones de Previsión, que fueren líquidas y exigibles a la fecha del pago de las respectivas cuotas.
f) Los socios o accionistas de las empresas nacionalizadas no tendrán otros derechos que hacer valer, sea en contra del Estado, sea recíprocamente entre ellos, que el de percibir la cuota o parte proporcional que les corresponda dentro de la indemnización que reciban las respectivas empresas.
g) El capital de las empresas nacionalizadas, pasa al dominio del Fisco, de la Corporación Nacional del Cobre de Chile y de la Corporación de Fomento de la Producción, en la proporción que fije el Presidente de la República por decreto supremo. En consecuencia, dichas instituciones son los únicos socios en las sociedades afectadas por la nacionalización. Las sociedades así integradas son las continuadoras legales de las empresas nacionalizadas.
h) Los Directorios de las empresas nacionalizadas deberán ser compuestos por representantes designados por el Presidente de la República; por los trabajadores de la minería (electos democráticamente entre profesionales, mineros de planta y subcontratistas); por las vocerías de las comunidades, poblaciones y pueblos indígenas afectados por la Gran Minería y representantes técnicos y científicos de las Universidades Estatales. Tal composición deberá tener como un principio la democracia en la toma de decisiones al interior de tales empresas, de manera que ninguno de los sectores representados, por separado, tenga la mayoría absoluta en la composición de tales directorios.
i) Para todos los efectos legales, los trabajadores de las empresas nacionalizadas, conservarán su antigüedad, la que se seguirá contando desde la fecha de su contratación por la respectiva empresa nacionalizada.
j) Todas las empresas nacionalizadas, incluida la Corporación Nacional del Cobre de Chile, tendrán un plazo de 5 años para fundir y refinar –con las tecnologías más limpias y menos contaminantes existentes a la fecha- toda su producción en Chile y no podrán exportar minerales, en bruto, concentrados o barros anódicos, salmueras o carbonato de litio.
k) Las industrias estratégicas nacionalizadas deberán, de forma progresiva, desarrollar y elaborar productos -en base a nuestros bienes naturales y mineros- con los diferentes niveles de valor agregado según las necesidades y los requerimientos propios de la economía y el bienestar del país.

L) Los excedentes generados por las empresas de la Gran Minería Nacionalizada deberán invertirse prioritariamente en las demandas sociales de los pueblos de Chile y las comunidades afectadas por la Gran Minería. Como mínimo, queda establecida la inversión de un 10% de los excedentes de las empresas nacionalizadas y la Corporación Nacional del Cobre en las Comunas, Provincias y Regiones de dónde son extraídos los minerales; un 20% directamente para vivienda, salud y educación y un 20% a un Fondo Nacional de inversión en desarrollo productivo sustentable y reparación de daños causados a la naturaleza.


Artículo transitorio número a determinar. La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17a. transitoria de la Constitución Política de 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución.

Artículo transitorio número a determinar. Derógase la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y la Ley 20.392. Se derogan todas las disposiciones del Código de Minería (ley 18248) que estuvieran en contradicción con las disposiciones de la Nueva Constitución.

BREVE RESEÑA SOBRE QUIÉN O QUIÉNES PROPONEN Y LA HISTORIA DE LA ELABORACIÓN DE LA INICIATIVA

El Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, desde hace cerca de 25 años, está dedicado a la defensa de nuestro cobre y a la recuperación de lo que ha sido desnacionalizado. Pero en el último tiempo nos hemos reunido con muchas otras organizaciones y hemos concordado la norma que estamos proponiendo. Entre estas organizaciones se encuentran:

ONG Recuperemos el Cobre de Chile
Confederación de Trabajadores del Cobre
Coordinadora por la Renacionalización del Cobre y los Bienes Comunes
Movimiento Internacional de Trabajadores
Sindicato Nacional Interempresa de la Minería – SIM
Frente Por la Renacionalización del Cobre
Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende

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