Fueron miles las y los obreros de la Siderúrgica Huachipato que se movilizaron el reciente miércoles 27 de marzo, hacia la capital de la región del Biobío, marchando por la carretera que une Talcahuano y Concepción, exigiendo la protección de la industria frente al acero chino. Son más de 20 mil puestos de trabajo los que están en riesgo. Ya en Concepción las y los trabajadores contaron con la solidaridad de trabajadores de la salud, como la FENATS, trabajadores portuarios, trabajadores de la industria salmonera, así como del comercio local. Para este jueves, a las 17:30 horas, los sindicatos 1° y 2° de Huachipato tendrán asamblea en conjunto para definir los pasos a seguir.

Las y los trabajadores de Huachipato exigen que los aranceles al acero chino se establezcan en 25% para las barras y 33% para las bolas de acero. El Diario Oficial, publicó que se establecían oficialmente las sobretasas que definió la Comisión Antidistorsiones de 22,5%, 14,2% y 9,2% a empresas importadoras de bolas de acero forjadas para molienda y de 10,4%, 10,3% y 19,8% para las compañías importadoras de barras de acero. En reuniones con dueños de la industria y de los sindicatos, el ministro de Economía Nicolás Grau, prometió que con estas nuevas tasas ya oficializadas, solo prometía agilizar la apelación ante la Comisión Antidistorsiones para revisar estas nuevas tasas.

Sobre la posibilidad de nacionalizar la fábrica, el Gobierno, a través del ministro Grau, descartó la opción: «El desafío, el problema principal de darle rentabilidad, de hacer económicamente viable Huachipato, que es justamente lo que nos tiene en esta situación, no pasa por una participación del Estado (…) no creemos que la solución sea por ese camino».

De hecho, el principal diario de los patrones y los intereses estadounidenses en Chile, El Mercurio, en una de sus editoriales, advirtió al Gobierno de no caer en presiones sobre los aranceles, o sea, no intervenir ni regular ningún aspecto del comercio exterior aunque ello dañe a la clase trabajadora chilena. 

De acuerdo a los dirigentes sociales de la zona, «El desafío hoy para las y los miles de obreros de Huachipato es romper el consenso neoliberal que solo terminará destruyendo Huachipato, donde ni este gobierno ni los empresarios piensan tomar medidas de protección de largo plazo para proteger los puestos de trabajo. La única verdadera salida es que la empresa vuelva a manos del Estado».

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Uno de los aspectos que más inquieta a la concejala es el tiempo que se está otorgando para la licitación. Actualmente, el plazo es extremadamente corto, de entre 5 y 10 días, lo cual dificulta la participación de otras empresas y limita la competencia en el proceso. Arriagada cuestiona la decisión de realizar una licitación directa y el periodo tan breve para presentar propuestas, considerando que esto podría afectar la transparencia y la equidad en la selección de la empresa prestadora del servicio.

Arriagada también planteó en conocer cuánto se ha pagado a la empresa actual en los meses de enero, febrero y marzo, así como el monto total que se está pagando actualmente por el servicio. Esta información es crucial para evaluar si la empresa actual seguirá prestando el servicio durante un período prolongado, lo cual considera poco lógico dada la precariedad de las condiciones de trabajo y la falta de recursos adecuados, como camiones suficientes y puntos limpios.

Otro aspecto que preocupa a la concejala es la exclusión del reciclaje en la nueva base de licitación. Arriagada recuerda que en junio o julio de 2022 se realizó una audiencia pública para avanzar hacia un nuevo modelo en la gestión de residuos sólidos, por lo que considera fundamental incluir el reciclaje en el proceso de licitación.

A pesar de que los concejales no tienen influencia directa en la adjudicación de contratos, Arriagada insta a que se escuchen los criterios planteados, ya que no se trata solo de ideas ambientalistas, sino de una necesidad real de cambio en la gestión de residuos.

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El 24 de agosto se llevará a cabo una manifestación encabezada por sindicatos de conductores, trabajadores del retail, y distintas organizaciones estudiantiles en busca de mejoras en el transporte y las condiciones de trabajo en Concepción.

En una acción conjunta que busca promover la mejora de las condiciones laborales de los choferes de transporte público y la calidad del servicio en el Gran Concepción, sindicatos de conductores, gremios de trabajadores del retail, el sindicato de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Claudia Arriagada Parra, Concejala de Concepción, y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, han unido sus fuerzas para convocar a un paro de transporte público y una marcha, programados para el próximo 24 de agosto.

La convocatoria tiene como objetivo principal destacar las necesidades de los trabajadores del transporte público, quienes desempeñan un papel esencial en la movilidad de la ciudad y requieren de mejores condiciones laborales. Entre las demandas clave se encuentra el llamado a una mayor frecuencia y movilidad de las líneas de buses del Gran Concepción, lo que contribuiría a una mejora significativa en la calidad del servicio para los usuarios. Los sindicatos y organizaciones involucradas también buscan resaltar la importancia de garantizar la seguridad y el bienestar de los conductores en su entorno de trabajo.

Claudia Arriagada Parra, Concejala de Concepción del Partido Igualdad, expresó su apoyo a la iniciativa. La marcha, que se espera que reúna a un amplio espectro de la comunidad, El 24 de agosto se perfila como una fecha importante para manifestar la voz de los trabajadores y usuarios del transporte público, alzando la bandera de un servicio más eficiente y condiciones laborales dignas en el corazón de Concepción.

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