Un rehén más del gobierno de Gabriel Boric: Héctor Llaitul en estado crítico por huelga de hambre

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(360Noticias) El gobierno de Gabriel Boric, que en sus inicios prometió un cambio profundo en Chile, enfrenta graves cuestionamientos respecto al trato que está brindando a ciertos dirigentes sociales y políticos que desafían el sistema neoliberal imperante. El caso de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se ha convertido en un símbolo de esta persecución

Ernesto Llaitul, hijo del dirigente mapuche condenado a 23 años de cárcel, ha denunciado que su padre se encuentra en un “estado crítico” debido a la huelga de hambre que mantiene desde hace más de dos meses. La preocupación es palpable, pues Llaitul, quien ya ha sufrido deterioros significativos en su salud por huelgas anteriores, podría enfrentar un desenlace fatal en cualquier momento. La familia insiste en que su traslado a la Cárcel de Temuco, donde existe un módulo especial para comuneros mapuche y donde ya se encuentra detenido su hijo Pelentaro Llaitul, es crucial para garantizar un trato más justo y respetuoso.

Este caso se enmarca en un contexto más amplio de persecución contra aquellos que se oponen abiertamente al sistema económico y político vigente en Chile. Además de Llaitul, otros líderes, incluidos mapuche y figuras políticas como Daniel Jadue, han sido sometidos a procesos judiciales como parte de una estrategia del gobierno de Boric para neutralizar voces disidentes. En lugar de buscar soluciones a los problemas estructurales que enfrenta el país, la administración Boric ha optado por una vía punitiva que revive prácticas de represión y control social, similares a las de anteriores gobiernos.

La familia de Llaitul y diversas organizaciones sociales han alzado la voz para denunciar lo que consideran un trato inhumano y una violación de los derechos fundamentales de los presos políticos mapuche. La exigencia de un traslado a la Cárcel de Temuco no es solo una cuestión de cercanía familiar, sino una demanda de respeto a la identidad cultural y a los derechos básicos que deben ser garantizados para todos los ciudadanos, independientemente de sus convicciones políticas o su origen étnico.

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