Con la reciente firma de un convenio técnico bilateral con Alemania, que permite a Chile avanzar al Nivel 2 en el sistema de catalogación de la OTAN, el gobierno de Gabriel Boric ha dado un paso más hacia la completa subordinación del país a la arquitectura militar del imperialismo occidental. Lejos de representar un avance en defensa nacional o soberanía tecnológica, esta integración técnica constituye una peligrosa cesión de independencia estratégica, alineando a Chile con una alianza militar decadente, responsable de guerras, desestabilizaciones y agresiones en distintas regiones del mundo.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, celebró este hito como un logro que “no accede todo el mundo”, repitiendo el discurso servil de quienes buscan reconocimiento en las cúpulas del poder transatlántico, aunque sea a costa de hipotecar la soberanía nacional. En efecto, acceder al Nivel 2 del Sistema OTAN de Catalogación (SOC) no significa otra cosa que poner al país al servicio de los intereses de la OTAN, especialmente de Estados Unidos y Alemania, sus principales impulsores. Se trata de una estandarización impuesta, diseñada para asegurar la subordinación de los ejércitos que orbitan en torno al complejo militar-industrial estadounidense.

Pero el problema no es meramente técnico. Es político y estratégico. Esta decisión se enmarca en un proceso de progresiva alineación de Chile con los intereses del bloque atlantista, que ha promovido guerras como la de Irán,Irak, Libia, Siria y, hoy, sostiene y financia al régimen ultranacionalista y abiertamente pro-nazi de Ucrania. El gobierno de Boric, en vez de asumir una política exterior soberana, ha optado por sumarse entusiasta a esta cruzada, condenando a Rusia a China y a los BRICS, apoyando a Zelensky y guardando silencio ante los crímenes cometidos por las fuerzas ucranianas contra la población del Donbás desde 2014.

Chile, país del Sur Global, históricamente no alineado con bloques militares, se desliza así hacia una condición de vasallo, comprometido con alianzas contrarias a los intereses de los pueblos del mundo y al principio de autodeterminación. Lejos de fortalecer nuestras capacidades defensivas, esta integración nos subordina a una lógica de guerra ajena, en la que Chile podrá ser utilizado como plataforma de apoyo, abastecimiento o entrenamiento para futuros conflictos que decidan las potencias occidentales. ¿Queremos convertirnos en una pieza más del engranaje bélico de Washington y Bruselas?

El gobierno de Boric no solo entrega soberanía técnica y militar, sino que lo hace en nombre del progresismo, desdibujando toda línea ética que alguna vez separó a la izquierda chilena de los intereses del imperialismo. Esta traición se expresa en múltiples dimensiones: el respaldo a la criminalización de países soberanos como Venezuela, Cuba o Nicaragua; la no ruptura de relaciones con Israel en su genocidio contra Palestina; el silencio ante las masacres en Medio Oriente; y ahora, la cooperación militar con el brazo armado del imperialismo global.

En lugar de construir una política exterior independiente, solidaria y antiimperialista, Boric convierte a Chile en un satélite obediente de la OTAN, una organización que representa todo lo contrario a la paz, la justicia y la soberanía de los pueblos. Es tiempo de denunciar esta traición a Chile y de levantar una alternativa soberanista que devuelva al país su dignidad internacional y su plena autodeterminación.

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En los últimos años, Chile se ha convertido en un verdadero epicentro de operaciones encubiertas dirigidas contra Venezuela, sin que el gobierno de Gabriel Boric haya tomado medidas para detener estas conspiraciones. Desde la formación paramilitar en territorio chileno hasta el uso del país como base para ataques cibernéticos, la inercia y permisividad de las autoridades chilenas han facilitado acciones desestabilizadoras que atentan contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Uno de los casos fue el polígono de tiro “V-Raptor Adiestramiento” próximo al aeropuerto Arturo Merino Benítez, cerca de la comuna de Quilicura, donde ex policías y ex integrantes de la Guardia Nacional de Venezuela, que no tenían su situación migratoria irregular en Chile, recibieron entrenamiento militar. La existencia en su momento de este centro de adiestramiento, que operó durante mucho tiempo en total impunidad en territorio chileno, puso en evidencia la falta de voluntad para investigar y desmantelar estructuras que abiertamente promueven el terrorismo contra Venezuela.

Otro ejemplo es el caso de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano que, a pesar de haber recibido asilo político en Chile y, por tanto, estar impedido por ley de salir del país, realizó viajes a Colombia y Venezuela con fines conspirativos. Ojeda estuvo vinculado a planes desestabilizadores contra el gobierno venezolano, lo que revela la permisividad y negligencia del gobierno chileno al otorgar refugio a individuos implicados en actividades subversivas. La ausencia de fiscalización sobre sus movimientos no solo demuestra inoperancia, sino que sugiere una preocupante complicidad por parte de las autoridades chilenas, que han permitido que Chile funcione como un santuario para terroristas.

Más recientemente encontramos el ataque cibernético contra el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, perpetrado por Luis Andrés Luces, un neonazi venezolano residente en Chile y seguidor de la ultraderechista María Corina Machado, reafirma la falta de acción del gobierno chileno ante estas agresiones. Este hackeo, destinado a deslegitimar el sistema electoral venezolano, se realizó sin que las autoridades chilenas hasta ahora investiguen o sancionen al responsable confeso, permitiendo que individuos que operan en territorio nacional atenten contra otras naciones

Es sabido que Chile se ha convertido en un caldo de cultivo para ultraderechistas venezolanos, que organizan permanentemente acciones desestabilizadoras contra su país de origen, y que están digitalizadas desde EEUU por el Iván Simonovis prófugo de la justicia venezolana y agente de la CIA. Estas operaciones política van desde “seudos espectáculos” como la actuación de George Harris en el festival de Viña del Mar, hasta grupos paramilitares que actúan impunemente en Chile, donde el gobierno de Boric teniendo todos los antecedentes omiten actuar en su contra, sino que permite que se sigan articulando redes de conspiración y sabotaje, que son evidentes para cualquier simple analista.

Pero ¿por qué el gobierno de Boric no actúa? La respuesta se encuentra en la alineación de su política exterior con los intereses de Estados Unidos y los sectores más reaccionarios de la región, lo que lo lleva a tolerar e incluso favorecer estas acciones contra Venezuela. Mientras Chile se presenta internacionalmente como un país que respeta el derecho internacional, su inacción frente a estos hechos contradice su discurso y lo convierte en un facilitador de agresiones contra un país soberano. La permisividad del gobierno de Boric no es un simple descuido: es una política cómplice que permite que Chile sea utilizado como una plataforma terrorista de agresión contra Venezuela.

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Este martes un masivo apagón afectó a gran parte del territorio nacional, dejando sin suministro eléctrico a millones de chilenos desde Arica hasta la región de Los Lagos. La interrupción del servicio ocurrió a las 15:16 horas y tardó cerca de diez horas en ser restablecida a nivel nacional. Aún la mañana del miercoles , diversos sectores seguían sin energía, evidenciando la fragilidad del sistema eléctrico en manos privadas.

La empresa colombiana ISA InterChile fue señalada como la responsable de la falla, que según el gobierno se debió a “una operación no deseada en los sistemas de protección y control de la línea”. Sin embargo, el problema de fondo va más allá de una falla técnica: la dependencia de empresas extranjeras en un sector estratégico para la seguridad nacional.

El megacorte de luz puso en evidencia cómo Chile quedó totalmente aislado: sin servicio de telefonía, sin redes sociales y sin información oficial inmediata. Una situación que revela el desamparo de los ciudadanos ante la ausencia de control estatal en un área que no puede estar en manos de capitales transnacionales.

El suministro eléctrico es un pilar fundamental de la soberanía nacional. La información que manejan estas empresas es de alto valor estratégico y puede ser utilizada en contra de los intereses del país. La seguridad energética debe ser una prioridad del Estado, y la nacionalización de las empresas de generación y distribución eléctrica se presenta como una solución impostergable para garantizar la estabilidad del servicio y la protección de la soberanía de Chile.

La geopolítica de la energía un campo de disputa

A nivel global, la energía es uno de los sectores más codiciados en la lucha por la hegemonía económica y política. Grandes potencias y corporaciones transnacionales buscan controlar los recursos energéticos de los países en desarrollo, asegurando su influencia geopolítica mediante inversiones y concesiones que terminan condicionando las decisiones soberanas de los Estados.

Chile, al depender de empresas extranjeras para su suministro eléctrico, queda expuesto a presiones externas que pueden afectar su estabilidad. La privatización del sector eléctrico no solo debilita la capacidad de respuesta ante crisis como la ocurrida recientemente, sino que también pone en riesgo la autonomía del país frente a intereses foráneos.

En el contexto latinoamericano, varios países han optado por recuperar el control de sus recursos energéticos, como Bolivia y Venezuela, que han nacionalizado sectores clave para garantizar su soberanía. Chile debe avanzar hacia un modelo en el que el Estado recupere el control estratégico de la energía, protegiendo así sus intereses nacionales y fortaleciendo su posición en el tablero geopolítico.

La energía no es un simple negocio; es un recurso vital que debe estar bajo control soberano para evitar vulnerabilidades y proteger el interés nacional. La privatización ha demostrado su ineficacia en garantizar un servicio seguro y confiable, y es hora de que el Estado recupere el control de un área tan fundamental como la electricidad.

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La reciente declaración de Donald Trump, en la que calificó a Volodímir Zelenski como un “dictador sin elecciones” y advirtió que “Ucrania podría desaparecer”, ha evidenciado a nivel internacional lo que muchos ya venían denunciando desde incluso antes de la “Operación Especial de Rusia.

La crítica y  respuesta a las palabras de Trump no vino de Europa ni de Estados Unidos, sino de América del Sur, donde el presidente de Chile, Gabriel Boric, se apresuró a defender al dictador ucraniano, evidenciando nuevamente las incoherencias y contradicciones de su política internacional.

Boric tachó de “inaceptables” las palabras de Trump, alegando que “la mejor defensa de un país como el nuestro es el respeto al derecho internacional, el sistema multilateral y los derechos humanos”. Sin embargo, esta afirmación choca con su propia política exterior: el mismo Boric que dice defender la soberanía y el derecho internacional ha intervenido de manera insistente en los asuntos internos de Venezuela, desconociendo su autodeterminación y sumándose a la agenda de agresión impulsada por la ultraderecha internacional.

La posición de Boric en este conflicto debe entenderse en el marco de la pugna entre dos facciones de la burguesía global: por un lado, los globalistas liberales encabezados por George Soros, los Rothschild y otros personajes; por el otro, los globalistas “nacionalistas cristianos” liderados por Trump. Boric, sin lugar a dudas, responde a la política de Soros; es un peón del proyecto globalista liberal, alineado con la narrativa pro-Zelenski que cada vez pierde más respaldo en el escenario mundial.

Mientras Washington, ante la inminente derrota militar de la OTAN, da un giro en su postura hacia Ucrania y busca una salida negociada en conversaciones con Rusia, de las que ni Kiev ni los europeos fueron parte, Boric insiste en un discurso desfasado, ignorando la inminente derrota de Zelenski en la guerra y su creciente descrédito político por actos terroristas, contrataciones de mercenarios neonazis, asesinatos y torturas a civiles, incluyendo un periodista chileno, entre otros crímenes.

Zelenski se ha negado a realizar elecciones en su país y su popularidad está en caída libre. A medida que Ucrania se encamina hacia una negociación impuesta por la victoria de Rusia en el campo de batalla, Boric se consolida como el último amigo de Zelenski en un mundo que ya ha comenzado a darle la espalda. Lejos de jugar un rol soberano e independiente en política exterior, Boric sigue demostrando que es, como algunos lo han llamado, “el bobo del barrio” en el tablero geopolítico.

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Aunque muchas organizaciones chilenas se presentan como neutrales y dedicadas a la “promoción de la democracia”, sus lazos con USAID las vinculan con la agenda de injerencia de Estados Unidos. En estos últimos años en el país, varias entidades han recibido financiamiento directo e indirecto de esta agencia, lo que plantea serias dudas sobre su independencia y objetivos reales.

La Fundación Espacio Público ligado al progresismo político chileno, si bien no tiene financiamiento directo de USAID, ha recibido aportes indirectos del Departamento de Estado de EE.UU. Entre 2019 y 2021, se le asignaron US$23.386 para el proyecto (Empoderando a mujeres) “Empowering women in STEM in Chile” .

La Pontificia Universidad Católica de Chile: Entre 2014 y 2017, obtuvo aproximadamente US$1.768.979 para el proyecto “Learning the value of education”.

Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales: (ADRA) Chile: En 2010, recibió US$1.304.666 para asistencia humanitaria y en 2017, US$500.000 para la atención de personas afectadas por incendios rurales.

Cáritas Chile: Entre 2022 y 2024, se le asignaron US$789.347 para un programa de gestión territorial y prevención de incendios forestales. Se registra un proyecto similar por US$400.000 entre 2024 y 2026.

Guarequena Gutiérrez: La investigación es muy probable que alcance a la cuestionada “embajadora” de Guaidó en Chile, (hoy Coordinadora del Centro de Atención Integral Universidad del Alba de Chile) en el año 2019 ya había sido investigada por pagos desde la Cancillería de Roberto Ampuero y bajo el gobierno de Sebastián Piñera, por concepto irregulares de honorarios.

América Latina

La USAID en países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Brasil, México, Argentina, Perú, Nicaragua y Honduras, Ecuador, etc., la agencia ha financiado protestas, partidos opositores y agrupaciones políticas con el fin de debilitar a gobiernos que no se alinean con los intereses de Washington. En muchos casos, el financiamiento a ONGs y medios de comunicación ha sido clave para construir narrativas desestabilizadoras y justificar sanciones económicas o intervenciones políticas.

En América Latina el centro del escándalo se encuentran Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori, así como Julio Borges y una larga lista de opositores que han usufructuado estos fondos para llevar una vida de lujos a costa del dinero entregado por la USAID.

Entre las cifras que han salido a la luz destaca la cantidad de 116 millones de dólares que Carlos Vecchio recibió en su rol de “embajador” del gobierno autoproclamado de Guaidó en Washington. En total, se estima que Estados Unidos destinó 568 millones de dólares a organizaciones no gubernamentales, tanto dentro como fuera de Venezuela.

Uno de los casos más llamativos es el de Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori, quienes habrían gastado cerca de 256 millones de dólares en su vida personal y familiar, desviando los fondos asignados por la USAID. Por su parte, Juan Guaidó y Julio Borges se habrían apropiado de 98 y 52 millones de dólares respectivamente, en un esquema de corrupción que desangró los recursos destinados teóricamente a la “democracia” en Venezuela.

Además, informes han revelado que la USAID destinó cientos de millones de dólares para financiar el cultivo de heroína en Afganistán y suministró provisiones a terroristas afiliados a Al Qaeda en Siria. Estas revelaciones han puesto en entredicho la verdadera naturaleza de la agencia y su supuesto compromiso con la “democracia y el desarrollo”. Mike Benz, exfuncionario del Departamento de Estado de EE.UU., afirmó en una reciente entrevista con el periodista Tucker Carlson que la USAID “básicamente” sostenía “el suministro mundial de heroína“, el 95 % de la cual procedía de Afganistán.

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“Debemos manejar la inteligencia artificial al máximo nivel con nuestros aliados estratégicos del mundo, con China, con Rusia, con la India, con Irán” Nicolás Maduro

“La inteligencia artificial es el futuro, no solo de Rusia sino de toda la humanidad. Quien se convierta en líder en esta esfera será el gobernante del mundo.” Vladimir Putin

Los hechos ocurridos a propósito de la irrupción de DeepSeek manifiesta una lucha en lo que podríamos llamar la “Geopolítica Algorítmica” este expresa la creciente influencia de los algoritmos y la inteligencia artificial (IA) en las dinámicas de poder global. Representando la intersección entre tecnología avanzada y política internacional, donde los algoritmos no solo procesan información, sino que determinan decisiones estratégicas, moldean economías y reconfiguran las relaciones de poder entre Estados y corporaciones.

 La “Geopolítica Algorítmica” se da en diferentes campos de la confrontación global, esto en el marco de la lucha de la unipolaridad y la multipolaridad, algunas características de este fenómeno podríamos señalar las siguientes:

1) La lucha entre el dominio de los datos y la soberanía digital
Los algoritmos dependen de los datos, y estos se han convertido en un recurso tan valioso como el petróleo en el siglo XX. Países y empresas compiten por recolectar, almacenar y procesar datos para alimentar sus sistemas de IA. En este contexto, la soberanía digital, entendida como el control de los datos generados dentro de un territorio, se convierte en un objetivo geopolítico clave.

2) Algoritmos como herramientas de poder blando y duro
Los algoritmos están detrás de fenómenos como la manipulación de la opinión pública mediante redes sociales, la vigilancia masiva, y el desarrollo de armas autónomas. Esto convierte a la IA en un instrumento tanto de poder blando (influencia cultural y política) como de poder duro (fuerza militar y control estratégico). Por ejemplo, los algoritmos de recomendación han sido usados para influir en elecciones, mientras que las tecnologías de reconocimiento facial se han empleado las políticas represivas de los movimientos sociales.

3) De la carrera armamentista a la carrera algorítmica
Similar a la carrera armamentista de la Guerra Fría, la geopolítica algorítmica está marcada por una competencia entre naciones por alcanzar la supremacía en inteligencia artificial. Esta carrera no solo se enfoca en avances tecnológicos, sino también en establecer normas, estándares y marcos regulatorios globales.

4) Desigualdades tecnológicas y dependencia
El desarrollo desigual de las capacidades algorítmicas genera una brecha tecnológica que margina a países del Sur Global, que dependen de infraestructuras digitales y software controlados por potencias tecnológicas. Esto perpetúa una nueva forma de colonialismo digital, donde las naciones que carecen de soberanía tecnológica quedan relegadas a consumidores y no productores de innovación.

El desafío de las Fuerzas Populares y Soberanistas

Para construir un mundo multipolar, es esencial que las naciones y movimientos soberanistas desarrollen tecnologías propias, basadas en un enfoque colaborativo y emancipador. La IA debe ser una herramienta para democratizar el acceso al conocimiento, potenciar la autodeterminación de los pueblos y reducir las brechas de poder entre los Estados. Esto requiere no solo la apropiación de la tecnología, sino también la formulación de una ética revolucionaria que guíe su desarrollo y uso, garantizando que la IA no sirva a la opresión, sino a la liberación.

En el marco de un proyecto socialista, la inteligencia artificial puede jugar un papel crucial en la planificación económica, la gestión de recursos y la distribución equitativa de la riqueza. Los datos y los algoritmos pueden ser puestos al servicio del bienestar colectivo, permitiendo una toma de decisiones más precisa y eficiente, basada en las necesidades reales de la población. Además, la IA puede fortalecer los sistemas de educación, salud y producción, integrando la tecnología con las luchas históricas de los pueblos por la justicia social y la igualdad.

La historia nos ha enseñado que los avances científicos y tecnológicos, cuando están en manos de los pueblos, pueden convertirse en armas poderosas para la emancipación.

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Chile parece haber desarrollado una afición peculiar: cada gobierno que llega a La Moneda inaugura su propia teoría conspirativa, siempre con un villano internacional a la medida. Es como si los mandatarios tuvieran un manual secreto titulado: “Cómo desviar la atención de los problemas reales y culpar a Venezuela”.

Acto I: Piñera y el “quemador de metros”
En 2019, con las calles ardiendo de rabia y las cacerolas retumbando como sinfonía nacional, el expresidente Sebastián Piñera decidió que las desigualdades del modelo neoliberal no eran la causa del estallido social. No, señor. El problema, según él, venía directamente de Caracas. Piñera, convertido en detective internacional, nos explicó que Nicolás Maduro había enviado comandos incendiarios para quemar el metro de Santiago. ¿Pruebas? No importan. Lo esencial era el espectáculo.

Pero la trama no se quedó ahí. Piñera no solo le declaró la guerra a un supuesto escuadrón de piromaníacos bolivarianos, sino que utilizó esta fantasía para justificar una brutal represión y alinearse con los intereses de Estados Unidos. Como buen alumno del imperio, reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, un hombre que, para coronarse, no necesitó votos, ni actas, sino una plaza y un micrófono. Además, Piñero organizó actos terroristas en Cúcuta contra la soberanía venezolana. Al final, todo el esfuerzo solo sirvió para deslegitimar a Piñera y llenar a Chile de memes sobre su teoría de la combustión espontánea chavista. Otra historia es la enorme migración que incentivó para Chile, entre ellas las bandas criminales que hoy devastan Chile.

Acto II: Boric y la telenovela de Diosdado
Avancemos al presente. Ahora es Gabriel Boric quien ocupa el sillón presidencial, y aunque prometía ser distinto, ha demostrado que la originalidad no es su fuerte. Inspirado por su predecesor, Boric decidió que su turno en el Club de las Teorías Absurdas debía estar a la altura. Así, frente al asesinato de Ronald Ojeda, ligado al Tren de Aragua, Boric no encontró mejor explicación que señalar a Diosdado Cabello, ministro venezolano y, al parecer, un “genio del mal” que desde Caracas dirige con su “Mazo” cada movimiento de sus “celulas dormidas”.

La evidencia detrás de esta joya narrativa es digna de un mal trailer de Netflix. Todo se basa en las declaraciones de un narcotraficante detenido y que reside en Estados Unidos, quien, en un evidente intento de salvar su pellejo, ahora es la nueva estrella de los guiones escritos en Langley, Virginia (sede de la CIA, para los desinformados). En Chile, los fiscales, con más ambición mediática que ética profesional, se subieron al tren (de Aragua, por supuesto) sin importarles que las “pruebas” tengan menos sustancia que un tuit de Maite Orsini.

Una política internacional de memes y rumores
Lo más preocupante no es la ridiculez de estas teorías, sino la seriedad con la que Boric y su ministra del Interior, Carolina Tohá, las presentan. Al parecer, nadie en el gobierno ha leído ni siquiera un mal libro de espionaje, porque si lo hubieran hecho, sabrían que los encargos de asesinato no se hacen con un whatsapp de un ministro a un lumpen delictual. Pero no, Boric parece confiar más en las redes sociales y en las recomendaciones de sus seudos “asesores” que en la lógica básica.

¿Es mucho pedir que alguien en Palacio advierta al presidente que está haciendo el ridículo en público? ¿Nadie en su equipo tiene el coraje de decirle que una teoría conspirativa, al menos, necesita parecer plausible? Si Piñera tenía su villano en Maduro, Boric encontró en Diosdado Cabello un comodín para seguir la tradición.

Al final, ambos gobiernos parecen haber tomado la misma receta: culpar a Venezuela, inventar historias rocambolescas y olvidarse de los problemas reales. Mientras tanto, las desigualdades que encendieron el estallido social en 2019 siguen ahí, más vigentes que nunca, y las bandas criminales, lejos de reducirse, operan con total libertad en un país que, entre teorías absurdas y complicidades, se ha quedado sin rumbo.

Quizás el próximo presidente ya esté escribiendo su propia teoría conspirativa. Tal vez la próxima vez sea al estilo del dicho de la esposa de Piñera, Cecilia Morel “una invasión alienígena” bolivariana el culpable. Total, de la clase política chilena todo puede pasar.

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El pasado fin de semana quedó en evidencia el debilitamiento de la ultraderecha venezolana encabezada por María Corina Machado, tras el rotundo fracaso de una manifestación convocada en el municipio Chacao, Caracas, con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de los esfuerzos mediáticos y el apoyo de sectores internacionales, el evento fue un fiasco, con una escasa participación ciudadana que contrastó con las expectativas creadas por sus organizadores.

Ante esta evidente derrota, Machado recurrió a una estrategia desesperada: difundir un falso secuestro para desviar la atención mediática. La noticia, rápidamente desmentida, fue promovida por las Embajadas de Estados Unidos y Argentina en Venezuela, pero no logró ocultar el fracaso de la convocatoria. Las calles vacías y la desilusión entre sus seguidores reflejaron el desgaste de un movimiento que, tras su derrota electoral y la violencia fascista promovida en los últimos meses, ha perdido apoyo popular.

La población venezolana, que en su mayoría apuesta por la paz y la estabilidad, ha rechazado de manera clara las acciones de la ultraderecha y de figuras como María Corina Machado y Edmundo González. Este último, quien brilló por su ausencia en la convocatoria, fue otro elemento que evidenció la falta de cohesión en la estrategia opositora. Las imágenes de calles desiertas en un evento anunciado como “masivo” se volvieron virales, reflejando el escaso impacto de su mensaje.

La caída del “fenómeno” María Corina Machado no es fortuita. Su postura violenta y su alianza con intereses extranjeros han generado un rechazo generalizado en un país que, pese a las dificultades, busca soluciones soberanas y democráticas. Su narrativa, lejos de ganar adeptos, ha provocado el aislamiento de la ultraderecha, que hoy se encuentra fragmentada y carente de liderazgo.

El declive de María Corina Machado no se limita a territorio venezolano. En Cúcuta, Colombia, una convocatoria liderada por el narco expresidente Álvaro Uribe en apoyo a Machado terminó siendo otro rotundo fracaso. A pesar de los intentos por movilizar a simpatizantes, el evento no logró reunir a un número significativo de asistentes, confirmando que el apoyo internacional a la dirigente derechista también se encuentra en declive.

El fin de una era para la ultraderecha venezolana

El panorama actual marca el final del camino para figuras como María Corina Machado, que han basado su estrategia política en la confrontación y el intervencionismo. La ciudadanía venezolana ha dejado claro su rechazo a las agendas desestabilizadoras y su compromiso con la paz, lo que debilita cada vez más a un sector que no logra conectar con las aspiraciones del pueblo.

Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro sigue consolidándose como un actor clave en la estabilidad del país, demostrando que la paz y el diálogo son las verdaderas demandas de la mayoría del pueblo venezolano. La ultraderecha, en cambio, enfrenta su propio laberinto, en un contexto donde el pueblo exige soluciones concretas, no manipulaciones mediáticas ni violencia.

La derrota de María Corina Machado en el contexto de la nueva geopolítica mundial

La derrota de María Corina Machado y la ultraderecha venezolana no puede analizarse únicamente desde una perspectiva nacional. Este fracaso debe entenderse como parte de un cambio histórico más amplio en las relaciones internacionales: el surgimiento de un mundo multipolar y el declive del orden unipolar liderado por Estados Unidos y sus aliados en Europa.

Durante décadas, el imperialismo norteamericano y sus instrumentos geopolíticos, como la OTAN, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las redes de influencia global, impusieron un modelo de dominación basado en sanciones, intervenciones militares y guerras mediáticas. Sin embargo, este modelo enfrenta hoy una crisis estructural. El avance de nuevas potencias emergentes como China, Rusia, India, Irán, junto con el fortalecimiento de alianzas económicas y políticas como los BRICS, ha reconfigurado la correlación de fuerzas en el escenario internacional.

En el caso de Venezuela, el intento de la ultraderecha de desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro contó con el apoyo abierto de actores internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea y gobiernos satélites. Sin embargo, este respaldo, que en otras épocas habría sido decisivo, resultó insuficiente. Las sanciones económicas, las campañas de desinformación, mercenarios terroristas y el financiamiento de redes sociales globalistas fueron incapaces de torcer la voluntad del pueblo venezolano y su decisión de defender su soberanía.

El fracaso de Machado refleja la incapacidad de las antiguas potencias occidentales para imponer su agenda en un mundo que ha cambiado drásticamente. La influencia de Estados Unidos se encuentra en un claro declive, marcada por conflictos internos, fracasos en política exterior y la pérdida de su hegemonía económica. Por su parte, la Unión Europea atraviesa una crisis política y social que ha debilitado su capacidad de intervenir en los asuntos de América Latina.

La fortaleza del Chavismo frente al nuevo orden mundial

Frente a esta nueva realidad global, Venezuela ha demostrado una capacidad de resistencia admirable. La cohesión de las fuerzas chavistas, la política económica y social del gobierno de Nicolás Maduro y el respaldo de potencias emergentes han sido determinantes en la derrota de los planes desestabilizadores de la ultraderecha.

El chavismo ha sabido adaptarse a las transformaciones del sistema internacional, fortaleciendo alianzas estratégicas con países que promueven un modelo de cooperación basado en el respeto a la soberanía y el desarrollo mutuo. Organismos como los BRICS y otras iniciativas regionales han sido fundamentales para contrarrestar las sanciones y construir alternativas económicas frente al cerco imperialista.

El triunfo de las fuerzas chavistas no solo es un logro nacional, sino un reflejo de las transformaciones globales que están redefiniendo el futuro de las relaciones internacionales. En este marco Venezuela incluso a sido capaz de tomar la iniciativa en promover políticas y experiencias de carácter internacional, como es la Internacional Antifascista, que se ha instalado en la mayoría de los países con sus respetivos capítulos nacionales. Un hecho también de suma importancia son las últimas declaraciones del presidente Nicolas Maduro, tras juramentarse como presidente de Venezuela, donde declaró “que su país se prepara junto a Cuba y Nicaragua para “tomar las armas” si fuera necesario”. Esta afirmación se produce el mismo día en que el exmandatario colombiano Álvaro Uribe solicitó una “intervención internacional”. El fortalecimiento de estas fuerzas serán decisivas en la luchas que vienen en América Latina y el Mundo.

La derrota de María Corina Machado no es solo el fracaso de un proyecto político, sino la confirmación de que el mundo multipolar ha llegado para quedarse.

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La administración entrante de Donald Trump ha reavivado una preocupación recurrente en la política internacional: la ambición de EEUU por ampliar su influencia geopolítica mediante la apropiación de recursos naturales clave y la intervención directa en otros países. Las recientes declaraciones del presidente electo no solo han puesto en la mira a países históricamente afectados por la política exterior estadounidense, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, sino que también han incluido a naciones como Canadá, México, Groenlandia y Panamá, generando controversias sobre soberanía y respeto al derecho internacional.

Estas amenazas y declaraciones revelan una estrategia orientada a la apropiación de recursos estratégicos y al control geopolítico global en su lucha contra el mundo multipolar.

Canadá como el “Estado 51”

Trump propuso que Canadá podría convertirse en el “Estado 51” de los Estados Unidos. En sus palabras: “Muchos canadienses quieren que Canadá se convierta en el estado número 51. Ahorrarían muchísimo en impuestos y protección militar. ¡Es una gran idea!”. Pero detrás de este comentario anecdótico se ocultan razones de peso vinculadas a los recursos estratégicos de Canadá.

• Minerales críticos: Canadá alberga vastas reservas de minerales esenciales para la tecnología moderna y la transición energética, como litio, níquel y cobalto. Controlarlos daría a EE.UU. una ventaja competitiva frente a China.
• Hidrocarburos: Las arenas bituminosas de Alberta constituyen una de las mayores reservas de petróleo del mundo, consolidando la independencia energética estadounidense.
• Agua dulce: Con el cambio climático, el agua dulce es un recurso cada vez más valioso. Canadá posee aproximadamente el 20% del agua dulce global, lo que la convierte en un objetivo estratégico.

El Canal de Panamá

El Canal de Panamá, un activo estratégico global, también está en el punto de mira de Trump. “Si Panamá no puede garantizar una operación segura, eficiente y confiable del canal, exigiremos que nos lo devuelvan”, declaró el expresidente, reavivando la narrativa histórica de control estadounidense sobre esta vía.

• Control estratégico: El Canal sigue siendo crucial para el comercio y el tránsito militar. Recuperar su gestión otorgaría a EE.UU. una posición dominante en las rutas marítimas globales.

Groenlandia: Una prioridad Ártica

Trump afirmó que el control de Groenlandia es “una necesidad absoluta para la seguridad nacional y la libertad mundial”. Aunque la propuesta de compra hecha en 2019 fue rechazada por Dinamarca, las razones estratégicas detrás de este interés son evidentes.

• Recursos minerales: Groenlandia es rica en tierras raras, esenciales para la tecnología y la defensa moderna.
• Geopolítica ártica: Su posición es clave para las rutas marítimas emergentes debido al deshielo polar y para el monitoreo de la actividad militar rusa en el Ártico.
• Presión diplomática: EE.UU. podría intensificar las presiones sobre Dinamarca para asegurar un mayor control sobre el territorio.

México: Cárteles como “terroristas” y riesgo de balcanización

Trump ha insistido en designar a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”, lo que justificaría intervenciones militares directas bajo la excusa de proteger la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, estas acciones podrían fragmentar aún más a México, facilitando el acceso a recursos estratégicos en regiones clave del país.

• Intervención militar directa: La designación podría ser el primer paso para operaciones militares en territorio mexicano, ignorando la legalidad internacional.
• Fragmentación territorial: Una intervención podría agravar las divisiones internas de México, fomentando la balcanización del país en regiones controladas por actores políticos o económicos distintos.
• Control de recursos: El norte de México alberga valiosos recursos como litio, gas y petróleo, lo que podría motivar un mayor interés económico de EE.UU.

Venezuela: recursos y soberanía nacional

Venezuela sigue siendo un objetivo central en los planes geopolíticos de Estados Unidos. La nación sudamericana posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, además de importantes recursos como oro, coltán y gas natural. A pesar de las sanciones económicas y la presión internacional, el país ha resistido múltiples intentos de desestabilización liderados por Washington. Esto subraya la importancia estratégica que tiene para Estados Unidos controlar estas riquezas y neutralizar cualquier modelo político que desafíe su hegemonía regional.

El caso de Venezuela también resalta la dimensión ideológica de estas estrategias. Más allá de los recursos, el gobierno de Estados Unidos busca desmantelar cualquier proyecto soberano que pueda inspirar alternativas en América Latina. La narrativa de “promoción de la democracia” se ha utilizado como herramienta para justificar intervenciones, pero los objetivos reales están claramente vinculados al control económico y político de la región.

1. Petróleo

• Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, principalmente en la región de la Faja Petrolífera del Orinoco. Este recurso es fundamental para la economía global y representa un interés clave para Estados Unidos, que busca diversificar y controlar fuentes de energía para mantener su seguridad energética.

2. Gas Natural

• Además del petróleo, Venezuela cuenta con importantes reservas de gas natural, tanto en tierra como en su plataforma marítima. Este recurso es esencial para el mercado energético global y la transición hacia fuentes más limpias.

3. Oro

• Venezuela tiene vastas reservas de oro, especialmente en el Arco Minero del Orinoco. Este metal precioso es estratégico tanto para la industria como para la acumulación de reservas monetarias.

4. Coltán

• El coltán, una mezcla de columbita y tantalita, es un recurso esencial para la industria tecnológica, ya que se utiliza en la fabricación de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras y equipos militares. Venezuela tiene grandes depósitos de este mineral.

5. Diamantes

• El país también posee yacimientos de diamantes, un recurso valioso tanto para joyería como para aplicaciones industriales.

6. Bauxita y Aluminio

• Las reservas de bauxita, la materia prima para la producción de aluminio, son significativas en Venezuela. El aluminio es crucial para múltiples industrias, incluidas la automotriz, la aeronáutica y la construcción.

7. Hierro y Acero

• Venezuela cuenta con importantes reservas de mineral de hierro, esenciales para la producción de acero, un material clave para infraestructura y armamento.

8. Agua Dulce

• Con el cambio climático, el agua dulce es cada vez más valiosa. Venezuela tiene grandes reservas de agua dulce, incluidas las del río Orinoco y otras fuentes estratégicas.

9. Biodiversidad

• Aunque no es un recurso explotable en el mismo sentido, la biodiversidad venezolana es notable y podría ser objeto de biopiratería o interés para el desarrollo de farmacéuticos y biotecnología.

La riqueza de estos recursos convierte a Venezuela en un objetivo estratégico para Estados Unidos, lo que explica la intensa presión económica y política que enfrenta el país.

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En un panorama político marcado por la fragmentación de la izquierda y el ascenso de la derecha populista, Sahra Wagenknecht ha emergido como la líder de una nueva izquierda soberanista en Alemania. Con una propuesta clasista, anti-identitaria y profundamente crítica del modelo neoliberal, Wagenknecht representa una alternativa política que busca recuperar las prioridades sociales de las mayorías trabajadoras frente a una seudo izquierda que, según ella, ha abandonado sus principios esenciales.

Wagenknecht se distingue por su firme defensa de la soberanía económica y política de Alemania, cuestionando la subordinación de su país a los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea. Para ella, el alineamiento de Alemania con las políticas de Washington y Bruselas ha debilitado la capacidad del país para desarrollar políticas económicas que beneficien directamente a sus ciudadanos, especialmente a las clases trabajadoras.

Su postura antimperialista es clara: rechaza la intervención militar en conflictos internacionales promovidos por la OTAN y critica la dependencia energética y económica de potencias extranjeras. Esta perspectiva soberanista, combinada con un enfoque en la redistribución de la riqueza y la justicia social, sitúa a Wagenknecht en una posición única dentro del espectro político europeo.

Crítica al “wokismo” y las políticas identitarias

Su discurso es un rechazo frontal a las políticas identitarias que dominan la agenda de muchas fuerzas progresistas. Según Wagenknecht, estas políticas desvían la atención de los problemas reales de las mayorías trabajadoras, como la precarización laboral, la crisis de vivienda y las desigualdades económicas.

Cuando la izquierda centra sus energías en debates corporativistas y demandas específicas de género, sexualidad o etnicidad, deja de lado las prioridades sociales que afectan la vida diaria de la mayoría. Esto abre espacio para que la derecha y la ultraderecha capitalicen estas demandas de forma demagógica.

Para Wagenknecht, esta desconexión de la izquierda tradicional con las necesidades de las clases populares ha sido uno de los factores principales detrás de su debilitamiento electoral en Alemania y en Europa.

En octubre de 2023, Wagenknecht formalizó su ruptura con Die Linke, el partido que ayudó a construir, y anunció la creación de su propia formación política: Bündnis Sahra Wagenknecht (Alianza Sahra Wagenknecht). Este nuevo partido busca representar a los votantes desilusionados de la izquierda tradicional y de los partidos conservadores, proponiendo una plataforma que combine justicia social, soberanía económica y un enfoque pragmático en temas como la inmigración y la política industrial.

El enfoque de Wagenknecht mantiene una coherencia basada en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la construcción de un modelo económico más equitativo.

Sahra Wagenknecht es, sin duda, una figura polarizadora. Su crítica al “wokismo” y su defensa de una izquierda soberanista la han colocado en el centro de numerosos debates, pero también la han convertido en una voz imprescindible para quienes buscan alternativas frente al neoliberalismo y la globalización descontrolada.

En tiempos de crisis y descontento social, Wagenknecht ofrece una visión política que promete devolver a la izquierda su capacidad de conectar con las mayorías, rescatando las luchas de clase como eje central de la acción política. Su ascenso marca el inicio de una nueva etapa en la política alemana, que coinciden con procesos que se comienzan a vivir en otros continentes, como tambien en Chile.

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